Director: Diego Maximiliano Martí
Las donaciones a herederos forzosos y a terceros son pasibles de una acción reipersecutoria mientras no hayan transcurrido los nuevos plazos de prescripción. Las donaciones de bienes inmuebles a herederos legitimarios realizadas en vigencia del Código Civil de Vélez Sársfield configuran derechos de propiedad adquiridos, invulnerables.
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Cómo considerar en un estudio de títulos aquellos provenientes de donaciones hechas a herederos forzosos en el CCCN. Análisis de de posturas doctrinarias ya ensayadas con la vigencia del Código Civil. Posibles subsanaciones ante la observabilidad.
Imagen: Colegio de Escribanos.
Donación efectuada a los hijos antes del 1/8/2015. Derecho de propiedad del donatario consolidado. Régimen perfecto. El régimen del CCCN no resulta de aplicación, ya que implicaría darle a la ley un efecto retroactivo que lesionaría el derecho de propiedad del donatario, de jerarquía constitucional. Plazo del art. 2459 CCCN no consiste en un plazo de prescripción adquisitiva, sino una especie de inoponibilidad o restricción de ejercicio de la acción.
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Las innovaciones del CCCN requieren una integración contextual para dar soluciones que armonicen institutos. Se presentan aquí posibles puntos complejos y menciones de alternativas para encauzarlas prácticamente, con el objeto de impedir la judicialización de conflictos y la responsabilidad de los profesionales del derecho.
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Al no advertirse en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación ningún cambio sustancial en los artículos relativos a la colación, surge la posibilidad de seguir aplicando la construcción doctrinaria y jurisprudencial que nace del artículo 3477 del Código Civil y su nota y permite al donatario –legitimario del donante– considerarse dueño y, como tal, enajenar absolutamente el bien recibido en donación, ya que ante una acción de sus coherederos solamente debería reunir a la masa hereditaria el valor del bien y no la cosa misma.
La capacidad genérica de la sociedad es independiente del objeto concreto para el que se haya constituido, que no impone un límite a su actuación, sino que sólo hace al régimen de imputación interno. La decisión válidamente adoptada por el órgano de gobierno respecto de la aprobación de un acto notoriamente extraño al objeto social resulta suficiente para considerarlo válido, eficaz y oponible a la sociedad.