Estudio del consorcio de propiedad horizontal como persona jurídica, de conformidad con el Código Civil y Comercial de la Nación-Ley 26994, y en particular su capacidad para adquirir bienes.
Rama: Inmobiliario y Reales
Conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación
Los conjuntos inmobiliarios del Código Civil y Comercial de la Nación son un derecho real autónomo, aún cuando el texto legal reenvía a la propiedad horizontal. Los preexistentes al Código deben adecuarse bajo la tutela de este derecho real. Adecuación, voluntaria o solicitada judicialmente. La jurisprudencia de la Cámara Nacional Comercial difiere de la Cámara Nacional Civil en la interpretación y aplicación de la normativa relacionada con los conjuntos preexistentes que adoptaron una forma societaria.
Conjuntos inmobiliarios y la polémica adecuación. La espada de Damocles
Ante la ausencia de legislación uniforme se generaron sistemas mixtos y dudosas combinaciones. Análisis del panorama provincial, sus puntos débiles y los elementos de este nuevo derecho real de acuerdo con la Ley 26994: derecho del consumidor, modo de instrumentar y consecuencias por incumplir el imperativo de esta polémica figura. Crítico cuestionamiento contra la relativización de no adecuar.
Reflexiones sobre el derecho real de superficie en el Código Civil y Comercial
Análisis de su regulación. Institución que, además de resultar novedosa, exige un gran esfuerzo por parte de los operadores del derecho para vencer las vallas culturales con que naturalmente ha de toparse su concreta aplicación práctica.
Propiedad horizontal especial (countries y barrios cerrados)
Conjuntos inmobiliarios en el CCCN, countries y barrios cerrados. No es obligatoria la adecuación para los CI organizados en propiedad horizontal y aquellos encuadrados en las disposiciones del Decreto 9404/1986. Es optativa.
Falta de firma. Propiedad horizontal. Teoría de la apariencia. Nulidades
El estado de PH no nace ni puede nacer por el transcurso del tiempo sin cumplir la forma requerida por la ley. La teoría de la apariencia basada en el error común tiene acogida en nuestra legislación. Su efecto: la invalidez del acto queda saneada; la seguridad jurídica radica en dar validez a aquello supuesto como cierto.