![\"manos-oscuridad_700x467\"](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/manos-oscuridad_700x467.jpg\")
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Autor: Claudio M. Kiper<\/strong>\u00a0 |<\/strong>\u00a0 (ver bio<\/a>)<\/p>\n Resumen<\/span>:<\/strong>\u00a0A trav\u00e9s del Decreto de Necesidad y Urgencia N\u00ba 62\/2019, se cre\u00f3 un nuevo modo de extinci\u00f3n de los derechos reales, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n que tramitar\u00e1 en el fuero Civil y Comercial Federal. La finalidad es sancionar la corrupci\u00f3n y la comisi\u00f3n de ciertos delitos, desapoderando al presunto delincuente de los bienes. La aplicaci\u00f3n de este nuevo r\u00e9gimen puede crear algunos problemas de interpretaci\u00f3n, ya que puede afectar garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n Palabras clave<\/span>:<\/strong>\u00a0Derechos reales; extinci\u00f3n; nueva causal; decreto de necesidad y urgencia; Constituci\u00f3n Nacional; principio de inocencia; decomiso; subasta; terceros de buena fe.<\/p>\n Recibido: <\/span>7\/8\/2019 \u00a0| \u00a0<\/span><\/strong>Aceptado: <\/span>3\/10\/2019<\/sup><\/p>\n <\/p>\n<\/a> Como es sabido, a principios de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional sancion\u00f3 el\u00a0Decreto de Necesidad y Urgencia N\u00ba\u00a062<\/a>, por medio del cual regula una acci\u00f3n civil de extinci\u00f3n del dominio. En rigor, no solo se trata de la extinci\u00f3n del dominio sino de otros derechos reales y personales mal habidos por la presunta comisi\u00f3n de delitos. Debi\u00f3 darse otro nombre a este decreto.<\/p>\n En los considerandos, se alude especialmente a la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico, la trata de personas y otros delitos \u201cgraves\u201d. Sin duda, tal prop\u00f3sito solo puede ser elogiado,\u00a0ya que los argentinos estamos muy afectados por la desgraciada sospecha de actos de corrupci\u00f3n, que minan la confianza en las instituciones. El Decreto no solo apunta\u00a0a funcionarios p\u00fablicos sino tambi\u00e9n a cualquiera que resulte comprendido en sus alcances.<\/p>\n Se menciona en los considerandos:<\/p>\n Que la Rep\u00fablica Argentina, mediante la Ley N\u00ba\u00a025.632, aprob\u00f3 la Convenci\u00f3n Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde los Estados Parte acuerdan mecanismos de cooperaci\u00f3n y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito. Nada que objetar en este aspecto.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> A continuaci\u00f3n har\u00e9 una s\u00edntesis del r\u00e9gimen procesal b\u00e1sico que prev\u00e9\u00a0el Decreto<\/a>.<\/p>\n 1.<\/strong>\u00a0Se crea una nueva forma de extinci\u00f3n de derechos por medio de una acci\u00f3n civil (art.\u00a01 del anexo). Se modifica el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1907 del\u00a0C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>\u00a0(en adelante, \u201cCCCN\u201d), agregando otro modo de extinci\u00f3n de los derechos reales, que es la \u201csentencia judicial que as\u00ed lo disponga en un proceso de extinci\u00f3n de dominio\u201d (art.\u00a01). 1<\/a><\/p>\n 2.<\/strong>\u00a0Le corresponde a la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial del domicilio del demandado o la de donde se encuentren ubicados sus bienes, a elecci\u00f3n de la parte actora.<\/p>\n 3.<\/strong>\u00a0Se crea una Procuradur\u00eda de Extinci\u00f3n de Dominio a favor del Estado Nacional, dependiente de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n 4.<\/strong>\u00a0A requerimiento del Ministerio P\u00fablico Fiscal, el juez competente \u201cdeber\u00e1 levantar\u201d el secreto fiscal, bancario, burs\u00e1til o el establecido en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 22 de la\u00a0Ley 25246<\/a>\u00a0y sus modificatorias y 87 de la\u00a0Ley 27260<\/a>\u00a0(primer p\u00e1rrafo).<\/p>\n 5.<\/strong>\u00a0Se puede \u201cdemandar a cualquier persona, humana o jur\u00eddica, que ostente la tenencia, posesi\u00f3n, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio,\u00a0se encuentre o no impu\u00adtada en la investigaci\u00f3n penal<\/strong>\u201d. 2<\/a><\/p>\n 6.<\/strong><\/p>\n Estar\u00e1n sujetos al presente r\u00e9gimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados. 3<\/a><\/p><\/blockquote>\n 7.<\/strong><\/p>\n Cuando la Procuradur\u00eda de Extinci\u00f3n de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6\u00ba, podr\u00e1 requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y que a\u00fan no se hubieran decretado. 4<\/a><\/p><\/blockquote>\n Dictada la medida, luego puede iniciarse la acci\u00f3n. La norma exige que los bienes en cuesti\u00f3n se hallen debidamente inmovilizados con medidas cautelares ya dictadas por un juez penal. El juez podr\u00e1, a pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal y con intervenci\u00f3n de la autoridad a cargo de la administraci\u00f3n de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservaci\u00f3n genere erogaciones excesivas para el erario p\u00fablico o cuando el afectado preste su consentimiento.<\/p>\n Previamente a resolver, el juez deber\u00e1 escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los interesados, proceder\u00e1 sin m\u00e1s a la venta anticipada, y el producido con sus intereses pasar\u00e1n a conformar el objeto del proceso de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n 8.<\/strong> Solo ser\u00e1 admisible, como excepci\u00f3n de previo y especial pronunciamiento (art.\u00a0346 del\u00a0C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n<\/a>\u00a0[en adelante, \u201cCPCCN\u201d]), la acreditaci\u00f3n de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorpor\u00f3 al patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado, cuando esa circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta \u00faltima circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.<\/p>\n 9.<\/strong><\/p>\n La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado o el origen l\u00edcito de los fondos con los que los hubiera adquirido. 5<\/a><\/p><\/blockquote>\n 10.<\/strong><\/p>\n Sentencia de extinci\u00f3n de dominio<\/em>\u00a0[\u2026] la sentencia de extinci\u00f3n de dominio deber\u00e1 contener: 11.<\/strong> La sentencia firme har\u00e1 cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acci\u00f3n judicial. La sentencia firme de sobreseimiento o absoluci\u00f3n dictada en sede penal, fundada en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligar\u00e1 al Estado Nacional a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular, o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero. A tal fin, se crea un fondo de garant\u00eda.<\/p>\n 12.<\/strong> La sentencia que haga lugar a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio deber\u00e1 ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localizaci\u00f3n y secuestro, administraci\u00f3n y mantenimiento y dem\u00e1s costos procesales, su producido ingresar\u00e1 \u2013en principio\u2013 a rentas generales de la Naci\u00f3n.<\/p>\n 13.<\/strong> La acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio prescribe a los veinte a\u00f1os. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acci\u00f3n. Cuando no pudiera determinarse, deber\u00e1 computarse desde la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado en sede penal.<\/p>\n 14.<\/strong> Ning\u00fan acto jur\u00eddico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es oponible a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio prevista en el presente r\u00e9gimen, con excepci\u00f3n de los realizados a favor de terceros de buena fe y a t\u00edtulo oneroso. En este \u00faltimo caso, se debe determinar su valor en dinero para su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Se ha observado que este r\u00e9gimen viola un principio constitucional b\u00e1sico como es el principio de inocencia, previsto en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 18 de la\u00a0Constituci\u00f3n Nacional<\/a>\u00a0(en adelante, \u201cCN\u201d). Ocurre que la acci\u00f3n se puede llevar adelante por la mera \u201csospecha\u201d del origen il\u00edcito de los fondos utilizados para adquirir bienes, aun cuando no exista una condena firme en sede penal. Primero se dicta la medida cautelar, luego la sentencia de extinci\u00f3n, haya o no condena penal. Peor a\u00fan, es factible promover esta acci\u00f3n contra una persona que no se encuentre siquiera impu\u00adtada en la investigaci\u00f3n penal (art.\u00a04). A esto se suma la inversi\u00f3n de la carga probatoria prevista en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 10.<\/p>\n Una defensa posible es acreditar que los bienes fueron adquiridos antes de la supuesta comisi\u00f3n del delito (art.\u00a010). Ahora, si ni siquiera existe una impu\u00adtaci\u00f3n de un delito, es un tanto kafkiano producir este tipo de prueba.<\/p>\n Afirma Bianchi que la inversi\u00f3n de la carga probatoria afecta la garant\u00eda constitucional de defensa en juicio. 7<\/a>\u00a0Tambi\u00e9n este autor entiende que se afecta lo previsto en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 17 CN, ya que privar de su derecho a una persona con la sola sospecha puede ser reputado una confiscaci\u00f3n, aun cuando haya sido decidido por un tribunal con audiencia del demandado. El \u00fanico atenuante que prev\u00e9 el Decreto es que si la persona resulta absuelta o sobrese\u00edda por sentencia firme, el bien se debe restituir o, de no ser posible, cabe una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. Pero lo cierto es que la extinci\u00f3n oper\u00f3 respecto de quien era inocente y no dej\u00f3 de serlo.<\/p>\n Tambi\u00e9n se ha objetado que este asunto se regule por un decreto de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 99 CN, \u201cno podr\u00e1 en ning\u00fan caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de car\u00e1cter legislativo\u201d; y, en cuanto a los decretos de necesidad y urgencia est\u00e1 habilitado para hacerlo \u201csolamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tr\u00e1mites ordinarios previstos por esta Constituci\u00f3n para la sanci\u00f3n de las leyes\u201d, cosa que no se ve tan clara en esta materia.<\/p>\n El Ejecutivo aduce que el Congreso incurri\u00f3 en demora y tambi\u00e9n que entr\u00f3 en\u00a0receso, pero esas son razones dudosas para que legisle desconociendo el principio de divisi\u00f3n de los poderes del Estado. 8<\/a>\u00a0Adem\u00e1s, el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de esa \u00edndole en \u201cmateria penal\u201d (art. 99.3, CN). Para soslayar el obst\u00e1culo, se le ha dado una apariencia solo civil y no se menciona la reforma que introduce al art\u00edculo 23 del\u00a0C\u00f3digo Penal<\/a>. Como que no se podr\u00edan aplicar simult\u00e1neamente este y las reglas del Decreto, siendo que el primero (el decomiso) es una decisi\u00f3n inherente a la condena que, obviamente, debe pronunciar el juez penal, y el segundo (la extinci\u00f3n de dominio) ser\u00e1 la consecuencia de una sentencia que dictar\u00e1 el juez civil, aunque no\u00a0haya fallo penal. Aparte, ser\u00eda absurdo pensar en un decomiso doblemente ordenado. 9<\/a><\/p>\n Se ha dicho que<\/p>\n La causa civil, en este caso, se halla \u201catada\u201d a la penal. Es una continuaci\u00f3n de aquella. Y aqu\u00ed viene la pregunta entonces: \u00bfel DNU 62 refiere a materia penal? Para nosotros, si bien como dijimos hace un denodado esfuerzo por no parecerlo, desgraciadamente se relaciona con todo un bagaje de actuaciones penales que le sirven tanto de origen como de base. Y algo que se origina en otra cosa, y que se basa en ella, no puede ser considerado jam\u00e1s como \u201cajeno\u201d a ella. 10<\/a><\/p><\/blockquote>\n Tambi\u00e9n se lo critica al Decreto porque asigna la competencia federal en la acci\u00f3n, aunque el delito antecedente deba ser juzgado por la justicia local, por ejemplo, defraudaci\u00f3n en perjuicio del Estado por administraci\u00f3n fraudulenta cometida por un funcionario provincial.<\/p>\n Asimismo, se lo impugna por no respetar el principio de la ley penal m\u00e1s benigna y obrar de manera retroactiva. La primera parte del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 18 CN establece que \u201cning\u00fan habitante de la Naci\u00f3n puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa\u201d.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Se ha sostenido que su naturaleza es claramente penal, que no se trata de una acci\u00f3n civil, teniendo en cuenta precisamente los considerandos del Decreto y que se trata de la consecuencia de haber cometido delitos. Se agrega que la denominaci\u00f3n obedece a la necesidad de burlar la prohi\u00adbici\u00f3n constitucional de legislar por decreto en materia penal. 11<\/a><\/p>\n En mi opini\u00f3n, puede verse aqu\u00ed una acci\u00f3n civil. No se est\u00e1 tipificando un delito, sino solamente previendo las consecuencias para quien lo cometi\u00f3. As\u00ed, por ejemplo, si alguien comete un homicidio, luego puede ser demandado civilmente por la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o, incluso si fue absuelto. Se trata de responsabilidades diferentes. Adem\u00e1s, nada obsta que el propio Estado promueva acciones civiles.<\/p>\n Explica Salerno que, si se trata de un il\u00edcito penal, es suficiente que medie una condena firme respecto de su autor con motivo de haberlo cometido, dado que los hechos y actos jur\u00eddicos que hubiere realizado, vinculados a la corrupci\u00f3n, carecen de efecto, son nulos para el derecho privado, de nulidad absoluta e imprescriptibles (art.\u00a0387\u00a0CCCN<\/a>). Ser\u00eda absurdo y escandaloso que el sujeto condenado pudiese invocar ser titular del domino de un bien, ejercer su posesi\u00f3n o tenencia, cuando carece de potestad jur\u00eddica alguna dado el vicio de nulidad que lo infecta. 12<\/a><\/p>\n Claro que un decomiso, aun cuando intervenga un juez (esto lo exige el art.\u00a017 CN), debe respetar los dem\u00e1s principios establecidos en la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> La prejudicialidad es la regla, seg\u00fan lo establece el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1775 CCCN: \u201csi la acci\u00f3n penal precede a la acci\u00f3n civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusi\u00f3n del proceso penal\u201d. Sin embargo, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 17 del anexo I del DNU dispone que la prejudicialidad no se puede alegar para detener el dictado de la sentencia en el proceso de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n Esto es peligroso. La regla es entender que este proceso especial debe depender de lo que se resuelva en sede penal. Pero lo cierto es que aqu\u00ed se permite el dictado de la sentencia de extinci\u00f3n aun cuando el proceso penal no haya culminado. A todo evento, se podr\u00e1 indemnizar al aqu\u00ed demandado. Tanto la extinci\u00f3n de dominio como el decomiso de bienes sin condena penal invierten los principios b\u00e1sicos del derecho penal, consagrando as\u00ed un proceso que, independientemente de sus loables fines, comienza por el final. 13<\/a><\/p>\n <\/p>\n<\/a> El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 16 del anexo del Decreto establece lo siguiente:<\/p>\n Prescripci\u00f3n<\/em>. La acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio prescribe a los VEINTE (20) a\u00f1os. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acci\u00f3n. Cuando no pudiera determinarse, deber\u00e1 computarse desde la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado en sede penal.<\/p><\/blockquote>\n Aunque pudiera generarse alguna confusi\u00f3n, se trata de una prescripci\u00f3n liberatoria. Sin embargo, fij\u00f3 un plazo harto extenso, solo previsto en el CCCN para la prescripci\u00f3n adquisitiva larga (art.\u00a01899). Es curioso que, mientras el nuevo C\u00f3digo fija plazos menores y hasta ha reducido algunos previstos en el C\u00f3digo de V\u00e9lez, aqu\u00ed se fije un plazo largu\u00edsimo. Salvo supuestos especiales como las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) o las agresiones sexuales a incapaces (diez a\u00f1os), el plazo gen\u00e9rico es de cinco a\u00f1os (art.\u00a02560). Pero, cuando se trata de nulidad de actos jur\u00eddicos o de la inoponibilidad por fraude, el plazo es sensiblemente menor: dos a\u00f1os (art.\u00a02562).<\/p>\n A su vez, si se pensara en el dominio revocable, que est\u00e1 sujeto a extinguirse por el cumplimiento de una condici\u00f3n resolutoria, el C\u00f3digo limita la situaci\u00f3n a diez a\u00f1os (art.\u00a01965), para evitar la incertidumbre. Similar plazo se prev\u00e9 para las donaciones inoficiosas y la acci\u00f3n de reducci\u00f3n (art.\u00a02459). Por ende, no hay armon\u00eda entre este plazo tan extenso y el resto de las normas del C\u00f3digo, se trate de prescripci\u00f3n o caducidad.<\/p>\n Sin perjuicio de ello, debo advertir que la Ley Modelo de Naciones Unidas se presenta como partidaria de la imprescriptibilidad (art.\u00a04). 14<\/a>\u00a0Una suerte de equiparaci\u00f3n a las acciones de \u201clesa humanidad\u201d contra la propiedad y adquisici\u00f3n de bienes obtenidos con dinero mal habido, procedente de cualquiera de las variedades de crimen organizado. Es que la corrupci\u00f3n debe ceder, y, en ese contexto, cuanto menos pueda operar el paso del tiempo a favor del delincuente, mejor. \u00a1Para pensar!<\/p>\n Otra duda que surge es qu\u00e9 ocurrir\u00eda si prescribi\u00f3 la acci\u00f3n penal. Pareciera que el r\u00e9gimen de extinci\u00f3n puede seguir adelante, pero esto generar\u00e1 serias impugnaciones.<\/p>\n Tambi\u00e9n me llama la atenci\u00f3n el momento en el que se dispone que comience el curso de la prescripci\u00f3n. La regla general es que, cuando se trata de la prescripci\u00f3n liberatoria, el plazo comienza su curso cuando la acci\u00f3n est\u00e1 expedita. Dice el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2554 CCCN que, en principio, \u201ccomienza el d\u00eda en que la prestaci\u00f3n es exigible\u201d. Sin embargo, en este r\u00e9gimen especial hay una regla: \u201cEl plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores\u201d (anexo I, art.\u00a016). Parece una alternativa propia de la usucapi\u00f3n, no de la prescripci\u00f3n liberatoria. En efecto, para la prescripci\u00f3n adquisitiva larga o breve, es fundamental la fecha de inicio de la posesi\u00f3n (arts.\u00a01900, 2459, entre otros), la que se presume \u2013iuris tantum<\/em>\u2013 desde la fecha del t\u00edtulo, cuando lo hay (art.\u00a01903).<\/p>\n Seg\u00fan el Decreto, en subsidio, el plazo corre desde \u201cla fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado en sede penal\u201d. Tampoco se ajusta a la prescripci\u00f3n liberatoria. Por otro lado, se ha visto que puede haber acci\u00f3n civil sin investigaci\u00f3n penal. Es interesante pensar qu\u00e9 ocurrir\u00eda si la investigaci\u00f3n penal dura m\u00e1s de veinte a\u00f1os, como a veces sucede.<\/p>\n Por \u00faltimo, hay que recordar que, seg\u00fan el art\u00edculo 10 del anexo,<\/p>\n La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado o el origen l\u00edcito de los fondos con los que los hubiera adquirido.<\/p><\/blockquote>\n De tal forma, si el demandado prueba que la adquisici\u00f3n fue anterior a la fecha del delito presunto, es indiferente el plazo; no necesitar\u00e1 de veinte a\u00f1os para extinguir la acci\u00f3n del Estado.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Este r\u00e9gimen no es un modo de extinci\u00f3n solamente del dominio \u2013como su nombre indicar\u00eda\u2013 sino tambi\u00e9n de los derechos reales y de cualquier otro derecho de contenido patrimonial. Esta situaci\u00f3n se aclara en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 5 del anexo I:<\/p>\n Bienes incluidos<\/em>. Estar\u00e1n sujetos al presente r\u00e9gimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisi\u00f3n del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo siguiente. En lo que respecta a los derechos reales, adem\u00e1s del dominio, cabe incluir condominio, propiedad horizontal, superficie, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, usufructo, etc. Cabe aclarar que, cuando se trate de derechos reales sobre cosa ajena (v. gr.<\/em>, usufructo), podr\u00eda ocurrir que caiga el dominio pero que haya que respetar el derecho de un tercero de buena fe y a t\u00edtulo oneroso (usuario, acreedor hipotecario, etc.). Claro que poco valdr\u00e1 en el mercado un inmueble gravado con usufructo u otro derecho real. O puede suceder al rev\u00e9s: que el sospechado de haber cometido el delito sea el usufructuario, con lo que se extinguir\u00eda su derecho real, pero subsistir\u00eda el dominio en cabeza del entonces nudo propietario.<\/p>\n El respeto a los derechos reales o personales de terceros es distinto al contemplado en la\u00a0Ley de Expropiaci\u00f3n<\/a>, pues en caso de privaci\u00f3n de la propiedad, con indemnizaci\u00f3n previa y justa, se extinguen los arrendamientos o los derechos reales sobre el inmueble que se expropia (art.\u00a026 Ley 21499). Esos derechos de terceros \u201cse considerar\u00e1n transferidos de la cosa a su precio o a la indemnizaci\u00f3n, quedando aqu\u00e9lla libre de todo gravamen\u201d (art.\u00a028 Ley 21499).<\/p>\n Habr\u00e1 que examinar con cuidado casos particulares. En este sentido, se ha sostenido que, de extinguirse por este sistema el usufructo,<\/p>\n \u2026 el adquirente en subasta de ese derecho real de usufructo debe tener presente que no adquiere un derecho mejor que el que ten\u00eda el sujeto desapoderado, que deber\u00e1 otorgar garant\u00eda suficiente al nudo propietario (art.\u00a02144), que su derecho no tendr\u00e1 una duraci\u00f3n superior a la fijada en el acto constitutivo del usufructo y que su derecho se extinguir\u00e1 si fallece el presunto delincuente (arts.\u00a02152 y 2153, C\u00f3d.\u00a0Civ. y Com.). 15<\/a><\/p><\/blockquote>\n Es que, seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 13 del anexo I del DNU 62\/2019:<\/p>\n La sentencia que haga lugar a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio deber\u00e1 ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localizaci\u00f3n y secuestro, administraci\u00f3n y mantenimiento y dem\u00e1s costos procesales, su producido ingresar\u00e1 a rentas generales de la Naci\u00f3n salvo cuando exista una asignaci\u00f3n espec\u00edfica establecida en las leyes mencionadas en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6\u00ba del presente.<\/p><\/blockquote>\n Adem\u00e1s, seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2144 CCCN, el usufructo es susceptible de ejecuci\u00f3n. Este procedimiento es replicable en otros derechos reales, como superficie o servidumbre. Tambi\u00e9n el Estado puede ir sobre los frutos (art.\u00a05, inc.\u00a0c, anexo I, DNU 62\/2019). En cambio, esta soluci\u00f3n no es factible para el derecho de habitaci\u00f3n (art.\u00a02160 CCCN). Cabe inferir que si el titular del derecho de habitaci\u00f3n lo adquiri\u00f3 en virtud de uno de los delitos previstos en el Decreto 62\/2019, su derecho se extinguir\u00eda de manera definitiva, sin subasta ni dinero a favor del Estado. Tampoco ser\u00eda aplicable a una servidumbre, ya que este derecho real no puede ser separado de la titularidad del inmueble.<\/p>\n Si se trata de derechos reales de garant\u00eda, por regla, la subasta solo los extingue<\/p>\n \u2026 si el acreedor hipotecario, prendario o anticresista han sido citados al juicio, porque sus derechos se trasladan al precio (arts.\u00a02194 y 2203, C\u00f3d.\u00a0Civ. y Com.); no as\u00ed los derechos personales, como los de adquirentes por boleto de compraventa; los de locatarios, que subsisten \u201cdurante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada\u201d (art.\u00a01189, inc.\u00a0b, C\u00f3d.\u00a0Civ. y Com.), al igual que los contratos de aparcer\u00eda y de arrendamiento rural (arts.\u00a027 y 41, Ley 13246), o los derechos del tomador en el contrato de\u00a0leasing<\/em>\u00a0(arts.\u00a01227 y ss., C\u00f3d.\u00a0Civ. y Com.). 16<\/a><\/p><\/blockquote>\n Desde otro enfoque, podr\u00eda ocurrir que el sospechado de haber cometido un il\u00edcito penal sea el titular del derecho real de garant\u00eda (v. gr.<\/em>, acreedor hipotecario); as\u00ed, por ejemplo, quien obtuvo dinero por actos de corrupci\u00f3n y decide prestarlo con garant\u00eda hipotecaria. Si se considera extinguida la hipoteca (junto al cr\u00e9dito al que accede), se beneficiar\u00eda el deudor del cr\u00e9dito, que no tendr\u00eda acreedor. La soluci\u00f3n m\u00e1s l\u00f3gica es interpretar que se subasta el derecho creditorio junto con la garant\u00eda, o que el titular de la obligaci\u00f3n pasa a ser el Estado Nacional, a quien el deudor deber\u00eda satisfacer.<\/p>\n Si se remata un inmueble que soporta o se beneficia con una servidumbre, el adquirente en la subasta se encontrar\u00e1 en la misma situaci\u00f3n que el anterior titular, esto es, ser\u00e1 due\u00f1o de un fundo dominante o de uno sirviente, seg\u00fan el caso.<\/p>\n Surge la duda en torno al derecho de sepultura, si el titular \u2013sospechado de haber cometido un delito\u2013 ha inhumado restos de familiares. 17<\/a><\/p>\n <\/p>\n<\/a> El Decreto prev\u00e9 (anexo I, art.\u00a04) que se puede<\/p>\n \u2026 demandar a cualquier persona, humana o jur\u00eddica, que ostente la tenencia, posesi\u00f3n, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, se encuentre o no impu\u00adtada en la investigaci\u00f3n penal.<\/p><\/blockquote>\n Para salvar escollos constitucionales, puede interpretarse que cuando alude a personas no impu\u00adtadas en sede penal, est\u00e1 aludiendo a terceros subadquirentes, ya que, en principio, estos no cometieron un delito. Digo en principio, pues no se puede descartar la existencia de c\u00f3mplices.<\/p>\n Si se declara que una persona ha adquirido un bien presumiblemente con fondos il\u00edcitos, la extinci\u00f3n del dominio no puede afectar a terceros \u201cde buena fe y a t\u00edtulo oneroso\u201d (anexo I, art.\u00a011, inc.\u00a0e), es decir, a quienes han adquirido la propiedad de un bien de quien ha llegado de ser propietario vali\u00e9ndose del producido de alguno de los delitos fijados en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6\u00ba del anexo I. Se trata de la protecci\u00f3n de la seguridad din\u00e1mica de las transacciones.<\/p>\n Si bien, por regla, nadie puede transmitir un derecho mejor o m\u00e1s extenso que el que tiene (art.\u00a0399 CCCN), el C\u00f3digo admite excepciones. As\u00ed, cuando se trata de actos nulos, quedan a salvo los derechos de subadquirentes de buena fe y a t\u00edtulo oneroso (arts.\u00a0392 y muchos otros).<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Dispone el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1918 CCCN que es de buena fe el poseedor \u201ccuando por un error de hecho esencial y excusable est\u00e1 persuadido de su legitimidad\u201d. Esto significa que el poseedor o el tenedor est\u00e1n convencidos de que adquirieron el derecho real o el derecho personal de conformidad a las disposiciones del C\u00f3digo (o de otra ley), aunque en verdad no sea as\u00ed. Para que haya buena fe, tal error de hecho debe ser esencial y excusable (art.\u00a0267), no debe provenir de una negligencia culpable (art.\u00a0266). Cuando se trata de un error de derecho, la buena fe no es posible (art.\u00a08).<\/p>\n Habr\u00e1 buena fe cuando el adquirente crea \u2013actuando con diligencia\u2013 que quien le transfiere el derecho real o personal es el titular del derecho transmitido y que no sufre restricciones y prohi\u00adbiciones que le impidan enajenar (legitimaci\u00f3n y capacidad), sin perjuicio de la irregularidad del acto. De tal forma, al tener que ser excusable el error del sujeto, no basta con su \u201cignorancia\u201d. Es necesario que su creencia se encuentre fundada, que sea razonable; y a ello solo se llega si actu\u00f3 sin negligencia.<\/p>\n Seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1919 CCCN, \u201cla relaci\u00f3n de poder se presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario\u201d. Adem\u00e1s, en el C\u00f3digo, la buena fe es un principio en lo que respecta al ejercicio de los derechos (art.\u00a09). No obstante, hay excepciones en las que se presume la mala fe, como, por ejemplo, cuando el t\u00edtulo adolece de nulidad manifiesta (art.\u00a01919, segundo p\u00e1rrafo, inc.\u00a0a). Y, en lo que aqu\u00ed interesa, se presume la mala fe cuando \u201cse adquiere de persona que habitualmente no hace tradici\u00f3n de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas\u201d (art.\u00a01919, segundo p\u00e1rrafo, inc.\u00a0b). \u00bfEsto podr\u00eda ser aplicado cuando alguien adquiera de un corrupto, o de un narcotraficante? Creo que habr\u00e1 que examinar con cuidado las circunstancias del caso.<\/p>\n Ser\u00e1n de buena fe aquellos terceros que, obrando con cuidado y previsi\u00f3n, siendo diligentes y agotando los medios que la ley pone a su disposici\u00f3n para obrar seguros, act\u00faen en consecuencia. Ser\u00e1n de mala fe todos los terceros que hubieran conocido o debido conocer la realidad de la constituci\u00f3n, transmisi\u00f3n, modificaci\u00f3n, declaraci\u00f3n o extinci\u00f3n de un derecho real.<\/p>\n La doctrina coincide en que el tercero debe verificar las constancias registrales (si se trata de cosas registrables) y, adem\u00e1s, el examen de la documentaci\u00f3n, as\u00ed como los actos de verificaci\u00f3n establecidos en el r\u00e9gimen especial (arts.\u00a01902 y cc. CCCN). En lo que aqu\u00ed interesa, el tercero ser\u00e1 de buena fe si ignoraba, actuando con una diligencia razonable, que el transmitente del derecho lo adquiri\u00f3 luego de haber cometido uno de los delitos previstos en el Decreto 62\/2019.<\/p>\n No obstante, no se me escapa que esto puede generar inseguridad jur\u00eddica. As\u00ed, por ejemplo, una persona decide adquirir un inmueble, obtiene el informe del Registro de la Propiedad y realiza el pertinente estudio de t\u00edtulos, del que no surge ninguna irregularidad. Ahora, si el vendedor est\u00e1 sujeto a una denuncia penal o no goza de buena reputaci\u00f3n, pueden generarse inconvenientes. Muchas veces, el comprador no conoce al vendedor antes de la escritura, o lo conoce pero ignora su situaci\u00f3n personal. Pienso que habr\u00e1 que reputarlo de buena fe. En todo caso, la parte actora deber\u00e1 acreditar la mala fe del tercero (v. gr.<\/em>, que es un c\u00f3mplice, testaferro, etc.).<\/p>\n Tambi\u00e9n deben ser respetados los derechos de terceros que hayan obtenido medidas cautelares. Parece contradecir esto el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 19 del anexo I del DNU: \u201cla acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio procede a\u00fan en los casos en que los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso\u201d. La acci\u00f3n procede, pero los derechos de terceros de buena fe y a t\u00edtulo oneroso deben respetarse, por lo que cabe entender que se trasladar\u00e1n al precio obtenido en la subasta.<\/p>\n Si el tercero adquiri\u00f3 a t\u00edtulo gratuito, ning\u00fan derecho podr\u00e1 alegar frente al Estado. Estar\u00e1 expuesto a lo que resulte de este proceso especial, salvo que se cumpla el plazo de prescripci\u00f3n liberatoria de veinte a\u00f1os.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> En caso de muerte del sospechado y expuesto a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de su derecho, sus herederos ocupar\u00e1n su lugar y estar\u00e1n en su misma posici\u00f3n. La protecci\u00f3n que se brinda a los terceros no los alcanza.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Obviamente, no hay motivo para proteger a los terceros que, aun de buena fe, hubiesen adquirido a t\u00edtulo gratuito. Solo podr\u00e1n alegar, en su caso, la prescripci\u00f3n adquisitiva larga de veinte a\u00f1os para inmuebles (art.\u00a01899 CCCN) o de dos a\u00f1os para cosas muebles (art.\u00a01898 CCCN). 18<\/a><\/p>\n <\/p>\n<\/a> En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n se ha elaborado el anteproyecto de nuevo C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n. Uno de sus fines es el de instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento.<\/p>\n En los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 511 a 524, se reproducen sustancialmente las normas del Decreto 62\/2019. 19<\/a>\u00a0En rigor, muchas de sus disposiciones regulan materia de fondo, lo que excede a un c\u00f3digo procesal; as\u00ed, por ejemplo, las consecuencias de la prueba, la protecci\u00f3n a terceros de buena fe y a t\u00edtulo oneroso, entre otras.<\/p>\n Una de las novedades se encuentra en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 516, seg\u00fan el cual<\/p>\n La acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio tramitar\u00e1 de conformidad con las reglas del procedimiento previsto para el proceso ordinario por audiencias. Ser\u00e1 un procedimiento aut\u00f3nomo e independiente, no pudiendo acumularse a ninguna pretensi\u00f3n. 20<\/a><\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n<\/a> El 25 de marzo de 2019, se envi\u00f3 al Senado de la Naci\u00f3n por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n el proyecto del C\u00f3digo Penal. All\u00ed el decomiso se encuentra previsto en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 23 y 24. 21<\/a><\/p>\n El proyecto establece que, a trav\u00e9s de la sentencia, el juez decidir\u00e1 en los casos en que recayese condena -sean delitos dolosos o culposos-, aunque no se encuentre firme, como as\u00ed tambi\u00e9n aunque la persona impu\u00adtada no haya sido condenada porque el impu\u00adtado falleci\u00f3 y no se lo pudo enjuiciar, por fuga, prescripci\u00f3n o cualquier otro motivo de suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, o no se hubiese condenado por mediar causal de inimpu\u00adtabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, o si el impu\u00adtado hubiese reconocido la procedencia o el uso il\u00edcito del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo (ver incs.\u00a01 y 5 del art.\u00a023).<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 24 plantea que el Estado puede actuar obteniendo la devoluci\u00f3n los bienes, sin necesidad de esperar la condena judicial. Si no hay condena firme, el decomiso no deber\u00eda aplicarse en ninguna circunstancia; ya que implica el estado de sospecha que puede ser revertido \u2013ya sea condena que termine en absoluci\u00f3n o viceversa\u2013. Asimismo, se prev\u00e9 que el decomiso no corresponde cuando los bienes pertenecen al damnificado o a un tercero ajeno al hecho. Mantiene el decomiso a terceros si estos se hubiesen beneficiado a t\u00edtulo gratuito y agrega el beneficio de \u201cmala fe\u201d.<\/p>\n Ordena y agrega delitos en los cuales se procede al decomiso de aquellos bienes vinculados a los delitos tipificados en los arts.\u00a0125 a 128, 140, 142, 145 y 170, en los que la v\u00edctima fue privada de su libertad u objeto de explotaci\u00f3n, pudiendo el decomiso designarlo a favor del Estado Nacional o local y no exclusivamente al programa de asistencia a las v\u00edctimas \u2013como prev\u00e9 el actual articulado\u2013.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Sin duda, el fin es loable. Es auspicioso que se persiga una herramienta \u201clegal\u201d fundamental en la lucha contra la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico, el crimen organizado, la trata de personas y los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, ya que nadie puede alegar el derecho de propiedad sobre un bien mal habido. Sin embargo, no puedo decir que el fin justifica los medios. El Decreto 62\/2019 tiene muchos puntos d\u00e9biles, lo que lo puede transformar en un arma de doble filo, pues si es impugnado por la doctrina y la jurisprudencia, se habr\u00e1 desbaratado el prop\u00f3sito buscado. Se terminar\u00e1 favoreciendo a los corruptos.<\/p>\n Se puede pensar que, dictada la condena firme, podr\u00eda resultar ilusoria cualquier posibilidad de recuperar esos fondos despu\u00e9s de un largo proceso, lo que justificar\u00eda que el Estado cuente con medios r\u00e1pidos que eviten la larga espera de llegar a las sentencias condenatorias finales para poder desapoderar a quienes se hallen usufructuando bienes mal habidos. Sin embargo, creo que con la obtenci\u00f3n de medidas cautelares, previstas justamente cuando hay peligro en la demora, podr\u00edan resguardarse los bienes sin necesidad de un desapoderamiento anticipado.<\/p>\n El Estado tiene la obligaci\u00f3n de adoptar medidas y dictar leyes para evitar que, a partir de la comisi\u00f3n de los delitos indicados, se obtengan ganancias il\u00edcitas. Por ello, es deseable que el Congreso, luego de un debate racional y despojado de ideolog\u00edas, sancione una ley adecuada que, adem\u00e1s, subsane algunas deficiencias advertidas en el Decreto de necesidad y urgencia.<\/p>\n En los \u00faltimos a\u00f1os se ha manifestado un intenso reclamo social contra la corrupci\u00f3n y la impunidad, exigiendo el impulso de nuevas regulaciones de mayor impacto en la lucha anticorrupci\u00f3n. Cabe esperar una buena ley que, adem\u00e1s, dote de herramientas \u00e1giles a los magistrados, quienes no siempre cuentan con todos los elementos para impulsar estas investigaciones.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Bianchi, Alberto, \u201cNotas al r\u00e9gimen de la acci\u00f3n civil de extinci\u00f3n del dominio\u201d, en\u00a0Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires<\/em>, Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t.\u00a079, N\u00ba\u00a01, julio 2019.<\/p>\n Boico, Roberto J. y V\u00e1zquez, Gabriela A., \u201cExtinci\u00f3n de dominio: el DNU 62\/2019\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1752\/2019.<\/p>\n Capuya, Solange J. y Kahl, \u00c1ngel, \u201cEl decreto de necesidad y urgencia con relaci\u00f3n a la extinci\u00f3n de dominio y su \u00f3bice constitucional\u201d, en\u00a0Revista de Derecho Penal y Criminolog\u00eda<\/em>, Buenos Aires, La Ley, N\u00ba\u00a05, junio 2019.<\/p>\n L\u00f3pez Testa, Benjam\u00edn y Maggio, Facundo, \u201cDecomiso y extinci\u00f3n de dominio\u201d, en\u00a0La Ley<\/em>, Buenos Aires, La Ley, suplemento especial \u201cComentarios al Proyecto de C\u00f3digo Penal\u201d, junio 2019, cita online AR\/DOC\/2044\/2019.<\/p>\n Paz, Roberto, \u201cLa extinci\u00f3n de dominio: el DNU 62\/2019. Cuando lo teleol\u00f3gico\/axiol\u00f3gico se enfrenta con la realidad jur\u00eddica\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1032\/2019.<\/p>\n Salerno, Marcelo U., \u201cExtinci\u00f3n del dominio mediante decisi\u00f3n judicial: el decomiso penal en los delitos de corrupci\u00f3n\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1471\/2019.<\/p>\n Terragni, Marco A., \u201cExtinci\u00f3n de dominio o decomiso sin condena penal\u201d, en Anales de Legislaci\u00f3n Argentina, Buenos Aires, La Ley, t.\u00a02019-3, (tambi\u00e9n en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019), cita online AR\/DOC\/259\/2019.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> 1<\/a>.<\/strong>\u00a0El art.\u00a03 del\u00a0DNU<\/a>\u00a0modifica la\u00a0Ley 24522 de Concursos y Quiebras<\/a>, a\u00f1adiendo como inc.\u00a04 de su art.\u00a021 un nuevo supuesto de exclusi\u00f3n del fuero de atracci\u00f3n del concurso: \u201clos procesos de extinci\u00f3n de dominio\u201d, el que se suma al cat\u00e1logo de los ya existentes (procesos de expropiaci\u00f3n, los fundados en relaciones de familia, ejecuciones de garant\u00edas reales, procesos de conocimiento en tr\u00e1mite, juicios laborales y procesos en los que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario).<\/p>\n<\/div>\n 2<\/a>.<\/strong>\u00a0El destacado me pertenece.<\/p>\n<\/div>\n 3<\/a>.<\/strong>\u00a0Art. 5 del anexo.<\/p>\n<\/div>\n 4<\/a>.<\/strong>\u00a0Art. 7 del anexo.<\/p>\n<\/div>\n 5<\/a>.<\/strong>\u00a0Art.\u00a010 del anexo.<\/p>\n<\/div>\n 6<\/a>.<\/strong>\u00a0Art. 11 del anexo.<\/p>\n<\/div>\n 7<\/a>.<\/strong>\u00a0Bianchi, Alberto, \u201cNotas al r\u00e9gimen de la acci\u00f3n civil de extinci\u00f3n del dominio\u201d, en\u00a0Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires<\/em>, Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t.\u00a079, N\u00ba\u00a01, julio 2019, p.\u00a049. [N.\u00a0del E.<\/em>: ver\u00a0aqu\u00ed<\/a>; fuente:\u00a0CACBA<\/a>; \u00faltima consulta: 16\/10\/2019].<\/p>\n<\/div>\n 8<\/a>.<\/strong>\u00a0Terragni, Marco A., \u201cExtinci\u00f3n de dominio o decomiso sin condena penal\u201d, en Anales de Legislaci\u00f3n Argentina, Buenos Aires, La Ley, t. 2019-3, (tambi\u00e9n en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019), cita online AR\/DOC\/259\/2019. La materia sobre la que recae el DNU ya estaba siendo tratada por el Congreso de la Naci\u00f3n. Incluso, el proyecto de ley pertinente ya contaba con media sanci\u00f3n, aunque luego sufrir\u00eda algunas tentativas de reforma, lo cual, sin duda, iba a demorar su tramitaci\u00f3n y una eventual sanci\u00f3n. Ver Capuya, Solange J. y Kahl, \u00c1ngel, \u201cEl decreto de necesidad y urgencia con relaci\u00f3n a la extinci\u00f3n de dominio y su \u00f3bice constitucional\u201d, en\u00a0Revista de Derecho Penal y Criminolog\u00eda<\/em>, Buenos Aires, La Ley, N\u00ba 5, junio 2019.<\/p>\n<\/div>\n 9<\/a>.<\/strong>\u00a0Terragni, Marco A., ob cit. (cfr. nota 4).<\/p>\n<\/div>\n 10<\/a>.<\/strong>\u00a0Paz, Roberto, \u201cLa extinci\u00f3n de dominio: el DNU 62\/2019. Cuando lo teleol\u00f3gico\/axiol\u00f3gico se enfrenta con la realidad jur\u00eddica\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1032\/2019.<\/p>\n<\/div>\n 11<\/a>.<\/strong>\u00a0Boico, Roberto J. y V\u00e1zquez, Gabriela A., \u201cExtinci\u00f3n de dominio: el DNU 62\/2019\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1752\/2019.<\/p>\n<\/div>\n 12<\/a>.<\/strong>\u00a0Salerno, Marcelo U., \u201cExtinci\u00f3n del dominio mediante decisi\u00f3n judicial: el decomiso penal en los delitos de corrupci\u00f3n\u201d, en\u00a0Revista C\u00f3digo Civil y Comercial<\/em>, Buenos Aires, La Ley, julio 2019, cita online AR\/DOC\/1471\/2019.<\/p>\n<\/div>\n 13<\/a>.\u00a0<\/strong>L\u00f3pez Testa, Benjam\u00edn y Maggio, Facundo, \u201cDecomiso y extinci\u00f3n de dominio\u201d, en\u00a0La Ley<\/em>, Buenos Aires, La Ley, suplemento especial \u201cComentarios al Proyecto de C\u00f3digo Penal\u201d, junio 2019, cita online AR\/DOC\/2044\/2019.<\/p>\n<\/div>\n 14<\/a>.<\/strong>\u00a0La Ley Modelo sobre Extinci\u00f3n de Dominio es una iniciativa del Programa de Asistencia Legal en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (LAPLAC) que da continuidad a una larga tradici\u00f3n de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). [N.\u00a0del E.<\/em>: ver\u00a0aqu\u00ed<\/a>; fuente:\u00a0UNODC<\/a>; \u00faltima consulta: 16\/10\/2019].<\/p>\n<\/div>\n1. Decreto de Necesidad y Urgencia 62\/2019<\/h2>\n
\nQue la Convenci\u00f3n Interamericana contra el Terrorismo aprobada por la Ley N\u00ba\u00a026.023, establece que cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisi\u00f3n o tengan como prop\u00f3sito financiar o hayan facilitado o financiado la comisi\u00f3n de cualquiera de los delitos vinculados al terrorismo.
\nQue la Rep\u00fablica Argentina, mediante la Ley N\u00ba\u00a026.097, aprob\u00f3 la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n, instrumento en el que los Estados Parte manifiestan su preocupaci\u00f3n por los problemas y amenazas que plantea la corrupci\u00f3n para la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavando los valores de la democracia.
\nQue la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n, aprobada por la Ley N\u00ba\u00a024.759, establece que de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestar\u00e1n mutuamente la m\u00e1s amplia asistencia posible en la identificaci\u00f3n, el rastreo, la inmovilizaci\u00f3n, la confiscaci\u00f3n y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisi\u00f3n de los delitos tipificados de conformidad con la citada Convenci\u00f3n, de los bienes utilizados en dicha comisi\u00f3n o del producto de dichos bienes.<\/p><\/blockquote>\n2. R\u00e9gimen del Decreto 62\/2019<\/h2>\n
\na) Los fundamentos espec\u00edficos que llevaron al juzgador a formarse la convicci\u00f3n de que bienes o derechos de propiedad del o los demandados y\/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa l\u00edcita a su patrimonio [\u2026]
\nc) La declaraci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin contraprestaci\u00f3n ni compensaci\u00f3n alguna a favor del o de los demandados, as\u00ed como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable;
\nd) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
\ne) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a favor de un tercero de buena fe y a t\u00edtulo oneroso, deber\u00e1 determinar su valor en dinero para su ejecuci\u00f3n;
\nf) Las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia [\u2026] as\u00ed como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad con lo establecido en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 13 [\u2026]
\ng) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificaci\u00f3n a los registros respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
\nh) El pronunciamiento sobre las costas, la regulaci\u00f3n de honorarios y la compensaci\u00f3n prevista en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 18 del presente r\u00e9gimen, en caso de corresponder. 6<\/a><\/p><\/blockquote>\n3. El principio de inocencia. Objeciones constitucionales<\/h2>\n
4. Naturaleza de la acci\u00f3n<\/h2>\n
5. No hay prejudicialidad<\/h2>\n
6. La prescripci\u00f3n<\/h2>\n
7. Situaci\u00f3n de los derechos reales<\/h2>\n
\nQuedar\u00e1n abarcados:
\na. Todo bien susceptible de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jur\u00eddicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciaci\u00f3n pecuniaria;
\nb. La transformaci\u00f3n o conversi\u00f3n parcial o total, f\u00edsica o jur\u00eddica, de los bienes previstos en el inciso anterior;
\nc. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera de los incisos anteriores.<\/p><\/blockquote>\n8. Protecci\u00f3n del adquirente a t\u00edtulo oneroso y de buena fe<\/h2>\n
8.1. La buena fe<\/h3>\n
8.2. Sucesi\u00f3n universal<\/h3>\n
8.3. T\u00edtulo gratuito<\/h3>\n
9. El anteproyecto de C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial<\/h2>\n
10. Delito de decomiso en el anteproyecto del C\u00f3digo Penal<\/h2>\n
11. Reflexiones finales<\/h2>\n
12. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
Notas<\/h2>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n