{"id":723,"date":"2014-11-06T19:34:31","date_gmt":"2014-11-06T19:34:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=723"},"modified":"2022-08-09T11:41:01","modified_gmt":"2022-08-09T14:41:01","slug":"la-representacion-societaria-y-la-apariencia-juridica-los-directores-electos-en-asambleas-irregularmente-celebradas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2014\/11\/la-representacion-societaria-y-la-apariencia-juridica-los-directores-electos-en-asambleas-irregularmente-celebradas\/","title":{"rendered":"La representaci\u00f3n societaria y la apariencia jur\u00eddica. Los directores electos en asambleas irregularmente celebradas"},"content":{"rendered":"

Por Mar\u00eda Cesaretti<\/strong> (informaci\u00f3n sobre la autora<\/a>) y Oscar Daniel Cesaretti<\/strong> (informaci\u00f3n sobre el autor<\/a>) [1]<\/a><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

En la Revista del Notariado<\/em> n\u00ba 913 se public\u00f3 el comentario<\/a> realizado por Osvaldo Solari Costa[2]<\/a><\/a> al fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial \u2013Sala E\u2013 dictado en autos \u201cAchinelli, Alberto Pedro c\/ Agropecuaria Los Remolinos SA y otro s\/ ordinario\u201d el 12 de octubre de 2012. Analiza el caso de una sociedad an\u00f3nima de dos socios, en la que uno de ellos procede a fraguar una asamblea, a la que reviste del car\u00e1cter de un\u00e1nime y en la que se procede a reemplazar al directorio, haciendo comparecer falsamente al socio restante. En base a los directores electos, mediante un acta de directorio, se enajena un establecimiento agropecuario que constitu\u00eda el \u00fanico bien inmueble de la sociedad; resulta adquirente, justamente, el socio responsable del fraude.<\/p>\n

La Sala declar\u00f3 la nulidad de la escritura traslativa de dominio, en base al car\u00e1cter irregular del acta de elecci\u00f3n de autoridades. Uno de los jueces aleg\u00f3 el car\u00e1cter de acto nulo del acta y el otro calific\u00f3 el acto como inexistente; ambos llegaron a igual resultado respecto de la nulidad de la asamblea de elecci\u00f3n del directorio y, en consecuencia, del acto notarial de transferencia dominial.<\/p>\n

Analicemos un supuesto en el que hubiera mediado una maniobra similar, en el sentido de que el acta de elecci\u00f3n de autoridades no contara con la presencia de los accionistas reales, que \u00e9sta fuera inscripta en la Inspecci\u00f3n General de Justicia \u2013de conformidad con la normativa del art\u00edculo 60 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales<\/a> (LSC)\u2013 y que mediara una asamblea ordinaria debidamente convocada para autorizar la venta del establecimiento[3]<\/a>\u2013<\/a>habida cuenta de que fuera la base econ\u00f3mica de la actividad social\u2013 y que el adquirente fuera un tercero. Este tercero no tiene relaci\u00f3n alguna con la sociedad, no es proveedor, ni pariente de los accionistas ni de los directores; se ha interesado en la operaci\u00f3n por medio de un corredor inmobiliario \u2013debidamente matriculado\u2013 y abona por el bien el valor de mercado. El escribano del adquirente tiene delante de s\u00ed los respectivos documentos habilitantes en originales, el t\u00edtulo de propiedad del bien y ha realizado el correspondiente estudio del t\u00edtulo.<\/p>\n

\u00bfEl tercero correr\u00e1 la misma suerte que la determinada en el juicio relacionado?<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

2. La representaci\u00f3n societaria. La sociedad an\u00f3nima<\/strong><\/b><\/h3>\n

De acuerdo con el art\u00edculo 58 de la LSC<\/a><\/p>\n

El administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato o por disposici\u00f3n de la ley, tenga la representaci\u00f3n de la sociedad obliga a \u00e9sta por todos los actos que no sean notoriamente extra\u00f1os al objeto social.<\/p><\/blockquote>\n

El sentido de esta norma es dotar al representante legal de plenas facultades de obligar a la sociedad frente a terceros, sin necesidad de que su actuaci\u00f3n requiera autorizaci\u00f3n previa del directorio o de la asamblea, y tornar inoponibles a terceros las limitaciones internas que pudiera tener la actuaci\u00f3n del presidente. As\u00ed, la doctrina ha diferenciado claramente la faz interna y externa de la sociedad:<\/p>\n

\u2026 la formaci\u00f3n y exteriorizaci\u00f3n de la voluntad social requiere distinguir dos sectores distintos e independientes entre s\u00ed: a) la administraci\u00f3n, que atiende a la tarea de cumplir el objeto social, decidiendo en tal sentido e internamente la voluntad del ente; b) la representaci\u00f3n, por medio de la cual se transmiten las decisiones a los terceros en general.[4]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

Y ha aclarado expresamente que la LSC da prevalencia al acto de representaci\u00f3n:<\/p>\n

El criterio legal expuesto a trav\u00e9s del contenido del art\u00edculo 58 es que el acto celebrado por el representante dentro del marco de competencia establecido en dicho art\u00edculo obliga a la sociedad, ya que la actuaci\u00f3n interna de la administraci\u00f3n no puede ser opuesta a terceros, frente a quienes solamente importa el acto externo de representaci\u00f3n.[5]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

En el mismo sentido, se ha fallado que<\/p>\n

Conforme a la regla sentada por el art\u00edculo 58 de la Ley 19.550, al que remite el art\u00edculo 268 de la citada ley, en cuanto establece que el administrador o representante que, de acuerdo al contrato o por disposici\u00f3n de la ley, tenga la representaci\u00f3n de la sociedad obliga a \u00e9sta por todos los actos que no sean notoriamente extra\u00f1os al objeto social, se crea para terceros la certeza de que los actos realizados son imputables a la sociedad, aun cuando sean violatorios de dispositivos internos del ente o sean realizados sin autorizaci\u00f3n del directorio.[6]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

Es sustancial recordar que el art\u00edculo 58 se aplica a toda contrataci\u00f3n que efect\u00fae la sociedad:<\/p>\n

\u2026 no existe dentro de la Ley 19.550 otra norma que regule el r\u00e9gimen legal y forzoso de imputaci\u00f3n de actos a la sociedad, por lo que la aplicaci\u00f3n del art. 58 cabe efectuarla imperativamente frente a cualquier situaci\u00f3n en que se produzca la contrataci\u00f3n de la sociedad frente a terceros.[7]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

Esta disposici\u00f3n legal ha sido expresamente aplicada por la jurisprudencia civil en materia de compraventa de inmuebles:<\/p>\n

Habi\u00e9ndose invocado que los firmantes del boleto de compraventa de un inmueble carec\u00edan de facultades para obligar a la sociedad demandada, cabe tener en cuenta que el ordenamiento societario, a trav\u00e9s de su art. 58, no ha venido a otorgar al representante facultades decisorias, sino, m\u00e1s bien, a consagrar (en exclusiva protecci\u00f3n de terceros) una suerte de convalidaci\u00f3n legal de los actos que \u00e9ste lleva a cabo sin la debida autorizaci\u00f3n, limit\u00e1ndose a imputar directamente a la sociedad representada todos los actos celebrados por aqu\u00e9l que no sean notoriamente extra\u00f1os a su objeto social\u201d. Con ello, queda vedado para la sociedad la posibilidad de desconocer eficacia a los v\u00ednculos negociales creados por su representante en uso de la firma social, so pretexto de violaci\u00f3n a su r\u00e9gimen decisorio interno [\u2026] Adem\u00e1s, otra raz\u00f3n m\u00e1s que abreva en la buena fe creencia del adquirente consiste en que el mismo razonablemente pudo estimar que contrataba con quien se encontraba en facultades suficientes para ello, en virtud del conocimiento anterior de los estatutos de la sociedad [\u2026] Siendo evidente que el boleto de compraventa fue integrado con una certificaci\u00f3n de firma realizada por un escribano mediante actuaci\u00f3n notarial, quien no solo se limit\u00f3 a certificar la firma de la vendedora, sino que relev\u00f3 el car\u00e1cter de presidente del otorgante, l\u00f3gico es concluir que la falta de autenticidad atribuida al documento referido no puede ser admitida [\u2026] Trat\u00e1ndose de una sociedad inmobiliaria, la compraventa de inmuebles constituye un acto de administraci\u00f3n, dado que se trata de un acto de enajenaci\u00f3n que est\u00e1 dentro de su objeto social. Por consiguiente, el tercero que contrata se ve protegido por la apariencia que ejerce el contratante que ha desplegado una conducta id\u00f3nea para crear una apariencia de atribuci\u00f3n de facultades de representaci\u00f3n.[8]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

3. La inscripci\u00f3n del art\u00edculo 60 de la Ley 19.550<\/strong><\/b><\/h3>\n

En el caso hipot\u00e9tico planteado, la sociedad ha procedido a inscribir su directorio. Es ampliamente aceptada en la doctrina la concepci\u00f3n de que la inscripci\u00f3n reviste el car\u00e1cter meramente declarativo, pudiendo el tercero alegarla contra la sociedad sin mediar las excepciones que determina el art\u00edculo 12 LSC<\/a>.<\/p>\n

Ahora bien, \u00bfqu\u00e9 efectos produce la inscripci\u00f3n una vez cumplida? Por un lado, la sociedad queda obligada por el acto inscripto si no mediare una resoluci\u00f3n asamblearia en sentido contrario. Respecto de terceros, la designaci\u00f3n inscripta produce los efectos propios de los actos registrados, es decir, la oponibilidad erga omnes<\/em> <\/i>del documento, siempre que dichos terceros no hayan tomado conocimiento de una decisi\u00f3n asamblearia que la revoque.<\/p>\n

Al respecto, la jurisprudencia ha expresado:<\/p>\n

Seg\u00fan el principio de la apariencia, la existencia y alcance de un acto debe juzgarse sobre la base de su manifestaci\u00f3n exterior o forma externa con la cual sus autores lo han hecho conocido, de modo que produzcan convicci\u00f3n respecto de su regularidad y realidad.[9]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

Continuando con el planteo hipot\u00e9tico: al tercero adquirente, quien no es parte de la sociedad y no tiene v\u00ednculos con sus accionistas ni directores, se le presenta un sujeto con su designaci\u00f3n como presidente de la sociedad; sin lugar a dudas, se encuentra frente a una realidad, ese sujeto es presidente de tal sociedad. Puede ser que esa realidad que se le presente al tercero sea producto de un acto viciado, es decir, es una realidad formal pero no sustancial.<\/p>\n

As\u00ed tambi\u00e9n, es inadmisible que se suponga existente \u2013o a\u00fan en vigor\u2013 a una norma inexistente (ya no m\u00e1s en vigor o no a\u00fan en vigor). Por lo tanto, es inadmisible el concepto de apariencia de derecho objetivo, mientras que, por el contrario, es leg\u00edtimo el concepto de apariencia del derecho subjetivo.<\/p>\n

Puede darse en el plano del ejercicio de un derecho que sea ejercitado y hecho valer por quien no es el titular, sea o no autorizado a hacerlo. Tal situaci\u00f3n se llama legitimaci\u00f3n, entendiendo a esta \u00faltima en sentido sustancial y no procesal. La legitimaci\u00f3n, en el sentido expuesto, significa adem\u00e1s que alguien est\u00e1 investido del poder de ejercitar un derecho, o sea, que est\u00e1 cualificado para ejercitar el derecho. Se habla entonces de vicio o de defecto de legitimaci\u00f3n para indicar la carencia de la legitimaci\u00f3n.<\/p>\n

En el campo del derecho societario, la apariencia campea por sus fueros, siendo aplicable, en general, cuando se ha creado una apariencia jur\u00eddica frente a un tercero que, de buena fe, se ha relacionado con una sociedad, en base a esa apariencia. As\u00ed se ha puesto, como particular ejemplo en doctrina, el caso de un contrato de sociedad que presenta vicios esenciales y, no obstante ello, ha sido inscripta en el Registro P\u00fablico de Comercio: se est\u00e1 en presencia de una apariencia de una sociedad que, en vez, es nula. En este caso, se interpretaba que la nulidad de la sociedad no ten\u00eda influencia sobre la eficacia de los negocios cumplidos con terceros en nombre de la sociedad.<\/p>\n

Este, con la debida transposici\u00f3n, es un caso que encontramos en nuestro derecho societario; por ejemplo, los supuestos de la sociedades de objeto il\u00edcito (art. 18 LSC), de objeto l\u00edcito y actividad il\u00edcita (art. 19 LSC) y objeto prohibido (art. 19 LSC), sociedades nulas de nulidad absoluta, pero cuya existencia puede ser opuesta a los socios \u2013no obstante su nulidad absoluta\u2013 por los terceros de buena fe (en esta caso, para la protecci\u00f3n de estos terceros de buena fe, la nulidad tiene efectos para el futuro, es decir ex nunc<\/em>). Pero donde la teor\u00eda de la apariencia cobra singular fuerza y relevancia es en el campo de la representaci\u00f3n societaria.<\/p>\n

En este sentido, puede decirse que cuando quien act\u00faa (o dice actuar) por una sociedad \u2013su representante, administrador, funcionario, mandatario, empleado\u2013 genera en los terceros de buena fe que contratan con \u00e9l la apariencia de la legitimidad de su actuaci\u00f3n, queda prisionero de ella, esto es, que esa apariencia vincula a la sociedad, no pudiendo entonces alegarse que quien actu\u00f3 por la sociedad no ten\u00eda facultades para obligarla.<\/p>\n

Un autor que ha indagado sobre este tema sostiene que esta teor\u00eda de la apariencia tiene su justa aplicaci\u00f3n para proteger a los diligentes. Para \u00e9l, la teor\u00eda de la apariencia consiste en que aqu\u00e9l \u2013la sociedad\u2013, que a trav\u00e9s de sus funcionarios o empleados genera en los terceros que contratan con ellos la sensaci\u00f3n leg\u00edtima de que est\u00e1n contratando con quien tiene las facultades para ello no pueden luego ser sorprendidos invoc\u00e1ndoseles que dicho aparente funcionario o empleado no ten\u00eda facultades suficientes para obligar al principal. Quien crea esa apariencia debe asumir las consecuencias. Naturalmente, el tercero ha de ser de buena fe. Y esto, sea como sea que se defina la buena fe: si actuar genuina y honestamente en las circunstancia del caso, como lo ha entendido la jurisprudencia de los tribunales ingleses, o que la buena fe en los contratos consiste en que \u00e9stos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de acuerdo a lo que veros\u00edmilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidad y previsi\u00f3n (criterio del art. 1198 del C\u00f3digo Civil), o, como lo expone el Diccionario de la lengua espa\u00f1ola<\/em>, actuar con rectitud y honradez. Los terceros de buena fe quedan protegidos por la apariencia de legitimidad, precisamente porque act\u00faan de buena fe, tanto en el sentido de buena fe probidad como en el buena fe diligencia. Es decir que tienen que darse ambos aspectos de la buena fe para que el tercero quede protegido.[10]<\/a><\/a><\/p>\n

Siguiendo a Favier Dubois[11]<\/a><\/a><\/p>\n

Podemos definir al director \u201caparente\u201d como aquel sujeto que aparece en la posici\u00f3n jur\u00eddica de director, es decir, que ha sido designado formalmente como tal, pero que o bien resulta un mero \u201cprestanombres\u201d o bien presenta un vicio en su designaci\u00f3n derivado de que existe alg\u00fan defecto en el acto de nombramiento, como puede ser la nulidad de la asamblea que designa al presidente de una sociedad an\u00f3nima.<\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

4. Protecci\u00f3n a la seguridad del tr\u00e1fico<\/strong><\/b><\/h3>\n

Conforme a Garrigues[12]<\/a><\/a><\/p>\n

\u2026 al adquirente de un derecho ha de concederle la certidumbre de que no ser\u00e1 m\u00e1s tarde perturbado en el ejercicio de ese derecho y en el goce del bien econ\u00f3mico con \u00e9l adquirido, aunque concurran circunstancias adecuadas para hacer fracasar la adquisici\u00f3n de aquel derecho [\u2026] En el conflicto que en tales casos se produce entre la seguridad del tr\u00e1fico y seguridad del derecho, vence la protecci\u00f3n a la primera [\u2026] El alcance pr\u00e1ctico del principio protector de la seguridad del tr\u00e1fico, que es caracter\u00edstico del derecho mercantil y se traduce en la subordinaci\u00f3n de la realidad a la apariencia jur\u00eddica\u2026<\/p><\/blockquote>\n

Concordantemente, la jurisprudencia ha dicho que<\/p>\n

En el tr\u00e1fico mercantil moderno, en innumerables ocasiones, las soluciones encuentran su debido cauce a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de las teor\u00edas de la apariencia, privilegiando la buena fe de los terceros que celebran acuerdos con quienes aparecen revestidos de facultades para representar a la sociedad. El ordenamiento jur\u00eddico protege, por imperio del principio de la buena fe, la aceptaci\u00f3n de las consecuencias derivadas de un estado jur\u00eddico que se basa no s\u00f3lo en una declaraci\u00f3n de voluntad, sino en la apariencia de una situaci\u00f3n jur\u00eddica.[13]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

La doctrina del director aparente ha sido recogida igualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el leading case<\/em> \u201cFrigor\u00edfico Setti SACIA s\/ convocatoria, hoy quiebra\u201d, en el que sent\u00f3 que<\/p>\n

No puede perderse de vista el fundamento relativo a la necesidad de tener en cuenta los imperativos de la seguridad jur\u00eddica y contemplar el inter\u00e9s de terceros de buena fe, como son los acreedores, a quienes no puede exigirse un constante examen sobre los antecedentes relativos a la forma de elegirse las autoridades de la sociedad an\u00f3nima.[14]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

El fuero civil se ha expresado con igual criterio:<\/p>\n

\u2026 en el moderno derecho societario, se advierte un apartamiento de las concepciones r\u00edgidas y formalistas, habi\u00e9ndose viabilizadas las denominadas teor\u00edas de la apariencia y del riesgo, conforme a las cuales: 1) la legitimaci\u00f3n, aun cuando sea en casos de derecho singular, puede nacer de la apariencia; 2) cuando la seguridad de los terceros depende de la publicidad, la nulidad o la inexistencia de las deliberaciones no puede afectar a los terceros de buena fe; 3) el tercero que contrate con la compa\u00f1\u00eda tiene derecho a presumir que se han cumplido todas las regulaciones internas; 4) todos los actos de los funcionarios de facto (es decir, cuando se cuestiona la validez de su nombramiento o desempe\u00f1o) son v\u00e1lidos frente a terceros.[15]<\/a><\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

5. Conclusiones<\/strong><\/h3>\n
    \n
  1. Cabe distinguir plenamente el rol del adquirente en la operaci\u00f3n. Si \u00e9ste ha actuado con buena fe probidad y con buena fe diligencia, no existiendo una relaci\u00f3n fraudulenta entre las partes en perjuicio de terceros, el adquirente se encuentra amparado por el criterio de la seguridad del tr\u00e1fico y la teor\u00eda de la apariencia jur\u00eddica.<\/li>\n
  2. Los vicios originados en los instrumentos de representaci\u00f3n societaria, mediando o no su inscripci\u00f3n registral (art. 60 Ley 19.550), no afectar\u00e1n los actos celebrados por los directores aparentes cuando mediare el presupuesto de actuaci\u00f3n del tercero anteriormente consignado.<\/li>\n
  3. Compartimos las conclusiones de Solari Costa en cuanto a que \u201cla nulidad de la asamblea tiene origen en un vicio del acto jur\u00eddico y no de la escritura. La nulidad de un acto jur\u00eddico no provoca per se la nulidad del instrumento que contiene dicho acto \u2013y viceversa\u2013\u201d.<\/li>\n
  4. Igualmente, adherimos a lo expuesto por Solari Costa cuando expresa que \u201cel escribano no es responsable de verificar la autenticidad de lo que se ha asentado en los libros rubricados, ni si quienes asistieron a la asamblea son los socios o si las firmas son realmente de ellos\u201d.<\/li>\n
  5. En caso de duda en relaci\u00f3n a si se trata de un acto de administraci\u00f3n extraordinaria[16]<\/a><\/a> o no, se debe estar por la validez del acto \u2013conforme al criterio del art\u00edculo 58 LSC\u2013, siempre que \u00e9ste no sea notoriamente extra\u00f1o al objeto social. La determinaci\u00f3n por parte del tercero si el acto reviste el car\u00e1cter de administraci\u00f3n extraordinaria.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Notas<\/h6>\n

    <\/a>1.<\/strong> Los autores agradecen a Eduardo M. Favier Dubois la jurisprudencia facilitada. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>2.<\/strong> Solari Costa, Osvaldo, \u201cNulidad de asamblea, de la venta de un inmueble y de la escritura<\/a>\u201d, en Revista del Notariado<\/i><\/a>, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, n\u00ba 913, julio-septiembre 2013, pp. 236-254. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>3.<\/strong> \u00cddem, p. 250. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>4.<\/strong> Bense\u00f1or, Norberto R. y Weisvein, Marta J., \u201cLa representaci\u00f3n org\u00e1nica en el \u00e1mbito notarial\u201d, en La Ley<\/em>, Buenos Aires, La Ley, t. 1998-E, p. 1087. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>5.<\/strong> Bense\u00f1or, Norberto R., \u201cActuaci\u00f3n notarial del representante de la sociedad an\u00f3nima. Art. 58 Ley 19.550<\/a>\u201d, en Revista del Notariado<\/i><\/a>, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Capital Federal, n\u00ba 783, mayo-junio 1982, pp. 643-651. Ver CNCom., Sala C, \u201cCarrano, Mario c\/ Catequil SA\u201d, en Jurisprudencia Argentina<\/em>, t. 12, p. 576. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>6.<\/strong> CNCom., Sala B, 11\/3\/1988, \u201cVitivin\u00edcola Andina SA c\/ Industrias Frigor\u00edficas Recreo SA\u201d. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>7.<\/strong> Bense\u00f1or, Norberto R. y Weisvein, Marta J., ob. cit. [cfr. nota 4], p. 1087. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>8.<\/strong> C\u00e1m.Civ.yCom. 4\u00aa C\u00f3rdoba, 22\/12\/2005, \u201cMercado, Camila Alejandra c\/ CACI SA s\/ ordinario-escritu\u00adraci\u00f3n\u201d. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>9.<\/strong> CNCom., Sala F, 16\/7\/2010, \u201cHelmbold, Daniel Alberto c\/ Orbis C\u00eda. Argentina de Seguros SA y otros s\/ ordinario\u201d, en Diegues, Jorge A., \u201cDoctrina de la apariencia\u201d, La Ley<\/em>, 6\/3\/2012. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>10.<\/strong> Moglia Clips, Guillermo A., \u201cAlgunas reflexiones sobre la teor\u00eda de la apariencia\u201d, en Revista A\u00e9quitas Virtual<\/em>, Buenos Aires, Universidad del Salvador-Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas, n\u00ba 1, 2006. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>11.<\/strong> Favier Dubois, Eduardo M. (h.), \u201cEl representante \u2018de hecho\u2019 y la apariencia en la actuaci\u00f3n societaria\u201d, en Doctrina Societaria<\/em>, Buenos Aires, Errepar, n\u00ba 105, agosto 1996, t. 8, p. 202. Ver Sasot, Miguel P. y Sasot Betes, Miguel A., Sociedades an\u00f3nimas. El \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/em>, Buenos Aires, \u00c1baco, 1980, p. 73. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>12.<\/strong> Garrigues, Joaqu\u00edn, Temas de derecho vivo<\/em>, Madrid, Tecnos, 1978, p. 47. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>13.<\/strong> CNCom., Sala B, 27\/5\/2005, \u201cChaya, El\u00edas c\/ Valmed SA\u201d. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>14.<\/strong> CSJN, 4\/12\/1968, \u201cFrigor\u00edfico Setti SACIA s\/ convocatoria, hoy quiebra\u201d, en Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones<\/em>, 1970, p. 239. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>15.<\/strong> CNCiv., Sala E, 22\/8\/1984, \u201cLens, Ricardo E. c\/ Alproar SA y otro\u201d. \u2191<\/a><\/p>\n

    <\/a>16.<\/strong> <\/b>Con relaci\u00f3n al criterio de un sector de la doctrina que, ante la enajenaci\u00f3n de un inmueble que constituya el \u00fanico activo sustancial de la sociedad, requerir una asamblea \u2013que deber\u00e1 ser ordinaria, conforme al art. 234 inc. 1 LSC\u2013 para cubrir la buena fe diligencia del tercero. \u2191<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Por Mar\u00eda Cesaretti (informaci\u00f3n sobre la autora) y Oscar Daniel Cesaretti (informaci\u00f3n sobre el autor) [1]   1. 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