{"id":6147,"date":"2018-03-15T16:38:17","date_gmt":"2018-03-15T19:38:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=6147"},"modified":"2022-01-26T12:14:56","modified_gmt":"2022-01-26T15:14:56","slug":"el-estatuto-personal-en-el-derecho-internacional-privado-argentino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2018\/03\/el-estatuto-personal-en-el-derecho-internacional-privado-argentino\/","title":{"rendered":"La persona humana. El estatuto personal en el derecho internacional privado argentino"},"content":{"rendered":"

\"siluetas-damas_700x300\"<\/a><\/p>\n

Imagen: psychodelicacy<\/a>, CC-BY-NC 2.0<\/a><\/em><\/sup><\/p>\n

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 <\/p>\n

Autora: Luciana B. Scotti<\/strong>\u00a0 |<\/strong>\u00a0 (ver bio<\/a>)<\/p>\n

Resumen<\/span>:<\/strong>\u00a0Se aborda el llamado \u201cestatuto personal\u201d, que alude a todas aquellas cuestiones jur\u00eddicas relativas a la persona humana en el derecho internacional privado. A tal fin, se realiza un desarrollo doctrinario de tema, para luego analizar las normas del derecho argentino, en especial aquellas disposiciones espec\u00edficas que contiene el C\u00f3digo Civil y Comercial argentino, ello sin perjuicio del estudio de la normativa convencional vigente. Se comparten al final del art\u00edculo algunas conclusiones personales.<\/p>\n

Palabras clave<\/span>:<\/strong>\u00a0Persona, estatuto personal, derecho internacional privado, capacidad.<\/p>\n

Recibido: <\/span>30\/10\/2017 \u00a0| \u00a0<\/span><\/strong>Aceptado: <\/span>22\/12\/2017<\/sup><\/p>\n

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1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n

Las cuestiones jur\u00eddicas relativas a la persona humana en el derecho internacional privado (en adelante, DIPr) usualmente se conocen con el nombre de\u00a0estatuto personal<\/em>. Sin embargo, en relaci\u00f3n al alcance de la expresi\u00f3n \u201cestatuto personal\u201d nos encontramos con diversas definiciones:<\/p>\n

a) el estatuto personal son las leyes o normas jur\u00eddicas que regulan las cuestiones relativas a las personas, b) el estatuto personal es el conjunto de materias que se rigen por la ley propia de la persona, es decir ese es el \u00e1mbito de la ley personal, c) el estatuto personal es el conjunto de instituciones relativas a la persona con independencia de la ley que las regule. 1<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Por otro lado,<\/p>\n

En lo que concierne a la delimitaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n sustantivo del estatuto personal [\u2026] un an\u00e1lisis de Derecho comparado nos ofrece un panorama que, en esencia, se resume en la existencia de tres concepciones: la estricta, en la que el estatuto personal estar\u00eda conformado por el estado civil y la capacidad como consecuencia de una consideraci\u00f3n de la persona como individuo aisladamente considerado; la intermedia, que a\u00f1adir\u00eda a lo anterior las relaciones de familia por entender a la persona en su calidad de miembro de una instituci\u00f3n familiar; y la amplia que agregar\u00eda a lo precedente la sucesi\u00f3n mortis causa por asentarse en un concepto de la persona como miembro de una sociedad. 2<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El DIPr argentino se inclina por la concepci\u00f3n estricta en tanto las relaciones de familia (matrimonio, uniones convivenciales, filiaci\u00f3n, responsabilidad parental, etc.) as\u00ed como las sucesiones tienen un r\u00e9gimen propio y, por ende, aut\u00f3nomo. En consecuencia, cuando aludimos al estatuto personal en este trabajo, con un sentido preciso, nos referimos al estado y capacidad\/incapacidad de la persona humana, al principio y fin de su existencia y al nombre.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

2. Criterios antag\u00f3nicos: nacionalidad versus domicilio<\/h2>\n

El estatuto personal fue objeto de un divergente tratamiento por las doctrinas tradicionales del DIPr, lideradas por Mancini y Savigny. Tal como nos recuerda Uriondo de Martinoli, a finales del siglo XIX, Pasquale Mancini, en un contexto hist\u00f3rico muy peculiar \u2013el de la unificaci\u00f3n de Italia\u2013, formul\u00f3 el principio de identidad entre Naci\u00f3n y Estado, sustituyendo el estatuto domiciliario por el estatal y aplicando la ley nacional como estatuto personal (1851). A partir de ese momento, se rompi\u00f3 la unidad en el sistema del estatuto personal y la nacionalidad y el domicilio comenzaron a disputarse el favor de los autores y de los sistemas jur\u00eddicos.<\/p>\n

El sistema de nacionalidad tuvo excelente acogida en toda Europa continental, sea en la codificaci\u00f3n interna, con excepci\u00f3n de Noruega y Dinamarca, como internacional del DIPr (Convenios de La Haya de 1902, en materia de\u00a0Matrimonio<\/a>,\u00a0Divorcio y Separaci\u00f3n<\/a>\u00a0y\u00a0Tutela de Menores<\/a>, y de 1905, relativo a los\u00a0Efectos del Matrimonio<\/a>). 3<\/a>\u00a0La m\u00e1s c\u00e9lebre expresi\u00f3n del pensamiento de Mancini, la encontramos en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3.3 del\u00a0C\u00f3digo Civil franc\u00e9s de 1804<\/a>: \u201cLas leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los franceses, aun cuando residan en pa\u00edses extranjeros\u201d. 4<\/a><\/p>\n

A su turno, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso \u201cNottebohm\u201d (1955), afirm\u00f3:<\/p>\n

\u2026\u00a0la nacionalidad es un v\u00edncu\u00adlo legal que tiene su base en el hecho social del enraizamiento, una conexi\u00f3n genuina de existencia, intereses y sentimientos, junto con la existencia de rec\u00edprocos deberes y derechos [\u2026] el individuo al cual le es conferida directamente por la ley o como resultado de un acto de las autoridades, est\u00e1 de hecho, m\u00e1s vinculado a la poblaci\u00f3n del Estado que le confiere la nacionalidad que a la de cualquier otro Estado. 5<\/a><\/p><\/blockquote>\n

La adopci\u00f3n del criterio de la nacionalidad garantiza la identidad nacional, religiosa y cultural de los migrantes, por cuanto permitir\u00eda la aplicaci\u00f3n del ordenamiento de su pa\u00eds de origen en el Estado receptor a instituciones sensibles desde una perspectiva religiosa o cultural. 6<\/a>\u00a0Adem\u00e1s, la nacionalidad de la persona es un punto de conexi\u00f3n que garantiza, en principio, la aplicaci\u00f3n de una sola ley estatal a las cuestiones jur\u00eddicas relativas al individuo. Al ser una conexi\u00f3n estable, evita fraudes y potencia la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

Por otra parte, se sostiene que resulta m\u00e1s f\u00e1cil cambiar de domicilio que de nacionalidad, en atenci\u00f3n a que el cambio del domicilio depende enteramente del individuo, mientras que el de nacionalidad requiere el consentimiento del Estado cuya nacionalidad se adquiere. Sin embargo, en contra de este criterio, se ha expresado que<\/p>\n

\u2026\u00a0abrir la puerta a la aplicaci\u00f3n en el territorio de acogida de ordenamientos extranjeros puede dar lugar a la activaci\u00f3n del correctivo del orden p\u00fablico internacional por las autoridades del foro (como l\u00edmite a la aplicaci\u00f3n de normas o a la eficacia de decisiones extranjeras) dependiendo del grado de tolerancia o de respeto que hacia estos ordenamientos se tenga en dicho Estado\u2026
\nA lo anterior se a\u00f1ade que la nacionalidad, al ser una \u00abconexi\u00f3n formal\u00bb, obliga a aplicar a las cuestiones personales la ley de un Estado con el que el individuo no tiene una \u00abconexi\u00f3n real\u00bb, basada necesariamente en contactos sustanciales de \u00e9ste con un pa\u00eds. Al igual que el domicilio, la nacionalidad es una conexi\u00f3n jur\u00eddica [\u2026] cuya comprobaci\u00f3n resulta m\u00e1s dificultosa, ya que puede ser muy dif\u00edcil precisar si una persona ha adquirido o perdido una determinada nacionalidad, complic\u00e1ndose m\u00e1s a\u00fan la investigaci\u00f3n frente a casos de m\u00faltiple nacionalidad (conflicto positivo) y apatridia (conflicto negativo). 7<\/a><\/p><\/blockquote>\n

En la otra vereda, encontramos el criterio del domicilio, que genera un nivel suficiente de proximidad de la persona humana con un concreto Estado.<\/p>\n

Savigny<\/a>, entendiendo que la aplicaci\u00f3n de un derecho deb\u00eda hacerse en funci\u00f3n de la naturaleza esencial de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, le atribuy\u00f3 al domicilio la regulaci\u00f3n de todo lo relacionado con la capacidad de la persona. Tambi\u00e9n Story afirma que la ley que rige la capacidad de las personas es la del domicilio. 8<\/a>\u00a0Kaller de Orchansky, por su parte, sostiene que la nacionalidad es un concepto totalmente extra\u00f1o al DIPr, porque<\/p>\n

\u2026\u00a0si lo que se busca es someter la capacidad e incapacidad de la persona f\u00edsica al ordenamiento jur\u00eddico m\u00e1s justo y adecuado, teniendo en cuenta la vinculaci\u00f3n inmediata y concreta de la persona con el lugar en el que tiene su asiento principal y desarrolla su actividad como sujeto de derechos y obligaciones, la noci\u00f3n de nacionalidad es inadecuada, ya que no supone vinculaci\u00f3n real y efectiva de la persona con el ordenamiento jur\u00eddico privado respectivo, mientras que la noci\u00f3n de domicilio s\u00ed supone esa relaci\u00f3n vinculante con el ordenamiento jur\u00eddico privado. 9<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El debate nacionalidad versus domicilio fue arduo en el proceso de codificaci\u00f3n del DIPr en Am\u00e9rica Latina. La opci\u00f3n por uno u otro criterio no era pac\u00edfica porque era una decisi\u00f3n de \u00edndole pol\u00edtica con efectos pr\u00e1cticos, sociales y pol\u00edticos relevantes. Esta circunstancia qued\u00f3 reflejada en la soluci\u00f3n de compromiso a la que arribaron las negociaciones del\u00a0C\u00f3digo de Bustamante y Sirven<\/a>\u00a0(C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado firmado en la ciudad de La Habana, en 1928), 10<\/a>\u00a0cuyo ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 7 dispone que \u201ccada Estado contratante aplicar\u00e1 como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislaci\u00f3n interior\u201d. En definitiva, la opci\u00f3n por una u otra conexi\u00f3n ha implicado desde siempre asumir una posici\u00f3n frente al fen\u00f3meno de las migraciones.<\/p>\n

Como bien se\u00f1ala Fern\u00e1ndez Arroyo, la aplicaci\u00f3n de la ley de la nacionalidad \u201cacompa\u00f1a\u201d al nacional emigrante donde quiera que vaya:<\/p>\n

\u2026\u00a0tiene por tanto mucho sentido y una comprensible explicaci\u00f3n pol\u00edtica y pr\u00e1ctica que el criterio de la nacionalidad haya triunfado en los pa\u00edses de Europa continental (los pa\u00edses tributarios del\u00a0common law<\/em>\u00a0han seguido tradicionalmente el criterio del\u00a0domicile<\/em>, que se corresponde un poco m\u00e1s con lo que nosotros conocemos como domicilio de origen que con nuestra idea de domicilio a secas) en las codificaciones del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, siendo como eran estos pa\u00edses, pa\u00edses de emigraci\u00f3n. 11<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Por el contrario, para los pa\u00edses de inmigraci\u00f3n, como los del R\u00edo de la Plata y, en especial, Argentina, el panorama era exactamente el opuesto: regir las relaciones personales por el derecho de la nacionalidad de las personas hubiera generado la aplicaci\u00f3n del derecho extranjero en un n\u00famero muy significativo de casos, debido a la alta proporci\u00f3n de poblaci\u00f3n inmigrante en la regi\u00f3n.<\/p>\n

La opci\u00f3n a favor del criterio domiciliario permit\u00eda la aplicaci\u00f3n del derecho del lugar del pa\u00eds de acogida y la consolidaci\u00f3n de una soberan\u00eda a\u00fan muy endeble en Estados recientemente independizados, que daban sus primeros pasos en la comunidad internacional. As\u00ed fue que pa\u00edses como Argentina, Paraguay y Uruguay optaron originariamente por el domicilio como criterio rector de la vida civil de las personas humanas; lo propio hicieron Brasil, en 1942, y Venezuela, finalmente, en\u00a01998<\/a>\u00a0(Ley de Derecho Internacional Privado). Sin embargo, ante esas posiciones antag\u00f3nicas, surge como opci\u00f3n superadora la residencia habitual.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

3. Una opci\u00f3n superadora: la residencia habitual<\/h2>\n

A mediados del siglo pasado y hasta nuestros d\u00edas, se advierte<\/p>\n

\u2026\u00a0el intento de superaci\u00f3n de las relaciones de contraposici\u00f3n entre nacionalidad y domicilio mediante una conexi\u00f3n integradora de los pa\u00edses partidarios de ambas: se trata de la residencia habitual, que ha sido la preferentemente acogida en su ingente obra codificadora por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado [\u2026] as\u00ed como por diversos legisladores estatales en las nuevas normas de derecho internacional privado promulgadas en los \u00faltimos a\u00f1os. 12<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Asimismo, la doctrina ha indicado que la noci\u00f3n de residencia habitual<\/p>\n

\u2026\u00a0se asimila al domicilio de hecho y por ende, sit\u00faa a la persona en su medio real (elemento objetivo), evitando las estr\u00edas normativas provocadas por la calificaci\u00f3n del domicilio. Al mismo tiempo, recoge el \u00e1nimo de la persona de vivir donde se encuentra (elemento subjetivo). La residencia habitual es, por otro lado, m\u00e1s af\u00edn a los constantes desplazamientos propios de nuestro tiempo, que no necesariamente son acompa\u00f1ados por una mutaci\u00f3n normativa efectuada por el sujeto que se desplaza. 13<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Las convenciones de la Conferencia de La Haya y las Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP<\/a>) han recurrido, en forma cada vez m\u00e1s creciente, a esta conexi\u00f3n en materias espec\u00edficas. En efecto, la primera convenci\u00f3n que opta por la residencia habitual es la que regula la adopci\u00f3n de medidas encaminadas a proteger la persona y bienes del menor (convenio del 5 de octubre de 1961<\/a>), en virtud de la cual se sustituye la soluci\u00f3n b\u00e1sica del\u00a0citado texto de 1902<\/a>, que consist\u00eda en someter la tutela a la ley nacional del menor. Otras convenciones que utilizan la residencia habitual como conexi\u00f3n determinante para definir la ley aplicable son el\u00a0convenio de 2 de octubre de 1973<\/a>, que consagra como conexi\u00f3n principal la residencia habitual del acreedor alimentario (art.\u00a04) y como subsidiaria de primer grado, su nacionalidad (art.\u00a05). La residencia habitual del acreedor de alimentos es tambi\u00e9n la regla general para se\u00f1alar la ley aplicable a las obligaciones alimenticias establecida por el\u00a0Protocolo del 23 de noviembre de 2007<\/a>. Esta conexi\u00f3n tambi\u00e9n es adoptada en los convenios de La Haya sobre\u00a0Sustracci\u00f3n Internacional de Menores<\/a>\u00a0(convenio del 25 de octubre de 1980), sobre\u00a0Responsabilidad Parental y Medidas de Protecci\u00f3n de Menores<\/a>\u00a0(convenio del 19 de octubre de 1996) y en materia de\u00a0Adopci\u00f3n Internacional<\/a>\u00a0(convenio del 29 de mayo de 1993).<\/p>\n

En el foro de codificaci\u00f3n interamericano, la residencia habitual es el criterio rector en las convenciones interamericanas sobre\u00a0Adopci\u00f3n Internacional<\/a>\u00a0(1984), 14<\/a>\u00a0Obligaciones Alimentarias<\/a>\u00a0(1989), 15<\/a>\u00a0Restituci\u00f3n Internacional de Menores<\/a>\u00a0(1989) 16<\/a>\u00a0y\u00a0Tr\u00e1fico Internacional de Menores<\/a>\u00a0(1994). 17<\/a><\/p>\n

Recientemente, y en el marco de la Uni\u00f3n Europea, cabe mencionar el\u00a0Reglamento UE N\u00ba\u00a0650\/2012<\/a>\u00a0del Parlamento Europeo y del Consejo (del 4 de julio de 2012), relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de las resoluciones, a la aceptaci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos en materia de sucesiones\u00a0mortis causa<\/em>\u00a0y a la creaci\u00f3n de un certificado sucesorio europeo. Este establece como criterio \u00fanico para determinar tanto la jurisdicci\u00f3n como la ley aplicable en los asuntos transfronterizos el lugar de residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento (art.\u00a021, inc.\u00a01). Para determinar la residencia habitual,<\/p>\n

\u2026\u00a0la autoridad que sustancie la sucesi\u00f3n debe proceder a una evaluaci\u00f3n general de las circunstancias de la vida del causante durante los a\u00f1os precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideraci\u00f3n todos los hechos pertinentes, en particular la duraci\u00f3n y la frecuencia de la presencia del causante en el Estado de que se trate, as\u00ed como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La residencia habitual as\u00ed determinada deber\u00eda revelar un v\u00edncu\u00adlo estrecho y estable con el Estado de que se trate teniendo en cuenta los objetivos espec\u00edficos del presente Reglamento. [Considerando N\u00ba\u00a023]<\/p><\/blockquote>\n

Sin embargo, en casos excepcionales, la autoridad que sustancie la sucesi\u00f3n puede llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesi\u00f3n no sea la ley del Estado de residencia habitual del causante, sino la ley del Estado con el que el difunto ten\u00eda un v\u00edncu\u00adlo manifiestamente m\u00e1s estrecho en el momento del fallecimiento (art.\u00a021, inc.\u00a02).<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

4. El derecho internacional privado argentino. Fuentes que regulan el estatuto personal<\/h2>\n

En el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCCN<\/a>), encontramos una secci\u00f3n destinada especialmente a la persona humana. En las disposiciones de DIPr (t\u00edtulo IV del libro sexto), la secci\u00f3n 1\u00aa del cap\u00edtulo 3 (parte especial) se dedica a las personas humanas consideradas en s\u00ed mismas. Los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2613 a 2620 se ocupan de definir el domicilio y la residencia habitual de la persona f\u00edsica, el domicilio de las personas menores de edad y de otras personas incapaces, a los fines de la aplicaci\u00f3n de las normas de DIPr; establecen el r\u00e9gimen internacional de la capacidad de la persona humana, el derecho aplicable al nombre, y la jurisdicci\u00f3n competente y la ley aplicable a la declaraci\u00f3n de ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento.<\/p>\n

Por otro lado, encontramos normas espec\u00edficas sobre el tema que nos ocupa en los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional\u00a0de 1889<\/a>\u00a0y\u00a0de 1940<\/a>\u00a0(de rango superior a la fuente interna, de acuerdo al art.\u00a02594\u00a0CCCN<\/a>\u00a0y al art.\u00a075 inc.\u00a022 de la\u00a0Constituci\u00f3n Nacional<\/a>). 18<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

5. Calificaciones sobre domicilio y residencia habitual\u00a0de la persona humana<\/h2>\n

La importancia del domicilio en el DIPr argentino radica en dos circunstancias: la atribuci\u00f3n de jurisdicci\u00f3n internacional a los jueces argentinos y la determinaci\u00f3n del derecho aplicable a las materias del estatuto personal. Sin embargo, el C\u00f3digo Civil de V\u00e9lez Sarsfield (CCIV<\/a>) no previ\u00f3 la calificaci\u00f3n aut\u00e1rquica, es decir, la definici\u00f3n del punto de conexi\u00f3n cl\u00e1sico \u201cdomicilio\u201d que \u00e9l mismo eligi\u00f3 para regir las relaciones jusprivatistas internacionales de car\u00e1cter personal. En cambio, las fuentes convencionales m\u00e1s antiguas que forman parte del DIPr argentino contemplaban su definici\u00f3n. Se destaca en este sentido el\u00a0citado<\/a>\u00a0Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940:<\/p>\n

Ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 5<\/em>: En aquellos casos que no se encuentren especialmente previstos en el presente tratado, el domicilio civil de una persona f\u00edsica, en lo que ata\u00f1e a las relaciones jur\u00eddicas internacionales, ser\u00e1 determinado en su orden, por las circunstancias que a continuaci\u00f3n se enumeran:
\n1\u00aa) La residencia habitual en un lugar, con \u00e1nimo de permanecer en \u00e9l.
\n2\u00aa) A falta de tal elemento, la residencia habitual en un mismo lugar del grupo familiar integrado por el c\u00f3nyuge y los hijos menores o incapaces; o la del c\u00f3nyuge con quien haga vida com\u00fan; o, a falta de c\u00f3nyuge, la de los hijos menores o incapaces con quienes conviva.
\n3\u00aa) El lugar del centro principal de sus negocios.
\n4\u00aa) En ausencia de todas estas circunstancias, se reputar\u00e1 como domicilio la simple residencia.<\/p><\/blockquote>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo siguiente completa el anterior, indicando que \u201cninguna persona puede carecer de domicilio ni tener dos o m\u00e1s domicilios a la vez\u201d.<\/p>\n

A su turno, el\u00a0Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicci\u00f3n Internacional en Materia Contractual<\/a>\u00a0(Mercosur – 1994) 19<\/a>\u00a0dispone en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 9 que se entender\u00e1 por domicilio del demandado cuando se tratare de personas f\u00edsicas: 1) su residencia habitual, 2) subsidiariamente el centro principal de sus negocios, y 3) en ausencia de estas circunstancias, el lugar donde se encontrare la simple residencia. Id\u00e9ntica definici\u00f3n encontramos en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2 del\u00a0Protocolo de San Luis en Materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tr\u00e1nsito<\/a>\u00a0(Mercosur – 1996). 20<\/a><\/p>\n

Asimismo, la fuente convencional se ha ocupado de definir la \u201cresidencia habitual\u201d. Ya es cl\u00e1sica la definici\u00f3n que nos brinda el\u00a0Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protecci\u00f3n Internacional de Menores<\/a>\u00a0(1981) en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3: \u201ca los efectos de es\u00adte convenio,\u00a0se entiende por residencia habitual del menor el Estado donde tiene su centro de vida\u201d.<\/p>\n

El\u00a0CCCN<\/a>\u00a0define en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 73 el domicilio real de la persona como el lugar de su residencia habitual; pero si ejerce actividad profesional o econ\u00f3mica, lo tiene en el lugar donde la desempe\u00f1a para el cumplimiento de obligaciones de esa actividad. Por lo tanto, en el derecho nacional, el domicilio real es el lugar de residencia habitual del sujeto y, en caso de ejercer actividad profesional o econ\u00f3mica, el del asiento de esa actividad para las obligaciones de su ocupaci\u00f3n.<\/p>\n

A su turno, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2613 establece dos calificaciones aut\u00e1rquicas claves para el sistema de DIPr argentino, como son las definiciones de \u201cdomicilio\u201d y \u201cresidencia habitual\u201d de la persona humana. La disposici\u00f3n establece que, a los fines del DIPr, la persona humana tiene: a) su domicilio en el Estado en que reside con la intenci\u00f3n de establecerse en \u00e9l; b) su residencia habitual en el Estado en que vive y establece v\u00edncu\u00adlos durables por un tiempo prolongado. Asimismo, la norma aclara que la persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde est\u00e1 su residencia habitual o, en su defecto, su simple residencia.<\/p>\n

Es interesante la apreciaci\u00f3n que realiza Menicocci en tanto en cuanto, \u201ca los fines del derecho internacional privado\u201d, ha de entenderse la determinaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n internacional en las acciones personales y el derecho aplicable a las materias sometidas a la ley domiciliaria. La aclaraci\u00f3n es \u00fatil para evitar las definiciones de los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 73 a 78 del CCCN. 21<\/a><\/p>\n

En igual inteligencia, I\u00f1iguez expresa:<\/p>\n

\u2026\u00a0las disposiciones de derecho internacional privado son aut\u00f3nomas con respecto a la calificaci\u00f3n nacional de domicilio, porque no distingue categor\u00edas de domicilio, salvo que haya sido acordado en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad. Para el \u00e1mbito internacional solo se tiene en cuenta el domicilio a secas y en subsidio la residencia habitual o simple residencia, pero no concurren clasificaciones de domicilio. La redacci\u00f3n de la norma refleja una calificaci\u00f3n aut\u00f3noma de domicilio y residencia habitual, que evita al int\u00e9rprete la necesidad jur\u00eddica de definir la calidad del domicilio o residencia. Esa finalidad es comprensible desde la perspectiva internacional, ya que lo relevante es donde reside la persona humana con la intenci\u00f3n de establecerse (domicilio) y el lugar donde vive y establece v\u00edncu\u00adlos durables por tiempo prolongado (residencia). En el primer caso, la intenci\u00f3n de establecerse exige una registraci\u00f3n documental, una residencia registrada con el prop\u00f3sito de acreditar la intenci\u00f3n y, en el segundo, es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que se demuestra por cualquier medio probatorio. 22<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Afirmamos que estas definiciones son piezas muy significativas para nuestro sistema jusprivatista internacional porque, desde al menos la entrada en vigor en 1871 del C\u00f3digo Civil Argentino de V\u00e9lez Sarsfield, nuestro ordenamiento jur\u00eddico se ha inclinado por el criterio del domicilio como punto de conexi\u00f3n b\u00e1sico y principal en el \u00e1mbito de las relaciones personales, desechando la otra opci\u00f3n posible: la nacionalidad de las personas f\u00edsicas.<\/p>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo que analizamos define, como vimos, el domicilio como el lugar en el que la persona reside con la intenci\u00f3n de establecerse en \u00e9l, y a la segunda, como el lugar donde vive y establece v\u00edncu\u00adlos durables por un tiempo prolongado. Como se puede advertir, el concepto de domicilio comprende un elemento objetivo y otro subjetivo consistente en la voluntad, la intenci\u00f3n de permanecer en ese Estado. En cambio, la residencia habitual es una noci\u00f3n m\u00e1s objetiva y de \u00edndole f\u00e1ctica.<\/p>\n

La residencia habitual se ha venido imponiendo en los \u00faltimos a\u00f1os, tal como hemos explicado en la secci\u00f3n anterior. Prestigiosa doctrina ha sostenido que<\/p>\n

\u2026\u00a0si el domicilio traduce el concepto jur\u00eddico del asentamiento, la residencia habitual pretende despojar al arraigo de toda consideraci\u00f3n legal y de psicolog\u00eda individual. Mientras el primero se ha ido confirmando como el instrumento mediante el que el sistema otorga trascendencia jur\u00eddica a una conducta por la que el sujeto manifiesta su intenci\u00f3n de vincularse a un determinado medio sociojur\u00eddico, la residencia, en cambio, se limita a atender a los hechos reales, es decir, al\u00a0domus colere\u00a0<\/em>efectivo, sin fijarse en el\u00a0animus manendi\u00a0<\/em>ni tratar de deducirlo a trav\u00e9s de ficciones o presunciones legales. 23<\/a><\/p><\/blockquote>\n

En suma, la residencia habitual debe ser entendida como una cuesti\u00f3n de hecho, de car\u00e1cter sociol\u00f3gico, diferente a la noci\u00f3n de domicilio, de car\u00e1cter normativo.<\/p>\n

Proyectos anteriores hab\u00edan contemplado calificaciones aut\u00e1rquicas que inclu\u00edan la definici\u00f3n de estos dos puntos de conexi\u00f3n. En particular, cabe destacar el\u00a0proyecto<\/a>\u00a0de C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado de 2003, que ha sido fuente de inspiraci\u00f3n para los redactores del CCCN y que conten\u00eda en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6 una serie de definiciones y seguidamente se ocupaba de brindar reglas generales en materia de calificaciones.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

6. Calificaci\u00f3n del domicilio de las personas menores de edad.\u00a0Incidencia en el \u00e1mbito de la restituci\u00f3n internacional de ni\u00f1os<\/h2>\n

Las normas derogadas no conten\u00edan definiciones sobre el concepto del domicilio de las personas menores de edad. Sin embargo, las convenciones m\u00e1s importantes, principalmente en la \u00f3rbita de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, han acogido, como vimos, la residencia habitual como conexi\u00f3n principal en materia de relaciones jur\u00eddicas que comprenden a menores de edad, consider\u00e1ndola como el centro de vida del ni\u00f1o tanto para determinar la jurisdicci\u00f3n internacional como la ley aplicable.<\/p>\n

A su turno, el\u00a0Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889<\/a>\u00a0establece que el menor de edad tiene el domicilio de su padre o de quien ejerce la patria potestad (art.\u00a07), pero su padre tiene el domicilio en el Estado cuya ley regula la patria potestad (art.\u00a06). La patria potestad se somete, en lo relativo a los derechos y deberes personales, a la ley del lugar donde se ejerce (art.\u00a014). La redacci\u00f3n confusa de estas normas fue corregida en el\u00a0tratado de 1940<\/a>, disponiendo que el domicilio de las personas incapaces sujetas a patria potestad, tutela o curatela, es el de sus representantes legales y el de \u00e9stos, el lugar de su representaci\u00f3n (art.\u00a07).<\/p>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2614\u00a0CCCN<\/a>\u00a0define el domicilio de las personas menores de edad. Se\u00f1ala que se encuentra en el pa\u00eds del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental; si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. La disposici\u00f3n aclara en el \u00faltimo p\u00e1rrafo que, sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que han sido sustra\u00eddos o retenidos il\u00edcitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustra\u00eddos, fuesen trasladados o retenidos il\u00edcitamente.<\/p>\n

En consonancia con lo dispuesto por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6, inciso d), del proyecto de C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado de 2003, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2614 CCCN identifica el domicilio del menor con el de quienes ejercen la responsabilidad parental, generalmente los padres del ni\u00f1o. Solo para el caso en que ambos padres tengan su domicilio en diferentes estados, se considera que el domicilio del menor es el lugar de su residencia habitual. El segundo p\u00e1rrafo de la norma que analizamos se ocupa de aclarar una cuesti\u00f3n central en materia de restituci\u00f3n internacional de menores, la de que los ni\u00f1os no adquieren un nuevo domicilio en el lugar donde se encuentran il\u00edcitamente retenidos por uno de sus padres en violaci\u00f3n de los derechos de custodia del otro progenitor.<\/p>\n

Las convenciones a las que alude el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo son principalmente el convenio de La Haya sobre\u00a0Aspectos Civiles de la Sustracci\u00f3n Internacional de Menores<\/a>\u00a0(1980) y la Convenci\u00f3n Interamericana sobre\u00a0Restituci\u00f3n Internacional de Menores<\/a>\u00a0(1989). 24<\/a>\u00a0Tales tratados, en realidad, no se refieren al domicilio del menor, sino directamente a su residencia habitual. En el \u00e1mbito de la restituci\u00f3n, precisamente, la expresi\u00f3n \u201cresidencia habitual\u201d fue definida por la jurisprudencia como una situaci\u00f3n de hecho que supone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusi\u00f3n de toda referencia al domicilio dependiente de los menores. Un Estado no puede invocar los principios de su legislaci\u00f3n en materia de derecho de familia para oponerse a la restituci\u00f3n, vaciando de contenido el sistema de las Convenciones. 25<\/a><\/p>\n

En febrero de 2016, la Sala E de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil interpret\u00f3 estas disposiciones en un caso donde M.\u00a0V.\u00a0C.\u00a0P., por derecho propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad V. y M.\u00a0S.\u00a0C., contra el padre de ambos ni\u00f1os, G.\u00a0S., solicit\u00f3 la autorizaci\u00f3n judicial para viajar y residir con los ni\u00f1os en la ciudad de Panam\u00e1, Rep\u00fablica de Panam\u00e1. En primera instancia, el juez otorg\u00f3 la autorizaci\u00f3n y estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n y un plan de vacaciones destinados a mantener el contacto paterno-filial. El juez interpret\u00f3 el significado de los conceptos \u201ccentro de vida\u201d y \u201cresidencia habitual\u201d y estim\u00f3 que, dadas las caracter\u00edsticas de trabajo de sus padres, los ni\u00f1os V. y M.\u00a0S.\u00a0C. no ten\u00edan centro de vida en lugar alguno, en una conclusi\u00f3n que el recurrente (el padre) entiende se aparta de lo prescripto por la\u00a0Ley 26061<\/a>.<\/p>\n

El estudio del significado del concepto \u201ccentro de vida\u201d se realiz\u00f3 a partir de argumentos basados en una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que, seg\u00fan se indica en la resoluci\u00f3n, tiene componentes f\u00edsicos, ambientales, psicol\u00f3gicos, emocionales, de calidad de vida y vinculares, entre otros, a cuya consideraci\u00f3n se ha agregado el texto del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley 26061 para concluir que estos ni\u00f1os carecen de centro de vida. El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley 26061 dice que se entiende por inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente la m\u00e1xima satisfacci\u00f3n, integral y simult\u00e1nea de los derechos y garant\u00edas reconocidos en esa norma. A partir de esa determinaci\u00f3n en torno al principio del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la\u00a0Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o<\/a>, se dispone en aquella norma que debe respetarse, respecto del ni\u00f1o:<\/p>\n

a) Su condici\u00f3n de sujeto de derecho;
\nb) El derecho de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes a ser o\u00eddos y que su opini\u00f3n sea tenida en cuenta;
\nc) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
\nd) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y dem\u00e1s condiciones personales;
\ne) El equilibrio entre los derechos y garant\u00edas de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes y las exigencias del bien com\u00fan;
\nf) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones leg\u00edtimas la mayor parte de su existencia.<\/p><\/blockquote>\n

La C\u00e1mara, que revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia, sostuvo que<\/p>\n

El \u00abcentro de vida\u00bb es una noci\u00f3n definida normativamente que precisa la idea general de \u00abmejor inter\u00e9s del ni\u00f1o\u00bb, en t\u00e9rminos similares a los que adoptara la comunidad internacional en la Convenci\u00f3n de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracci\u00f3n internacional de menores, y que \u2013a finales de 2005\u2013, mereci\u00f3 consagraci\u00f3n legislativa en el art.\u00a03, inc.\u00a0f de la ley 26061, que debe ser considerado como una pauta interpretativa respecto de la aplicaci\u00f3n de ese principio [\u2026] Este concepto t\u00e9cnico del centro de vida se construye a partir de una perspectiva retrospectiva que requiere considerar la historia de los ni\u00f1os en tanto sujetos de derecho (conf. art.\u00a03, inc.\u00a0a de la Ley 26061). Los ni\u00f1os tienen vidas vinculadas y dependientes de los padres, lo cual no significa que el concepto de \u00abcentro de vida\u00bb se verifique exclusivamente a partir de consideraciones derivadas de las intenciones de sus progenitores. Lo que importa en la norma es la cuantificaci\u00f3n del lapso en que los ni\u00f1os han residido en un lugar donde han desarrollado una parte importante de sus vidas. 26<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El tribunal de alzada estim\u00f3 que el\u00a0a quo<\/em>\u00a0omiti\u00f3 atender al significado expresado por el\u00a0Decreto 415\/2006<\/a>, que, al reglamentar el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley 26061, dispone:<\/p>\n

El concepto de \u00abcentro de vida\u00bb a que refiere el inciso f) del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3\u00ba se interpretar\u00e1 de manera arm\u00f3nica con la definici\u00f3n de \u00abresidencia habitual\u00bb de la ni\u00f1a, ni\u00f1o o adolescente contenida en los tratados internacionales ratificados por la Rep\u00fablica Argentina en materia de sustracci\u00f3n y restituci\u00f3n internacional de personas menores de edad.<\/p><\/blockquote>\n

As\u00ed como la Ley 26601 estipula c\u00f3mo debe ser entendida la expresi\u00f3n t\u00e9cnica \u201ccentro de vida\u201d, de modo similar el decreto establece que el concepto de residencia habitual debe ser interpretado seg\u00fan pautas vinculadas a un sector espec\u00edfico del derecho, como el de los mencionados tratados internacionales en el \u00e1mbito de la sustracci\u00f3n de los menores. Y la C\u00e1mara agrega:<\/p>\n

Adem\u00e1s del texto de esta Convenci\u00f3n \u2013aprobada por la ley 23857\u2013 ha de considerarse lo dispuesto ahora por el T\u00edtulo IV del Libro Sexto del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n \u00abDisposiciones de derecho internacional privado\u00bb, que distingue en su Parte Especial en el art.\u00a02613 del CCCN entre el domicilio y la residencia habitual y tambi\u00e9n lo previsto por el art.\u00a02614 que prescribe que en el caso de ejercicio plural de la responsabilidad parental y sus titulares se domicilien en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. El concepto de domicilio en ambas normas se vincula al elemento subjetivo e intencional y en el segundo al lugar donde se vive y se establecen v\u00edncu\u00adlos durables por un tiempo prolongado, definici\u00f3n que alude a una noci\u00f3n m\u00e1s objetiva, sociol\u00f3gica y de \u00edndole f\u00e1ctica despojada, en lo posible, de una consideraci\u00f3n psicol\u00f3gica y de razonamientos basados en ficciones o presunciones legales (Scotti, Luciana en Bueres, Alberto J.,\u00a0C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n analizado, comparado y concordado<\/em>, Buenos Aires, Hammurabi, 2015, t.\u00a02, p\u00e1g.\u00a0678 y lo dicho recientemente en un caso de competencia por este tribunal en la c.\u00a082.736\/2010\/1\/CA1 del 23 de diciembre de 2015 con cita de CSJN,\u00a0Fallos<\/em>: 323:2021; 324:908; 324:2487; 325:339; 332:238, y Mizrahi, Mauricio Luis, \u00abEl ni\u00f1o y las cuestiones de competencia\u00bb,\u00a0La Ley\u00a0<\/em>2012-E, 1183). 27<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El examen de las pruebas producidas y el relato de las historias de vida efectuado en la sentencia permite advertir \u2013en el limitado marco necesario para verificar si se configura esta pauta interpretativa\u2013 que V. naci\u00f3 el 23\/2\/2011 y M. el 30\/10\/2012, y que viven en la Rep\u00fablica Argentina desde septiembre de 2013, donde, seg\u00fan se admite en la sentencia, concurren al jard\u00edn de infantes (el segundo de ellos, desde el 7\/5\/2014, cuando contaba con diecisiete meses de edad) y desarrollan actividades de recreaci\u00f3n extracurriculares con una sana y nutriente interacci\u00f3n con ambos padres. No se han realizado denuncias respecto de su ubicaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds de modo que la residencia es leg\u00edtima y \u2013desde un punto de vista estrictamente cuantitativo\u2013 se ha desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires durante gran parte de las existencias de V. y M.\u00a0S.\u00a0C.<\/p>\n

Para rechazar el pedido de autorizaci\u00f3n, la C\u00e1mara consider\u00f3 que<\/p>\n

\u2026\u00a0el concepto jur\u00eddico de la residencia habitual de los menores no constituye una noci\u00f3n p\u00e9trea o inmodificable, pero no implica considerar que las mejores posibilidades de desarrollo profesional de la madre justifiquen, de por s\u00ed, desarraigar a los ni\u00f1os de su centro de vida [\u2026] Sobre este aspecto de la cuesti\u00f3n se han evidenciado los problemas que podr\u00edan sufrir V. y M. con el cese de la relaci\u00f3n \u00edntima y personalizada que tienen con su padre de producirse el traslado a Panam\u00e1 que la actora ha explicado como conveniente fundamentalmente con sustento en sus motivaciones de desarrollo profesional en el caso de unos ni\u00f1os que han llevado hasta la actualidad una existencia \u00f3ptima en nuestro pa\u00eds teniendo en cuenta el estado de conflicto de sus progenitores [\u2026] El rechazo del pedido de autorizaci\u00f3n se adopta por este Tribunal al entenderse que resulta conveniente que los menores permanezcan en el estado en que se encuentran en la Rep\u00fablica Argentina para favorecer su desarrollo f\u00edsico, mental, espiritual, moral y social (arts.\u00a017, 23, 27 y 32.1. de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o), donde se ha conformado su centro de vida y por ser esta la decisi\u00f3n que mejor contempla el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o frente a una decisi\u00f3n, como el cambio de radicaci\u00f3n, que no se ha demostrado como necesariamente conveniente para mejorar la situaci\u00f3n en que se encuentran V. y M. 28<\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

7. Calificaci\u00f3n de domicilio de otras personas incapaces<\/h2>\n

El\u00a0CCIV<\/a>\u00a0y los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional\u00a0de 1889<\/a>\u00a0y\u00a0de 1940<\/a>\u00a0establecieron el domicilio de los menores e incapaces en el domicilio de quienes ejerc\u00edan, respectivamente, la patria potestad, tutela o curatela (art.\u00a089 inc.\u00a06 CCIV; art.\u00a07 de ambos tratados). El centro de gravedad de la protecci\u00f3n del incapaz se localiza en el domicilio de su representante, de suerte tal que la disociaci\u00f3n espacial entre representantes y protegidos obligaba a los jueces a atender al derecho domiciliario de los primeros. En tales condiciones, el incapaz menor de edad y demente residente en el extranjero, cuyo padre se domiciliaba en nuestro pa\u00eds, manten\u00eda el domicilio argentino de su padre aun despu\u00e9s de la muerte de aqu\u00e9l y aun cuando hubiera cesado la insania mientras siguiera siendo menor de edad. 29<\/a><\/p>\n

En cambio, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2615\u00a0CCCN<\/a>\u00a0califica el domicilio de otras personas incapaces, sujetas a curatela u otro instituto equivalente de protecci\u00f3n, se\u00f1alando que es el lugar de su residencia habitual. Esta disposici\u00f3n se ocupa de calificar el domicilio de otras personas incapaces que no sean menores de edad, como aquellos sujetos a curatela, y lo identifica con la residencia habitual, sin indagar en el elemento subjetivo o volitivo propio del criterio domiciliario. De esta manera, nuestra norma de fuente interna se diferencia de la fuente convencional anteriormente mencionada que lo asimila al domicilio de los representantes legales del incapaz. Al respecto, doctrina actualizada ha afirmado que<\/p>\n

La protecci\u00f3n de las personas es una cuesti\u00f3n de hecho, habida cuenta de que cada sistema jur\u00eddico evaluar\u00e1 cu\u00e1l es el grado de aptitud de un ser humano para desenvolverse por s\u00ed mismo y otorgar, en mayor o menor medida, mecanismos de cuidado. La residencia habitual del incapaz otorga una proximidad de la que carece el domicilio del representante, cuando ambos (incapaz y protector) no se domicilian en el mismo Estado. El precepto se inclina por privilegiar la circunstancia real en la que se encuentra el incapaz calificando su domicilio como el lugar de su residencia habitual. 30<\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

8. La capacidad de la persona humana<\/h2>\n

La capacidad de las personas humanas es la primera categor\u00eda del estatuto personal. En el DIPr nos podemos encontrar con soluciones diversas en cuanto al criterio de regulaci\u00f3n de la existencia, de la capacidad y del estado de las personas humanas. Y, por otra parte, se puede observar que no todas las legislaciones adoptan un criterio abarcativo de tales instituciones. En efecto, los criterios cl\u00e1sicos de regulaci\u00f3n de la capacidad de las personas f\u00edsicas b\u00e1sicamente pueden agruparse de la siguiente manera: el sistema de la ley personal, ya sea la ley del domicilio o la de la nacionalidad de la persona, el sistema de la ley del lugar de situaci\u00f3n de los bienes objeto del acto, 31<\/a>\u00a0y el sistema de la ley del lugar de celebraci\u00f3n del acto (teor\u00eda del\u00a0favor negotii<\/em>\u00a0o del inter\u00e9s nacional). Sin dudas, el primer sistema mencionado es el que ha recibido mayor acogida por las legislaciones de todo el mundo. As\u00ed, pues, mientras que el derecho continental europeo mayoritariamente adopt\u00f3 el criterio de la ley de la nacionalidad, inspirado en el\u00a0C\u00f3digo de Napole\u00f3n de 1804<\/a>\u00a0y sustentado en la tesis de Mancini, el derecho anglosaj\u00f3n y el escandinavo, as\u00ed como gran parte de las legislaciones americanas, optaron por el domicilio, criterio que ya hab\u00eda sido utilizado por los estatutarios y que luego fue magn\u00edficamente defendido por Savigny.<\/p>\n

En nuestra legislaci\u00f3n interna, el r\u00e9gimen internacional de la capacidad se encontraba fundamentalmente establecido en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 6 y 7 del\u00a0CCIV<\/a>, 32<\/a>\u00a0que la sujetaban a la ley del domicilio. Sin embargo, en dicho cuerpo normativo exist\u00edan otras normas referentes al tema que nos ocupa: los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 9, 948, 949, 3611, 3612 y 3286 principalmente. Del an\u00e1lisis conjunto de estas disposiciones surgieron dudas y controversias interpretativas que dieron origen a diversas teor\u00edas. Aludimos a las tesis literal o restringida, intermedia, y amplia, cosmopolita o universalista.<\/p>\n

La teor\u00eda literal o chauvinista reduce la aplicaci\u00f3n de la ley del domicilio solamente a la capacidad e incapacidad de hecho y somete la capacidad e incapacidad de derecho a la ley territorial. Por el contrario, la tesis cosmopolita proclama que la capacidad e incapacidad de hecho y de derecho se rigen por la ley de domicilio con la salvedad que las incapacidades de derecho de la ley territorial prevalecen sobre la capacidad de hecho o derecho de la ley domiciliaria. Finalmente, la tesis intermedia sostiene que la capacidad de derecho, asimilada en su tratamiento jur\u00eddico a la capacidad e incapacidad de hecho, est\u00e1 sometida a la ley del domicilio mientras que la incapacidad de derecho se rige por la ley territorial. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia ampliamente mayoritarias eran pac\u00edficas al afirmar que tanto la capacidad como la incapacidad, de derecho o de hecho, se reg\u00edan por la ley del domicilio. 33<\/a>\u00a0Adem\u00e1s, esta interpretaci\u00f3n coincide con las normas convencionales vinculantes para nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

En efecto, los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940 someten la capacidad de las personas f\u00edsicas a la ley del domicilio (art.\u00a01). Tan solo cabe destacar que el tratado de 1940 consagra una norma m\u00e1s completa en tanto en cuanto sujeta a dicha ley no solo la capacidad sino tambi\u00e9n la existencia y el estado de las personas humanas, disipando toda duda que hubiera podido suscitarse al respecto.<\/p>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2616 CCCN ha mantenido el criterio regulador del domicilio en materia de capacidad de las personas de existencia visible o personas humanas. En los\u00a0fundamentos del anteproyecto<\/a>\u00a0se afirm\u00f3 que<\/p>\n

\u2026\u00a0siguiendo la tradici\u00f3n de nuestro sistema, las normas relativas a la capacidad y al nombre de la persona humana han mantenido la conexi\u00f3n del \u00abdomicilio\u00bb como centro de gravedad. 34<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Aun cuando se haya omitido, entendemos que, no existiendo ninguna norma especial, tanto el estado como la existencia (comienzo y fin) se rigen por el mismo criterio. 35<\/a><\/p>\n

En relaci\u00f3n a la nueva disposici\u00f3n, la doctrina especializada sostiene:<\/p>\n

La primera parte del precepto somete la capacidad jur\u00eddica (o de derecho) y la capacidad de obrar (o de ejercicio) a la ley domiciliaria. Se elimina as\u00ed la contradicci\u00f3n entre las disposiciones del C\u00f3digo de V\u00e9lez y se reconcilia el derecho de fuente interna con el de fuente convencional. Si bien el precepto no contiene las limitaciones del C\u00f3digo de V\u00e9lez a determinadas incapacidades contrarias, \u00aba las leyes de la naturaleza\u00bb, tales incapacidades pueden ser fulminadas por principios de orden p\u00fablico (art.\u00a02600) que, como vimos, encuentran su ra\u00edz positiva en los tratados internacionales sobre derechos humanos. 36<\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

9. Conflicto m\u00f3vil o cambio de estatutos<\/h2>\n

Nuestro antiguo C\u00f3digo Civil regulaba el llamado principio del mantenimiento o irrevocabilidad de la capacidad adquirida. Esto significa que, cuando se produce un cambio de estatutos, debe estarse al r\u00e9gimen que conceda o mantenga la capacidad, tal como ya indicaba Froland, estatutario de la Escuela Francesa del Siglo XVIII. Los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 138 y 139\u00a0CCIV<\/a>\u00a0solo regulaban el caso de quien, residiendo en el extranjero, mudaba su domicilio a la Rep\u00fablica Argentina. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han admitido su aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica a aquellos casos de traslados de la Argentina al extranjero. Son c\u00e9lebres en este tema los casos \u201cValle Incl\u00e1n, Mar\u00eda Beatriz\u201d y \u201cBerman, Evelina Geraldina Faustina\u201d.<\/p>\n

En el primer caso, Mar\u00eda Beatriz Valle Incl\u00e1n, hija del escritor espa\u00f1ol, siendo menor de edad, hab\u00eda sido enviada por su madre, viuda, durante la Guerra Civil Espa\u00f1ola, a diversos pa\u00edses, entre ellos la Argentina. Es aqu\u00ed donde cumple los veintid\u00f3s a\u00f1os, resultando entonces mayor de edad en virtud del derecho argentino pero a\u00fan menor seg\u00fan el derecho espa\u00f1ol, teniendo la madre su domicilio en Espa\u00f1a. La madre reclam\u00f3 de las autoridades argentinas que obligasen a su hija a repatriarse, ya que ella se negaba a obedecerla. La sentencia argentina considera a Mar\u00eda Beatriz mayor de edad y rechaza la petici\u00f3n de la madre. 37<\/a><\/p>\n

En el caso \u201cBerman\u201d, Evelina lleg\u00f3 a Tel Aviv (Israel) siendo mayor de dieciocho a\u00f1os de edad. Como deseaba casarse y sus padres no le otorgaban la correspondiente autorizaci\u00f3n, cre\u00eda necesario regresar a Buenos Aires, donde la familia estaba domiciliada, a fin de solicitar ante el juez competente la venia judicial en el juicio de disenso. Pero como para regresar necesitaba un pasaporte argentino, que el Consulado argentino no le quer\u00eda extender por considerarla menor de edad, y carec\u00eda del consentimiento de sus padres, la se\u00f1orita Berman, como primera medida, pidi\u00f3 al juez en Buenos Aires que autorizara al Consulado argentino en Tel Aviv a concederle un pasaporte, para que pudiera regresar a Buenos Aires y tramitar all\u00ed su venia. El juez de primera instancia, por oficio, hizo saber al Poder Ejecutivo Nacional que el Consulado estaba autorizado a proveer a la se\u00f1orita Berman de la documentaci\u00f3n necesaria para que volviera al pa\u00eds. Contra la resoluci\u00f3n se alz\u00f3 el padre de Evelina. Entretanto, el asesor de menores de la C\u00e1mara hab\u00eda formulado un nuevo planteamiento, sosteniendo que domicili\u00e1ndose la hija en el Estado de Israel, donde se adquiere la mayor\u00eda de edad a los dieciocho a\u00f1os, corresponde la revocaci\u00f3n del autoapelado y el archivo de las actuaciones. As\u00ed fue resuelto por la Sala C de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil el 30 de diciembre de 1957, aplic\u00e1ndose por analog\u00eda los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 138 y 139 CCIV. El caso hab\u00eda sido declarado urgente, dado el estado de gravidez de la se\u00f1orita Berman. La doctrina Berman fue tenida en cuenta por las \u201cNormas de aplicaci\u00f3n del Reglamento Consular<\/a>\u201d, dictadas en virtud del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 342 del\u00a0Reglamento de Canciller\u00eda<\/a>, que estatuyen que<\/p>\n

\u2026\u00a0cuando funcionarios consulares procedan a expedir, renovar o prorrogar pasaportes a menores de 21 a\u00f1os, tendr\u00e1n en cuenta los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 138 y 139 del CCA, respetando las leyes del domicilio que determinan los mismos. 38<\/a><\/p><\/blockquote>\n

La doctrina de estos fallos fue invocada en posteriores casos. Entre ellos, se destaca \u201cD., O.\u00a0A. c\/ C., T.\u00a0M. s\/ Cesaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d de la C\u00e1mara Civil, del 31 de agosto de 2004. La cuesti\u00f3n se centra en la discusi\u00f3n que entablan las partes acerca de si M.\u00a0D., de nacionalidad francesa, nacido el 6 de mayo de 1983, en Maisons Alfort (Val de Marne), Francia, del matrimonio que formaban T.\u00a0M.\u00a0C. y O.\u00a0A.\u00a0D., ha arribado a la mayor\u00eda de edad, conforme al derecho franc\u00e9s, que la fija en los dieciocho a\u00f1os, o bien continuaba, al tiempo de los hechos litigiosos, siendo menor de edad, conforme al derecho argentino, hasta los veinti\u00fan a\u00f1os:<\/p>\n

En el caso de autos no puede discutirse que desde el mes de febrero (seg\u00fan la madre), o marzo de 2001 (seg\u00fan el padre), M.\u00a0D. vive en Montpellier, Rep\u00fablica de Francia, pa\u00eds del que tiene la nacionalidad, al igual que sus padres. En dicho pa\u00eds vive, estudia (si bien no est\u00e1 claro el objeto de sus estudios, franc\u00e9s o ecolog\u00eda seg\u00fan discrepan las partes, punto sobre el que no se ha producido prueba), goza de una beca del gobierno franc\u00e9s y seg\u00fan refieren testigos, en prueba no del todo s\u00f3lida, habr\u00eda alquilado vivienda, tendr\u00eda una novia ecuatoriana y efectuar\u00eda cuando menos algunos trabajos o actividades lucrativas durante el receso en sus estudios. Ello basta para considerar, apreciando adem\u00e1s el tiempo transcurrido desde entonces, que M. tiene en Francia su residencia habitual, su centro de vida, un domicilio de hecho. 39<\/a><\/p><\/blockquote>\n

En consecuencia, y siendo el pretendido alimentado, mayor de edad, la C\u00e1mara decreta el cese de la obligaci\u00f3n alimentaria a que se obligara el demandante por el convenio homologado en los autos sobre divorcio, desde la fecha de notificaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

Actualmente, tambi\u00e9n el segundo p\u00e1rrafo del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2616\u00a0CCCN<\/a>\u00a0consagra el principio de mantenimiento o irrevocabilidad de la capacidad adquirida, de manera muy similar al texto del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2 de los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de\u00a01889\u00a0y de\u00a01940: el cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Para que opere este principio, debemos interpretar que cuando el menor no traslada su domicilio conjuntamente con sus padres o representantes legales, sino que establece residencia estable en un pa\u00eds distinto al del domicilio de aquellos, debe primar la concepci\u00f3n objetiva del domicilio, ya que de lo contrario, el principio de la irrevocabilidad de la capacidad adquirida carecer\u00eda de aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Es decir, se debe tener en consideraci\u00f3n el elemento objetivo del domicilio, el\u00a0factum<\/em>, en definitiva, la residencia habitual. En suma, tal como lo expresa con absoluta claridad Goldschmidt, cuando se produce un cambio de estatutos, debe aplicarse en todos los casos la ley m\u00e1s favorable a la mayor\u00eda de edad o emancipaci\u00f3n. 40<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

10. Supuestos de personas incapaces. Principio del favor negotii o doctrina del inter\u00e9s nacional<\/h2>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2617\u00a0CCCN<\/a>\u00a0se ocupa de un supuesto particular, la parte en un acto jur\u00eddico que sea incapaz, seg\u00fan el derecho de su domicilio, no puede invocar esta incapacidad si era capaz seg\u00fan el derecho del Estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esta incapacidad. Esta regla no es aplicable, en cambio, a los actos jur\u00eddicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios.<\/p>\n

El\u00a0CCIV<\/a>\u00a0no conten\u00eda una norma similar. Esta norma recepta la llamada doctrina o excepci\u00f3n del inter\u00e9s nacional, por la que se sustituye la ley personal por la del lugar donde se ha celebrado un acto, generalmente un contrato, con el fin de salvaguardar la buena fe negocial o, en general, proteger la seguridad en el tr\u00e1fico jur\u00eddico.<\/p>\n

Menicocci se\u00f1ala que el precepto es de naturaleza material y limita los alcances de la norma indirecta contenida en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2616:<\/p>\n

\u2026\u00a0no es una norma de excepci\u00f3n a la incapacidad domiciliaria sino una aplicaci\u00f3n del principio\u00a0favor negotii<\/em>, aunque en una versi\u00f3n restringida, ya que el \u00fanico derecho llamado a remediar la invalidez del acto jur\u00eddico nulo es la\u00a0lex loci celebrationis<\/em>, no participando del convite ni la\u00a0lex loci executionis<\/em>\u00a0ni la\u00a0lex domicilii<\/em>\u00a0de la parte capaz. 41<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El caso emblem\u00e1tico que consagra la teor\u00eda es el caso \u201cLizardi<\/a>\u201d, de la Corte de Casaci\u00f3n francesa. A mediados del siglo XIX, un mexicano de veintitr\u00e9s a\u00f1os compra joyas en Francia y su tutor pretende la nulidad por ser menor conforme a su ley personal, veinticinco a\u00f1os. Lizardi hab\u00eda pagado en efectivo 30.000 francos y el resto ser\u00edan pagados con posterioridad, por lo que el joyero le hizo aceptar una cantidad de letras de cambio. Exist\u00edan dos tipos de negocios jur\u00eddicos: el contrato de compraventa de joyas, que era la relaci\u00f3n principal y las letras de cambio; es decir, la obligaci\u00f3n cambiaria vinculada a la relaci\u00f3n subyacente o principal. Vencidas las letras de cambio, Lizardi se reh\u00fasa a pagarlas y el joyero lo demand\u00f3 ante tribunales franceses. La Corte de Casaci\u00f3n francesa da la raz\u00f3n a los joyeros franceses por ser el comprador mayor, conforme a la ley francesa, la del lugar de celebraci\u00f3n del contrato, por contratar el comprador confiado en la aparente capacidad, protegi\u00e9ndose as\u00ed la buena fe del que contrata con la debida diligencia y en base a la salvaguarda de la seguridad en el tr\u00e1fico jur\u00eddico. Pero con respecto a las letras de cambio, decidi\u00f3 que el joyero deb\u00eda actuar con mayor diligencia pues no se trataba de un oficio habitual recibir letras de cambio por la venta de sus joyas y por ende, deb\u00eda haber tomado todas las precauciones necesarias, tendientes a cerciorarse de si Lizardi era capaz o no; por ende, la Casaci\u00f3n consider\u00f3 que la reclamaci\u00f3n del joyero, en lo que respecta a las letras de cambio, deb\u00edan declararse improcedentes.<\/p>\n

Esta doctrina fue adoptada por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 11 del Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (80\/934\/CEE<\/a>), y por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 13 del Reglamento\u00a0(CE) N\u00ba\u00a0593\/2008<\/a>\u00a0del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de junio de 2008, sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales (\u201cRoma I\u201d):<\/p>\n

Incapacidad. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo pa\u00eds, las personas f\u00edsicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese pa\u00eds solo podr\u00e1n invocar su incapacidad resultante de la ley de otro pa\u00eds si, en el momento de la celebraci\u00f3n del contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte.<\/p><\/blockquote>\n

En similar sentido, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 18 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela\u00a0de 1998<\/a>\u00a0indica que<\/p>\n

La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones anteriores, act\u00faa v\u00e1lidamente si la considera capaz el Derecho que rija el contenido del acto.<\/p><\/blockquote>\n

Por \u00faltimo, t\u00e9ngase presente que, seg\u00fan dispone el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2617 CCCN, esta regla no es aplicable a los actos jur\u00eddicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios. En relaci\u00f3n a esta limitaci\u00f3n, prestigiosa doctrina reflexiona:<\/p>\n

\u2026\u00a0el fundamento de la \u00faltima parte del precepto no es tan claro por la distinta naturaleza de las tres excepciones. El derecho de familia y el sucesorio son ramas jur\u00eddicas con mayor penetraci\u00f3n del orden p\u00fablico. En tales casos, la seguridad del acto jur\u00eddico parece ceder ante materias de poca disponibilidad por la persona. El fundamento vendr\u00eda dado, en tal circunstancia, por el orden p\u00fablico en que se sustenta la incapacidad de derecho (prohibici\u00f3n especial) del incapaz. En cambio, en materia de derechos reales inmobiliarios, pareciera que el fundamento obedece a la protecci\u00f3n del propio incapaz, inspir\u00e1ndose la \u00faltima parte del precepto en el broc\u00e1rdico \u00abres mobilis, res vilis\u00bb. Y ello es as\u00ed porque no hay posibilidad de que en tales casos funcione el orden p\u00fablico (econ\u00f3mico) en que se sustentan los derechos reales, ya que tal orden p\u00fablico se ha asegurado por la aplicaci\u00f3n de la\u00a0lex situs<\/em>\u00a0(art.\u00a02667) a la materia real, no desplazada por la\u00a0lex loci celebrationis<\/em>. 42<\/a><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

11. El nombre de la persona humana<\/h2>\n

La doctrina ubica mayoritariamente el tema del nombre de la persona humana en el llamado \u201cestatuto personal\u201d, aunque tambi\u00e9n se ha indicado que el r\u00e9gimen del nombre pertenecer\u00eda en gran medida al derecho administrativo y al derecho administrativo internacional, lo que explicar\u00eda la carencia de normas indirectas expresas sobre el punto en muchos ordenamientos jur\u00eddicos, ya que en las se\u00f1aladas ramas del derecho impera por regla general la territorialidad del derecho p\u00fablico local. 43<\/a>\u00a0Asimismo, nuestra jurisprudencia ha se\u00f1alado que<\/p>\n

\u2026\u00a0como principio, en ausencia de normas de derecho internacional privado de fuente interna que se refieran espec\u00edficamente al nombre [\u2026] cabe extraerlos de las que se ocupan del estado y capacidad de las personas, en tanto la cuesti\u00f3n forma parte de lo que gen\u00e9ricamente ha dado en llamarse como \u00abestatuto personal\u00bb, tomando en cuenta, de todos modos, las disposiciones de la ley 18248 [\u2026] Ha de hacerse m\u00e9rito entonces, del Derecho Internacional Privado argentino, que en materia de estado y capacidad de las personas naturales o f\u00edsicas declara aplicable el derecho domiciliario (cfr. art.\u00a01 de ambos Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1989 y 1940 y arts.\u00a06 y 7 CC.). 44<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Sin embargo, existen algunas discrepancias en cuanto al derecho aplicable al nombre, habida cuenta de la influencia de ciertas relaciones jur\u00eddicas subyacentes (patria potestad, adopci\u00f3n, matrimonio). No obstante, coincidimos con Ciuro Caldani, quien considera que la problem\u00e1tica del nombre es una cuesti\u00f3n aut\u00f3noma de las relaciones con que se corresponde en abstracto y pertenece al \u00e1mbito del estado de las personas. 45<\/a>\u00a0Y as\u00ed parece haberlo advertido nuestro legislador en el nuevo C\u00f3digo.<\/p>\n

En cuanto a los cambios de apellidos y nombres o a la alteraci\u00f3n de su ortograf\u00eda, existe consenso en cuanto a su sometimiento a la ley que regula el estatuto personal.<\/p>\n

El\u00a0CCIV<\/a>\u00a0no conten\u00eda disposiciones de DIPr espec\u00edficas en materia de nombre de la persona humana. Sin embargo, la doctrina era uniforme en cuanto a someterlo al lugar del domicilio de la propia persona. En esta inteligencia, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2618\u00a0CCCN<\/a>\u00a0se dedica al nombre de la persona humana en el DIPr y dispone que<\/p>\n

El derecho aplicable al nombre es el del domicilio de la persona de quien se trata, al tiempo de su imposici\u00f3n. Su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerirlo.<\/p><\/blockquote>\n

De acuerdo a la norma que analizamos, entonces, el derecho al nombre, en tanto atributo de la personalidad, se considera integrante del estatuto personal, al igual que el estado y la capacidad de la persona humana. En suma, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2618 indica que se somete el nombre al derecho del lugar del domicilio de la persona al tiempo de su imposici\u00f3n y que todo cambio queda bajo la \u00f3rbita del domicilio, pero al tiempo de requerirlo.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

12. Ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento<\/h2>\n

En sentido estricto, la ausencia y la presunci\u00f3n de fallecimiento son instituciones independientes con sustantividad propia y distinto grado de trascendencia, tal como se desprende de los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 79 a 84 y 85 a 92\u00a0CCCN<\/a>, respectivamente. Sin embargo, el DIPr otorga un tratamiento conjunto.<\/p>\n

El hecho de que una persona de cuya existencia no se tienen noticias falte de su entorno vital durante un per\u00edodo de tiempo provoca situaciones caracterizadas por la desprotecci\u00f3n de ciertos bienes e intereses del ausente o de las personas con \u00e9l vinculadas. Asimismo, esa circunstancia genera incertidumbre no solo con respecto a la suerte de las relaciones jur\u00eddicas que tienen como fundamento la existencia de la persona, sino tambi\u00e9n acerca de aquellas que se subordinan a su muerte. Los mecanismos de protecci\u00f3n de los intereses del ausente y de los terceros afectados por la situaci\u00f3n condicionan el futuro de relaciones jur\u00eddicas muy diversas: familiares, patrimoniales, etc\u00e9tera. 46<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2619 y 2620 CCCN se ocupan de determinar los criterios atributivos de jurisdicci\u00f3n y las conexiones para determinar el derecho aplicable a la declaraci\u00f3n de ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento, respectivamente. En materia de jurisdicci\u00f3n, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2619 dispone que<\/p>\n

Para entender en la declaraci\u00f3n de ausencia y en la presunci\u00f3n de fallecimiento es competente el juez del \u00faltimo domicilio conocido del ausente o, en su defecto, el de su \u00faltima residencia habitual. Si \u00e9stos se desconocen, es competente el juez del lugar donde est\u00e1n situados los bienes del ausente con relaci\u00f3n a \u00e9stos; el juez argentino puede asumir jurisdicci\u00f3n en caso de existir un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la Rep\u00fablica.<\/p><\/blockquote>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 16 de la\u00a0Ley 14394<\/a>\u00a0dispon\u00eda que era competente<\/p>\n

\u2026\u00a0el juez del domicilio o, en su defecto, el de la \u00faltima residencia del ausente. Si \u00e9ste no los hubiere tenido en el pa\u00eds o no fuesen conocidos, lo ser\u00e1 el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones.<\/p><\/blockquote>\n

En efecto, en casos donde el litigio tenga relaci\u00f3n con la existencia de bienes, la jurisdicci\u00f3n del patrimonio se revela id\u00f3nea. Un buen ejemplo es esta disposici\u00f3n: el sujeto ausente deja relaciones jur\u00eddicas que se relacionan con varios Estados, pero como no es encontrado, la ley fija como jurisdicci\u00f3n la de situaci\u00f3n de los bienes. 47<\/a><\/p>\n

El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2619 CCCN es muy similar a la norma derogada, es decir, establece la jurisdicci\u00f3n del juez del \u00faltimo domicilio conocido del ausente o, en su defecto, el del lugar de su \u00faltima residencia habitual para declarar la ausencia y la presunci\u00f3n de fallecimiento. En caso de que ambos sean desconocidos, se acepta el llamado \u201cforo del patrimonio\u201d. Sin embargo, la nueva norma aclara que la competencia de los jueces del lugar donde existan bienes del ausente se limita a ellos, y adem\u00e1s agrega la facultad excepcional del juez argentino de asumir jurisdicci\u00f3n en caso de encontrarse presente un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n

Con respecto al derecho aplicable, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2620 CCCN establece que<\/p>\n

La declaraci\u00f3n de ausencia y la presunci\u00f3n de fallecimiento se rigen por el derecho del \u00faltimo domicilio conocido de la persona desaparecida o, en su defecto, por el derecho de su \u00faltima residencia habitual. Las dem\u00e1s relaciones jur\u00eddicas del ausente siguen regul\u00e1ndose por el derecho que las reg\u00eda anteriormente.<\/p><\/blockquote>\n

Los efectos jur\u00eddicos de la declaraci\u00f3n de ausencia respecto de los bienes inmuebles y muebles registrables del ausente se determinan por el derecho del lugar de situaci\u00f3n o registro de esos bienes.<\/p>\n

Si bien nuestra legislaci\u00f3n derogada contemplaba una norma atributiva de jurisdicci\u00f3n internacional, omiti\u00f3 determinar la ley aplicable para los casos de declaraci\u00f3n de ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento. La nueva normativa (art.\u00a02620\u00a0CCCN<\/a>), en materia de ley aplicable a la declaraci\u00f3n de ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento, admite conexiones subsidiarias, siendo la principal, la ley del lugar del \u00faltimo domicilio conocido del ausente, y la secundaria, que solo operar\u00e1 en defecto de la primera, la ley del lugar de su \u00faltima residencia habitual. Asimismo, la disposici\u00f3n que comentamos aclara que las dem\u00e1s relaciones jur\u00eddicas del ausente quedan sometidas a las respectivas leyes que las reg\u00edan con anterioridad a la declaraci\u00f3n.<\/p>\n

Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n a los bienes inmuebles, los efectos de la declaraci\u00f3n de ausencia se rigen por la ley del lugar de su situaci\u00f3n, y los bienes registrables, por la ley del registro, criterios que rigen ambos tipos de bienes seg\u00fan los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2667 y 2668 CCCN. Esta disposici\u00f3n coincide, en t\u00e9rminos generales, con lo establecido en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 10 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional\u00a0de 1889<\/a>\u00a0y en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 12 del Tratado\u00a0de 1940<\/a>:<\/p>\n

Los efectos jur\u00eddicos de la declaraci\u00f3n de ausencia respecto de los bienes del ausente, se determinan por la ley del lugar en donde esos bienes se hallan situados. Las dem\u00e1s relaciones jur\u00eddicas del ausente seguir\u00e1n gobern\u00e1ndose por la ley que anteriormente las reg\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n<\/a>

13. Consideraciones finales<\/h2>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, especialmente en el DIPr de los pa\u00edses miembros de la\u00a0Uni\u00f3n Europa<\/a>, la doctrina especializada se ha replanteado la vigencia de las ya cl\u00e1sicas conexiones r\u00edgidas relativas al estatuto de la persona humana: nacionalidad, domicilio y residencia habitual. En efecto, ante las corrientes migratorias y los flujos de refugiados que tales pa\u00edses han recibido procedentes de Estados de tradici\u00f3n isl\u00e1mica, se les presenta el siguiente dilema: a) aplicar la ley de la nacionalidad o la ley de origen de las personas procedentes de pa\u00edses con una cultura diferente, o b) aplicar a las situaciones privadas internacionales la ley de la residencia habitual, es decir, la ley del pa\u00eds de acogida. En el primer supuesto, el orden p\u00fablico internacional del foro, es decir, los principios fundamentales del juez que intervenga en el asunto limitar\u00e1n muchas veces la aplicaci\u00f3n del derecho extranjero; en el segundo caso, en pos de la integraci\u00f3n al nuevo centro de vida, se les imponen las pautas culturales del foro a inmigrantes que pertenecen a otra cultura. Ante esta encrucijada, se abre paso la autonom\u00eda de la voluntad, es decir, el derecho de elegir la ley aplicable, pero limitando tal elecci\u00f3n entre el derecho de la nacionalidad o de la residencia habitual. Y, en defecto de elecci\u00f3n, la doctrina ha propuesto la aplicaci\u00f3n de la ley de la residencia habitual. 48<\/a><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de estas tendencias que marcan la agenda actual del tema que nos ocupa ante los escenarios multiculturales del siglo XXI, lo cierto es que el DIPr argentino ha mantenido los principios tradicionales en materia de estatuto personal, incluyendo el m\u00e1s moderno criterio de residencia habitual y sistematizando las disposiciones, evitando incurrir en las contradicciones que encontr\u00e1bamos en el C\u00f3digo derogado sobre el derecho aplicable a la capacidad\/incapacidad de derecho y completando lagunas importantes como las calificaciones aut\u00e1rquicas de domicilio y residencia habitual, el derecho aplicable al nombre de la persona humana o a la ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento, cuya inclusi\u00f3n expresa celebramos.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

14. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n

BOGGIANO, Antonio,\u00a0Derecho internacional privado<\/em>, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991.<\/p>\n

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\u2014 \u201cEl estatuto de la persona humana: del domicilio y la nacionalidad a la autonom\u00eda conflictual y material\u201d, en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/em>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional, N\u00ba\u00a021, 2012.<\/p>\n

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URIONDO DE MARTINOLI, Amalia, \u201cEl estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos. Criterios para la determinaci\u00f3n del contenido del estatuto personal. Posibles conexiones localizadoras del derecho aplicable\u201d, en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/em>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional, N\u00ba\u00a021, 2012.<\/p>\n

VICO, Carlos M.,\u00a0Curso de derecho internacional privado<\/em>, t.\u00a02, Buenos Aires, Biblioteca Jur\u00eddica Argentina, 1935.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Notas<\/h2>\n
\n
\n

1<\/a>.<\/strong>\u00a0Calvo Caravaca, Alfonso y Carrascosa Gonz\u00e1lez, Javier,\u00a0Derecho internacional privado<\/em>, t.\u00a02, Granada, Comares, 2009, p.\u00a014.<\/p>\n<\/div>\n

\n

2<\/a>.<\/strong>\u00a0<\/strong>Rodr\u00edguez Benot, Andr\u00e9s, \u201cEl criterio de conexi\u00f3n para determinar la ley personal: un renovado debate en derecho internacional privado<\/a>\u201d [online], en\u00a0Cuadernos de derecho transnacional<\/a>, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, v.\u00a02 (2010), N\u00ba\u00a01, p.\u00a0187. (\u00daltima consulta: 24\/1\/2018).<\/p>\n<\/div>\n

\n

3<\/a>.\u00a0<\/strong>Ver Uriondo de Martinoli, Amalia, \u201cEl estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos. Criterios para la determinaci\u00f3n del contenido del estatuto personal. Posibles conexiones localizadoras del derecho aplicable\u201d, en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/a>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional,\u00a0N\u00ba\u00a021<\/a>, 2012, pp.\u00a0203 y ss. (\u00faltima consulta: 24\/1\/2018). [N.\u00a0del E.: la fuente de todos los hiperv\u00edncu\u00adlos agregados en este ensayo que dirigen a los convenios internacionales de La Haya es el\u00a0sitio web de la HCCH<\/a>\u00a0{\u00faltima consulta: 24\/1\/2018}].<\/p>\n<\/div>\n

\n

4<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A., \u201cEl estatuto de la persona humana: del domicilio y la nacionalidad a la autonom\u00eda conflictual y material\u201d, en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/a>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional,\u00a0N\u00ba\u00a021<\/a>, 2012, p.\u00a049 (\u00faltima consulta: 24\/1\/2018).<\/p>\n<\/div>\n

\n

5<\/a>.<\/strong>\u00a0CIJ, 6\/4\/1955, caso \u201cNottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) (segunda fase)\u201d [N.\u00a0del E.: ver 1}\u00a0ficha t\u00e9cnica<\/a>\u00a0del caso, 2}\u00a0sentencia completa en ingl\u00e9s<\/a>\u00a0{ver p.\u00a023}, 3}\u00a0sumario en espa\u00f1ol<\/a>\u00a0{ver pp.\u00a046-47}].<\/p>\n<\/div>\n

\n

6<\/a>.<\/strong>\u00a0Uriondo de Martinoli, Amalia, ob.\u00a0cit. (cfr. nota 3), p.\u00a0205.<\/p>\n<\/div>\n

\n

7<\/a>.<\/strong>\u00a0\u00cddem, p.\u00a0206.<\/p>\n<\/div>\n

\n

8<\/a>.<\/strong>\u00a0Savigny, Friedrich Karl von,\u00a0Sistema del derecho romano actual<\/em>, t. 8, 1849; Story, Joseph,\u00a0Comentarios sobre los conflictos de leyes<\/em>, Buenos Aires, Lajouane, 1891.<\/p>\n<\/div>\n

\n

9<\/a>.\u00a0<\/strong>Kaller de Orchansky, Berta,\u00a0Nuevo manual de derecho internacional privado<\/em>, Buenos Aires, Plus Ultra, 1991, pp.\u00a0187-188.<\/p>\n<\/div>\n

\n

10<\/a>.<\/strong>\u00a0[N.\u00a0del E.: el\u00a0hiperv\u00edncu\u00adl<\/a>o\u00a0dirige a la versi\u00f3n oficial digitalizada por la Direcci\u00f3n de Tratados de la Canciller\u00eda Argentina; el lector podr\u00e1 consultar tambi\u00e9n la versi\u00f3n disponible en el\u00a0sitio web oficial<\/a>\u00a0de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos].<\/p>\n<\/div>\n

\n

11<\/a>.<\/strong>\u00a0Fern\u00e1ndez Arroyo, Diego P., \u201cPersonas f\u00edsicas\u201d, en AA. VV. (Fern\u00e1ndez Arroyo, D.\u00a0P. [coord.]),\u00a0Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay<\/em>, Buenos Aires, Zaval\u00eda, 2003, p.\u00a0506.<\/p>\n<\/div>\n

\n

12<\/a>.<\/strong>\u00a0Rodr\u00edguez Benot, Andr\u00e9s,\u00a0ob.\u00a0cit.<\/a>\u00a0(cfr. nota 2), p.\u00a0188.<\/p>\n<\/div>\n

\n

13<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro, ob.\u00a0cit. (cfr. nota 4), pp.\u00a053-54.<\/p>\n<\/div>\n

\n

14<\/a>.<\/strong>\u00a0Suscripta en el marco de la\u00a0CIDIP-III<\/a>\u00a0(La Paz, 1984).<\/p>\n<\/div>\n

\n

15<\/a>.<\/strong>\u00a0Suscripta en el marco de la\u00a0CIDIP-IV<\/a>\u00a0(Montevideo, 1989).<\/p>\n<\/div>\n

\n

16<\/a>.<\/strong>\u00a0Suscripta en el marco de la\u00a0CIDIP-IV<\/a>\u00a0(Montevideo, 1989).<\/p>\n<\/div>\n

\n

17<\/a>.<\/strong>\u00a0Suscripta en el marco de la\u00a0CIDIP-V<\/a>\u00a0(M\u00e9xico DF, 1994).<\/p>\n<\/div>\n

\n

18<\/a>.<\/strong>\u00a0<\/strong>[N.\u00a0del E.: el lector podr\u00e1 ver\u00a0aqu\u00ed<\/a>\u00a0las versiones oficiales digitalizadas por la Direcci\u00f3n de Tratados de la Canciller\u00eda Argentina].<\/p>\n<\/div>\n

\n

19<\/a>.<\/strong>\u00a0Tratado suscripto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 5\/8\/1994 (Mercosur<\/a>). [N.\u00a0del E.: ver detalles t\u00e9cnicos\u00a0aqu\u00ed<\/a>; el lector podr\u00e1 ver tambi\u00e9n la\u00a0versi\u00f3n oficial<\/a>\u00a0digitalizada por la Direcci\u00f3n de Tratados de la Canciller\u00eda Argentina].<\/p>\n<\/div>\n

\n

20<\/a>.<\/strong>\u00a0Tratado suscripto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 25\/6\/1996 (Mercosur<\/a>). [N.\u00a0del E.: ver detalles t\u00e9cnicos\u00a0aqu\u00ed<\/a>; el lector podr\u00e1 ver tambi\u00e9n la\u00a0versi\u00f3n oficial<\/a>\u00a0digitalizada por la Direcci\u00f3n de Tratados de la Canciller\u00eda Argentina].<\/p>\n<\/div>\n

\n

21<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A., \u201cCodificaci\u00f3n de derecho internacional privado. Con especial referencia a la parte general y la regulaci\u00f3n patrimonial de contratos y responsabilidad civil extracontractual en el proyecto de C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d [relato presentado al XXVI Congreso de Derecho Internacional de la Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional, San Miguel de Tucum\u00e1n, 2014], pp.\u00a036-37. [N.\u00a0del E.: ver tambi\u00e9n en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/a>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional,\u00a0N\u00ba\u00a023<\/a>, 2014, p.\u00a0217].<\/p>\n<\/div>\n

\n

22<\/a>.\u00a0<\/strong>I\u00f1iguez, Marcelo D., [comentario al art.\u00a02610], en Caramelo, G., Herrera, M. y Picasso, S. (dirs.),\u00a0C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n comentado<\/a>\u00a0[online],\u00a0t.\u00a06<\/a>, Buenos Aires, Infojus, 2015, pp.\u00a0348-349.<\/p>\n<\/div>\n

\n

23<\/a>.<\/strong>\u00a0Espinar Vicente, Jos\u00e9 M.,\u00a0La nacionalidad y la extranjer\u00eda en el sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol<\/em>, Madrid, Civitas, 1994, pp.\u00a024-25.<\/p>\n<\/div>\n

\n

24<\/a>.\u00a0<\/strong>Cfr. nota 16.<\/p>\n<\/div>\n

\n

25<\/a>.<\/strong>\u00a0CSJN, 14\/6\/1995, \u201cWilner, Eduardo Mario c\/ Osswald, Mar\u00eda Gabriela\u201d (Fallos<\/em>, t.\u00a0318 [v.\u00a02], p.\u00a01269). [N.\u00a0del E.: ver\u00a0aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n

\n

26<\/a>.<\/strong>\u00a0CNCiv., Sala E, 2\/2\/2016, \u201cC.\u00a0P., M.\u00a0V. c. S., G. s\/ Autorizaci\u00f3n\u201d (La Ley Online<\/em>, AR\/JUR\/5264\/2016).<\/p>\n<\/div>\n

\n

27<\/a>.<\/strong>\u00a0\u00cddem.<\/p>\n<\/div>\n

\n

28<\/a>.<\/strong>\u00a0\u00cddem.<\/p>\n<\/div>\n

\n

29<\/a>.<\/strong>\u00a0Doctrina del fallo CCiv. Capital, Sala 1\u00aa, 19\/7\/1932, \u201cZucker, Carlos Octavio\u201d (Jurisprudencia Argentina<\/em>, t.\u00a038, pp.\u00a01044-1047).<\/p>\n<\/div>\n

\n

30<\/a>.\u00a0<\/strong>Menicocci, Alejandro A. y Rabino, Mariel C., [comentario al art.\u00a02615], en Rivera, J.\u00a0C. y Medina, G. (dirs.), Esper, M. (coord.),\u00a0C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n comentado<\/em>, t.\u00a06, Buenos Aires, La Ley, 2014, p.\u00a0841.<\/p>\n<\/div>\n

\n

31<\/a>.<\/strong>\u00a0Este sistema, pese a que pr\u00e1cticamente no cuenta en la actualidad, se encontraba consagrado en el art.\u00a010\u00a0CCIV<\/a>\u00a0en tanto en cuanto la c\u00e9lebre\u00a0lex rei sitae\u00a0<\/em>reg\u00eda todo lo relativo a los bienes inmuebles situados en el pa\u00eds, incluso la capacidad para adquirirlos.<\/p>\n<\/div>\n

\n

32<\/a>.\u00a0<\/strong>Art.\u00a06 CCIV: \u201cLa capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la Rep\u00fablica, sean nacionales o extranjeras ser\u00e1 juzgada por las leyes de este C\u00f3digo, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en pa\u00eds extranjero\u201d.<\/p>\n

Art.\u00a07 CCIV: \u201cLa capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la Rep\u00fablica ser\u00e1 juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos o bienes existentes en la Rep\u00fablica\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

\n

33<\/a>.<\/strong>\u00a0Ver Boggiano, Antonio,\u00a0Derecho internacional privado<\/em>, t.\u00a01, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991; Feldstein de C\u00e1rdenas, Sara,\u00a0Derecho internacional privado. Parte especial<\/em>, Buenos Aires, Universidad, 2000; Goldschmidt, Werner,\u00a0Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia<\/em>, Buenos Aires, LexisNexis, 2002; Kaller de Orchansky, Berta, ob. cit. (cfr. nota 9); Vico, Carlos M.,\u00a0Curso de derecho internacional privado<\/em>, t.\u00a02, Buenos Aires, Biblioteca Jur\u00eddica Argentina, 1935; entre otros.<\/p>\n<\/div>\n

\n

34<\/a>.<\/strong>\u00a0[N.\u00a0del E.: cfr. p.\u00a0235 del documento\u00a0pdf<\/a>\u00a0{t\u00edtulo IV, \u201cDisposiciones de derecho internacional privado\u201d}].<\/p>\n<\/div>\n

\n

35<\/a>.<\/strong>\u00a0El estado consiste en la situaci\u00f3n particular de un sujeto respecto a s\u00ed mismo (menor, mayor) frente a las relaciones de familia (casado, soltero, conviviente, divorciado, viudo) y con el Estado (nacional o extranjero).<\/p>\n<\/div>\n

\n

36<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A. y Rabino, Mariel C., [comentario al art. 2616], en Rivera, J. C. y Medina, G. (dirs.), Esper, M. (coord.), ob.\u00a0cit. (cfr. nota 30), p.\u00a0843.<\/p>\n<\/div>\n

\n

37<\/a>.<\/strong>\u00a0CNCiv, Sala 2\u00aa, 7\/5\/1942, \u201cValle Incl\u00e1n, Mar\u00eda Beatriz\u201d (La Ley<\/em>, t.\u00a026, p.\u00a0573,\u00a0Jurisprudencia Argentina<\/em>, t.\u00a01942-II, p.\u00a0789).<\/p>\n<\/div>\n

\n

38<\/a>.\u00a0<\/strong>CNCiv, Sala C, 30\/12\/1957, \u201cBerman, Evelina\u201d (La Ley, t.\u00a091, p.\u00a0439,\u00a0Jurisprudencia Argentina<\/em>, t.\u00a01958-IV, p.\u00a027).<\/p>\n<\/div>\n

\n

39<\/a>.<\/strong>\u00a0CNCiv., Sala I, 31\/8\/2004, \u201cD., O.\u00a0A. c\/ C., T.\u00a0M. s\/ Cesaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d (La Ley Online<\/em>, AR\/JUR\/7203\/2004). Ver comentario al fallo: Scotti, Luciana B., \u201cCapacidad, mayor\u00eda de edad y otras cuestiones a la luz del derecho internacional privado argentino\u201d, en\u00a0Revista de Derecho de Familia<\/em>, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, N\u00ba\u00a030, 2005, p.\u00a0211 (en plataforma online Informaci\u00f3n Legal de Thomson Reuters-La Ley, cita online AP\/DOC\/1334\/2012).<\/p>\n<\/div>\n

\n

40<\/a>.\u00a0<\/strong>Goldschmidt, Werner, ob.\u00a0cit. (cfr. nota 33), pp.\u00a0206 y ss., y\u00a0Sistema y filosof\u00eda del derecho internacional privado<\/em>, t.\u00a02, Buenos Aires, Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 1964, p.\u00a0139.<\/p>\n<\/div>\n

\n

41<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A., ob.\u00a0cit. (cfr. nota 21), p.\u00a039. [N.\u00a0del E.: ver tambi\u00e9n en\u00a0Anuario Argentino de Derecho Internacional<\/a>, C\u00f3rdoba, Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho Internacional,\u00a0N\u00ba\u00a023<\/a>, 2014, pp.\u00a0209-210].<\/p>\n<\/div>\n

\n

42<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A. y Rabino, Mariel C., [comentario al art. 2617], en Rivera, J. C. y Medina, G. (dirs.), Esper, M. (coord.), ob. cit. (cfr. nota 30), p.\u00a0848.<\/p>\n<\/div>\n

\n

43<\/a>.<\/strong>\u00a0Ver Ciuro Caldani, Miguel A., \u201cEl nombre de las personas de existencia visible en el mundo jur\u00eddico en general y en el derecho internacional privado\u201d, en\u00a0Revista del Colegio de Abogados de Rosario<\/em>, Rosario, Colegio de Abogados de Rosario, N\u00ba\u00a012, 2\u00aa \u00e9poca, 1977, pp.\u00a0117 y ss.<\/p>\n<\/div>\n

\n

44<\/a>.<\/strong>\u00a0CNCiv., Sala I, 18\/7\/1996, \u201cCabre, Nicolasa\u201d (Jurisprudencia Argentina<\/em>, t.\u00a01997-III, p.\u00a0474).<\/p>\n<\/div>\n

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45<\/a>.<\/strong>\u00a0Ciuro Caldani, Miguel A., ob.\u00a0cit. (cfr. nota 43), pp.\u00a0117 y ss.<\/p>\n<\/div>\n

\n

46<\/a>.<\/strong>\u00a0Menicocci, Alejandro A. y Rabino, Mariel C., [comentario al art. 2619], en Rivera, J. C. y Medina, G. (dirs.), Esper, M. (coord.), ob.\u00a0cit. (cfr. nota 30), p.\u00a0852.<\/p>\n<\/div>\n

\n

47<\/a>.<\/strong>\u00a0Oyarz\u00e1bal, Mario J.\u00a0A.,\u00a0Ausencia y presunci\u00f3n de fallecimiento en el derecho internacional privado<\/em>, Buenos Aires, \u00c1baco, 2003, p.\u00a028.<\/p>\n<\/div>\n

\n

48<\/a>.\u00a0<\/strong>Carlier, Jean-Yves, \u201cEstatuto personal y sociedad multicultural: el papel de la autonom\u00eda de la voluntad\u201d, en Calvo Caravaca, A.\u00a0L. e Iriarte \u00c1ngel, J.\u00a0L. (eds.),\u00a0Estatuto personal y multiculturalidad de la familia<\/em>, Madrid, Colex, 2000, pp.\u00a027-38.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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