![\"fotografa_700x300\"](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/fotografa_700x300.jpg\")
<\/a><\/p>\nImagen:<\/em> nhoffmann75<\/a>, CC<\/a>.<\/sup><\/pre>\n<\/p>\n
Autoras: \u00a0\u00a0Mar\u00eda M. C\u00f3rdoba<\/strong> (ver bio<\/a>) \u00a0| \u00a0Natalia A. Echecury<\/strong> (ver bio<\/a>) \u00a0| \u00a0Marianela R. Graizzaro<\/strong> (ver bio<\/a>) \u00a0| \u00a0Romina A. Rajmil<\/strong> (ver bio<\/a>)<\/p>\n
<\/p>\n
Resumen<\/span>:<\/strong> En el presente trabajo, se sostiene que adolescentes y personas con capacidad restringida tienen derecho a hacer manifestaciones en actos de autoprotecci\u00f3n, las que ser\u00e1n tenidas en cuenta al momento de prestarse el consentimiento para el acto m\u00e9dico. Este derecho constitucional a ser o\u00eddo no debe ser limitado en modo alguno. Los actos de autoprotecci\u00f3n que contengan directivas anticipadas de salud otorgadas por adolescentes mayores de diecis\u00e9is a\u00f1os y personas con capacidad restringida a quienes no se ha limitado expresamente su capacidad para otorgarlas tienen car\u00e1cter vinculante y son de cumplimiento obligatorio si han cumplido con la forma requerida por la Ley 26529, modificada por la 26742, que exige que sean efectuadas ante escribano p\u00fablico o juez de primera instancia, con la presencia de dos testigos. *<\/a><\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
Toda persona tiene derecho a proyectar su propio plan de vida y a decidir sobre cuestiones referidas a su salud. Se trata de un derecho personal\u00edsimo, que solo puede ser ejercido por su titular; por tal motivo, consentir o rechazar tratamientos m\u00e9dicos es tarea exclusiva del paciente y de nadie m\u00e1s. Sin embargo, cuando un ni\u00f1o, un adolescente o una persona con capacidad restringida quiere tomar decisiones referentes a estos derechos tan trascendentales, como lo son su vida y su propio cuerpo, ya no nos parece tan natural y cuestionamos su decisi\u00f3n, sin advertir que es esta y la de nadie m\u00e1s la que debe prevalecer.<\/p>\n
Entendemos que nadie puede ser privado de su derecho a ser o\u00eddo y a que su opini\u00f3n sea tenida en cuenta. Como expresan Llorens y Rajmil, 1<\/a><\/p>\n
El derecho de las personas menores de edad a expresar su opini\u00f3n y a que \u00e9sta sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo y madurez es reconocido con la amplitud suficiente para abarcar todos los asuntos de su inter\u00e9s, tanto en la CDN (art.\u00a012) como en la Ley 26061 (ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2, 3, 19, 24 y 27).<\/p><\/blockquote>\n
Tambi\u00e9n agregan que<\/p>\n
El art.\u00a02 inc.\u00a0e) de la ley 26529 admite la competencia bio\u00e9tica de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes para participar en la toma de decisi\u00f3n en materia de salud conforme con las disposiciones de la ley 26061, esto es, cuando tienen el discernimiento necesario para ello.<\/p><\/blockquote>\n
Le asisten los mismos derechos a las personas con alguna restricci\u00f3n en su capacidad siempre que tengan la aptitud suficiente para comprender el acto y este no se encuentre expresamente vedado en la sentencia respectiva (arts.\u00a03 y 12, Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – Ley 26378<\/a> [CDPD]; y art.\u00a07 inc.\u00a0k, art.\u00a010 Ley 26657<\/a>). Esto en base a los postulados de la CDPD, tales como:<\/p>\n
\n
- El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3, inciso a), que establece como principio general \u201cel respeto de la dignidad inherente, la autonom\u00eda individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas\u201d;<\/li>\n
- El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 7, p\u00e1rrafo 3, que acuerda el derecho de ni\u00f1os y ni\u00f1as con discapacidad a expresar su opini\u00f3n;<\/li>\n
- El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 12, que plasma el principio de igual reconocimiento como persona ante la ley, acordando tanto el derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica como al de igualdad de condiciones ante la ley, adoptando el r\u00e9gimen de apoyos para lograr el efectivo ejercicio de los derechos. (Es importante destacar que cuando refiere a \u201csalvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos\u201d, agrega que \u201cesas salvaguardias asegurar\u00e1n que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jur\u00eddica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n
Tradicionalmente, el derecho civil con su sistema de sustituci\u00f3n de la voluntad en el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal (padres o tutores para los menores y curador para el incapaz) ha silenciado a quienes deber\u00edan ser los mayores interesados en que su plan de vida sea respetado y valorado.<\/p>\n
En la XXXI Jornada Notarial Argentina (C\u00f3rdoba, 7-9 agosto 2014) se concluy\u00f3 que<\/p>\n
Las directivas anticipadas de salud constituyen una especie dentro del g\u00e9nero de los actos de autoprotecci\u00f3n.
\nPor mayor\u00eda: Se reconoce el derecho del menor a ser o\u00eddo en los tratamientos m\u00e9dicos que lo involucren. Las directivas anticipadas de salud, s\u00f3lo pueden ser otorgadas por personas capaces, mayores de edad, conforme lo establecido por el art.\u00a011 de la ley 26529 modificada por ley 26742.
\nPor minor\u00eda: Es posible el otorgamiento de directivas anticipadas de salud por menores de edad, seg\u00fan el grado de madurez y desarrollo, sin efecto vinculante. (Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y provincia de Chaco). 2<\/a><\/p><\/blockquote>\n\u00bfPor qu\u00e9 surge la duda acerca de qu\u00e9 actos pueden o no otorgar los adolescentes y personas con capacidad restringida en cuestiones vinculadas con su salud? Porque el sistema completo de capacidad equipara incapacidad con minoridad; siguen us\u00e1ndose como sin\u00f3nimos capacidad<\/em> y discernimiento<\/em>, y no internalizamos que la regla en nuestro derecho es la capacidad de ejercicio con excepciones. Esperamos que sea la norma quien habilite el ejercicio, cuando el pensamiento deber\u00eda ser que todo lo que no est\u00e1 expresamente prohi\u00adbido para el menor o persona con capacidad restringida est\u00e1 permitido.<\/p>\n
Otro motivo que puede llevar a la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de negarles a los adolescentes y personas con capacidad restringida la oportunidad de expresar directivas anticipadas es la equiparaci\u00f3n de directivas anticipadas con consentimiento informado, error que incluso encontramos en alguna legislaci\u00f3n. A dos a\u00f1os de las referidas jornadas, \u00bfpodemos seguir afirmando lo mismo o ha cambiado algo el panorama, a la luz de la sanci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y Comercial y el avance jurisprudencial? \u00bfPodemos seguir opinando que los ni\u00f1os y personas con capacidad restringida no pueden comparecer en actas notariales para expresarse y que, si lo hacen, su manifestaci\u00f3n puede ser dejada de lado sin m\u00e1s?<\/p>\n
El prop\u00f3sito de este trabajo es reflexionar sobre c\u00f3mo los principios constitucionales deben calar en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica para que ni\u00f1os y personas con capacidad restringida puedan ejercer sus derechos a la vida y la salud de la manera m\u00e1s plena y aut\u00f3noma posible.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
2. El sistema de capacidad en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/h2>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> (en adelante, CCCN o el C\u00f3digo) recepta los postulados adoptados por la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o (CDN) (Ley 23849<\/a>) y la CDPD<\/a>, erigidos sobre la presunci\u00f3n de capacidad de toda persona, quien podr\u00e1 hacer todo lo que desee, pueda o quiera hacer, con la \u00fanica restricci\u00f3n proveniente de la imposibilidad propia de su naturaleza (tal como es el caso de los nonatos), o de su natural inmadurez (ni\u00f1os), o de la sentencia (en los supuestos de restricci\u00f3n a la capacidad). Es inapropiado asimilar capacidad de ejercicio con discernimiento. Como expresan Llorens y Rajmil,<\/p>\n
La confusi\u00f3n entre capacidad de ejercicio y discernimiento no es s\u00f3lo terminol\u00f3gica. Al no aceptarse ella conceptualmente en plenitud, resulta imposible comprender que la capacidad<\/em> para ejercer determinados derechos per se no le puede ser vedada a persona alguna. Distinto es que la naturaleza le permita efectivamente ejercerlos, esto es, que tenga el discernimiento<\/em> necesario y pueda exteriorizarlo de manera apropiada. 3<\/a><\/p><\/blockquote>\n
El sistema de capacidad instaurado por el C\u00f3digo es tratado en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 22 al 50 y se divide en tres secciones: la primera, de principios generales, la segunda trata la menor edad y la tercera regula las restricciones a la capacidad. Si bien deja de lado el sistema binario de capacidad-incapacidad y la clasificaci\u00f3n de menores p\u00faberes, imp\u00faberes y adultos que regul\u00f3 V\u00e9lez Sarsfield \u2013y, m\u00e1s tarde, la reforma de 1968\u2013 contin\u00faa utilizando la palabra incapaz<\/em>, aunque en forma residual, y establece un criterio mixto de determinaci\u00f3n de incapacidad para los ni\u00f1os, agregando al par\u00e1metro etario fijo el par\u00e1metro flexible de grado de madurez suficiente. 4<\/a><\/p>\n
Luego de reconocerle a todo ser humano la capacidad de derecho, se encarga de anticipar que la ley puede establecer incapacidades (art.\u00a022 CCCN<\/a>). Son estas las incapacidades de derecho. Luego, proclama de manera amplia la capacidad de ejercicio, pero prev\u00e9 limitaciones, que tambi\u00e9n podr\u00e1n ser establecidas por los jueces en una sentencia (art.\u00a023). A continuaci\u00f3n, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 24 enuncia qui\u00e9nes son los incapaces de ejercicio y parece borrar con el codo lo que se escribi\u00f3 en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo anterior. El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 25 define que menor es la persona que no ha cumplido dieciocho a\u00f1os y llama adolescente al menor que ha cumplido trece a\u00f1os, incorporando as\u00ed esta nueva categor\u00eda.<\/p>\n
El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 26 regula el ejercicio de los derechos por parte de la persona menor de edad, expresando como norma general que el menor de edad ejerce sus derechos\u00a0a trav\u00e9s de sus representantes legales, invirtiendo de esta manera la regla plasmada en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 23. Lejos de ser la regla, deber\u00eda ser la excepci\u00f3n, ya que esta representaci\u00f3n solo tendr\u00eda sustento cuando el menor no pueda ejercerlos por s\u00ed mismo, solo\u00a0o con asistencia. Es decir, se tratar\u00eda de una figura residual, que tiene sus ra\u00edces en el\u00a0de\u00adber de cuidado, intr\u00ednseco en las relaciones parentales. El segundo p\u00e1rrafo precisa que \u201cno obstante, la [persona menor de edad] que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por s\u00ed los actos que le son permitidos por el ordenamiento jur\u00eddico\u201d. Vemos as\u00ed que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo reviste una contradicci\u00f3n literal, ya que por un la\u00addo ampl\u00eda la capacidad del menor con los conceptos de edad y grado de madurez suficiente, pero, desafortunadamente, por el otro, la restringe con esa \u00faltima expresi\u00f3n. 5<\/a><\/p>\n
La restricci\u00f3n a la capacidad para determinados actos puede ser dictada judicialmente a partir de los trece a\u00f1os y, siguiendo los principios convencionales, el C\u00f3digo Civil y Comercial establece el sistema de apoyos y salvaguardias. Excepcionalmente, en los casos de p\u00e9rdida total de discernimiento, el juez puede restringir totalmente la capacidad de ejercicio y nombrar un curador (art.\u00a032 CCCN<\/a>). Consideramos que esta categor\u00eda residual de incapacidad absoluta va de plano contra los postulados convencionales; nadie deber\u00eda ser declarado incapaz \u2013reiteramos\u2013 porque la limitaci\u00f3n no es jur\u00eddica sino propia de la naturaleza.<\/p>\n
La CDPD<\/a> incorpora en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 12 los conceptos de apoyo y salvaguardia. Se ha identificado el primero como la asistencia necesaria para que la persona pueda ejercer sus derechos por s\u00ed misma. La noci\u00f3n de apoyo no solo remite a lo jur\u00eddico si\u00adno a todo aquello que ayude al ejercicio aut\u00f3nomo de los derechos de las personas vul\u00adnerables, sin que su voluntad sea reemplazada, a diferencia de la figura del curador, que sustituye la voluntad de la persona. Los apoyos son los instrumentos que ayudan o acompa\u00f1an a una persona para ejercer sus derechos de modo pleno. Por su parte, las salvaguardias apuntan a aquellas medidas necesarias para impedir los abusos y garantizar la efectiva protecci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad. 6<\/a><\/p>\n
La Asociaci\u00f3n Americana sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo (AAIDD<\/a>), en el a\u00f1o 2002, defini\u00f3 los apoyos<\/em> como los recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educaci\u00f3n, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo que proporcionan los profesionales y las instituciones. La importancia de los apoyos reside en el hecho de que estos permiten proporcionar una base natural, eficiente y continua para mejorar los resultados personales. 7<\/a><\/p>\n
No dudamos que un sistema de apoyos adecuado y personalizado es fundamental para garantizar la plena participaci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad en el proceso decisivo.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
3. Capacidad y competencia bio\u00e9tica<\/h2>\n
Llevada la cuesti\u00f3n al ejercicio del derecho a la salud y, m\u00e1s precisamente, a la posibilidad de prestar el consentimiento informado a una pr\u00e1ctica o tratamiento m\u00e9dico y otorgar directivas m\u00e9dicas anticipadas, es preciso determinar si para ello se debe contar con capacidad desde el punto de vista civil o si es suficiente el discernimiento. Ballarini explica que el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente, aun no contando con la mayor\u00eda de edad, puede ser aut\u00f3nomo para decidir sobre las pr\u00e1cticas m\u00e9dicas que lo afecten. La noci\u00f3n bio\u00e9tica de competencia se asienta en examinar la existencia de un discernimiento suficiente para poder recibir informaci\u00f3n acorde a la edad y tomar una decisi\u00f3n libre. Separada de la cl\u00e1sica idea de capacidad-incapacidad, la competencia analiza si el sujeto puede entender acabadamente si puede razonar alternativas y si tiene valores para poder juzgar; en otras palabras, como dice Rivera, que pueda entender lo que es bueno o malo para su salud, independientemente del r\u00e9gimen de capacidad vigente. 8<\/a><\/p>\n
Ciruzzi 9<\/a> considera que<\/p>\n
\u2026\u00a0la capacidad civil supone la posibilidad de celebrar por s\u00ed actos jur\u00eddicos, esto es, ser titular de derechos (capacidad de derecho) y la facultad de poder ejercer esos derechos (capacidad de hecho) [\u2026] En cambio, la competencia bio\u00e9tica es un concepto que pertenece al \u00e1rea del ejercicio de los derechos personal\u00edsimos y supone poseer la capacidad necesaria para hacer efectivo el derecho personal\u00edsimo a la salud y a la vida, tomando por s\u00ed mismo decisiones que hacen a su cuidado y asistencia. Esta aptitud que posee toda persona no se adquiere en un momento determinado sino que se va formando y requiere una evoluci\u00f3n que solo se alcanza con el transcurso del tiempo y la adquisici\u00f3n paulatina de la madurez.<\/p><\/blockquote>\n
La distinci\u00f3n entre capacidad y competencia se funda en la teor\u00eda de la mayor\u00eda m\u00e9dica anticipada, que sostiene que la conciencia del propio cuerpo viene a cada ser humano mucho antes que su mayor\u00eda de edad. Tiene sus or\u00edgenes en el resonante caso \u201cGillick\u201d, 10<\/a> en el cual la Corte de los Lores del Reino Unido sostuvo que el derecho de los padres a elegir si sus hijos siguen o no un tratamiento m\u00e9dico concluye cuando los hijos est\u00e1n en condiciones de aprehender la opci\u00f3n propuesta. Es as\u00ed que, a partir de este caso, comenz\u00f3 a utilizarse la expresi\u00f3n \u201cGillick competent<\/em>\u201d para referirse a aquella persona que ha alcanzado suficiente aptitud para comprender e inteligencia para expresar su voluntad respecto del tratamiento espec\u00edficamente propuesto. 11<\/a><\/p>\n
En nuestro pa\u00eds, las leyes de Protecci\u00f3n Integral de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes (26061<\/a>), Salud P\u00fablica (26529<\/a>) y Salud Mental (26657<\/a>) legislan estas materias, incorporando el concepto de competencia bio\u00e9tica y equiparando en todos los casos a los adolescentes mayores de 16 a\u00f1os con los \u201cadultos\u201d, \u201cmayores\u201d o \u201cplenamente capaces\u201d. El ya analizado ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 26 CCCN<\/a> tambi\u00e9n recepta toda esta doctrina y establece la regla de la competencia progresiva en materia de cuidado del propio cuerpo. As\u00ed, el adolescente mayor de trece a\u00f1os decidir\u00e1 por s\u00ed mismo y sin asistencia, aun en contra de la opini\u00f3n de sus progenitores, en cuestiones que no impliquen pr\u00e1cticas invasivas ni pongan en riesgo su vida. En caso de que el tratamiento propuesto sea invasivo o ponga en riesgo su vida, el consentimiento se conformar\u00e1 con la asistencia de sus responsables parentales. En este \u00faltimo supuesto, se deja a un lado el instituto de la representaci\u00f3n y se incorpora el concepto de asistencia, en la cual la voluntad del menor no es sustituida por la de sus padres sino que ellos son llamados conjuntamente en el ejercicio de sus derechos. 12<\/a><\/p>\n
Excede a este trabajo conceptualizar cuales son los tratamientos considerados invasivos, ya que creemos que es materia de la ciencia m\u00e9dica y de cada caso en concreto la ponderaci\u00f3n del riesgo de vida para el adolescente. Este punto nos hace inclinarnos especialmente por el car\u00e1cter vinculante de la directiva m\u00e9dica anticipada, ya que al momento de su valoraci\u00f3n, es decir, cuando el adolescente o persona con capacidad restringida se encuentre sin discernimiento, la directiva expresar\u00e1 la voluntad del interesado para conformar su consentimiento.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
4. Diferencias entre el consentimiento informado y las directivas anticipadas<\/h2>\n
Las diferencias entre ambos institutos son sutiles, a tal punto que ha llegado a decirse que las directivas anticipadas son consentimientos informados expresados por anticipado. Sin embargo, no creemos que pueda hacerse tal asimilaci\u00f3n. En primer lugar, el consentimiento informado debe ser expresado luego de la ponderaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, en el momento en que es necesaria la declaraci\u00f3n del paciente para aprobar o rechazar un tratamiento. El consentimiento es contempor\u00e1neo a la enfermedad o pr\u00e1ctica de salud; la directiva anticipada de salud se expresa para una eventualidad que puede o no concretarse. Otra diferencia entre ambos institutos analizados es que el consentimiento informado no necesita cumplir ning\u00fan requisito de forma, excepto la forma escrita para el rechazo de tratamientos o procedimientos en los supuestos del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 5, inciso g), de la Ley 26529<\/a> (sustituido por Ley 26742<\/a>), si bien es costumbre adoptar la forma escrita para el aseguramiento de la prueba. Por su parte, la directiva anticipada de salud requiere la forma escrita ante escribano p\u00fablico o juez de primera instancia, y dos testigos.<\/p>\n
La directiva anticipada es un acto unilateral, mientras que el consentimiento informado es bilateral. As\u00ed, Bervere 13<\/a> conceptualiza las directivas anticipadas como<\/p>\n
\u2026\u00a0la expresi\u00f3n cierta de un derecho con operatividad eventual aunque irrebatible, que permite la sustentabilidad de una decisi\u00f3n personal\u00edsima respecto de cuestiones vinculadas a la salud o la propia vida, frente a una situaci\u00f3n futura donde se tornar\u00eda imposible expresar la voluntad, es una exteriorizaci\u00f3n cruda de la voluntad donde los elementos propios de los actos jur\u00eddicos se manifiestan de manera previa a la realizaci\u00f3n del acto. Tal decisi\u00f3n, a priori, en definitiva, se constituye en un acto jur\u00eddico unilateral en su esencia, pero que debe complementarse con la participaci\u00f3n de un profesional de la salud que cumple con la directiva final del paciente, quien ser\u00e1 anoticiado de la existencia de la directiva a trav\u00e9s medios id\u00f3neos instrumentados por la propia normativa vigente o por intermedio de un tercero habilitado por el paciente, quien informar\u00e1 sobre la directiva.<\/p><\/blockquote>\n
El consentimiento informado puede darse por terceras personas, sean representantes legales, apoyos, c\u00f3nyuges, convivientes, parientes o allegados que acompa\u00f1en al paciente (art.\u00a059 CCCN). Las directivas anticipadas no pueden ser otorgadas por otro, no pueden darse por apoderado ni por representante legal; tampoco es necesario que as\u00ed sea, ya que no hay obligatoriedad de otorgarlas. Nuestra jurisprudencia ha establecido que no es posible ejercer los derechos personal\u00edsimos a trav\u00e9s de representantes legales en el importante fallo \u201cLiga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Rep\u00fablica Argentina\u201d (2003), 14<\/a> en el que se estableci\u00f3 que las atribuciones conferidas a los padres o encargados legales de los ni\u00f1os, en ejercicio de la patria potestad, no pueden constituirse en un elemento que permita afectar o suprimir, a trav\u00e9s de su ejercicio, los derechos humanos personal\u00edsimos de los ni\u00f1os, insusceptibles de ser ejercidos por representantes, pues corresponden a la esfera de la autonom\u00eda personal y de la libertad (del voto de la jueza Ana Mar\u00eda Conde).<\/p>\n
Asimismo, en el fallo \u201cP., V.\u00a0A.\u201d (1996) 15<\/a> se dijo que<\/p>\n
La disposici\u00f3n [\u2026] de los derechos personal\u00edsimos que corresponden a los menores de edad, especialmente cuando se trata de menores de catorce a\u00f1os, o sea, carentes de discernimiento para los actos l\u00edcitos (art.\u00a0921, C\u00f3d. Civil), es manifiestamente antijur\u00eddica y debe ser prevenida para afianzar la protecci\u00f3n integral de la ni\u00f1ez, que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 ratificada por la incorporaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n sobe los Derechos del Ni\u00f1o a la Constituci\u00f3n Nacional\u2026 [Sumario N\u00ba\u00a01]<\/p><\/blockquote>\n
Aun sin desconocer el car\u00e1cter de personal\u00edsimo del derecho a dar el consentimiento informado, son muchas las veces que este debe ser prestado por terceros. Cuando son adolescentes de entre trece y diecis\u00e9is a\u00f1os de edad o personas con capacidad restringida los que deban otorgarlo, se torna imprescindible, ya que la ley establece el accionar conjunto, en un claro r\u00e9gimen de asistencia.<\/p>\n
La asistencia es la funci\u00f3n por la cual el representante legal complementa un acto jur\u00eddico otorgado por el menor o persona con capacidad restringida para perfeccionarlo:<\/p>\n
\u2026\u00a0aparece como un paso intermedio entre la representaci\u00f3n necesaria de quien se considera incapaz para su debida protecci\u00f3n y el reconocimiento de una plena capacidad de obrar. Constituye un car\u00e1cter esencial de la asistencia su relatividad, traducida en que siempre se abre la posibilidad de que sea sustituida por la autorizaci\u00f3n judicial otorgada supletoriamente cuando sea negada o haya imposibilidad de que la presten los representantes legales. 16<\/a><\/p><\/blockquote>\n
El sistema de asistencia permite que adolescentes y personas con capacidad restringida ejerzan sus derechos personal\u00edsimos por s\u00ed mismos a medida que van adquiriendo mayor autonom\u00eda:<\/p>\n
\u2026\u00a0de lo contrario, la imposibilidad para el ni\u00f1o de ejercer por s\u00ed sus derechos, aunada a la imposibilidad de que un tercero act\u00fae en su nombre ejerciendo derechos personal\u00edsimos que, por propia definici\u00f3n, son inalienable e intransferibles, transformar\u00edan al derecho a la salud (y consecuentemente a la vida) en derechos meramente declarativos, sin posibilidad de ejercicio, privando \u2013por esa misma raz\u00f3n\u2013 al menor de edad de su propia dignidad. 17<\/a><\/p><\/blockquote>\n
El C\u00f3digo regula el consentimiento informado (art.\u00a059) y las directivas anticipadas (art.\u00a060). No se han derogado las leyes 26529<\/a> ni 26742<\/a> (reglamentadas por el Decreto 1089\/2012<\/a>), por lo que, al tratarse de leyes especiales, deben aplicarse en cuanto no sean inconstitucionales. La Ley de Salud Mental 26657<\/a> y su reglamentaci\u00f3n (Decreto 603\/2013<\/a>) tambi\u00e9n contienen regulaci\u00f3n del consentimiento informado para tratamiento e internaci\u00f3n, enunciando los principios de no presunci\u00f3n de incapacidad en raz\u00f3n de enfermedad mental y la plena participaci\u00f3n del paciente en la toma de decisiones. Ambos sistemas remiten a la Ley 26061<\/a> cuando se encuentren involucrados ni\u00f1os y adolescentes. Como expresan Rajmil y Torrens, se puede afirmar que, como consecuencia de esa disposici\u00f3n, que los principios establecidos en la Ley 26061 (que receptan, a su vez, los contenidos en la CDN<\/a>, principalmente el derecho a ser escuchado, el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y la autonom\u00eda progresiva) deben respetarse en el \u00e1mbito de la atenci\u00f3n m\u00e9dica del paciente. 18<\/a><\/p>\n
En ambas reglamentaciones se establece que el consentimiento debe ser dado por el sujeto involucrado o su representante en intervenci\u00f3n conjunta; esto es, en un r\u00e9gimen de asistencia. Residualmente, en caso de no poderse recabar la opini\u00f3n del paciente, el consentimiento ser\u00e1 dado exclusivamente por el interlocutor m\u00e1s pr\u00f3ximo. Para el caso de conflicto entre pacientes y representantes legales, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2, inciso e), del Decreto 1089\/2012 establece la elevaci\u00f3n a opini\u00f3n consultiva de los comit\u00e9s de \u00e9tica. En el sistema del C\u00f3digo, el consentimiento informado deber\u00e1 ser\u00e1 otorgado por adolescentes, solos y equiparados a los plenamente capaces los mayores de diecis\u00e9is a\u00f1os; y con la concurrencia del consentimiento de los padres para los casos de ni\u00f1os entre trece y diecis\u00e9is, distinguiendo si se trata de pr\u00e1cticas invasivas o no. Como dijimos, es un perfecto sistema de asistencia: decide el menor y el progenitor o tutor acompa\u00f1a o autoriza la decisi\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a las personas con capacidad restringida no dudamos que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 25, inciso d), de la CDPD<\/a> es de aplicaci\u00f3n:<\/p>\n
Los Estados Partes [\u2026] d) Exigir\u00e1n a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atenci\u00f3n de la misma calidad que a las dem\u00e1s personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilizaci\u00f3n respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonom\u00eda y las necesidades de las personas con discapacidad a trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n y la promulgaci\u00f3n de normas \u00e9ticas para la atenci\u00f3n de la salud en los \u00e1mbitos p\u00fablico y privado.<\/p><\/blockquote>\n
A partir de la lectura del art\u00edculo, consideramos que la mejor manera de garantizar la aplicaci\u00f3n de este derecho es que el paciente otorgue el consentimiento con la conformidad o asistencia del apoyo. Este principio se recepta en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 7, inciso j), y 10 de la Ley 26657<\/a>.<\/p>\n
Es criticable que el decreto reglamentario de la Ley 26529 sancione con la nulidad las directivas otorgadas por menores de edad e incapaces. Entendemos que, siendo el C\u00f3digo el que regula la capacidad de las personas y que solo la sentencia puede precisar los alcances de la restricci\u00f3n a ella, toda interpretaci\u00f3n debe ser hecha en base a los principios constitucionales. En este sentido, no dejemos de recordar que tanto la ley como su decreto reglamentario son anteriores a la sanci\u00f3n del C\u00f3digo. Con esos mismos argumentos, criticamos que el inciso k) del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 7 del Decreto 603\/2013<\/a> utilice la expresi\u00f3n \u201cplena capacidad\u201d. Este ar\u00adt\u00edcu\u00adlo no puede ser tomado en cuenta en forma literal, ya que se colegir\u00eda que los representantes podr\u00edan dar directivas anticipadas por sus representados. Nuevamente, a la luz del C\u00f3digo, entendemos que la plena capacidad en materia de salud se adquiere a los diecis\u00e9is a\u00f1os.<\/p>\n
Tanto la incapacidad sobreviniente como la p\u00e9rdida temporal o definitiva del discernimiento est\u00e1n previstas en el C\u00f3digo (arts.\u00a059 y 60). Todo el sistema del consentimiento informado por representaci\u00f3n est\u00e1 basado en la p\u00e9rdida temporal o permanente del discernimiento. Solo en el caso de ausencia de discernimiento el consentimiento informado no ser\u00e1 otorgado por el propio paciente. El momento en que se otorgan directivas anticipadas es un momento de pleno discernimiento y para ser aplicadas en caso de p\u00e9rdida de este y aun en el caso de declaraci\u00f3n judicial de incapacidad. El discernimiento no est\u00e1 ausente en la menor edad; incluso, se presume para todos los adolescentes. Aun en situaciones de discapacidad intelectual la persona puede tener pleno discernimiento.<\/p>\n
Podemos concluir que todas las directivas anticipadas, incluidas las de mayores de edad sin ninguna restricci\u00f3n a su capacidad, deben ser otorgadas con pleno discernimiento para ese acto concreto. Una interpretaci\u00f3n razonable y arm\u00f3nica nos debe llevar a la conclusi\u00f3n de que las personas con competencia bio\u00e9tica y discernimiento, con los apoyos que necesite, ser\u00e1n quienes otorgue el consentimiento informado y otorgar\u00e1n, en su caso y si lo desean, directivas anticipadas.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n debe dar el consentimiento en caso de que no haya una expresi\u00f3n inequ\u00edvoca de voluntad anticipada? En el fallo \u201cD.\u00a0M.\u00a0A.\u201d (2015) 19<\/a>, la Corte Suprema de Justicia resalta que nunca habr\u00e1 una transferencia del poder de decisi\u00f3n a los representantes llamados a dar el consentimiento. Los valores a ser sopesados al momento de integrar la voluntad no son los de los autorizados, quienes solo pueden dar testimonio bajo declaraci\u00f3n jurada en qu\u00e9 consiste la voluntad de aquel. No deciden ni en lugar ni por el paciente sino comunicando su voluntad. El fallo remite a la \u201cGu\u00eda para el proceso de toma de decisiones relativas al tratamiento m\u00e9dico en situaciones del final de la vida\u201d, del Consejo de Europa (2014), 20<\/a> donde se clarifican los conceptos de representaci\u00f3n y apoderamiento para el cuidado de la salud y dem\u00e1s autorizados a la toma de decisiones. La gu\u00eda pone \u00e9nfasis en la necesidad de que el paciente integre el equipo de toma de decisi\u00f3n y que su voz sea tenida en cuenta en todo momento. La toma de decisi\u00f3n es un proceso complejo; no siempre se reduce a responder preguntas por s\u00ed o por no, por lo que no en todos los casos el representante ser\u00e1 un mero nuncio de la opini\u00f3n del paciente. En esta l\u00ednea de pensamiento, siempre que un ni\u00f1o, ni\u00f1a, adolescente o una persona con capacidad restringida otorgue directivas anticipadas por escrito, deber\u00e1n respetarse y solo podr\u00e1n ser dejadas de lado con fundamento en la violaci\u00f3n de principios legales o constitucionales.<\/p>\n
Cabe recordar que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 60 del C\u00f3digo establece que la persona puede designar representante para expresar el consentimiento para los actos m\u00e9dicos y para ejercer su curatela. Puede elegir a cualquier persona, sin limitaci\u00f3n. Solo en caso de que no haya designado representante se aplicar\u00e1 supletoriamente la regla del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6 de la Ley 26529. Asimismo, este derecho puede ser conculcado solo en el caso de que la sentencia contuviese restricciones al ejercicio del derecho personal\u00edsimo a dar consentimiento informado, designar representante para el acto m\u00e9dico u otorgar directivas anticipadas. 21<\/a><\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
5. Conclusiones<\/h2>\n
\u25a0 No nos cabe ninguna duda de que el sistema de capacidad establecido por el C\u00f3digo Civil y Comercial, interpretado a la luz de la Constituci\u00f3n y de las Convenciones Internacionales (tal como lo ordena en su art.\u00a02) es el de presunci\u00f3n de capacidad de todas las personas, con l\u00edmites o excepciones legales o por orden judicial.<\/p>\n
\u25a0 En virtud de los principios convencionales, ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y personas con capacidad restringida tienen derecho a ser o\u00eddos y a que sus manifestaciones queden plasmadas en actas notariales o judiciales.<\/p>\n
\u25a0 Los notarios deberemos obligatoriamente recepcionar las manifestaciones que hagan aquellos a fin de que puedan ser ponderadas al momento de una eventual p\u00e9rdida total de discernimiento.<\/p>\n
\u25a0 La asistencia es el \u00fanico modo que tienen ni\u00f1os y personas con restricci\u00f3n a su capacidad de ejercer por s\u00ed los derechos personal\u00edsimos.<\/p>\n
\u25a0 A mayor autonom\u00eda se debe propender al mayor ejercicio personal de los derechos.<\/p>\n
\u25a0 Por el principio de autonom\u00eda progresiva consagrado legislativamente en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 26 del C\u00f3digo, la competencia bio\u00e9tica plena se adquiere a los diecis\u00e9is a\u00f1os, al equipararse al adolescente con el adulto en cuanto al cuidado del propio cuerpo. Debido a ello, las declaraciones que efect\u00faen con respecto a su vida y su salud en previsi\u00f3n de su propia falta de discernimiento ser\u00e1n verdaderas directivas anticipadas con car\u00e1cter vinculante. No hay contradicci\u00f3n alguna con el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 60, ya que son plenamente capaces en materia bio\u00e9tica.<\/p>\n
\u25a0 Las personas con restricciones a la capacidad solo podr\u00e1n ser privadas de la posibilidad de otorgar directivas anticipadas cuando la sentencia expresamente lo se\u00f1ale. Esta deber\u00e1 contener los par\u00e1metros de la asistencia que otorgar\u00e1 el apoyo en materia de cuidado de la salud.<\/p>\n
\u25a0 La directiva anticipada de salud otorgada por una persona con alguna restricci\u00f3n a la capacidad que no implique el ejercicio del cuidado del propio cuerpo deber\u00e1 ser otorgada con las formalidades requeridas y tendr\u00e1 car\u00e1cter vinculante.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
\n
- Ballarini, Luciano A., \u201cAutonom\u00eda de la voluntad en materia de salud de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (en la ley 26529, texto seg\u00fan ley 26742)\u201d, en El Derecho<\/em>, Buenos Aires, Universidad Cat\u00f3lica Argentina, 23\/4\/2014 (t.\u00a0257, p.\u00a0725).<\/li>\n
- Berbere Delgado, Jorge C., \u201cLas directivas anticipadas sobre la salud, su autenticidad y validez jur\u00eddica en un marco de especial significaci\u00f3n\u201d, en Jurisprudencia Argentina<\/em>, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 13\/5\/2015 (t.\u00a02015-II) (ver en Sistema de Informaci\u00f3n Legal de La Ley-Thomson Reuters, id. AP\/DOC\/297\/2015).<\/li>\n
- Ciruzzi, Mar\u00eda S., La autonom\u00eda del paciente pedi\u00e1trico, \u00bfmito, utop\u00eda o realidad?<\/em>, Buenos Aires, Cathedra Jur\u00eddica, 2011.<\/li>\n
- D\u2019Antonio, Daniel H., Derecho de menores<\/em>, Buenos Aires, Astrea, 1994.<\/li>\n
- Echecury, Natalia A., Graizzaro, Marianela R. y Rajmil, Romina A., \u201cReuniones de estudio del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d, en Revista del Instituto de Derecho e Integraci\u00f3n<\/em>, Rosario, Instituto de Derecho e Integraci\u00f3n – Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, N\u00ba\u00a011, 2015, pp.\u00a0179-224.<\/li>\n
- Kemelmajer de Carlucci, A\u00edda, \u201cEl derecho del ni\u00f1o a su propio cuerpo\u201d, en Bergel, S.\u00a0D. y Minyersky, Nelly (coords.), Bio\u00e9tica y derecho<\/em>, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2003, pp.\u00a0105-163.<\/li>\n
- Llorens, Luis R. y Rajmil, Alicia B., \u201cDerecho de autoprotecci\u00f3n y directivas anticipadas en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d [online], en microjuris.com. Inteligencia jur\u00eddica<\/a> [portal web], Buenos Aires, 22\/2\/2016, MJ-DOC-7622-AR, MJD7622.<\/li>\n
- \u2014 \u201c\u00bfExisten personas humanas incapaces de ejercicio en el derecho civil argentino?\u201d, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas<\/em>, Buenos Aires, La Ley, 2016 (marzo), p.\u00a0145 (AR\/DOC\/326\/2016).<\/li>\n
- Rajmil, Alicia B. y Torrens, Claudia, \u201cComentario a fallo. El inter\u00e9s superior del ni\u00f1o en relaci\u00f3n a los derechos del paciente pedi\u00e1trico. Sus implicancias en los \u00e1mbitos privados\u201d [online], en microjuris.com. Inteligencia jur\u00eddica<\/a> [portal web], Buenos Aires, 7\/8\/2014, MJ-DOC-6827-AR, MJD6827.<\/li>\n
- Verdugo Alonso, Miguel \u00c1., \u201cAportaciones de la definici\u00f3n de retraso mental (AAMR, 2002) a la corriente inclusiva de las personas con discapacidad<\/a>\u201d [online], publicado en Servicio de Informaci\u00f3n sobre Discapacidad<\/a> [portal web de la Universidad de Salamanca], [s. f.], [s. e.]. 22<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>
Notas<\/h6>\n
\n\n*<\/a>.<\/strong> Versi\u00f3n revisada y corregida \u2013especial para la Revista del Notariado<\/em>\u2013 del trabajo presentado por las autoras en la XXXII Jornada Notarial Argentina (Buenos Aires, 24-26 agosto 2016). Asimismo, se le han incluido desde la redacci\u00f3n hiperv\u00ednculos a textos legales, jurisprudencia, doctrina e informaci\u00f3n de utilidad.<\/p>\n<\/div>\n
\n1<\/a>.<\/strong> Llorens, Luis R. y Rajmil, Alicia B., \u201cDerecho de autoprotecci\u00f3n y directivas anticipadas en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d [online], en microjuris.com. Inteligencia jur\u00eddica<\/a> [portal web], Buenos Aires, 22\/2\/2016, MJ-DOC-7622-AR, MJD7622.<\/p>\n<\/div>\n
\n2<\/a>.<\/strong> XXXI Jornada Notarial Argentina (C\u00f3rdoba, 7-9 agosto 2014), Conclusiones<\/a>, Comisi\u00f3n IV, de lege lata<\/em>, punto 7), p.\u00a019.<\/p>\n<\/div>\n
\n3<\/a>.<\/strong> Llorens, Luis R. y Rajmil, Alicia B., \u201c\u00bfExisten personas humanas incapaces de ejercicio en el derecho civil argentino?\u201d, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas<\/em>, Buenos Aires, La Ley, 2016 (marzo), p.\u00a0145 (AR\/DOC\/326\/2016).<\/p>\n<\/div>\n
\n4<\/a>.<\/strong> Ver Echecury, Natalia A., Graizzaro, Marianela R. y Rajmil, Romina A., \u201cReuniones de estudio del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d, en Revista del Instituto de Derecho e Integraci\u00f3n<\/em>, Rosario, Instituto de Derecho e Integraci\u00f3n – Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, N\u00ba\u00a011, 2015, p.\u00a0182. [N.\u00a0del E.: ver aqu\u00ed<\/a> {extra\u00eddo del portal oficial del IDeI en http:\/\/www.escribanos-stafe2da.org.ar\/<\/a>}].<\/p>\n<\/div>\n
\n5<\/a>. <\/strong>\u00cddem, p.\u00a0184. [N.\u00a0del E.: ver aqu\u00ed<\/a> {extra\u00eddo del portal oficial del IDeI en http:\/\/www.escribanos-stafe2da.org.ar\/<\/a>}].<\/p>\n<\/div>\n
\n6<\/a>.<\/strong> \u00cddem, pp.\u00a0194 y 195. [N.\u00a0del E.: ver aqu\u00ed<\/a> {extra\u00eddo del portal oficial del IDeI en http:\/\/www.escribanos-stafe2da.org.ar\/<\/a>}].<\/p>\n<\/div>\n
\n7<\/a>.<\/strong> Verdugo Alonso, Miguel \u00c1., \u201cAportaciones de la definici\u00f3n de retraso mental (AAMR, 2002) a la corriente inclusiva de las personas con discapacidad<\/a>\u201d [online], publicado en Servicio de Informaci\u00f3n sobre Discapacidad<\/a> [portal web de la Universidad de Salamanca], [s. f.], [s. e.].<\/p>\n<\/div>\n
\n8<\/a>.<\/strong> Ballarini, Luciano A., \u201cAutonom\u00eda de la voluntad en materia de salud de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (en la ley 26529, texto seg\u00fan ley 26742)\u201d, en El Derecho<\/em>, Buenos Aires, Universidad Cat\u00f3lica Argentina, 23\/4\/2014 (t.\u00a0257, p.\u00a0725).<\/p>\n<\/div>\n
\n9<\/a>.<\/strong> Ciruzzi, Mar\u00eda S., La autonom\u00eda del paciente pedi\u00e1trico, \u00bfmito, utop\u00eda o realidad?<\/em>, Buenos Aires, Cathedra Jur\u00eddica, 2011, p.\u00a031.<\/p>\n<\/div>\n
\n10<\/a>.<\/strong> United Kingdom House of Lords, 17\/10\/1985, \u201cGillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority\u201d [N.\u00a0del E.: ver texto completo aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
\n11<\/a>.<\/strong> Kemelmajer de Carlucci, A\u00edda, \u201cEl derecho del ni\u00f1o a su propio cuerpo\u201d, en Bergel, S.\u00a0D. y Minyersky, Nelly (coords.), Bio\u00e9tica y derecho<\/em>, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2003, pp.\u00a0115-119.<\/p>\n<\/div>\n
\n12<\/a>.<\/strong> Echecury, Natalia A., Graizzaro, Marianela R. y Rajmil, Romina A., ob.\u00a0cit. (cfr. nota 4), p.\u00a0188.<\/p>\n<\/div>\n
\n13<\/a>.<\/strong> Berbere Delgado, Jorge C., \u201cLas directivas anticipadas sobre la salud, su autenticidad y validez jur\u00eddica en un marco de especial significaci\u00f3n\u201d, en Jurisprudencia Argentina<\/em>, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 13\/5\/2015 (t.\u00a02015-II) (ver en Sistema de Informaci\u00f3n Legal de La Ley-Thomson Reuters [ex La Ley Online], id. AP\/DOC\/297\/2015).<\/p>\n<\/div>\n
\n14<\/a>.<\/strong> TSJ de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, 14\/10\/2003, \u201cLiga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Rep\u00fablica Argentina y otros c\/ GCBA s\/ Acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad\u201d, causa N\u00ba\u00a0480\/00 (La Ley, t.\u00a02004-B, con nota de Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez; Doctrina Judicial<\/em>, t.\u00a02004-1, p.\u00a0258, con nota de Laura Julieta Casas y Claudia In\u00e9s L\u00f3pez; AR\/JUR\/3606\/2003). [N.\u00a0del E.: descargar sumarios oficiales<\/a> en pdf {pp.\u00a05-31} y texto completo<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
\n15<\/a>.<\/strong> CNCiv., Sala C, 3\/10\/1996, \u201cP., V.\u00a0A.\u201d (La Ley, t.\u00a01997-D, p.\u00a0100; AR\/JUR\/3711\/1996).<\/p>\n<\/div>\n
\n16<\/a>.<\/strong> D\u2019Antonio, Daniel H., Derecho de menores, Buenos Aires, Astrea, 1994, p.149.<\/p>\n<\/div>\n
\n17<\/a>.<\/strong> Ciruzzi, Mar\u00eda S., ob.\u00a0cit. (cfr. nota 9), p.\u00a064.<\/p>\n<\/div>\n
\n18<\/a>.<\/strong> Rajmil, Alicia B. y Torrens, Claudia, \u201cComentario a fallo. El inter\u00e9s superior del ni\u00f1o en relaci\u00f3n a los derechos del paciente pedi\u00e1trico. Sus implicancias en los \u00e1mbitos privados\u201d [online], en microjuris.com. Inteligencia jur\u00eddica<\/a> [portal web], Buenos Aires, 7\/8\/2014, MJ-DOC-6827-AR, MJD6827.<\/p>\n<\/div>\n
\n19<\/a>.<\/strong> CSJN, 7\/7\/2015, \u201cD., M.\u00a0A. s\/ Declaraci\u00f3n de incapacidad\u201d (CSJ 376\/2013) (Fallos<\/em>, t.\u00a0338, p.\u00a0556 [N.\u00a0del E.: ver dictamen de la procuradora aqu\u00ed<\/a> y texto completo del fallo<\/a> {la referencia a la \u201cGu\u00eda\u2026\u201d del Consejo de Europa se ubica en pp.\u00a019 y ss. Ver tambi\u00e9n a continuaci\u00f3n los datos del fallo de la provincia de Neuqu\u00e9n que dieron lugar al recurso extraordinario: TSJ de Neuqu\u00e9n, 19\/4\/2013, \u201cD., M.\u00a0A. s\/ Declaraci\u00f3n de incapacidad\u201d {sumarios y texto completo aqu\u00ed<\/a>}]).<\/p>\n<\/div>\n
\n20<\/a>.<\/strong> [N.\u00a0del E.: ver aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
\n21<\/a>. <\/strong>C\u00e1m. Civ. y Com. de Mar del Plata, Sala III, 22\/12\/2015, \u201cD., J. s\/ Insania y curatela\u201d, expte. 159079 (El Derecho<\/em>, t.\u00a0267, p.\u00a0107; La Ley Online, AR\/JUR\/62305\/2015; ver tambi\u00e9n en http:\/\/www.scba.gov.ar\/<\/a>, c\u00f3digo RSD 283\/15 [texto completo aqu\u00ed<\/a>]).<\/p>\n<\/div>\n