{"id":3813,"date":"2016-09-09T19:42:09","date_gmt":"2016-09-09T19:42:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=3813"},"modified":"2018-07-12T12:02:20","modified_gmt":"2018-07-12T15:02:20","slug":"editorial-no-923","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2016\/09\/editorial-no-923\/","title":{"rendered":"Editorial N\u00ba 923"},"content":{"rendered":"

\"horizonte<\/a><\/p>\n

Imagen:<\/em> Stiller Beobachter<\/a>, CC<\/a><\/sup><\/pre>\n
 <\/p>\n
Este a\u00f1o 2016 es muy trascendente para el notariado: el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires celebra sus primeros 150 a\u00f1os de vida. Y este a\u00f1o aniversario coincide con un suceso de importancia institucional para nuestra funci\u00f3n: la designaci\u00f3n de la escribana de esta ciudad Cecilia Herrero de Pratesi (presidente de nuestro Colegio en el per\u00edodo 2013-2015) como directora del Registro de la Propiedad Inmueble. Nuevamente un escribano al frente de este organismo.<\/p>\n
El Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio han compartido una parte significativa de esa historia. Cuando en 1881 se federaliz\u00f3 Buenos Aires, y como consecuencia de su declaraci\u00f3n como capital de la Rep\u00fablica, se dict\u00f3 la Ley 1144 de Organizaci\u00f3n de la Justicia en la Capital Federal, del Registro de la Propiedad y del Archivo de los Tribunales, que, entre otras cosas, estableci\u00f3 que \u201cLa administraci\u00f3n de justicia de la Capital de la Rep\u00fablica ser\u00e1 desempe\u00f1ada por las autoridades siguientes, alcaldes, jueces de paz, jueces de mercado, jueces letrados, c\u00e1maras de apelaci\u00f3n y dem\u00e1s funcionarios que en esta ley se determinan\u201d. Dentro de esos funcionarios determinados estaban los escribanos.<\/p>\n
 <\/p>\n
N\u00famero monogr\u00e1fico: inhibiciones<\/strong><\/p>\n
Desde hace a\u00f1os la cuesti\u00f3n de las inhibiciones ha suscitado debate entre los estudiosos del derecho notarial, en virtud del estrecho v\u00ednculo que esta figura presenta con el ejercicio cotidiano de la funci\u00f3n. Esta circunstancia no result\u00f3 inadvertida por la Academia Nacional del Notariado, quien recept\u00f3 estas discusiones, desarroll\u00e1ndolas en sus reuniones.<\/p>\n
Como fruto de estos encuentros y los diversos enfoques que mereci\u00f3 la figura de la inhibici\u00f3n general de bienes, la Academia elabor\u00f3 una serie de conclusiones mayoritarias que pueden ser consultadas en la Revista del Notariado<\/em> n\u00ba 919<\/a>.<\/p>\n
Dada la riqueza del tema y la existencia de posiciones divergentes, se consider\u00f3 necesario difundir aquellas opiniones que sustentaron el debate en el seno de la Academia. Con el fin de presentar la pluralidad de voces, incluso las minoritarias, se decidi\u00f3 dedicar las p\u00e1ginas de este n\u00famero monogr\u00e1fico a los textos que sirvieron de base a las exposiciones realizadas por los miembros de n\u00famero durante el desarrollo de estos debates.<\/p>\n
Debe advertirse al lector que estos textos fueron elaborados antes de la sanci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y Comercial Ley 26994 y algunos de ellos no han sido modificados para su publicaci\u00f3n en la Revista del Notariado<\/em>.<\/p>\n
Tambi\u00e9n queremos traer al presente un dato que quiz\u00e1s solo recuerden los que tienen muchos a\u00f1os de ejercicio profesional: la posibilidad que hubo hace a\u00f1os de inscribir en el Registro de la Propiedad de la Capital Federal \u2013y tambi\u00e9n otros registros de nuestro pa\u00eds\u2013 inhibiciones voluntarias. En este proceso, el notariado tom\u00f3 activa participaci\u00f3n en la anotaci\u00f3n de inhibiciones voluntarias, que se hac\u00edan directamente ante un escribano.<\/p>\n
Este tema tiene antecedentes curiosos, como la inhibici\u00f3n gen\u00e9rica implantada\u00a0por Juan Manuel de Rosas, que prohib\u00eda a los escribanos escriturar bienes a favor de los unitarios, usando para eso sanciones concretas y otras que denominaba \u201carbitrarias\u201d.<\/p>\n
El sistema de la inhibici\u00f3n voluntaria era simple, de poco costo y daba una protecci\u00f3n registral adecuada. Las discusiones sobre el tema fueron largas y, al final, se prohibieron. No lo cuestionamos: hay argumentos a favor de ellas y tambi\u00e9n en contra.<\/p>\n
Durante un tiempo, gracias a una doctrina favorable y a una costumbre que se hab\u00eda arraigado, el Registro acept\u00f3 la inscripci\u00f3n de inhibiciones voluntarias tanto generales como especiales. Para hacerlo, exig\u00eda que surgieran de un documento notarial en el que las partes la establec\u00edan.<\/p>\n
Alrededor del a\u00f1o 1970 estas inhibiciones comenzaron a cuestionarse, aleg\u00e1ndose que no ten\u00edan sustento en la legislaci\u00f3n vigente. Los que se opon\u00edan a la constituci\u00f3n e inscripci\u00f3n de inhibiciones voluntarias lo hac\u00edan basados en el art\u00edculo 2612 del C\u00f3digo Civil de V\u00e9lez, que establec\u00eda: \u201cEl propietario de un inmueble no puede obligarse a no enajenarlo y si lo hiciere la enajenaci\u00f3n ser\u00e1 v\u00e1lida, sin perjuicio de las acciones personales que el acto puede constituir contra \u00e9l\u201d.<\/p>\n
La doctrina contraria sosten\u00eda que cualquier deudor u obligado puede limitar el alcance de sus derechos o renunciarlos, dentro del principio de la autonom\u00eda de la voluntad (art.\u00a01197 C. Civil de V\u00e9lez) y que se puede, en consecuencia, contraer una obligaci\u00f3n de no hacer, utilizando la formalidad que se considere conveniente. Sosten\u00edan que el que se inhib\u00eda voluntariamente no se obligaba a no enajenar el inmueble para siempre, sino a no disponer de \u00e9l moment\u00e1neamente, mientras existiera la obligaci\u00f3n por la cual hab\u00eda ofrecido la inhibici\u00f3n como garant\u00eda. Una vez cumplida esta, se levantaba la inhibici\u00f3n y volv\u00eda a tener la plena disponibilidad.<\/p>\n
La inhibici\u00f3n voluntaria ten\u00eda la ventaja de impedir la insolventaci\u00f3n s\u00fabita del deudor. Con estas inhibiciones se consegu\u00eda la inmovilizaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes del deudor, pues no pod\u00eda vender ni gravar ninguno de los inmuebles que tuviera en su patrimonio, si era general, en la jurisdicci\u00f3n o jurisdicciones donde se inscribiera.<\/p>\n
Se hac\u00edan muchas inhibiciones voluntarias generales y tambi\u00e9n especiales sobre un bien determinado, basadas en la doctrina defendida principalmente por los escribanos Francisco Fontbona, Miguel Falbo y Ra\u00fal Garc\u00eda Coni. Ten\u00edan como antecedente la Resoluci\u00f3n 830\/1925 del Registro de la Propiedad de la Capital Federal, que hab\u00eda dispuesto que las cl\u00e1usulas y obligaciones mencionadas en el art\u00edculo 17 del decreto reglamentario de la Ley del Registro de la Propiedad del a\u00f1o 1903 y otras denominadas inhibiciones voluntarias se inscribieran mediando solicitud expresa de los interesados o en cumplimiento de mandato judicial. Si bien no hab\u00eda una ley que la justificara, tampoco exist\u00eda una que las prohibiera. El resultado era semejante al que proven\u00eda de una resoluci\u00f3n judicial, es decir, la limitaci\u00f3n del poder dispositivo del deudor.<\/p>\n
Mientras esto se discut\u00eda hubo una resoluci\u00f3n judicial que dispuso se inscribiera en el Registro de la Propiedad de la Capital Federal una escritura por la cual un deudor se obligaba a no enajenar sus bienes ra\u00edces hasta el momento en que pudiera hipotecarlos. Este precedente fue visto por algunos autores como una institucionalizaci\u00f3n. La Sala A de la C\u00e1mara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal, el 19 de agosto de 1968, determin\u00f3:<\/p>\n
La inhibici\u00f3n voluntaria no tiene prioridad sobre los embargos, ya que la ley s\u00f3lo concede privilegio al acreedor embargante, no ocurriendo lo propio con el inhibiente voluntario, quien al carecer de amparo legal, es postergado en su derecho por aquel. El inhibiente debe, cuando posee t\u00edtulo ejecutivo, solicitar embargo de bienes concretos y lograr de tal manera la preferencia que corresponda seg\u00fan la fecha o inscripci\u00f3n de los respectivos embargos, y ello resulta de los art\u00edculos 2368, 3875 y 3876 del C\u00f3d. Civil.1<\/a><\/p>\n
El fallo no merece ning\u00fan reparo, no trae nada en contra de la inhibici\u00f3n voluntaria y fue considerado como favorable.<\/p>\n
Quien tiene la inhibici\u00f3n voluntaria no pretende tener un privilegio en el cobro; solo impedir que el deudor pueda insolventarse vendiendo antes de que cumpla la obligaci\u00f3n que tiene con el acreedor. En el a\u00f1o 1969, el Registro dispuso que fueran rechazadas sin m\u00e1s tr\u00e1mite las cl\u00e1usulas de constituci\u00f3n de inhibiciones voluntarias tra\u00eddas a su toma de raz\u00f3n cuando fueran relativas a un bien determinado. Esta resoluci\u00f3n se emiti\u00f3 fundamentalmente por motivos operativos, porque si la inhibici\u00f3n era gen\u00e9rica se asentaba en el Registro de Anotaciones Personales, pero si era sobre un bien determinado, el asiento ten\u00eda que hacerse en el Folio Real del inmueble.<\/p>\n
En 1974, un fallo de la C\u00e1mara Nacional Civil de la Capital Federal, Sala A, es\u00adtableci\u00f3:<\/p>\n
\n
La inhibici\u00f3n voluntaria como acto restrictivo de la libertad de disposici\u00f3n jur\u00eddica de un inmueble, requiere la debida publicidad para amparar eventuales derechos de terceros y entra dentro de las previsiones del art.\u00a030 de la ley 17801.2<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n
Con respecto a este fallo, se opin\u00f3 que solo produc\u00eda efectos con respecto al caso concreto y no obligaba al Registro de la Propiedad a adoptar el criterio con car\u00e1cter general.<\/p>\n
En el a\u00f1o 1976, el Registro dict\u00f3 la Disposici\u00f3n 18, que estableci\u00f3 que a partir del 1\u00ba de enero de 1977 se rechazaran sin m\u00e1s tr\u00e1mite los documentos que se pretendiese registrar con car\u00e1cter de inhibici\u00f3n voluntaria, cualquiera fuera la f\u00f3rmula contractual o denominaci\u00f3n adoptada y los sujetos intervinientes. No obstante, los defensores de la inhibici\u00f3n voluntaria alegaron que en los folios se practicaban otros asientos de car\u00e1cter puramente voluntario, que tampoco equival\u00edan a derechos reales, como, por ejemplo, la afectaci\u00f3n de inmuebles al r\u00e9gimen de bien de familia o a su indivisi\u00f3n temporal (Ley 14394), la promesa de venta de lotes de terrenos con precio aplazado (Ley 14005), la afectaci\u00f3n y promesa de venta de unidades de vivienda por el r\u00e9gimen de prehorizontalidad (Ley 19724), las preanotaciones hipotecarias que solicitaban los bancos oficiales y la cesi\u00f3n de derechos hereditarios. Adem\u00e1s, argumentaron con la Ley 17801, art\u00edculo 2: \u201c\u2026\u00a0para su publicidad, oponibilidad a terceros y dem\u00e1s previsiones de esta ley, en los mencionados Registros se inscribir\u00e1n o anotar\u00e1n, seg\u00fan corresponda, los siguientes documentos […] los que dispongan embargos, inhibiciones y dem\u00e1s providencias cautelares\u201d; y art\u00edculo 3: \u201c\u2026\u00a0para que los documentos mencionados en el art\u00edculo anterior puedan ser inscriptos o anotados, deber\u00e1n reunir los siguientes requisitos: a) estar constituidos por escritura notarial o resoluci\u00f3n judicial o administrativa seg\u00fan legalmente corresponda\u201d. Resumiendo, del art\u00edculo 3 resultaba que tales documentos deb\u00edan estar constituidos por escritura notarial o resoluci\u00f3n; tener las formalidades legales y estar autorizados por quien estuviera facultado al efecto; y el art\u00edculo 2 permit\u00eda su inscripci\u00f3n.<\/p>\n
El art\u00edculo 30 dice que el Registro tendr\u00e1 secciones donde se anotar\u00e1n: la \u201cdeclaraci\u00f3n\u201d de la inhibici\u00f3n de las personas para disponer \u201clibremente\u201d de sus bienes y toda otra registraci\u00f3n de \u201ccar\u00e1cter personal\u201d que dispusieran las leyes nacionales o provinciales y que incidiera sobre el Estado o \u201cla disponibilidad jur\u00eddica de los inmuebles\u201d. El art\u00edculo 31, que tales anotaciones, cuando fuere procedente, se relacionaran en el folio del inmueble que corresponda. El art\u00edculo 32 complicaba la situaci\u00f3n de los partidarios de la inhibici\u00f3n voluntaria. De cualquier manera, el Registro de la Capital dej\u00f3 de anotarlas.<\/p>\n
En el a\u00f1o 1980, se dicta el Decreto 2080, cuyo art\u00edculo 3 establece: \u201cNo se registrar\u00e1n los documentos que no se hallen contemplados en el art\u00edculo 2 de la Ley 17801, en especial […] d) los que contengan restricciones voluntarias de disponer de los bienes-particulares o generales, sea que se presenten bajo la denominaci\u00f3n de inhibiciones voluntarias o cualquiera otra\u201d. Para algunos autores, con esto se termin\u00f3 el problema; para otros, no y alegan que hay normas posteriores que permiten realizarlas nuevamente.<\/p>\n
Luego de presentar esta somera introducci\u00f3n sobre los antecedentes del tema, nos despedimos afectuosamente.<\/p>\n
El Director<\/em><\/p>\n
 <\/p>\n
Notas<\/sup><\/strong><\/p>\n
\n
\n
1<\/a>.<\/strong> CNCom., Sala A, 19\/8\/1968, \u201cFreschi, Ilda I. en Casa Ruybal SRL c\/ Sali, Ana C. y otros\u201d (La Ley<\/em>, t.\u00a0134, p.\u00a0233).<\/p>\n<\/div>\n
\n
2<\/a>.<\/strong> CNCiv., Sala A, 1974, \u201cTorterola, Juan, Esc. Recurso de apelaci\u00f3n\u201d (Revista del Notariado<\/em>, n\u00ba 738, p.\u00a02323).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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