{"id":3771,"date":"2016-09-09T19:35:30","date_gmt":"2016-09-09T19:35:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=3771"},"modified":"2022-01-20T08:56:19","modified_gmt":"2022-01-20T11:56:19","slug":"inhibiciones-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2016\/09\/inhibiciones-3\/","title":{"rendered":"Inhibiciones"},"content":{"rendered":"
\n<\/a>

\"abstract<\/a><\/h2>\n
Imagen:<\/em> Tanakawho<\/a>, CC\r\n\r\n<\/a><\/sup><\/pre>\n
\u00c1ngel F. Cer\u00e1volo<\/strong>\u00a0(ver bio<\/a>)<\/p>\n
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Resumen<\/span>:<\/strong> La inhibici\u00f3n general de bienes es una medida cautelar regulada en los c\u00f3digos procedimentales locales. Tiene como efecto sustancial el cercenamiento del poder de disposici\u00f3n de la persona inhibida, afectando su legitimaci\u00f3n respecto de los bienes inscriptos en el registro donde la medida se anota.<\/p>\n<\/div>\n
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1. La inhibici\u00f3n general de bienes<\/h2>\n
La inhibici\u00f3n general de bienes es una medida cautelar procesal, subsidiaria del embargo, que provoca, \u00fanicamente respecto de los bienes inscriptos en el Registro donde la medida se anota, la restricci\u00f3n del poder de disposici\u00f3n de los mismos, afectando de tal manera la legitimaci\u00f3n de su titular respecto de tales bienes. Hay consenso en la doctrina en que la medida importa la \u201cprohi\u00adbici\u00f3n o interdicci\u00f3n de transferir, modificar o gravar bienes ra\u00edces o derechos reales sobre ellos\u201d. 1<\/a><\/p>\n
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2. Su regulaci\u00f3n como medida procesal<\/strong><\/h2>\n
Su regulaci\u00f3n, en cuanto a los requisitos de procedencia y a su dictado, corresponde a los c\u00f3digos procedimentales locales, en el marco de la reserva del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 75, inciso 12, de la Constituci\u00f3n Nacional<\/a>. En raz\u00f3n de ello, en el marco de las discusiones sobre el tema en las distintas sesiones de la Academia Nacional del Notariado, se ha expresado que sus efectos son solo de \u00edndole procesal.<\/p>\n
Nos permitimos disentir con tal afirmaci\u00f3n. Entendemos, por el contrario, que sus efectos exorbitan el proceso, no son solo \u201cprocesales\u201d en tanto en cuanto una vez anotada la medida en determinado registro, importa la prohi\u00adbici\u00f3n de disposici\u00f3n de los bienes all\u00ed inscriptos a nombre de la persona inhibida. Su efecto t\u00edpico es provocar el cercenamiento del poder de disposici\u00f3n del inhibido respecto de los bienes inscriptos a su nombre en determinado registro; respecto de ellos, se restringe su legitimaci\u00f3n, usada esta locuci\u00f3n en sentido estricto (no comprensiva de la capacidad de derecho), sustancial (poder de disposici\u00f3n; relaci\u00f3n sustancial sujeto-objeto), y no procesal (legitimaci\u00f3n procesal activa o pasiva \u2013actor, demandado\u2013).<\/p>\n
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3. Registraci\u00f3n de la medida. Alcances<\/strong><\/h2>\n
La medida tiene efectos desde su anotaci\u00f3n, esto es, a partir de su toma de raz\u00f3n por parte del Registro, a partir de la cual toma estado p\u00fablico y es oponible a terceros (cfr. arts.\u00a030 inc.\u00a0a y 32 Ley 17801<\/a>). Existe discrepancia en la jurisprudencia en el sentido de si solo se aplica a inmuebles, muebles registrables y a los derechos reales sobre ellos, 2<\/a> o si, como creemos, se puede aplicar a todo bien registrable. En el \u00faltimo sentido se ha expresado:<\/p>\n
Si bien, en principio, la inhibici\u00f3n general de bienes comprende a los inmuebles, puede hacerse efectiva tambi\u00e9n sobre otros bienes del deudor que cuenten con una forma espec\u00edfica de registraci\u00f3n y publicidad (fondo de comercio, dep\u00f3sitos bancarios, automotores, prenda con registro, etc.). Ello es as\u00ed porque el art.\u00a0228 del C\u00f3d. Procesal no alude espec\u00edficamente a los inmuebles, sino a los bienes del deudor, y en tanto sea posible individualizarlos a trav\u00e9s de la inscripci\u00f3n en los registros de publicidad, no hay motivos para limitar su alcance (conf. Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, \u201cC\u00f3digos\u2026\u201d, t.\u00a0III, p.\u00a0251). 3<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Los Registros tienen un principio de especialidad por materia y objeto de registraci\u00f3n y una eficacia territorial fijada por ley. Va de suyo, sin embargo, que un juez puede trabar dicha medida en un registro de otra demarcaci\u00f3n territorial o aun en varios registros y territorios si as\u00ed lo entiende conveniente, en orden a la expresada limitaci\u00f3n territorial de los registros, lo cual es, por lo dem\u00e1s, muy habitual y permitido seg\u00fan el procedimiento regulado por la Ley 22172<\/a>.<\/p>\n
Cabe agregar que el funcionario interviniente en el acto que requiera el previo pedido de inhibiciones ha de hacerlo exclusivamente en el registro correspondiente al bien que ha de ser objeto de un acto de disposici\u00f3n; de ning\u00fan modo es exigible el pedido respecto del registro correspondiente a su domicilio o del disponente del bien de que se trate, de ser distintos. En otras palabras, si una persona domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires otorga una escritura de venta de un inmueble de Salta ante un escribano de La Pampa, solo habr\u00e1 que pedir certificado de inhibiciones en Salta; no en el domicilio del disponente ni en el del lugar donde se ha de realizar el contrato.<\/p>\n
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4. Situaci\u00f3n de las personas cuya capacidad fuere restringida, los condenados penalmente y los fallidos<\/h2>\n
En los supuestos de las personas con capacidad restringida o inhabilitados y los condenados a m\u00e1s de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n o reclusi\u00f3n, la medida es estrictamente una interdicci\u00f3n y no una inhibici\u00f3n. En este supuesto, su alcance es sustancialmente distinto, en la medida en que la medida procesal anoticia la existencia de un proceso o de una resoluci\u00f3n del juez que restringe la capacidad de la persona.<\/p>\n
A diferencia de lo expresado en el apartado anterior, en el supuesto del fallido importa tambi\u00e9n \u2013como en general\u2013 una restricci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n, y no a su capacidad. De hecho, el fallido conserva su poder de disposici\u00f3n respecto de los bienes adquiridos con posterioridad al decreto de quiebra. Con respecto a la traba de inhibiciones que impone la Ley Concursal<\/a> y sus efectos, en raz\u00f3n de la complejidad de la cuesti\u00f3n y lo limitado del temario determinado para esta exposici\u00f3n, nos remitimos a lo que expres\u00e1ramos en 2008. 4<\/a><\/p>\n
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5. Efectos de la inhibici\u00f3n general de bienes. Cercenamiento de la legitimaci\u00f3n sustancial<\/strong><\/h2>\n<\/a>
5.1. El concepto de legitimaci\u00f3n<\/h3>\n<\/a>
5.1.1. La diferenciaci\u00f3n entre capacidad y legitimaci\u00f3n en la doctrina moderna<\/h4>\n
En los primeros tiempos de la dogm\u00e1tica jur\u00eddica moderna, se sol\u00eda subsumir el concepto de legitimaci\u00f3n dentro del de capacidad. Modernamente, con la finalidad de precisar ciertas vicisitudes que pueden acompa\u00f1ar la celebraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos, la doctrina se ha ocupado de caracterizar el concepto de legitimaci\u00f3n, distingui\u00e9ndolo del de capacidad.<\/p>\n
Se le atribuye a Carnelutti 5<\/a> el m\u00e9rito de haber profundizado el concepto de legitimaci\u00f3n, diferenci\u00e1ndolo adecuadamente del de capacidad:<\/p>\n
\u2026\u00a0la legitimaci\u00f3n consiste en el deber ser o no ser el agente, o tambi\u00e9n el paciente, sujeto de una relaci\u00f3n jur\u00eddica respecto del bien sobre el cual se desarrolla el hecho, para que \u00e9ste produzca determinadas consecuencias de derecho. Por eso, la legitimaci\u00f3n pone t\u00e9rmino al ciclo de los requisitos est\u00e1ticos del hecho y realiza la uni\u00f3n entre \u00e9ste y la situaci\u00f3n jur\u00eddica inicial, en el sentido de que a determinados hechos, o mejor, actos jur\u00eddicos, es decir, a la eficacia jur\u00eddica de determinados hechos o actos materiales, la ley ofrece como premisa necesaria no ya que el agente y el paciente puedan ser, sino que sean verdaderamente los sujetos de la situaci\u00f3n jur\u00eddica inicial y, por tanto, la efectiva coincidencia entre los sujetos activo y pasivo del acto y los sujetos de la situaci\u00f3n, sobre la cual, determinado el cambio, el acto se destina a producir sus efectos\u2026 6<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Como puede advertirse en las ideas de Carnelutti, la legitimaci\u00f3n involucra tanto la situaci\u00f3n del sujeto en relaci\u00f3n con otro sujeto (sujeto activo-sujeto pasivo) como la del sujeto en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n particular que pretende regular (relaci\u00f3n sujeto-\u00adobjeto).<\/p>\n
Sin embargo, es Betti 7<\/a> quien delimita ajustadamente el alcance del concepto. Este autor expresa que el orden jur\u00eddico puede exigir que los elementos constitutivos del negocio (forma, contenido, causa) sean configurados de determinada manera o, de otro modo, disponer que el negocio<\/p>\n
\u2026\u00a0no despliegue eficacia si no le acompa\u00f1an ciertas circunstancias que, si bien son extr\u00ednsecas al negocio en s\u00ed considerado, se integran en el seno de una compleja situaci\u00f3n de hecho (inicial) de la que forman parte y en la que el negocio se inserta.<\/p><\/blockquote>\n
De tal forma, seg\u00fan este autor, los presupuestos de validez del negocio se agrupan en tres categor\u00edas, seg\u00fan afecten: 1) al sujeto del negocio, 2) al objeto del negocio, en s\u00ed considerado, 3) a la situaci\u00f3n del sujeto respecto del objeto. En la primera hip\u00f3tesis, se trata de la capacidad; en la segunda, de la idoneidad del objeto; en la tercera, de la legitimaci\u00f3n para el negocio. Por ello, mientras capacidad<\/em> es la aptitud intr\u00ednseca de la parte para dar vida a negocios jur\u00eddicos, legitimaci\u00f3n<\/em> es la idoneidad para hacer surgir negocios jur\u00eddicos que tengan un determinado objeto, en virtud de una relaci\u00f3n en que la parte se encuentra, o se pone, con el objeto del acto. 8<\/a><\/p>\n
Betti define la legitimaci\u00f3n de la parte<\/p>\n
\u2026\u00a0como su competencia para alcanzar o soportar los efectos jur\u00eddicos de la reglamentaci\u00f3n de intereses que ha aspirado, la cual resulta de una espec\u00edfica posici\u00f3n del sujeto respecto a los intereses que se trata de regular.<\/p><\/blockquote>\n
Y, por ello, aclara que<\/p>\n
\u2026\u00a0problema de la legitimaci\u00f3n es el de considerar qui\u00e9n, y frente a qui\u00e9n, puede correctamente concluir el negocio para que \u00e9ste pueda desplegar los efectos jur\u00eddicos conformes a su funci\u00f3n y congruentes con la intenci\u00f3n pr\u00e1ctica normal de las partes. Seg\u00fan la idea de la autonom\u00eda privada, tales efectos habr\u00e1n, por principio, de quedar circunscritos a la esfera jur\u00eddica de las partes; para que se produzcan deber\u00e1n aquellas estar revestidas de una espec\u00edfica posici\u00f3n respecto a la materia del negocio. [\u2026] Al precisar ahora en qu\u00e9 consista esta espec\u00edfica posici\u00f3n de las partes ha de exponerse que la regla fundamental en este tema de la legitimaci\u00f3n es la de la identificaci\u00f3n o coincidencia entre el sujeto del negocio (o el sujeto para el que el negocio es realizado) y el sujeto de los intereses, y por ello, de las relaciones jur\u00eddicas sobre las que vierte el negocio. En esta coincidencia estriba la que podr\u00eda llamarse legitimaci\u00f3n ordinaria o normal. Y as\u00ed se descubre c\u00f3mo la teor\u00eda de la legitimaci\u00f3n tiene sus ra\u00edces en el concepto dominante de toda esta materia; en concepto de la autonom\u00eda privada. Cada uno tiene una esfera propia de competencia dispositiva; \u00e1rbitro de sus propios intereses de \u00e9stos solamente, no puede, regularmente, injerirse en los intereses ajenos. Por ello, cada uno dispone de las cosas propias; renuncia a los derechos propios, enajena los bienes propios, adquiere para s\u00ed, asume obligaciones para s\u00ed, y correlativamente, impugna su propio acto de disposici\u00f3n o de obligaci\u00f3n en las hip\u00f3tesis permitidas por la ley, lo confirma si es inv\u00e1lido, lo revoca si es revocable. 9<\/a><\/p><\/blockquote>\n
En id\u00e9ntico sentido se expresa Ladaria Caldentey, 10<\/a> al diferenciar n\u00edtidamente la capacidad de la legitimaci\u00f3n. Para este autor, la capacidad consiste en una cualidad de la persona, es decir, en un modo de ser constante. Los conceptos de capacidad jur\u00eddica y de obrar son conceptos estrictamente subjetivos. La legitimaci\u00f3n, en cambio, es la idoneidad de la persona para realizar un acto jur\u00eddico, inferida de su posici\u00f3n respecto del acto. Aparece como uno de los presupuestos que, adem\u00e1s de la capacidad, pero independientemente de ella, deben concurrir para la plena producci\u00f3n de los efectos de un acto, y, por consiguiente, es un presupuesto subjetivo-objetivo.<\/p>\n
El autor distingue tres clases o tipos de legitimaci\u00f3n:<\/p>\n