{"id":3769,"date":"2016-09-09T19:34:52","date_gmt":"2016-09-09T19:34:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=3769"},"modified":"2019-07-11T12:53:13","modified_gmt":"2019-07-11T15:53:13","slug":"la-inhibicion-general-de-bienes-y-los-conceptos-de-capacidad-legitimacion-disponibilidad-e-ineficacia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2016\/09\/la-inhibicion-general-de-bienes-y-los-conceptos-de-capacidad-legitimacion-disponibilidad-e-ineficacia\/","title":{"rendered":"La inhibici\u00f3n general de bienes y los conceptos de capacidad, legitimaci\u00f3n, disponibilidad e ineficacia"},"content":{"rendered":"
\n

\"edificio<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Imagen:  <\/em>Amr Malik<\/a>, CC\r\n<\/a><\/sup><\/pre>\n
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Jos\u00e9 C. Carminio Castagno<\/strong> (ver bio<\/a>)<\/p>\n
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Resumen<\/span>:<\/strong> La inhibici\u00f3n es una medida procesal que no altera la capacidad ni la legitimaci\u00f3n del sujeto sobre el cual recae, cuyos actos no padecen de invalidez, sino que solo son inoponibles al acreedor inhibiente.*<\/a><\/p>\n
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\n<\/a>
I<\/strong><\/h2>\n
Haciendo un poco de historia, y como imprescindible introducci\u00f3n, recuerdo que el 2 de diciembre de 2002 se celebr\u00f3 una sesi\u00f3n p\u00fablica sobre esta tem\u00e1tica, lo que demuestra que este asunto es a\u00f1ejo en la Academia (si bien entonces se plante\u00f3, quiz\u00e1 prioritariamente, para analizar la viabilidad de un Centro Nacional de Anotaciones Personales). La segunda instancia la constituy\u00f3 la sesi\u00f3n p\u00fablica del 14 de junio de 2010, en la cual el tema \u2013a cuyo estudio estaban convocados todos los miembros de n\u00famero\u2013 fue debatido por cuatro se\u00f1ores consejeros \u2013cada uno de los cuales ten\u00eda asignado un punto espec\u00edfico para su exposici\u00f3n\u2013 mientras los dem\u00e1s que hab\u00edan asistido pod\u00edan formular preguntas (pese a lo cual plante\u00e9 ya mis disidencias respecto de ciertos enfoques acerca de los conceptos que se mencionan en el t\u00edtulo de este trabajo). Con posterioridad, uno de los panelistas present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de su postura \u2013espec\u00edficamente referida a las diferencias entre los conceptos de legitimaci\u00f3n y capacidad jur\u00eddica\u2013, prosiguiendo el debate este a\u00f1o en la reuni\u00f3n del Consejo Acad\u00e9mico del 28 de abril.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
II<\/strong><\/h2>\n
Entrando en materia, destaco que existen tres diversos significados jur\u00eddicos espec\u00edficos del vocablo \u201clegitimaci\u00f3n\u201d que han sido frecuente y correctamente empleados por la dogm\u00e1tica argentina: en derecho de familia, la legitimaci\u00f3n de los hijos extramatrimoniales (hasta que fue suprimido el parentesco ileg\u00edtimo por la Ley 23264); en derecho comercial, la legitimaci\u00f3n activa y pasiva en materia de t\u00edtulos valores; y, en derecho procesal, las llamadas legitimatio ad causam<\/em> y ad procesum<\/em>. Pero el empleo de una cuarta acepci\u00f3n, de car\u00e1cter gen\u00e9rico, como uno de los tres presupuestos de validez del negocio jur\u00eddico \u2013que es la que aqu\u00ed interesa\u2013 no ha recibido un tratamiento de id\u00e9ntica frecuencia y exactitud, a mi modo de ver.<\/p>\n
A pesar de no haber sido mencionado entre quienes han tratado el tema en nuestro pa\u00eds, puedo decir que le he dedicado no pocas reflexiones a este tema, que di a conocer en varios trabajos desde hace m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os. Y como anticipo de mi opini\u00f3n, voy a permitirme recordar lo que digo, por ejemplo, en mi \u201cTeor\u00eda general del acto notarial\u201d, publicada en 1973: 1<\/a><\/p>\n
\n
El concepto cuyo tratamiento iniciamos es, quiz\u00e1, el de m\u00e1s reciente incorporaci\u00f3n a la ciencia jur\u00eddica de todos los que es nuestro prop\u00f3sito abordar. Acu\u00f1ado en su origen por la doctrina procesal, en torno a la teor\u00eda de la acci\u00f3n, penetra en el derecho privado como uno de los presupuestos del negocio jur\u00eddico y adquiere, en tal car\u00e1cter, definitiva permanencia.<\/p>\n
Por considerarlo imprescindible para nuestro prop\u00f3sito central, intentaremos su formulaci\u00f3n en base a un enfoque propio, si bien computando \u2013es obvio\u2013 los valiosos aportes de las construcciones ya elaboradas [como la Teor\u00eda general del negocio jur\u00eddico<\/em> de Emilio Betti].<\/p>\n
Para ello, es necesario se\u00f1alar, ante todo, que con capacidad, competencia y habilidad se indican \u00e1mbitos abstractos<\/em> de actuaci\u00f3n asignados a categor\u00edas igualmente abstractas: persona, \u00f3rgano y agente.<\/p>\n
El car\u00e1cter general<\/em> que, por definici\u00f3n, poseen las normas se origina, en efecto, en la imposibilidad de realizar previsiones pormenorizadas que agoten la infinita gama de relaciones que puede establecer un elenco de protagonistas en constante mutaci\u00f3n. De all\u00ed que jam\u00e1s se prescriba en atenci\u00f3n a un sujeto considerado en su individualidad<\/em>, sobre determinado objeto<\/em>, ni respecto de otros entes aprehendidos en sus peculiaridades propias<\/em>. [Por ejemplo: ocurre excepcionalmente que una norma autorice a Fulano a vender a Mengano tal bien].<\/p>\n
Por ende, la enunciaci\u00f3n gen\u00e9rica y categorial<\/em> debe ser complementada necesariamente \u2013en cada caso concreto\u2013 con m\u00faltiples operaciones de encuadre de diversos aspectos conformantes de la especie en la disposici\u00f3n normativa. Con otras palabras \u2013y ejemplificando\u2013, no basta la invocaci\u00f3n de los principios generales \u201cla capacidad es la regla\u201d (arg. arts.\u00a035, 52 y 53, C\u00f3d. Civil) y \u201clas cosas cuya enajenaci\u00f3n no sea prohi\u00adbida pueden venderse\u201d (art.\u00a01327, C\u00f3d. Civil), para concluir \u2013sin m\u00e1s\u2013 en que el ente A puede celebrar, como vendedor, un contrato de compraventa con B sobre el objeto l\u00edcito C. Para arribar a tal conclusi\u00f3n, por el contrario, se requiere establecer: a) El car\u00e1cter de persona de A y B [que, de tratarse de entes ideales, debe acreditarse fehacientemente {ya que si interviene una persona f\u00edsica, se da por sentado que lo es si exhibe \u201csignos caracter\u00edsticos de humanidad\u201d, frase empleada en el art.\u00a051}]. 2) La calidad de due\u00f1o de C [o de su apoderado o representante legal] en el vendedor [sin considerar la posible y permitida venta de cosa ajena]. 3) La inexistencia de impedimento respecto a la disposici\u00f3n de C [p. ej.: por integrar la masa de bienes del concurso o quiebra]. 4) Que no existe obs\u00adt\u00e1cu\u00adlo para la venta de la cosa a B [verbigracia: por ser c\u00f3nyuge de A]. [Advi\u00e9rtase que las operaciones se\u00f1aladas pueden y deben ser referidas asimismo a B: que no sea due\u00f1o, que no exista impedimento para comprar C y que no haya obs\u00adt\u00e1cu\u00adlo para comprar de A].<\/p>\n<\/blockquote>\n
Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, agregu\u00e9 acerca del mismo concepto \u2013como sint\u00e9tica conclusi\u00f3n en la \u201cIntroducci\u00f3n\u201d a la ponencia de la delegaci\u00f3n argentina al XIV Congreso Internacional (Guatemala, 1977), Tema II 2<\/a>\u2013:<\/p>\n
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La legitimaci\u00f3n es as\u00ed la aptitud de un ente determinado para asumir cierto rol en una situaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica con sujetos y sobre objetos precisamente individualizados. Su car\u00e1cter concreto marca, en s\u00edntesis, su diferencia con la capacidad, que implica un \u00e1mbito abstracto, como lo demuestra el hecho de que personas plenamente capaces difieran, en situaciones determinadas, en punto a legitimaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Debo advertir que ese concepto de legitimaci\u00f3n como presupuesto de validez del negocio jur\u00eddico es el que se halla en entredicho en este debate.<\/p>\n
Considero que no se trata de que me est\u00e9 refiriendo a otra legitimaci\u00f3n, entendida en el \u00e1mbito del derecho de familia, procesal o cambiario \u2013como ya he expresado\u2013, sino que las diferencias versan sobre el concepto de legitimaci\u00f3n como presupuesto negocial, divergencia que obviamente se proyecta, asimismo, a su reverso negativo (la ilegitimaci\u00f3n), seg\u00fan tratar\u00e9 de demostrar.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
III<\/strong><\/h2>\n
Previo a ello, expreso aqu\u00ed cu\u00e1l es mi prop\u00f3sito: efectuar un enfoque estrictamente t\u00e9cnico-jur\u00eddico, sin tomar en cuenta las resoluciones \u2013no siempre concordes con el derecho vigente\u2013 de los registros p\u00fablicos (que casi siempre acatan lo resuelto en las reuniones nacionales de sus directores). Me interesa menos aun lo que deciden los \u00f3rganos de superintendencia, que en ocasiones lucen irrazonables. Tampoco me siento cient\u00edficamente obligado por algunos p\u00e9simos fallos, los cuales \u2013en vez de asign\u00e1rseles el valor de muy respetables precedentes\u2013 habr\u00eda que impugnar en base a una cr\u00edtica s\u00f3lida y superadora, como ya he intentado hacer. De otro modo ser\u00e1 vana toda pretensi\u00f3n de hacer variar posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, como se ha logrado alguna vez (p. ej.: acerca de la interpretaci\u00f3n del art.\u00a023 de la Ley 17801, que evolucion\u00f3 de la primitiva tesis de la nulidad de la escritura sin certificado registral previo a la ya consagrada de la p\u00e9rdida de la reserva de prioridad).<\/p>\n
Y tambi\u00e9n, si se me permite, mi trabajo \u201cHipoteca por el cond\u00f3mino\u201d \u2013presentado en 1971, contrariando todo lo que hasta entonces se sosten\u00eda en sede judicial en cuanto a la inviabilidad de la correspondiente acci\u00f3n en el estado de indivisi\u00f3n del inmueble\u2013 gener\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s el primer fallo en que se consider\u00f3 procedente la ejecuci\u00f3n hipotecaria en el estado de indivisi\u00f3n de la cosa (fallo del juez Dr. Coghlan, Secretar\u00eda del Dr. Lloveras).<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
IV<\/strong><\/h2>\n
Aunque la cuesti\u00f3n no es distinguir capacidad de legitimaci\u00f3n sino tratar esta en s\u00ed y con respecto a la inhibici\u00f3n, lo primero resulta imprescindible para saber de qu\u00e9 estamos hablando. El quid del debate consiste en determinar si el concepto de legitimaci\u00f3n queda reducido a la relaci\u00f3n sujeto-objeto o si \u2013por el contrario, y como surge de lo que he le\u00eddo de mis anteriores trabajos\u2013 lo atinente a los recaudos referidos a los sujetos que participar\u00e1n por s\u00ed o en representaci\u00f3n en el negocio \u2013tanto los que deben darse (v. g.<\/em>: estar autorizado por el due\u00f1o para vender determinado bien) cuanto los que no (no ser c\u00f3nyuge de la otra parte)\u2013 para celebrar la compraventa se vinculan con la legitimaci\u00f3n, como sostengo.<\/p>\n
Como, a pesar de que se han citado otras dos opiniones coincidentes con la m\u00eda \u2013de Carnelutti: \u201c\u2026\u00a0la legitimaci\u00f3n involucra tanto la situaci\u00f3n del sujeto con relaci\u00f3n a otro sujeto\u201d y de Cariota Ferrara: \u201c\u2026\u00a0para juzgar la cual es necesario poner en relaci\u00f3n al sujeto con el objeto o con otra persona\u201d\u2013, se ha optado por priorizar el criterio del maestro Emilio Betti, me he ocupado de repasar el pensamiento de tan ilustre jurista, ratificando que \u2013en su ya mencionada obra\u2013 3<\/a> no concuerda con la postura contraria sino con la que sostengo, como paso a demostrar.<\/p>\n
En la p\u00e1gina 177 se lee al comienzo del p\u00e1rrafo que transcribe en su nota:<\/p>\n
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Aqu\u00ed conviene dar una definici\u00f3n m\u00e1s precisa de ella \u2013la legitimaci\u00f3n\u2013. Problema de la legitimaci\u00f3n es el de considerar qui\u00e9n y frente a qui\u00e9n puede correctamente concluir el negocio para que \u00e9ste pueda desplegar los efectos jur\u00eddicos conformes a su funci\u00f3n y congruentes con la intenci\u00f3n pr\u00e1ctica normal de las partes.<\/p>\n<\/blockquote>\n
En la p\u00e1gina 181:<\/p>\n
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Bajo este perfil de la legitimaci\u00f3n se explican las normas que proh\u00edben a determinadas categor\u00edas de personas el hacerse adquirentes de ciertos bienes, recibir u obtener ventajas en relaci\u00f3n a otras personas, tambi\u00e9n de determinadas categor\u00edas.<\/p>\n<\/blockquote>\n
En la p\u00e1gina 182: \u201cTambi\u00e9n se explican as\u00ed las incapacidades establecidas por los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 596 a 598 acerca del tutor y del notario\u201d.<\/p>\n
Se\u00f1alo que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 597 es el equivalente a nuestro<\/a> 3664 (\u201cEl escribano y testigos en un testamento por acto p\u00fablico, sus esposas y parientes o afines dentro del cuarto grado, no podr\u00e1n aprovecharse de lo que en \u00e9l se disponga a su favor\u201d). Agrego que lo mismo ocurre con las prohi\u00adbiciones del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 985 \u2013que casi toda la doctrina insiste en denominar \u201cincompetencia por raz\u00f3n de las personas\u201d\u2013 que concept\u00fao, desde siempre, como supuestos de \u201cilegitimaci\u00f3n del agente\u201d.<\/p>\n
En s\u00edntesis, remarco: la nota distintiva entre ambas figuras radica en el car\u00e1cter de la previsi\u00f3n normativa; la capacidad es gen\u00e9rica, por categor\u00edas de actos \u2013adquirir, enajenar, donar, comprar\u2013 sin interesar qu\u00e9, a qui\u00e9n, ni de qui\u00e9n; la legitimaci\u00f3n versa sobre concretas relaciones funcionales entre sujetos determinados o de ellos con un preciso objeto negocial (no poder vender tal cosa o no poder venderla a tal persona).<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
V<\/strong><\/h2>\n
Disiento asimismo respecto del caso aprehendido por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3430 \u2013acerca del cual se ha afirmado que en el heredero aparente no habr\u00eda estrictamente titularidad ni legitimaci\u00f3n\u2013, dado que considero que el poseedor de la herencia tiene t\u00edtulo (declaratoria de heredero o aprobaci\u00f3n judicial del testamento). Y, adem\u00e1s, tambi\u00e9n sostengo que, en virtud de ese t\u00edtulo, se halla legitimado, raz\u00f3n por la cual la norma le concede al tercer adquirente la misma tutela que le dispensa el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1051 in fine<\/em>. (Prescindo, por razones de brevedad, de abordar las clasificaciones de la legitimaci\u00f3n, en las que me extiendo en mi Doctrina del negocio jur\u00eddico<\/em>, cuya primera parte \u201cEl concepto del negocio jur\u00eddico\u201d conf\u00edo que habr\u00e1 de publicarse pr\u00f3ximamente). Tampoco concuerdo con equiparar la legitimaci\u00f3n a \u201cpoder de disposici\u00f3n\u201d, enfoque asimilativo que se estructura a partir de que \u201cinoponibilidad\u201d significa \u201ccarencia de poder de disposici\u00f3n\u201d (y que la ilegitimaci\u00f3n tambi\u00e9n implica dicha restricci\u00f3n).<\/p>\n
Por mi parte, ratifico ahora que considero que entre ambos conceptos existe una relaci\u00f3n de g\u00e9nero a especie, por lo que la rec\u00edproca no es exacta: no toda carencia del poder de disposici\u00f3n implica ilegitimaci\u00f3n (v. g.<\/em>: suponiendo que se trata de \u201cvender\u201d: la de la persona por nacer [art.\u00a061 CCIV, a contrario] es una incapacidad de\u00a0derecho; la de un menor de siete a\u00f1os es una incapacidad de hecho; la de un c\u00f3nyuge siendo el otro el vendedor es ilegitimaci\u00f3n [art.\u00a01358]). Adem\u00e1s, la legitimaci\u00f3n no es solo poder de disposici\u00f3n; es algo m\u00e1s amplio: es potestad negocial. Por ejemplo: los c\u00f3nyuges no pueden celebrar dichos negocios ni como disponentes (poder de disposici\u00f3n) ni tampoco como adquirentes \u2013aunque el acto sea a t\u00edtulo gratuito, en los que no hay, de parte del donatario, acto dispositivo alguno\u2013.<\/p>\n
Difiero, asimismo, con el uso de la expresi\u00f3n \u201cventa a non domino<\/em>\u201d<\/em>. Y lo hago porque desde hace mucho tiempo intento desterrarla. Como expres\u00e9 \u2013en nota fechada en Paran\u00e1 el 11 de septiembre de 1999, dirigida al se\u00f1or Vicepresidente a cargo de la Presidencia de esta Academia, doctor Osvaldo Solari\u2013, la llamada transmisi\u00f3n a non domino<\/em>, como f\u00e1cilmente se comprende, significa que un bien es transmitido a un \u201cno due\u00f1o\u201d, situaci\u00f3n absolutamente normal, ya que el adquirente es siempre \u2013por muy obvias razones\u2013 alguien que no es el propietario. A diferencia de tal hip\u00f3tesis, la patolog\u00eda que as\u00ed se pretende designar se da, en verdad, cuando quien dispone no es el due\u00f1o, debiendo recibir la correcta denominaci\u00f3n de adquisici\u00f3n a non domino<\/em>, que es precisamente como se la conoce en derecho comparado. S\u00e9 que en la dogm\u00e1tica argentina resulta habitual, am\u00e9n de incomprensible, el uso de la locuci\u00f3n que impugno, hasta por parte de autores de reconocido prestigio (como ya he destacado en anterior oportunidad); pero debo advertir que dicha circunstancia no modifica el claro significado de la misma ni convalida su inapropiada utilizaci\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a que la \u201cineficacia\u201d \u2013que, seg\u00fan la invocada autoridad de Cariota Ferrara\u2013 constituir\u00eda el g\u00e9nero mayor de las anomal\u00edas del negocio jur\u00eddico (comprensiva de sus diversas especies: \u201cinexistencia\u201d, \u201cinvalidez\u201d, \u201cimpugnabilidad\u201d e \u201cinoponibilidad\u201d), reitero aqu\u00ed mi ya expresado disenso, puesto que lo \u201cinexistente\u201d no es \u201cineficaz\u201d, que solo puede predicarse de algo que existe (as\u00ed, una persona muerta no es un sujeto ineficaz ni eficaz; sencillamente es un cad\u00e1ver). Sostengo que la patolog\u00eda negocial se ordena \u2013con rigor descendiente, de lo m\u00e1s a lo menos grave\u2013 en el siguiente orden: \u201cinexistencia\u201d, \u201cinvalidez\u201d, \u201cineficacia\u201d e \u201cinoponibilidad\u201d (precisamente t\u00edtulo del tema de una de mis intervenciones en un seminario de la Academia, hace varios a\u00f1os). Remito a los coincidentes enfoques que Betti expone en su ya citada obra, en la que trata su distinci\u00f3n (pp.\u00a0347 a 351, punto 57: invalidez, ineficacia e inoponibilidad; y pp.\u00a0351 a 353: invalidez e inexistencia, punto 58); y a los trabajos en los que me he ocupado de tales conceptos: \u201cEn torno a la teor\u00eda de la inexistencia\u201d, \u201cHacia una nueva concepci\u00f3n de los actos nulos y anulables\u201d, 4<\/a> \u201cAlgo m\u00e1s sobre los actos nulos y anulables\u201d 5<\/a> y \u201cNuevamente acerca de la prescriptibilidad de la acci\u00f3n de nulidad en supuestos de invalidez absoluta\u201d 6<\/a>.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
VI<\/strong><\/h2>\n
Paso ahora a la llamada inhibici\u00f3n general de bienes. El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 228 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n<\/a> \u2013copiado, con olvido del federalismo, por la mayor\u00eda de las provincias\u2013 dispone:<\/p>\n
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En todos los casos en que habiendo lugar a embargo \u00e9ste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir \u00e9stos el importe del cr\u00e9dito reclamado, podr\u00e1 solicitarse contra aqu\u00e9l la inhibici\u00f3n general de vender o gravar sus bienes, la que se deber\u00e1 dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere cauci\u00f3n bastante.
 El que solicitare la inhibici\u00f3n deber\u00e1 expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, as\u00ed como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los dem\u00e1s requisitos que impongan las leyes.
 La inhibici\u00f3n s\u00f3lo surtir\u00e1 efecto desde la fecha de su anotaci\u00f3n salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci\u00f3n general.
 No conceder\u00e1 preferencia sobre las anotadas con posterioridad.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Adelanto opini\u00f3n diciendo que considero que, pese a su denominaci\u00f3n, no es tan general ni impide disponer. En efecto: lo de \u201cgeneral\u201d parece sugerir que la medida comprender\u00eda la totalidad de los actos que menciona, lo que como veremos no es as\u00ed. En cuanto a la consecuencia de su violaci\u00f3n, concluir\u00e9 en que se trata de inoponibilidad y no de invalidez o indisponibilidad.<\/p>\n
La anotaci\u00f3n tiene efecto constitutivo \u2013en cuanto a su oponibilidad\u2013, en tanto ella nace a partir de su emplazamiento registral, excepto comprobada mala fe (o sea, de concreto conocimiento del tercero). S\u00e9 que dicha disposici\u00f3n ha sido interpretada tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia como la consagraci\u00f3n de una \u201cincapacidad\u201d para el inhibido. Por ejemplo: se ha decidido que (CNCiv., Sala D, 7\/12\/1982, \u201cSzewc, Juan J. y otros c\/ Hurovich, Alberto J.\u201d)<\/p>\n
\n
La inhibici\u00f3n general de disponer de los bienes es la proyecci\u00f3n de una incapacidad que afecta a la persona, la cual constituye una situaci\u00f3n de excepci\u00f3n frente a la regla general que predica la capacidad gen\u00e9rica de todos los que no est\u00e1n excluidos. A su vez, la restricci\u00f3n a la facultad de disposici\u00f3n resultante de la falta de capacidad participa de la misma naturaleza excepcional de la incapacidad que la provoca y este rasgo tambi\u00e9n se comunica, ya en el \u00e1mbito procesal, a la medida cautelar correspondiente prevista por el art.\u00a0228 de la ley adjetiva.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Tambi\u00e9n conozco que el notariado adhiere a la tesis de que dicha cautelar implica la prohi\u00adbici\u00f3n de disponer, salvo expresa autorizaci\u00f3n judicial. Sin embargo, sostengo que esta medida procesal produce consecuencias muy diferentes a las que en forma casi un\u00e1nime se proclaman, y que \u2013en cuanto a lo dispuesto en la \u00faltima parte del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo\u2013 lo que el juez har\u00e1 es solo lo que puede hacer: levantar la inhibici\u00f3n para determinado acto, sin que ello implique volver a concederle al inhibido una capacidad o legitimaci\u00f3n de la que antes carec\u00eda, ni \u2013menos a\u00fan\u2013 entender que su resoluci\u00f3n integra el consentimiento negocial.<\/p>\n
Existe tambi\u00e9n una lamentable y reiterada jurisprudencia comercial, en la que algunos jueces \u2013fundados en lo que la Ley de Concursos 19551 dispon\u00eda en su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 110, como hoy lo hace el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 106 de la Ley 24522\u2013 han resuelto que la sentencia de quiebra importa la aplicaci\u00f3n inmediata del desapoderamiento y \u2013seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo siguiente\u2013 la ineficacia de los actos del fallido, expresando cierta vez \u2013haciendo uso de una expresi\u00f3n m\u00e1s apropiada para esquelas de condolencia\u2013 que deploran que no se haya anotado la inhibici\u00f3n, pero que, a pesar de ello, se produjo el desapoderamiento, y que en consecuencia todo es ineficaz para el concurso, y \u2013algo peor a\u00fan\u2013 no obstante \u201cla buena fe del tercer adquirente\u201d (v. g.<\/em>: fallo del 5\/2\/1996 de la CNCom., Sala A, en \u201cViuda de Jos\u00e9 Pons e Hijos SCA y otros s\/ Quiebra\u201d, basado en el dictamen del fiscal de C\u00e1mara).<\/p>\n
Al respecto, pienso que \u2013ante todo\u2013 ello constituye una tremenda e injusta irracionalidad, al dar con absoluta indiferencia una respuesta similar a situaciones diametralmente opuestas: que el tercero sea de buena o mala fe (siendo la primera, seg\u00fan Demolombe, \u201cel alma de las relaciones sociales\u201d). Adem\u00e1s, yendo brevemente al plano jur\u00eddico, nuestro C\u00f3digo Civil<\/a> establece algunas pautas legales a las que por l\u00f3gica debe recurrirse cada vez que es necesario calificar una conducta (arts.\u00a02356, 4006 y 4008) (remito a mi trabajo \u201cLa teor\u00eda de la invalidez y la interpretaci\u00f3n de la reforma del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1051 del C\u00f3digo Civil\u201d). 7<\/a><\/p>\n
Finalmente, teniendo en cuenta que tanto el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2305 \u2013interpretado en consonancia con los principios establecidos en la Ley 17801<\/a> y lo que esta dispone en sus ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2 (cuyo inc. b refiere a embargos, inhibiciones y dem\u00e1s providencias cautelares) y 23 (normas todas que integran el n\u00facleo de la llamada supralegalidad que consagra el ar\u00adt. 31 de la Constituci\u00f3n Nacional)\u2013, puedo concluir repitiendo ante tales pretensiones lo que expres\u00e9 en la sesi\u00f3n p\u00fablica de 2002: \u201cCreo que en materia del Registro de la Propiedad Inmueble, la Ley 17801, complementaria del C\u00f3digo Civil, constituye un vallado infranqueable\u201d.<\/p>\n
En cuanto a qu\u00e9 bienes comprende la inhibici\u00f3n, opino que se circunscribe a los registrables, entendiendo por tales solo aquellos a los que refiere la siguiente frase del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1277 del C\u00f3digo Civil: \u201c\u2026\u00a0cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria\u201d.<\/p>\n
En cuanto a la eficacia de la medida cautelar, se limita \u00fanicamente a los bienes que corresponden a los registros donde ella ha sido anotada.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
VII<\/strong><\/h2>\n
Acerca de la afecci\u00f3n que padecer\u00eda el acto dispositivo o de constituci\u00f3n de gravamen del inhibido, dos preguntas: 1) \u00bfse trata de \u201cincapacidad\u201d, de \u201cilegitimaci\u00f3n\u201d o de otra cosa?; 2) \u00bftiene importancia establecer de qu\u00e9 se trata? Respondo afirmativamente a esta \u00faltima, dando por supuesto que es una tarea propia de toda corporaci\u00f3n cient\u00edfica, que debe acometerse en base a principios sistem\u00e1ticos.<\/p>\n
Es que lo que parece igual para el profano o el lego puede no serlo para el especialista. Vocablos sin\u00f3nimos en el lenguaje corriente no lo son en el jur\u00eddico. (Verbigracia: coloquialmente es lo mismo decir de alguien que es \u201cincapaz\u201d o \u201cincompetente\u201d, pero en el plano jur\u00eddico lo primero se predica de la \u201cpersona\u201d y lo segundo del \u201c\u00f3rgano\u201d; o, como he propuesto: que el ciego \u2013que no es \u201cincapaz\u201d en nuestro derecho\u2013 es \u201cinh\u00e1bil\u201d para ser \u201cagente\u201d del \u00f3rgano notarial). Por ello \u2013y aunque as\u00ed se haya sostenido en la antigua jurisprudencia\u2013 el estar inhibido como impedimento para ejercer determinados cargos o actividades tampoco constituye una quita de su capacidad. No hay duda de que la incapacidad, la incompetencia, la ilegitimaci\u00f3n y las incompatibilidades \u2013citando solo algunos ejemplos\u2013 generan \u201cprohi\u00adbiciones\u201d, a pesar de lo cual se trata de conceptos diversos y no equivalentes, que se distinguen a veces por diferencias m\u00ednimas.<\/p>\n
De los muchos juristas que se han pronunciado al respecto de este imperativo de la labor cient\u00edfica, extraigo solo dos pensamientos:<\/p>\n
\n
Los que quieren poner en orden lo que saben y hacer progresar su propio saber y comunicarlo al pr\u00f3jimo deben disponer de categor\u00edas ordenadas y de una lengua que las exprese. [Rodolfo Sacco]<\/p>\n
Se puede convenir en que su utilidad es al menos predominantemente expositiva y sistem\u00e1tica, pero la distinci\u00f3n, aun si su cometido sea \u00fanicamente aportar orden y claridad al estudio de los varios y complejos fen\u00f3menos, es siempre igualmente indispensable. [Emilio Betti]<\/p>\n<\/blockquote>\n
Ya he anticipado que los efectos de la inhibici\u00f3n no generan incapacidad ni ilegitimaci\u00f3n, y corresponde ahora determinar qu\u00e9 es lo que producen, explicando sus fundamentos.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
VIII<\/strong><\/h2>\n
Creo, en efecto, que tanto de tratarse de una incapacidad de derecho cuanto de un supuesto de ilegitimaci\u00f3n, la consecuencia ser\u00eda la misma: la invalidez del acto dispositivo o gravoso que el inhibido ejecutase. Al respecto, cabe recordar que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1037 del C\u00f3digo Civil<\/a> establece categ\u00f3ricamente que \u201clos jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jur\u00eddicos que las que en este c\u00f3digo se establecen\u201d, consagrando la m\u00e1xima \u201cpas de nullit\u00e9 sans texte<\/em>\u201d, entendida como texto expreso de derecho sustantivo, de la misma jerarqu\u00eda del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n
En nuestro tema, un claro ejemplo de respeto a ese principio lo constituye su ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1295, que dispone en su primera parte:<\/p>\n
\n
Entablada la acci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes, y aun antes de ella, si hubiere peligro en la demora, la mujer puede pedir embargo de sus bienes muebles que est\u00e9n en poder del marido, y la no enajenaci\u00f3n de los bienes de \u00e9ste, o de la sociedad<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n
De ello se deduce \u2013mediante una simple interpretaci\u00f3n a contrario\u2013 que los actos del inhibido en infracci\u00f3n a disposiciones de los c\u00f3digos rituales no son inv\u00e1lidos (excepto, como es obvio, que se trate de actos procesales regidos por dichos c\u00f3digos). Considero que esta distinci\u00f3n que acabo de se\u00f1alar no puede ser desatendida, porque de ella depende la magnitud del avance que pueda lograrse en la indagaci\u00f3n que nos convoca. Pienso que es fundamental advertir que preceptos de diferente rango en las relaciones de subordinaci\u00f3n que se dan en la estructura del derecho vigente deben generar tambi\u00e9n distintas consecuencias (m\u00e1xime cuando una norma, como el mencionado art.\u00a01037, as\u00ed lo dispone expresamente).<\/p>\n
Corresponde ahora indagar qu\u00e9 ocurre con dichos actos del inhibido, estableciendo sus consecuencias respecto de la otra parte negocial y del acreedor inhibiente. Acorde al anterior desarrollo \u2013y descartada su invalidez\u2013, se impone concluir en que ellos son inoponibles al inhibiente, entendida dicha inoponibilidad como una ineficacia restringida a determinados terceros, la que se produce \u2013ya que la anotaci\u00f3n, como ya expres\u00e9, tiene efectos constitutivos de la inoponibilidad\u2013 a partir de su emplazamiento registral (excepto comprobada mala fe). En consecuencia, para el inhibiente, la cosa enajenada no ha salido del patrimonio de su deudor, por lo que puede embargarla, ejecutarla y cobrarse. En caso de existir un remanente del precio obtenido, debe ser entregado a la otra parte del negocio declarado inoponible (dado que se trata del verdadero due\u00f1o del bien, en virtud de un acto v\u00e1lido). As\u00ed caracterizado el instituto sub examine<\/em>, debe asign\u00e1rsele necesariamente \u2013apuntando a la precisi\u00f3n conceptual y a la univocidad terminol\u00f3gica\u2013 una especial denominaci\u00f3n, que ahora propongo sea de \u201cinoponibilidad procesal\u201d, juzg\u00e1ndola indicativa de su naturaleza y origen.<\/p>\n
Cuando habl\u00e9 de \u201cindisponibilidad procesal\u201d, lo que quer\u00eda se\u00f1alar especialmente era su origen de derecho \u201cadjetivo\u201d, aspecto que resulta de la mayor importancia acentuar a fin de poner en evidencia que una norma local no puede generar ning\u00fan efecto nulificante, incapacitante o ilegitimante. Suger\u00ed entonces \u201cindisponibilidad procesal\u201d, anticipando que iba a tratar de buscar una denominaci\u00f3n m\u00e1s acorde a lo que pienso, que es la que acabo de proponer.<\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
IX<\/strong><\/h2>\n
A t\u00edtulo de recapitulaci\u00f3n, paso a sintetizar mi pensamiento.<\/p>\n
    \n
  1. De acuerdo con lo que he sostenido a trav\u00e9s de los a\u00f1os \u2013participando en sesiones privadas y p\u00fablicas en este Consejo Acad\u00e9mico o por escrito\u2013, la inhibici\u00f3n general de bienes establecida en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 228 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n \u2013y sus similares de las provincias\u2013 es una medida de naturaleza t\u00edpicamente procesal, lo que denota el car\u00e1cter adjetivo y no sustantivo de la norma que lo consagra.<\/li>\n
  2. Dicha cautelar produce lo que ahora llamo \u201cinoponibilidad procesal\u201d \u2013denominaci\u00f3n que propongo a efectos de excluir toda incidencia en el \u00e1mbito de la capacidad o de la legitimaci\u00f3n del inhibido, dado que tales aspectos son de competencia legislativa del Congreso Nacional\u2013, que origina una anotaci\u00f3n personal (en tanto solo afecta al inhibido, a cuyo fallecimiento no pasa a sus herederos), fundada en la imposibilidad de embargar por desconocimiento de bienes o su insuficiencia (derivaci\u00f3n del car\u00e1cter \u201csubsidiario\u201d de la medida).<\/li>\n
  3. Para su eficacia, toda resoluci\u00f3n judicial que la disponga deber\u00e1 necesariamente anotarse en los registros en que se desee que adquiera vigencia, ya que solo regir\u00e1 en los que est\u00e9 registrada.<\/li>\n
  4. Habida cuenta de que dicha anotaci\u00f3n apunta a su publicidad y consiguiente oponibilidad a los terceros registrales, el inhibido y los eventuales titulares de derechos emergentes de los actos dispositivos o constitutivos de grav\u00e1menes de los bienes de aquel que all\u00ed se hallen registrados no podr\u00e1n alegar buena fe, por lo que tales actos ser\u00e1n inoponibles al inhibiente.<\/li>\n
  5. En coherencia con lo precedentemente expuesto, las resoluciones fundadas en normas sustantivas en materias delegadas al Congreso Nacional que disponen la inhibici\u00f3n de bienes, debidamente anotadas registralmente, implican limitaciones a la legitimaci\u00f3n negocial de los sujetos sobre los que recae (v. g.<\/em>: art.\u00a01295 del CCIV y otros casos similares).<\/li>\n
  6. En materia de responsabilidad notarial, reafirmo lo expresado en la reuni\u00f3n anterior acerca de lo que considero la forzosa conclusi\u00f3n de nuestro razonamiento: si la inhibici\u00f3n surge de una norma procesal, los jueces \u2013acorde con lo dispuesto por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1037 del C\u00f3digo Civil\u2013 no pueden declarar que el acto del inhibido es nulo.<\/li>\n
  7. La raz\u00f3n de que este tema despertara en m\u00ed tan marcado inter\u00e9s finca precisamente en las consecuencias de la aplicaci\u00f3n del principio \u201cpas de nullit\u00e9 sans texte<\/em>\u201d (art.\u00a01037 CCIV).<\/li>\n
  8. Por cierto, no hay duda de que las normas procesales pueden establecer nulidades de los actos que ellas regulan, pero tampoco de que carecen de jerarqu\u00eda para alterar el derecho sustantivo y \u201cnulificar\u201d actos o \u201cincapacitar\u201d o \u201cilegitimar\u201d a las personas.<\/li>\n
  9. Adem\u00e1s, si se coincide en que no hay incapacidad, en que el acto dispositivo o gravoso del inhibido es v\u00e1lido pero inoponible al inhibiente, en que no est\u00e1 en juego el inter\u00e9s general y en que pretendemos dar un paso adelante en la comprensi\u00f3n del instituto de la inhibici\u00f3n, hay posibilidades de hacer grandes avances sobre bases coherentes.<\/li>\n
  10. Y vista la inviabilidad jur\u00eddica de que pueda tomarse a cargo la inhibici\u00f3n \u2013por las razones que ya se expresaron en este debate\u2013, sostengo que \u2013previo un verdadero y detalladamente informado asesoramiento acerca del significado y consecuencias de la inoponibilidad, de lo que se dejar\u00e1 constancia\u2013 las partes pueden decidir libremente formalizar el negocio a pesar de la inhibici\u00f3n vigente.<\/li>\n
  11. En consecuencia, considero tambi\u00e9n que el Registro debe inscribir definitivamente el nuevo t\u00edtulo. Puedo agregar lo que alguna vez suger\u00ed en otros temas: que se haga constar en una anotaci\u00f3n \u2013a reproducir en todas las certificaciones que se expidan\u2013 que al momento de producirse la venta o la hipoteca exist\u00eda una inhibici\u00f3n.<\/li>\n
  12. Por todo ello, reitero mi criterio en el sentido de que el notario que intervenga debe solicitar el certificado y asesorar debidamente. Y que \u2013si las partes deciden celebrar el acto\u2013 la conducta del autorizante, seg\u00fan he descripto, no merece ning\u00fan reproche disciplinario.<\/li>\n
  13. Tambi\u00e9n reafirmo lo que manifest\u00e9 en la misma reuni\u00f3n con respecto a un Centro Nacional de Anotaciones Personales, tema que considero inconveniente e inoportuno plantear en este momento, habida cuenta de lo previsto en los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 39 y siguientes \u2013tema sobre el cual ya he escrito\u2013 del Proyecto de Unificaci\u00f3n de los C\u00f3digos Civil y Comercial, 8<\/a> ante la incontrastable realidad de que \u2013como ya es tradicional, y a pesar de lo que se legisle y afirme\u2013 ser\u00e1n los escribanos los \u00fanicos a los que se les exigir\u00e1 el cumplimiento de las consiguientes obligaciones, invocando un deber funcional inexcusable e impl\u00edcito, que deviene de todo el ordenamiento jur\u00eddico (como ocurri\u00f3 con la jurisprudencia que impone, sin v\u00e1lido fundamento legal, el estudio de t\u00edtulos).<\/li>\n<\/ol>\n
     <\/p>\n<\/a>
    X<\/strong><\/h2>\n
    Para concluir, destaco que he efectuado el an\u00e1lisis que precede exclusivamente sobre la base de lo que hemos expuesto y argumentado en el debate, ya que no tengo por qu\u00e9 ir a buscar otros trabajos \u2013que no conozco ni se invocaron (por razones que ignoro)\u2013 del mismo modo que no pretendo que se busquen trabajos m\u00edos (que no conocen ni mencion\u00e9).<\/p>\n
    Todo lo que escrib\u00ed \u2013en lo atinente\u2013 lo he volcado en mis intervenciones, de las que se concluye que no he incurrido en ning\u00fan equ\u00edvoco al considerar que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1358 \u2013por referir a una situaci\u00f3n entre los sujetos negociales\u2013 consagra un supuesto de ilegitimaci\u00f3n.<\/p>\n
    En el debate que mantuve en las Jornadas de Derecho Societario (Buenos Aires, 9 a 11 de noviembre de 1978), critiqu\u00e9 el ep\u00edgrafe del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 30 de la Ley de Sociedades Comerciales (en cuanto a la presunta \u201cincapacidad\u201d que all\u00ed se menciona), agregando que tal postura<\/p>\n
    \n
    \u2026\u00a0llevar\u00eda al absurdo de creer que los casados somos jur\u00eddicamente menos capaces que los solteros, ya que \u2013mientras nosotros no podemos celebrar compraventas o donaciones con nuestros c\u00f3nyuges\u2013 ellos pueden hacerlo con cualquier persona.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n
     <\/p>\n
     <\/p>\n
    \n<\/a>
    Notas<\/h6>\n
    \n
    \n
    *<\/a>.<\/strong> Texto de la exposici\u00f3n efectuada en la Academia Nacional del Notariado el 23\/6\/2014. Se han agregado hiperv\u00edncu\u00adlos y referencias bibliogr\u00e1ficas.<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    1<\/a>.<\/strong> Publicado en Revista del Notariado<\/em>, n\u00ba\u00a0727, 1973, pp.\u00a017-102. [N. del E.: puede verse online aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    2<\/a>.<\/strong> \u201cLa validez de los actos y contratos otorgados por las sociedades mercantiles antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil\u201d<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    3<\/a>. <\/strong>Betti, Emilio, Teor\u00eda general del negocio jur\u00eddico<\/em>, Madrid, Edit.\u00a0Revista de Derecho Privado, 1959.<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    4<\/a>. <\/strong>Publicado en Revista del Colegio de Escribanos de Entre R\u00edos<\/em>, Paran\u00e1, Colegio de Escribanos de Entre R\u00edos, n\u00ba\u00a0161, 1988, pp.\u00a036-38; reproducido en Revista del Notariado<\/em>, n\u00ba\u00a0854, 1998, pp.\u00a051-54. [N. del E.: puede verse online aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    5<\/a>.<\/strong> Publicado en Revista del Notariado<\/em>, n\u00ba\u00a0854, 1998, pp.\u00a051-56. [N. del E.: puede verse online aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    6<\/a>. <\/strong>Publicado en Revista del Notariado<\/em>, n\u00ba\u00a0872, 2003, pp.\u00a023-25. [N. del E.: puede verse online aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    7<\/a>. <\/strong>Publicado en el tomo I de la obra Homenaje los Congresos de Derecho Civil<\/em>, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de C\u00f3rdoba, editorial Advocatus, 2009, pp.\u00a0615 a 648. [N. del E.: puede verse online aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
    \n
    8<\/a>.<\/strong> [N. del E.: el lector podr\u00e1 confrontar el Anteproyecto de la Comisi\u00f3n Redactora<\/a>, el Proyecto enviado por el PEN al Congreso Nacional<\/a> y el C\u00f3digo sancionado<\/a> {Ley 26994}].<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
    La IGB es una medida procesal que no altera la capacidad ni la legitimaci\u00f3n del sujeto sobre el cual recae, cuyos actos no padecen de invalidez, sino que solo son inoponibles al acreedor 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