{"id":3137,"date":"2016-04-08T14:00:52","date_gmt":"2016-04-08T14:00:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/?p=3137"},"modified":"2018-07-12T12:01:24","modified_gmt":"2018-07-12T15:01:24","slug":"editorial-921","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/index.php\/2016\/04\/editorial-921\/","title":{"rendered":"Editorial N\u00ba 921"},"content":{"rendered":"

\"maquina-escribir5_700x300\"<\/a><\/p>\n

Imagen: Typewriter.<\/a><\/em> Nathan Oakley.<\/a> CC<\/a><\/sup><\/pre>\n
 <\/p>\n
\n El a\u00f1o 2015 *<\/a> <\/a>ha sido un a\u00f1o distinto, un a\u00f1o electoral y, como consecuencia de las elecciones nacionales, ha habido un cambio de gobierno. Este cambio nos obliga a volver a mencionar la existencia de art\u00edculos en el C\u00f3digo Civil y Comercial que pensamos se deben modificar; en algunos casos, aclarando sus alcances y, en otros, modificando su contenido.<\/p>\n
El nuevo C\u00f3digo trae adelantos, pero tambi\u00e9n puntos oscuros. A modo de ejemplo, hay art\u00edculos que denotan una fuerte voluntad de impedir las donaciones, sin una raz\u00f3n concretamente jur\u00eddica \u2013lo que ampliaremos en un pr\u00f3ximo trabajo\u2013. Asimismo, su sistema de protecci\u00f3n de incapaces con inscripci\u00f3n ha dado lugar a distintas interpretaciones y, en este sentido, esperamos que se mantengan las conclusiones 1<\/a> a las que se arrib\u00f3 en la XLI Convenci\u00f3n Notarial de nuestro Colegio (junio 2015). En este punto y especialmente respecto de los art\u00edculos 39 al 46, preferimos el sistema del C\u00f3digo Civil anterior, con las reformas que se incorporaron en 1968.<\/p>\n
En la \u00faltima reuni\u00f3n y asamblea de la Academia Nacional del Notario (noviembre 2015), se destac\u00f3 la disertaci\u00f3n ofrecida por un miembro de n\u00famero sobre los conjuntos inmobiliarios y la necesidad de adecuarse o no a las nuevas normativas del C\u00f3digo Civil y Comercial. La Academia ha trabajado intensamente en la interpretaci\u00f3n de diversos institutos del C\u00f3digo: entre otros, la capacidad restringida, la anotaci\u00f3n marginal de la sentencia de incapacidad en la partida de nacimiento y el art\u00edculo 291, sobre prohibiciones al notario cuando participa por s\u00ed o por un pariente en una persona jur\u00eddica. Se encontr\u00f3 tambi\u00e9n una contradicci\u00f3n en el art\u00edculo 456\u00a0en relaci\u00f3n con el asentimiento en la venta de la vivienda familiar y la prohibici\u00f3n de apoderar al c\u00f3nyuge y si esa prohibici\u00f3n se extiende a los dem\u00e1s casos de asentimiento por imperio de una remisi\u00f3n del art\u00edculo 470.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se analizaron temas vinculados con el registro de fideicomisos. Hubo incluso un informe sobre la intrusi\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de las Resoluciones IGJ 7 y 9 de 2015, respectivamente, que han dispuesto un avance estatal sin un marco legal que lo apoye con la imposici\u00f3n, por primera vez en la historia del pa\u00eds, de una fiscalizaci\u00f3n del contrato de fideicomiso, cuando la Ley 22315 no autoriza a la Inspecci\u00f3n General de Justicia ni a inscribir ni a fiscalizar fideicomisos. Si un contrato asociativo que se inscribe en el Registro no se fiscaliza, menos a\u00fan podr\u00eda fiscalizarse un contrato de fideicomiso, mientras que la Resoluci\u00f3n IGJ 9\/2015 menciona la conveniencia de extender el registro de fiduciarios de modo que van a ser entidades inscriptas y controladas.<\/p>\n
Uno de los acad\u00e9micos opin\u00f3 que el registro creado por la Inspecci\u00f3n General de Justicia debe ser ignorado, ya que la Ciudad de Buenos Aires ha creado su propio registro, en ejercicio de facultades no delegadas al gobierno central. Se considera\u00a0que los \u00fanicos contratos que habr\u00e1 que inscribir en el registro de la Inspecci\u00f3n ser\u00e1n aquellos que como patrimonio fideicomitido tienen participaciones societarias, respecto de los cuales la competencia del organismo de alguna manera tiene sentido. Se se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que para otorgar la CUIT, a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos le basta con la inscripci\u00f3n en el Registro de la Ciudad. Como veremos m\u00e1s adelante, la Ciudad es la que tiene el derecho y tiene que reivindicar que pase a su \u00f3rbita el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspecci\u00f3n General de Justicia y que se debe trabajar desde el punto de vista del derecho en contra de la excesiva intromisi\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Entre los aspectos destacados de la reforma constitucional de 1994 hay una disposici\u00f3n en el art\u00edculo 129 que le otorg\u00f3 a la Ciudad de Buenos Aires un r\u00e9gimen de gobierno aut\u00f3nomo. En dicha reforma tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que los representantes elegidos por la ciudadan\u00eda son los que deben dictar el estatuto organizativo de sus instituciones. Esta autonom\u00eda equipara la Ciudad de Buenos Aires con una provincia y permiti\u00f3 que se sancionara la Ley 404 del a\u00f1o 2000, que establece los derechos y obligaciones del Colegio de Escribanos de la Ciudad y la de los escribanos que pertenecen al Colegio. Por esta norma cambiamos tambi\u00e9n nuestro nombre: hoy somos escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y no escribanos nacionales. Este estado de autonom\u00eda deber\u00e1 ser mantenido aunque la Ciudad dejara de ser la capital de la rep\u00fablica. No\u00a0deber\u00eda, bajo ning\u00fan concepto, volver a formar parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Su nueva situaci\u00f3n es definitiva.<\/p>\n
La reforma constitucional previ\u00f3 en el art\u00edculo 129 de la Constituci\u00f3n que \u201cUna ley garantizar\u00e1 los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Naci\u00f3n\u201d. Con este fin se sancion\u00f3 la Ley 24588, que estableci\u00f3 en su art\u00edculo 1 que garantizar\u00e1 los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la rep\u00fablica, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Naci\u00f3n. Esta ley dispone que el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspecci\u00f3n General de Justicia contin\u00faen en jurisdicci\u00f3n nacional (art. 10).<\/p>\n
Esto es injusto y no se entiende salvo que se tenga el deseo de controlar todo, que generalmente termina cuando las cosas pasan a pertenecer a los controladores. Estos organismos est\u00e1n a cargo de las provincias. Tienen que pasar a la Ciudad, con m\u00e1s raz\u00f3n ahora que se han nombrado funcionarios reconocidos como expertos y estudiosos de los temas y funciones de ambos organismos, que demuestran con su accionar que los van a manejar con equidad y sin presiones de grupos que puedan pretender que se pierdan documentos.<\/p>\n
\n Hay tambi\u00e9n otros puntos de la reforma que generan dudas. Esto se ve claramente en algunos de los art\u00edculos de doctrina que publicamos en este n\u00famero de la Revista<\/em>: \u201cDe qu\u00e9 hablamos cuando hablamos del art\u00edculo 2189\u201d, de Gonzalo Toro, que realiza un an\u00e1lisis detallado de este art\u00edculo, especialmente la relaci\u00f3n o nexo que lo vincula con el art\u00edculo 2187; \u201cHipoteca en moneda extranjera\u2026\u201d, de Rub\u00e9n Lamber; la mesa redonda que se realiz\u00f3 en el Colegio en el mes de septiembre, sobre obligaciones en moneda extranjera, con la participaci\u00f3n de los doctores Jorge Alterini, Juan Diehl Moreno y Mart\u00edn Paolantonio, y la coordinaci\u00f3n del escribano Norberto Bense\u00f1or (el art\u00edculo condensa las opiniones vertidas por los panelistas); el comentario al fallo \u201cFau\u201d 2<\/a>, previo al levantamiento del cepo cambiario, de Mariana Massone; \u201cSobrevuelo notarial del C\u00f3digo Civil y Comercial\u2026\u201d, del por todos conocido escribano Natalio Etchegaray \u2013escribano mayor de Gobierno durante los \u00faltimos treinta a\u00f1os\u2013, que analiza los art\u00edculos del nuevo C\u00f3digo referidos a las escrituras y actas; y \u201cEl poder al servicio del derecho de autoprotecci\u00f3n\u201d, de Maritel Brandi Taiana.<\/p>\n
En la secci\u00f3n \u201cInternacional\u201d, publicamos un art\u00edculo sobre un tema que siempre nos interes\u00f3, algo que nosotros no tenemos y consideramos mejor no tener, pese a que en un momento lo estudiamos a fondo porque exist\u00eda en otros pa\u00edses. Tenemos que eliminar burocracia y los papeleos innecesarios. El autor es Leonardo P\u00e9rez Gallardo, notario y profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana, Cuba.<\/p>\n
Agradeciendo los mensajes recibidos sobre el n\u00ba 920, me despido afectuosamente.<\/p>\n
El director<\/em><\/strong><\/p>\n
 <\/p>\n
 <\/p>\n<\/a>
Notas<\/h6>\n
\n
\n
\n
*<\/a><\/a>.<\/strong> [N. del E.: Por su trascendencia institucional, el editorial del n\u00ba 921 hace referencia a hechos sucedidos con posterioridad al trimestre julio-septiembre 2015].<\/p>\n
1<\/a>.<\/strong> [N. del E.: el lector podr\u00e1 acceder a las conclusiones aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n
\n
2<\/a>.<\/strong> CNCiv., Sala F, 25\/8\/2015, \u201cFau, Marta Rene\u00e9 c\/ Abeci\u00e1n, Carlos Alberto y otros s\/ Consignaci\u00f3n\u201d (Expte. n\u00ba\u00a079776\/2012) y \u201cLibson, Teodoro y otros c\/ Fau, Marta Rene\u00e9 s\/ Ejecuci\u00f3n hipotecaria\u201d (Expte. n\u00ba\u00a076280\/2012). [N. del E.: el comentario al fallo incluye el texto completo de la sentencia. Podr\u00e1 acceder tambi\u00e9n aqu\u00ed<\/a>].<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\u00a0<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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