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Mar\u00eda Mercedes C\u00f3rdoba<\/strong> (datos de la autora<\/a>)<\/p>\n <\/p>\n Resumen<\/span>:<\/strong> A lo largo de este \u00faltimo tiempo se ha ido avanzando cada vez m\u00e1s en la idea de que el ni\u00f1o es un sujeto pleno de derechos. Se analiza aqu\u00ed su competencia procesal a partir de la sanci\u00f3n de la Ley 26994. Se concluir\u00e1 que la participaci\u00f3n de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en procesos judiciales que los afectan se torna obligatoria a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. El C\u00f3digo Civil y Comercial ha receptado el concepto de autonom\u00eda progresiva y es aceptable la competencia procesal del adolescente para otorgar poderes para la elecci\u00f3n del abogado patrocinante, siendo el notario quien puede determinar si cuenta con la madurez suficiente. *<\/a><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> Puede costarnos un verdadero esfuerzo dejar de ver a los menores como incapaces absolutos o relativos de hecho. A\u00f1os de haber percibido a los ni\u00f1os como seres sin voz ni voto han hecho que a\u00fan \u2212despu\u00e9s de todo lo que se ha avanzado en su reconocimiento como sujetos con capacidad\u2212 nos incomode reconocer que puedan venir a nuestras escriban\u00edas a otorgar actos, aunque estos actos sean pocos, limitados y perfectamente identificables. No es nuestra pretensi\u00f3n ampliar la capacidad contractual del ni\u00f1o de tal forma que se lo equipare al adulto, porque las limitaciones propias de su edad hacen que reconozcamos que el ni\u00f1o merece cuidado especial por parte del Estado y de la sociedad.<\/p>\n A lo largo de este \u00faltimo tiempo se ha ido avanzando cada vez m\u00e1s en la idea de que el ni\u00f1o es un sujeto pleno de derechos que necesita de cuidado y protecci\u00f3n. Cuando nace este cuidado es total, ya que su supervivencia depende de otros, pero a medida que se va convirtiendo en adulto puede apropiarse de sus derechos y ejercerlos por s\u00ed mismo. Creemos que para cuidar y proteger a los ni\u00f1os no necesitamos ponerles la etiqueta incapaz<\/em>.<\/p>\n La reforma del C\u00f3digo Civil se ha quedado a mitad de camino en reconocer todas las competencias que se les pudieren haber otorgado a los ni\u00f1os y adolescentes. De hecho, el C\u00f3digo todav\u00eda mantiene la denominaci\u00f3n \u201cincapaz de ejercicio\u201c, aunque se hace eco de la terminolog\u00eda de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o al otorgarle autonom\u00eda progresiva cuando el menor va logrando el gradual desarrollo hacia la plena capacidad. A los operadores jur\u00eddicos nos queda como tarea encontrar el equilibrio en cada caso entre protecci\u00f3n, libertad de obrar y responsabilidades de ni\u00f1os y cuidadores. 1<\/a><\/p>\n <\/p>\n<\/a> El desarrollo del ni\u00f1o es evolutivo, gradual y esa es tambi\u00e9n la manera en que nuestro derecho interno ha ido aceptando los postulados de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o<\/a>, en cuanto a otorgar capacidad progresiva y autonom\u00eda progresiva. 2<\/a><\/p>\n Al tiempo que se fue afianzando la idea del ni\u00f1o como sujeto aut\u00f3nomo, las reglas de la Convenci\u00f3n iban calando en la jurisprudencia, de modo que se lo comienza a ver como una especie de sujeto que tiene que participar y se le va otorgando el derecho a ser o\u00eddo cada vez m\u00e1s en los procesos que lo tienen como protagonista.<\/p>\n La Convenci\u00f3n fue entrando en nuestro derecho positivo como una cu\u00f1a. Primero por v\u00eda jurisprudencial, y a partir de la Constituci\u00f3n de 1994, con la Ley 26061<\/a> de Protecci\u00f3n de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes (2006) y la Ley 26579<\/a> de Modificaci\u00f3n de la Mayor\u00eda de Edad (2009). Es a partir de all\u00ed que podemos hablar de un mayor reconocimiento del ni\u00f1o como sujeto procesal, aunque todav\u00eda queda mucho camino por recorrer.<\/p>\n Nos parece interesante mencionar a los autores que opinan que esta competencia de los adolescentes deber\u00eda ampliarse. A modo de ejemplo, Minyersky 3<\/a> ha dicho:<\/p>\n Sin delegar hoy la defensa de los ni\u00f1os, es necesario reconocerse su autonom\u00eda, no siendo suficiente la representaci\u00f3n de los padres o la presencia del Ministerio P\u00fablico. Este reconocimiento les allana el camino para que no solo sean escuchados sobre su elecci\u00f3n sobre con qu\u00e9 padre convivir \u2212por ejemplo\u2212 en juicios civiles, sino tambi\u00e9n para reclamar los derechos econ\u00f3micos y sociales que les corresponden, como los de salud, de educaci\u00f3n, etc\u00e9tera.<\/p>\n<\/blockquote>\n Nos ocuparemos de la competencia procesal del ni\u00f1o en el nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> a partir de la sanci\u00f3n de la Ley 26994. Previamente, repasaremos c\u00f3mo ha sido el sistema hasta hoy. En el r\u00e9gimen del C\u00f3digo Civil<\/a>, con la Ley 17711, los menores adultos se hallaban sometidos a la representaci\u00f3n necesaria de padres o tutores (arts.\u00a057, inc 2, 274 y 411). No obstante, el art\u00edculo 282 les acordaba la facultad de comparecer en juicio como actores \u2212previa autorizaci\u00f3n de los padres\u2212, la que pod\u00eda suplirse por el juez cuando aquellos o uno de ellos negase su consentimiento para realizar ese acto. Esta autorizaci\u00f3n se tornaba innecesaria cuando el menor hubiese sido demandado criminalmente (art.\u00a0286). Gozaba de plena capacidad procesal para intervenir en los juicios relacionados con actos civiles que pod\u00edan realizar sin autorizaci\u00f3n paterna (art.\u00a0288) o con actos respecto de los cuales hab\u00eda mediado autorizaci\u00f3n (por ejemplo, ejercicio del comercio). Tambi\u00e9n gozaban de plena capacidad procesal para intervenir en procesos voluntarios que tend\u00edan a suplir la autorizaci\u00f3n de sus representantes legales para realizar determinados actos.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1nto ha cambiado el sistema? No cabe duda que estamos ante un nuevo paradigma. V\u00e9lez determin\u00f3 compartimentos estancos por edades y la incapacidad absoluta de los ni\u00f1os, a los que denomin\u00f3 menores imp\u00faberes. Pens\u00f3 al menor adulto (el mayor de catorce a\u00f1os) como un sujeto capaz con restricciones a lo que pod\u00eda hacer, y el art\u00edculo 55 dice que son incapaces respecto de ciertos actos o el modo de ejercerlos. Es decir, todo le estaba permitido excepto lo expresamente prohi\u00adbido.<\/p>\n A partir de la sanci\u00f3n de la Ley 17711, y a pesar de que en el mundo ya se hab\u00eda adelantado el concepto de autonom\u00eda progresiva, se contin\u00faa considerando incapaz al adolescente, d\u00e1ndosele reconocimiento para ciertos actos. No puede hacer nada excepto lo que la ley le autoriza.<\/p>\n \u00bfQue pasar\u00e1 a partir de la vigencia de la Ley 26994? Se incorporar\u00e1 definitivamente lo reglado al derecho interno en la Convenci\u00f3n y en el C\u00f3digo civil, es decir, en la norma civil general y no en una norma especial, como lo es la Ley 26061. De la normativa resulta que nos encontramos ante un sujeto capaz, es decir, una persona que puede hacer todo lo que puede hacer, con restricciones provenientes de su natural inmadurez. Es apropiado que los problemas de capacidad y representaci\u00f3n est\u00e9n contenidos en la norma civil.<\/p>\n El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, luego de reconocer la capacidad de derecho a todo ser humano en el art\u00edculo 22, 4<\/a> se encarga de anticipar que la ley puede establecer incapacidades, que se entienden como las incapacidades de derecho. En el art\u00edculo siguiente hace la declaraci\u00f3n general en relaci\u00f3n con la capacidad de ejercicio, que se proclama amplia en el primer p\u00e1rrafo, previendo en el segundo limitaciones al ejercicio, que tambi\u00e9n podr\u00e1n ser establecidas por los jueces en una sentencia. 5<\/a><\/p>\n A continuaci\u00f3n, el art\u00edculo 24 6<\/a> enuncia qui\u00e9nes son los incapaces de ejercicio. Es poco feliz, porque parece borrar con el codo lo que se escribi\u00f3 un art\u00edculo antes. En el inciso b) dice que el ni\u00f1o es uno de esos incapaces de ejercicio, al mencionar que lo es la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficientes con el alcance dispuesto en la Secci\u00f3n Segunda del Cap\u00edtulo 2. La Secci\u00f3n Segunda del Cap\u00edtulo 2 trata de la persona menor de edad. El art\u00edculo 25 define que es menor la persona que no ha cumplido dieciocho a\u00f1os y llama adolescente al menor que ha cumplido trece a\u00f1os de edad.<\/p>\n Dejando de lado la clasificaci\u00f3n de menores p\u00faberes, imp\u00faberes y adultos que regul\u00f3 V\u00e9lez Sarsfield y luego la reforma de 1968, se contin\u00faa estableciendo un criterio fijo de determinaci\u00f3n de incapacidad.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> El art\u00edculo 26 del nuevo C\u00f3digo<\/a> establece \u2212como regla general\u2212 que el menor ejerce sus derechos por medio de sus representantes. 7<\/a><\/p>\n En todo proceso judicial (sea de naturaleza civil, penal, de familia, etc.) que le concierna al ni\u00f1o, cualquiera sea su edad, tiene derecho a ser o\u00eddo. Esto es aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 12 de la Convenci\u00f3n<\/a>. 8<\/a><\/p>\n Como excepci\u00f3n, el que cuenta con la edad y el grado de madurez suficientes puede ejercer por s\u00ed los actos que le son permitidos. O sea, volvemos a establecer la incapacidad como regla general y, como excepci\u00f3n, actos permitidos por el C\u00f3digo.<\/p>\n Si existiese conflicto de intereses entre el menor y representantes, el ni\u00f1o puede intervenir en defensa de sus intereses con asistencia letrada, ejerciendo este derecho de manera aut\u00f3noma.<\/p>\n La capacidad \u2212para ser parte en un proceso\u2212 hace referencia a la aptitud para ser titular de los derechos, cargas y obligaciones que se deducen de la tramitaci\u00f3n del proceso y del desarrollo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal. Esta capacidad se equipara con la capacidad jur\u00eddica del derecho privado. La l\u00f3gica de esta identidad radica en que quien tiene capacidad para ostentar derechos y obligaciones, debe estar facultado para hacerlos valer en juicio, para obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de los mismos.<\/p>\n La capacidad procesal es la aptitud de comparecer como parte v\u00e1lidamente en juicio; coincide con la capacidad de ejercicio. Es la actuaci\u00f3n f\u00edsica necesaria para apersonarse ante un tribunal o ante el sujeto jurisdiccional correspondiente, y dentro de esta capacidad se encuadra la posibilidad de otorgar un poder de representaci\u00f3n a un letrado.<\/p>\n En cuanto a la competencia procesal de los ni\u00f1os y adolescentes, el art\u00edculo 677 del C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> establece el principio general de representaci\u00f3n por parte de los progenitores. Se permite la actuaci\u00f3n sin representaci\u00f3n paterna de manera aut\u00f3noma del adolescente con asistencia letrada. 9<\/a>Preferimos utilizar el t\u00e9rmino competencia cuando nos referimos a los actos que el menor puede hacer por s\u00ed mismo por tener la aptitud intelectual madurativa necesaria y la autorizaci\u00f3n legal para ejercerlos.<\/p>\n Para el caso de los menores sujetos a tutela no hay un art\u00edculo espec\u00edfico sobre representaci\u00f3n procesal, por lo que se aplican los principios generales (art.\u00a0101 CCCN).<\/p>\n Para estar en juicio, la representaci\u00f3n debe ser ejercida por ambos progenitores, en virtud de lo establecido por el art\u00edculo 645, inciso d), 10<\/a> que regula los actos de mayor trascendencia y exige el consentimiento de ambos progenitores para el acto, no siendo suficiente el permiso de uno solo. Este art\u00edculo prescribe que \u2212para estar en juicio\u2212 la autorizaci\u00f3n la deben dar en los supuestos en que los ni\u00f1os no puede\u00a0actuar por s\u00ed, de lo que se desprende que habr\u00e1 casos en los que los menores podr\u00e1n actuar por s\u00ed mismo.<\/p>\n El art\u00edculo 27, inciso c), de la Ley 26061 reconoce el derecho del ni\u00f1o a ser asistido por un letrado ante la posibilidad de participar en un proceso administrativo o judicial; y el Decreto reglamentario 415\/2006<\/a> menciona expresamente que el derecho a la asistencia letrada previsto incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la ni\u00f1a, ni\u00f1o o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representaci\u00f3n promiscua que ejerce el ministerio pupilar.<\/p>\n El siguiente p\u00e1rrafo del art\u00edculo 677 contin\u00faa diciendo que se presume que el hijo adolescente, es decir, mayor de trece a\u00f1os, cuenta con suficiente autonom\u00eda para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera aut\u00f3noma con asistencia letrada. Por lo que toda vez que los padres lo autoricen expresa o t\u00e1citamente, la intervenci\u00f3n del adolescente puede ser personal. En el caso del adolescente, la autonom\u00eda progresiva reconocida implica que quien la ejerce pueda designar el letrado patrocinante y participar del proceso de manera independiente de la voluntad de sus padres, si cuenta con la debida protecci\u00f3n que significa la asistencia letrada.<\/p>\n En el interesante fallo \u201cK., M. y otro c\/ K., M.\u00a0D. s\/autorizaci\u00f3n\u201c de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil 11<\/a>, se dijo:<\/p>\n En nuestro derecho positivo actual se incorporaron los conceptos de autonom\u00eda y capacidad progresiva de los ni\u00f1os adolescentes y apunta no a la capacidad de derecho sino a una de ejercicio. Tanto las disposiciones de la Convenci\u00f3n Internacional sobre los derechos de los ni\u00f1os como la Ley 26061 incorporan expresiones que se refieren a un sistema progresivo de autonom\u00eda sin sujeci\u00f3n espec\u00edfica a la edad cronol\u00f3gica en funci\u00f3n del grado de madurez intelectual y psicol\u00f3gica de los menores. La capacidad y discernimiento de los menores establecida en funci\u00f3n de la edad (arts.\u00a054, 55 y 921 del C\u00f3digo Civil) han sido complementados por un criterio de capacidad y discernimientos reales, es decir, que en cada caso el juez de familia debe evaluarlas en atenci\u00f3n a su capacidad progresiva, para establecer si cuentan con suficiente madurez para llevar a cabo por s\u00ed determinadas actuaciones, pues aunque el menor no llegue a los catorce a\u00f1os, puede ser autorizado por el magistrado a llevar a cabo personalmente un acto y considerarlo eficaz. Es decir que las normas del C\u00f3digo Civil sobre capacidad de los menores son s\u00f3lo pautas orientadoras sujetas a consideraci\u00f3n de los jueces, armonizadas con las reglas posteriores y de superior jerarqu\u00eda. 12<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Sin perjuicio de lo antedicho, el art\u00edculo 678 13<\/a> plantea el caso del adolescente que pretende demandar civilmente a un tercero. Si cuenta con autorizaci\u00f3n paterna puede hacerlo sin m\u00e1s, y aun de forma aut\u00f3noma si es adolescente. Si uno o ambos padres se oponen, se establece un proceso con audiencia del o los oponentes y vista al Ministerio P\u00fablico. Aqu\u00ed cabe preguntarnos si esta oposici\u00f3n puede darse solo en el caso de demanda civil a un tercero, o en todos los casos de intervenci\u00f3n de adolescentes en juicio. Creemos que en todos los casos de oposici\u00f3n paterna el procedimiento debiera ser el mismo, intervenci\u00f3n judicial con audiencia al oponente y participaci\u00f3n del ni\u00f1o y su abogado.<\/p>\n El ni\u00f1o no necesita autorizaci\u00f3n parental para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni para entablar o responder acciones de reconocimiento de hijos. Esta posibilidad es aceptada desde anta\u00f1o, de hecho los primeros casos de la jurisprudencia versaban sobre el ni\u00f1o en conflicto con la ley penal y la limitaci\u00f3n al poder punitivo del Estado. 14<\/a><\/p>\n El art\u00edculo 596 15<\/a> menciona el caso de un verdadero proceso judicial de jurisdicci\u00f3n voluntaria, la acci\u00f3n aut\u00f3noma del adolescente adoptado para conocer sus or\u00edgenes. No parece necesario que cuente con la aprobaci\u00f3n de los padres adoptivos, pero s\u00ed se requiere asistencia letrada.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Se prev\u00e9n tres situaciones en las que el ni\u00f1o puede demandar a sus progenitores, inici\u00e1ndole juicio contra uno o ambos padres.<\/p>\n La primera es el caso del ni\u00f1o en reclamo por sus intereses; puede ser que el ni\u00f1o sea v\u00edctima de un il\u00edcito que comete un progenitor en su contra y el otro se niega a demandar al responsable, o bien que ambos padres sean los responsables del il\u00edcito. Saliendo de los hechos en que el ni\u00f1o es v\u00edctima, muchas veces la inacci\u00f3n de uno de los progenitores en ejercer los derechos que corresponden al ni\u00f1o pueden causarle un grave perjuicio econ\u00f3mico. En cuanto al ni\u00f1o v\u00edctima y su posibilidad de presentarse como querellante, el art\u00edculo 679 del C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> prev\u00e9 que el ni\u00f1o pueda estar en juicio contra sus progenitores de manera aut\u00f3noma. 16<\/a> No necesita autorizaci\u00f3n judicial previa si cuenta con la madurez suficiente y asistencia letrada. El art\u00edculo 109, inciso a), parece establecer el l\u00edmite etario en la adolescencia ya que dice que siendo un adolescente el que tiene conflicto con sus representantes no ser\u00e1 necesaria la designaci\u00f3n de un tutor especial, si es que cuenta con asistencia letrada. 17<\/a><\/p>\n La segunda situaci\u00f3n prevista es el reclamo de alimentos, previsto en el art\u00edculo 661. 18<\/a> El ni\u00f1o puede solicitarlo aut\u00f3nomamente si cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente y asistencia letrada. Es l\u00f3gico que as\u00ed sea ya que la desidia de uno o ambos progenitores puede poner al ni\u00f1o en estado de indefensi\u00f3n. No se establece que deba ser adolescente, pero este doble juego de edad y grado de madurez ser\u00e1 el evaluado al momento de aceptarlo como parte procesal.<\/p>\n Si bien la norma no lo prev\u00e9 expresamente, creemos que el ni\u00f1o estar\u00eda legitimado para ejercer su derecho de manera aut\u00f3noma para demandar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, no solo de sus progenitores sino de otros deudores alimentarios, a saber abuelos y progenitor af\u00edn.<\/p>\n Por \u00faltimo, el ni\u00f1o puede pedir rendici\u00f3n de cuentas por lo actuado por sus progenitores. El art\u00edculo 697 19<\/a> no prev\u00e9 que el pedido sea judicial, puede solicitarlo el ni\u00f1o a los padres y \u00e9stos pueden rendirlas. El pedido de rendici\u00f3n de cuentas hace presumir que el ni\u00f1o cuenta con madurez, pero no especifica que esta madurez deba ser suficiente ni hace menci\u00f3n a la edad. Tampoco requiere asistencia letrada para la intervenci\u00f3n del ni\u00f1o. No vemos obs\u00adt\u00e1cu\u00adlos a que esta solicitud de parte del hijo pueda hacerse judicialmente.<\/p>\n Es de destacar que partir de la Ley 26579<\/a>, se modific\u00f3 el art\u00edculo 459 del C\u00f3digo Civil<\/a>. En cualquier tiempo, el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de diecis\u00e9is a\u00f1os, cuando hubiese dudas sobre la buena administraci\u00f3n del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podr\u00e1 pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> \u00bfCu\u00e1ndo el ni\u00f1o debe estar representado o asistido por un letrado? No es obligatoria la participaci\u00f3n de un abogado del ni\u00f1o en todos y cada uno de los casos que involucren a ni\u00f1os. Esta participaci\u00f3n se torna necesaria en los casos de conflicto del ni\u00f1o con sus padres o tutores, en el caso de oposici\u00f3n de intereses, en el caso en que haya conflicto de intereses entre los dos (o m\u00e1s) progenitores o bien su inactividad pueda causar perjuicio a los intereses del ni\u00f1o o bien el ni\u00f1o o adolescente lo solicite expresamente.<\/p>\n Ahora bien, si surge la posibilidad o necesidad de la asistencia letrada, alguien debe ser el encargado de designar al patrocinante. No cabe duda que los progenitores ser\u00e1n los encargados de designarlo, en los casos en que el ni\u00f1o no cuente con el grado de madurez necesaria. Puede ser designado incluso de oficio por el juez o a solicitud del Ministerio P\u00fablico en caso de que el ni\u00f1o no cuente con abogado. Si cuenta con la edad y madurez suficiente, podr\u00eda ser designado por el propio ni\u00f1o y en este caso estar\u00edamos en presencia de contrato de mandato si el abogado accede a patrocinarlo.<\/p>\n Excede a este trabajo el adentrarnos en la capacidad de contratar del adolescente, pero en principio nos inclinamos por aceptar la posibilidad de este contrato de mandato, sobre todo en vista del control jurisdiccional inmediato y permanente que tendr\u00eda el mismo.<\/p>\n Con respecto a la posibilidad de un patrocinante del ni\u00f1o, es digno de destacar un fallo de Mar del Plata 20<\/a> que dijo:<\/p>\n Se ha interpretado que a la luz del art\u00edculo 282 del C.\u00a0C., no resulta obligatorio para el juez designar un tutor ad litem<\/em> en tanto esta norma establece una facultad y no una obligaci\u00f3n, por lo que, de as\u00ed requerirlo el adolescente, el juez podr\u00e1 permitirle su propio abogado patrocinante, haci\u00e9ndolo a m\u00e9rito del inter\u00e9s superior y la autonom\u00eda progresiva.<\/p>\n<\/blockquote>\n En ese fallo se recalca que el Ministerio P\u00fablico no puede jugar el doble rol de asesor de menores y abogado del ni\u00f1o. Asimismo, el notario \u2212a la hora de otorgar el poder\u2212 puede hacer un juicio de edad y madurez suficiente. Esta funci\u00f3n no le es absolutamente ajena a los escribanos hoy, toda vez que hacemos juicio de discernimiento para cada acto que autorizamos. Ser\u00eda apropiado que el contenido del poder sea explicado por el notario en un lenguaje comprensible para el ni\u00f1o, en tanto persona en condici\u00f3n de vulnerabilidad en ese momento del asesoramiento previo.<\/p>\n El escribano deber\u00e1 poner especial atenci\u00f3n en el asesoramiento del menor respecto al acto que solicita otorgar, transmiti\u00e9ndole en las audiencias previas, en un lenguaje sencillo pero preciso, el significado y alcance de las facultades comprendidas en el poder, inform\u00e1ndole adem\u00e1s de las consecuencias que podr\u00edan derivarse del otorgamiento del mismo, todo esto a fin de lograr que el menor est\u00e9 en condiciones de comprender el contenido del acto a otorgar.<\/p>\n En ese sentido, la regla n\u00ba 72 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condici\u00f3n de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 2008) 21<\/a> recomienda:<\/p>\n Se procurar\u00e1 adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condici\u00f3n de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla.<\/p>\n<\/blockquote>\n El juicio de madurez estar\u00eda emparentado con el juicio de discernimiento, y ambos est\u00e1n dentro de los l\u00edmites de su propio convencimiento. Quien quiera aducir la falta de madurez deber\u00e1 probarla.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> De este breve an\u00e1lisis se puede concluir que la participaci\u00f3n de ni\u00f1as o ni\u00f1os y adolescentes en los procesos judiciales que los afectan se torna obligatoria a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos.<\/p>\n El C\u00f3digo Civil y Comercial ha receptado el concepto de autonom\u00eda progresiva. La competencia procesal de los adolescentes debe considerarse amplia y para todos los actos, siempre que tengan la madurez para comprender el acto y asistencia letrada.<\/p>\n Nos inclinamos por aceptar la competencia procesal del adolescente para otorgar poderes para la elecci\u00f3n del abogado patrocinante, siendo el notario quien puede determinar si cuenta con la madurez suficiente.<\/p>\n Es funci\u00f3n del notario asesorar al ni\u00f1o en un lenguaje adecuado a su edad, cultura y grado de comprensi\u00f3n, a fin de lograr que este comprenda no solo el acto que va a otorgar sino las consecuencias que se derivan del mismo.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> <\/p>\n Imagen superior: Ni\u00f1os pescan…<\/a><\/em> Viaje a Bolivia.<\/a> Creative Commons<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Competencia procesal del ni\u00f1o a partir de la sanci\u00f3n de la Ley 26994. Concepto de autonom\u00eda progresiva. Es aceptable la competencia procesal del adolescente para otorgar poderes para la elecci\u00f3n del abogado patrocinante; el notario es quien puede determinar si cuenta con la madurez suficiente.1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
2. De la capacidad, competencia y autonom\u00eda progresiva<\/h2>\n
\n
3. La representaci\u00f3n en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/h2>\n
\n
4. La demanda del ni\u00f1o contra sus progenitores<\/h2>\n
5. Representaci\u00f3n y asistencia letrada<\/h2>\n
\n
\n
6. Conclusiones<\/h2>\n
Notas<\/h6>\n
*<\/a>. <\/strong>Presentado en la XLI Convenci\u00f3n Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, 24-26 junio 2015).<\/div>\n1<\/a>.<\/strong> Grosman, Cecilia y Herrera, Marisa, \u201cImplicancias de la Ley 26579, que modifica la mayor\u00eda de edad a los 18 a\u00f1os en el derecho alimentario de los hijos\u201d, en AA.\u00a0VV., Derecho a la juventud. Ley 26579 de reducci\u00f3n de la mayor\u00eda de edad a los dieciocho a\u00f1os<\/em>, Buenos Aires, Prometeo, 2010.<\/div>\n2<\/a>.<\/strong> Los conceptos de capacidad y autonom\u00eda progresivas se encuentran definidos en el art.\u00a05 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o<\/a>: \u201cLos Estados partes respetar\u00e1n las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, seg\u00fan establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del ni\u00f1o de impartirle, en consonancia con la evoluci\u00f3n de sus facultades, direcci\u00f3n y orientaci\u00f3n apropiadas para que el ni\u00f1o ejerza los derechos reconocidos en la presente Convenci\u00f3n\u201d.<\/div>\n3<\/a>.<\/strong> Minyersky, Nelly, \u201cLa capacidad progresiva. El acceso a la justicia de ni\u00f1os\/as y adolescentes v\u00edctimas. Protecci\u00f3n de sus derechos\u201d (exposici\u00f3n en Seminario \u201cEl acceso a la justicia de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas y testigos de delitos: Protecci\u00f3n de sus derechos y uso de nuevas tecnolog\u00edas\u201d [Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 23-24 abril 2009]). [N. del E.: el lector podr\u00e1 acceder a una versi\u00f3n corregida y aumentada de la exposici\u00f3n aqu\u00ed<\/a> {pp. 55-70}].<\/div>\n4<\/a>.<\/strong> Art.\u00a022: \u201cCapacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jur\u00eddicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jur\u00eddicos determinados\u201d.<\/div>\n5<\/a>. <\/strong>Art.\u00a023: \u201cCapacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por s\u00ed misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este C\u00f3digo y en una sentencia judicial\u201d.<\/div>\n6<\/a>.<\/strong> Art.\u00a024: \u201cPersonas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Secci\u00f3n 2\u00aa de este Cap\u00edtulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensi\u00f3n dispuesta en esa decisi\u00f3n\u201d.<\/div>\n7<\/a>.<\/strong> Art.\u00a026: \u201cEjercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a trav\u00e9s de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por s\u00ed los actos que le son permitidos por el ordenamiento jur\u00eddico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser o\u00edda en todo proceso judicial que le concierne as\u00ed como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre trece y diecis\u00e9is a\u00f1os tiene aptitud para decidir por s\u00ed respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad f\u00edsica. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o est\u00e1 en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su inter\u00e9s superior, sobre la base de la opini\u00f3n m\u00e9dica respecto a las consecuencias de la realizaci\u00f3n o no del acto m\u00e9dico. A partir de los diecis\u00e9is a\u00f1os, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo\u201d.<\/div>\n8<\/a>.<\/strong> Art.\u00a012: \u201c1) Los Estados Partes garantizar\u00e1n al ni\u00f1o que est\u00e9 en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opini\u00f3n libremente en todos los asuntos que afectan al ni\u00f1o, teni\u00e9ndose debidamente en cuenta las opiniones del ni\u00f1o, en funci\u00f3n de la edad y madurez del ni\u00f1o. 2) Con tal fin, se dar\u00e1 en particular al ni\u00f1o oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al ni\u00f1o, ya sea directamente o por medio de un representante o de un \u00f3rgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional\u201d.<\/div>\n9<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0677: \u201cRepresentaci\u00f3n. Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonom\u00eda para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera aut\u00f3noma con asistencia letrada\u201d.<\/div>\n10<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0645: \u201cActos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble v\u00edncu\u00adlo filial, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos: a) autorizar a los hijos adolescentes entre diecis\u00e9is y dieciocho a\u00f1os para contraer matrimonio; b) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; c) autorizarlo para salir de la Rep\u00fablica o para el cambio de residencia permanente en el extranjero; d) autorizarlo para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por s\u00ed; e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administraci\u00f3n de conformidad con lo previsto en este cap\u00edtulo. En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el inter\u00e9s familiar. Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso\u201d.<\/div>\n11<\/a>.<\/strong> Sala B, 19\/3\/2009.<\/div>\n12<\/a>.<\/strong> [N. del E.: Sumario n\u00ba 19107<\/a> de la base de datos de la Secretar\u00eda de Jurisprudencia de la C\u00e1mara Civil. El lector podr\u00e1 acceder a los restantes sumarios del fallo aqu\u00ed<\/a>, con la fecha de la sentencia].<\/div>\n13<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0678: \u201cOposici\u00f3n al juicio. Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acci\u00f3n civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada, previa audiencia del oponente y del Ministerio P\u00fablico\u201d.<\/div>\n14<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0680: \u201cHijo adolescente en juicio. El hijo adolescente no precisa autorizaci\u00f3n de sus progenitores para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos\u201d.<\/div>\n15<\/a>. <\/strong>Art.\u00a0596: \u201cDerecho a conocer los or\u00edgenes. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramit\u00f3 su adopci\u00f3n y a otra informaci\u00f3n que conste en registros judiciales o administrativos. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervenci\u00f3n del equipo t\u00e9cnico del tribunal, del organismo de protecci\u00f3n o del registro de adoptantes para que presten colaboraci\u00f3n. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del ni\u00f1o y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus or\u00edgenes al adoptado, quedando constancia de esa declaraci\u00f3n en el expediente. Adem\u00e1s del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente est\u00e1 facultado para iniciar una acci\u00f3n aut\u00f3noma a los fines de conocer sus or\u00edgenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada\u201d.<\/div>\n16<\/a>. <\/strong>Art.\u00a0679: \u201cJuicio contra los progenitores. El hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorizaci\u00f3n judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada\u201d.<\/div>\n17<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0109: \u201cTutela especial. Corresponde la designaci\u00f3n judicial de tutores especiales en los siguientes casos: a) cuando existe conflcto de intereses entre los representados y sus representantes; si el representado es un adolescente puede actuar por s\u00ed, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designaci\u00f3n del tutor especial; b) cuando los padres no tienen la administraci\u00f3n de los bienes de los hijos menores de edad; c) cuando existe oposici\u00f3n de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a); d) cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condici\u00f3n de ser administrados por persona determinada o con la condici\u00f3n de no ser administrados por su tutor; e)\u00a0cuando existe necesidad de ejercer actos de administraci\u00f3n sobre bienes de extra\u00f1a jurisdicci\u00f3n al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor; f) cuando se requieren conocimientos espec\u00edficos o particulares para un adecuado ejercicio de la administraci\u00f3n por las caracter\u00edsticas propias del bien a administrar; g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designaci\u00f3n del tutor que corresponda\u201d.<\/div>\n18<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0661: \u201cLegitimaci\u00f3n. El progenitor que falte a la prestaci\u00f3n de alimentos puede ser demandado por: a) el otro progenitor en representaci\u00f3n del hijo; b) el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada; c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio P\u00fablico\u201d.<\/div>\n19<\/a>.<\/strong> Art.\u00a0697: \u201cRentas. Las rentas de los bienes del hijo corresponden a \u00e9ste. Los progenitores est\u00e1n obligados a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. S\u00f3lo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo con autorizaci\u00f3n judicial y por razones fundadas, en benefiio de los hijos. Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo, presumi\u00e9ndose su madurez\u201d.<\/div>\n20<\/a>.<\/strong> Tribunal de Familia n\u00ba 2, Mar del Plata, 9\/8\/2007, \u201cV.\u00a0S. s\/autorizaci\u00f3n\u201d, expte. 7648\/06.<\/div>\n21<\/a>.<\/strong> [N. del E.: el lector podr\u00e1 acceder aqu\u00ed<\/a> al documento que contiene las cien reglas, y tambi\u00e9n a otros documentos<\/a> de la Cumbre].<\/div>\n
\nImagen: Ni\u00f1os pescan…<\/a><\/em> Viaje a Bolivia.<\/a> Creative Commons<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":2652,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","spay_email":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[1],"tags":[501,1045,1049,1044,191,1021,1050,927,1048,1051,751,805,901,1046,212,1047],"class_list":["post-2636","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-autonomia-de-la-voluntad","tag-autonomia-progresiva","tag-capacidad-procesal","tag-competencia-procesal","tag-convencion-derechos-nino-cdn","tag-codigo-civil-comercial-2014","tag-decreto-4152006","tag-incapacidad-de-derecho","tag-juicio","tag-k-m-y-otro-c-k-m-d-s-autorizacion","tag-ley-26994","tag-menores","tag-menores-entre-16-y-18-anos","tag-ninas-ninos-y-adolescentes","tag-poderes","tag-representacion","revista-1016","seccion-doctrina","autor-cordoba-maria-mercedes","ao-2171","tema-capacidad","tema-menores"],"yoast_head":"\n