<\/p>\n
Resumen<\/span>:<\/strong>\u00a0El nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial de la Rep\u00fablica Argentina contiene un cap\u00edtulo que regula el contrato de arbitraje, incorporando conceptos consagrados en todo el mundo. La tipificaci\u00f3n del contrato de arbitraje dentro de un c\u00f3digo no procesal es una novedad a la que deber\u00e1n ajustarse el resto de las leyes existentes en cuanto puedan considerarse contradictorias con el texto aprobado. La redacci\u00f3n aprobada incurre en serios errores que podr\u00edan ser corregidos en el plazo se\u00f1alado para su puesta en vigencia.<\/p>\n <\/p>\n El arbitraje es uno de los m\u00faltiples modos de soluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos previsto en nuestro ordenamiento jur\u00eddico vigente.<\/p>\n Es de derecho p\u00fablico cuando involucra Estados o personas de derecho p\u00fa\u00adbli\u00adco;<\/a> \u00a0(1<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0es privado cuando el conflicto se desarrolla entre personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas no estatales. Es internacional si no todas las partes residen dentro de las fronteras de un \u00fanico Estado o el pleito contiene elementos de car\u00e1cter internacional.<\/p>\n Un caso muy especial es el arbitraje de inversi\u00f3n, que pretende dar soluci\u00f3n pa\u00adc\u00edfica a los conflictos entre un Estado receptor de inversiones e inversores extranjeros. Fue estructurado a trav\u00e9s del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI<\/span><\/a>) en el marco del\u00a0Banco Mundial<\/span><\/a>\u00a0y de los tratados bilaterales de protecci\u00f3n de inversores extranjeros celebrados por un gran n\u00famero de pa\u00edses.<\/a> \u00a0(2<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n El juicio de arbitraje se encuentra incluido dentro del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CPCCN<\/span><\/a>; Libro VI, arts.\u00a0736 y ss.) y en los diversos\u00a0c\u00f3digos de procedimientos provinciales<\/span><\/a>. Los c\u00f3digos procesales establecen reglas para el proceso del juicio arbitral, pero no regulan el acuerdo de arbitraje ni los restantes acuerdos bajo los cuales se estructura el arbitraje, tales como el acuerdo con la instituci\u00f3n administradora y los acuerdos con los \u00e1rbitros designados. El CPCCN omite legislar el arbitraje internacional.<\/p>\n Es opini\u00f3n generalizada que este conjunto de normas incluidas en los c\u00f3digos de procedimientos ya son obsoletas y requieren una actualizaci\u00f3n en forma urgente.<\/a> \u00a0(5<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0La Comisi\u00f3n de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI<\/span><\/a>) se ha preocupado por dictar \u2013y actualizar\u2013 la\u00a0Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional<\/span><\/a>.<\/a> \u00a0(6<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0Con ligeras modificaciones, los enunciados de la Ley Modelo han sido adoptados hace d\u00e9cadas por un gran n\u00famero de pa\u00edses, y varios de sus principios principales se encuentran incorporados al\u00a0CCCN<\/span><\/a>.<\/p>\n Hasta la sanci\u00f3n del CCCN, la mayor fuente de normas positivas que incluyeran el arbitraje se encontraba en los tratados internacionales y multinacionales en los que la Argentina es parte. Cabe mencionar los principales: la Convenci\u00f3n sobre Reconocimiento y Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958 (Ley 23.619<\/span><\/a>) y los acuerdos sobre arbitraje comercial internacional del MERCOSUR (Ley 25.223<\/span><\/a>).<\/a> \u00a0(7<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n La instituci\u00f3n del arbitraje existe en todos los Estados que tienen alguna relaci\u00f3n comercial con Argentina, incluidos Cuba, Rusia, China, los pa\u00edses de \u00c1frica y del Cercano Oriente, y todos los Estados europeos. Es decir, es respetada y utilizada en naciones con organizaciones pol\u00edticas y culturas jur\u00eddicas dis\u00edmiles. Existi\u00f3 en la Grecia cl\u00e1sica y bajo el derecho romano, perdur\u00f3 durante la Edad Media, estuvo presente en el derecho colonial hispano, fue actualizada durante la Revoluci\u00f3n Francesa y fue revitalizada para el comercio internacional desde los inicios del siglo\u00a0XX.<\/p>\n Es notoria la importancia actual del arbitraje en los pa\u00edses de la regi\u00f3n, entre ellos, Chile, Per\u00fa, Brasil, Colombia y, adem\u00e1s, Espa\u00f1a y M\u00e9jico, merced a una adecuada legislaci\u00f3n, frente a la cual nuestro derecho resultaba vetusto y atrasado. No sorprende, entonces, que, remediando en lo posible la falencia normativa, los tribunales argentinos hayan convalidado esta instituci\u00f3n, tan arraigada en la comunidad de naciones, y tanto la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial co\u00admo la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) y los tribunales provinciales hayan\u00a0afirmado su vigencia en incontables fallos por sobre las infaltables y retr\u00f3gradas disidencias. En cambio, resulta sorprendente que entre legisladores, funcionarios de gobierno de Argentina y profesionales del derecho, el arbitraje infunda inexplicables resquemores, at\u00e1vicos temores y una resistencia encarnizada a los cambios requeridos para adoptar los modos de convivencia pac\u00edfica propios de las transacciones comerciales que se celebran hoy en todo el planeta.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> El arbitraje comercial privado es un acuerdo de voluntades destinado a resolver un conflicto presente o futuro de car\u00e1cter patrimonial mediante la intervenci\u00f3n de un \u00e1rbitro, que dicta una sentencia llamada laudo, obligatoria para las partes, con efectos similares a los de una sentencia firme emanada de un juez competente (ver art.\u00a0499\u00a0CPCCN<\/span><\/a>). En palabras de la CSJN,<\/a> \u00a0(8<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0es<\/p>\n \u2026 la instituci\u00f3n por la que un tercero resuelve las diferencias que enfrentan a dos o m\u00e1s partes, en ejercicio de facultades jurisdiccionales conferidas por ellos mismos.<\/p>\n<\/blockquote>\n El\u00a0CCCN<\/span><\/a>\u00a0define el contrato o cl\u00e1usula arbitral de este modo:<\/p>\n Ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1649. Definici\u00f3n. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisi\u00f3n de uno o m\u00e1s \u00e1rbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, contractual o no contractual\u2026<\/p>\n<\/blockquote>\n La definici\u00f3n admite cr\u00edticas, incluso de t\u00e9cnica legislativa, ya que puede sustentarse que no es conveniente insertar definiciones en un cuerpo de legislaci\u00f3n que debe ser preceptivo. Sin embargo, la divulgaci\u00f3n del concepto tiene utilidad residual en la medida en que son frecuentes las confusiones entre mediaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n y arbitraje con las que todav\u00eda tropiezan, sin ruborizarse, legos, escribanos y abogados del foro dom\u00e9stico.<\/p>\n Cabe agregar que, por lo com\u00fan,\u00a0arbitraje<\/em>\u00a0tambi\u00e9n alude al procedimiento o juicio arbitral, seg\u00fan resulta de la cita del fallo de la CSJN. Esta sinonimia entre acuerdo arbitral y procedimiento o juicio arbitral suele dar lugar a confusiones.<\/p>\n La inclusi\u00f3n del Cap\u00edtulo 29 del CCCN entre los contratos t\u00edpicos o nominados es singular, ya que, generalmente, los pa\u00edses con cultura jur\u00eddica similar a nuestro ordenamiento legal reglamentan esta instituci\u00f3n a trav\u00e9s de una ley especial. Numerosos proyectos de ley inspirados en las excelentes recomendaciones de la Ley Modelo de Naciones Unidas (CNUDMI) no han logrado ser aprobados por nuestro Congreso, cuyo desinter\u00e9s por el tema es notable.<\/p>\n Del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1649 del CCCN surge en forma patente la naturaleza bidimensional del arbitraje privado:<\/a> \u00a0(9<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0se trata de un acuerdo entre personas privadas; sin embargo, este \u201ccontrato\u201d tiene por objeto designar un juez, fijarle la competencia y dotarlo de normas procesales propias. Ello resulta inc\u00f3modo porque estamos muy acostumbrados a la idea de que la administraci\u00f3n de justicia es uno de los tres poderes constitucionales, ejercido por jueces designados por el Estado, y de que sus competencias y sus procedimientos surgen de la respectiva ley. Lo extraordinario de este juez que las partes eligen para resolver su caso es que se encuentra dotado de jurisdicci\u00f3n; es decir, sus decisiones tendr\u00e1n el valor legal de una sentencia firme emanada de un juez estatal, porque as\u00ed lo establecen el CPCCN y las restantes leyes aplicables.<\/p>\n Este rostro bifronte del arbitraje \u2013de un lado, acuerdo entre privados; del otro, jurisdicci\u00f3n para establecer los derechos de las partes en conflicto que las leyes de ordinario conf\u00edan a los jueces estatales\u2013 resulta desconcertante para ciertos juristas acostumbrados a los silogismos de la l\u00f3gica formal y a distinguir, en forma tajante y absoluta, el ordenamiento jur\u00eddico vigente en las esferas de lo p\u00fablico y de lo privado, como si fueran \u00e1mbitos estancos. De all\u00ed los esfuerzos de benevolentes comentaristas para introducir el arbitraje en el estrecho molde de los contratos,<\/a> \u00a0(10<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0o el de sus contrincantes, que pretenden adjudicarle al arbitraje un rol de funci\u00f3n jurisdiccional que consideran propio de la administraci\u00f3n p\u00fablica. A ello se suman quienes atacan el arbitraje como a su peor enemigo, afirmando con pobre rigor intelectual que \u201ces la privatizaci\u00f3n de la justicia\u201d, implicando que ello es muy indeseable.<\/p>\n Aqu\u00ed cabe recordar que tanta sospecha y temor desaparecer\u00edan no bien se tomase en cuenta que el arbitraje no es una panacea para todo tipo de litigio, ya que<\/p>\n 1) la ley limita estrictamente los conflictos que pueden ser sometidos a arbitraje (art.\u00a01651\u00a0CCCN<\/span><\/a>) y lo reserva exclusivamente para aquellos en los que se dirimen derechos patrimoniales libremente disponibles por las partes;<\/p>\n 2) los \u00e1rbitros, si bien en sus laudos establecen el derecho cuestionado con fuerza de cosa juzgada, carecen de\u00a0coercio<\/em>, es decir, las partes deben recurrir a los jueces estatales si se trata de hacer cumplir las decisiones arbitrales mediante el concurso de la fuerza p\u00fablica. Esto no resulta tan sustancial como pareciera a primera vista en virtud de que la experiencia demuestra que los laudos son cumplidos voluntariamente en un alt\u00edsimo porcentaje (arriba del 90 %) en Argentina y en el resto del mundo.<\/p>\n Quienes sostienen que la Constituci\u00f3n Nacional reserva la jurisdicci\u00f3n para los magistrados que integran la administraci\u00f3n de justicia y que, por lo tanto, su naturaleza afecta el orden p\u00fablico \u2013implicando que los ciudadanos mayores de edad, capaces y con libre administraci\u00f3n de sus bienes nada pueden pactar respecto de c\u00f3mo solucionar un pleito de naturaleza patrimonial que solo a ellos ata\u00f1e\u2013 olvidan que los derechos afectados por los laudos son libremente disponibles por sus titulares. Bien podr\u00edan \u00e9stos renunciarlos, condonarlos, cederlos, transarlos o resolver el pleito tirando una moneda al aire, y en nada quedar\u00eda afectado el\u00a0proteiforme<\/em>\u00a0orden p\u00fablico con este resultado \u2013iguales argumentos han sido alzados en numerosos pa\u00edses y derrotados en todos los casos; Brasil es un buen ejemplo de ello\u2013.<\/a> \u00a0(11<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n Finalmente, para apaciguar a los esc\u00e9pticos, cabe subrayar que la delegaci\u00f3n de competencia en los \u00e1rbitros elegidos por las partes, que el Estado reconoce mediante el contrato de arbitraje, no es absoluta, ya que la ley reserva el control de la validez o nulidad del laudo final a los magistrados (entre otras facultades ejercibles a falta de acuerdo de las partes). El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1656 del CCCN dispone:<\/p>\n Efectos. Revisi\u00f3n de los laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no est\u00e9 aun conociendo de la controversia y el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable.<\/p>\n En caso de duda, ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.<\/p>\n Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este cap\u00edtulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente C\u00f3digo. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnaci\u00f3n judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n<\/blockquote>\n En un gran n\u00famero de pa\u00edses es generalmente aceptado que la legislaci\u00f3n aplicable considere inv\u00e1lida la renuncia anticipada a reclamar en sede judicial la nulidad del laudo final. Sin embargo, se enuncian en cada caso las causales taxativas que pueden invocarse para sustentar la eventual nulidad alegada. En contraste, es por todos aceptado que el recurso de apelaci\u00f3n es renunciable (ver art.\u00a0760\u00a0CPCCN<\/span><\/a>).<\/p>\n Ello en nada contradice el derecho argentino. En numerosas oportunidades distintos fueros han afirmado que la doble instancia m\u00ednima, inherente al derecho penal,<\/a> \u00a0(12<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0no es un requisito necesario para asegurar el derecho constitucional a tener un juez imparcial, cuando se trata de derechos patrimoniales disponibles por sus titulares.<\/a> \u00a0(13<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0En segundo lugar, es claro que toda parte en un pleito sustanciado ante los magistrados puede consentir la sentencia de primera instancia \u2013de hecho, ello sucede frecuentemente\u2013, sin que ello afecte su derecho de defensa. Por ello, una interpretaci\u00f3n razonable y congruente con la intenci\u00f3n de consagrar el arbitraje como contrato v\u00e1lido impone establecer que la \u00fanica impugnaci\u00f3n irrenunciable\u00a0ab initio<\/em>\u00a0es la basada en alguna de las nulidades expresamente establecidas por la ley.<\/p>\n No cabe interpretar de otro modo la \u00faltima oraci\u00f3n del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo transcripto, a\u00f1adida sin debate ni mayor reflexi\u00f3n al texto original del Proyecto.<\/a> \u00a0(14<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0Cuando el CCCN alude al laudo definitivo \u201ccontrario al ordenamiento jur\u00eddico\u201d, no ampl\u00eda las causales de nulidad previstas en la oraci\u00f3n precedente, sino que aclara lo que \u00e9sta establece. Si ello no fuera as\u00ed, a nadie se le ocurrir\u00eda pactar el arbitraje a fin de delegar la competencia para obtener una soluci\u00f3n final a su discrepancia fuera del alcance de las leyes de procedimientos judiciales locales si ello las condujera de todos modos al mismo proceso judicial que pretendieron evitar.<\/p>\n La interpretaci\u00f3n contraria a la aqu\u00ed propugnada ser\u00eda repudiable por los resultados absurdos que lograr\u00eda, en contradicci\u00f3n a la tendencia mundial favorable al arbitraje. En tal sentido, prevalece lo establecido con claridad meridiana en el primero y en el segundo p\u00e1rrafo del mismo ar\u00adt\u00edcu\u00adlo. Por lo dem\u00e1s, la voluntad del legislador es favorecer el arbitraje, incorporando el ordenamiento jur\u00eddico de Argentina a la comunidad de naciones m\u00e1s avanzadas, en lugar de entorpecer la voluntad de las partes para encontrar soluci\u00f3n pac\u00edfica a las controversias sobre derechos disponibles por ellas. Las partes no desean ni solicitan una tutela estatal de esa clase.<\/p>\n El principio b\u00e1sico enunciado, utilizando el escueto lat\u00edn del derecho romano como\u00a0pacta sunt servanda<\/em>, ha sido reconocido como norma fundamental de la nueva\u00a0Lex Mercatoria<\/em>, necesaria para llevar adelante las nuevas y complejas transacciones internacionales y solucionar en forma definitiva y pac\u00edfica los conflictos surgidos del entramado de relaciones globalizadas. Es reconocido en forma uniforme por la mayor parte de los Estados nacionales y constituye un pilar b\u00e1sico del sistema jur\u00eddico argentino (ver arts.\u00a0959, 961 y cc. CCCN). Es por ello imperativo utilizarlo como par\u00e1metro de interpretaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Si una instituci\u00f3n jur\u00eddica ha permanecido durante siglos, es utilizada por los sistemas jur\u00eddicos de la mayor parte de los Estados existentes y ha sido adoptada por instituciones internacionales y transnacionales, es porque resulta \u00fatil a las partes en situaci\u00f3n de conflicto y m\u00e1s conveniente que la v\u00eda judicial. Las principales ventajas radican en que las partes involucradas pueden acceder a una soluci\u00f3n pac\u00edfica de sus conflictos patrimoniales en un plazo esencialmente m\u00e1s breve que el de cualquier pleito, que perdurar\u00e1 a\u00f1os ante los tribunales estatales, y a un costo razonable.<\/p>\n Ello cobra mayor importancia en el campo de las relaciones comerciales internacionales. Cuando se trata de conflictos entre comerciantes situados en distintos pa\u00edses, es explicable que el arbitraje ofrezca mayores garant\u00edas de alcanzar una soluci\u00f3n justa frente al temor de sucumbir bajo eventuales simpat\u00edas nacionalistas, o de otra clase, de los jueces estatales, que por otro lado deben subordinarse a los vericuetos, chicanas, formulismos, tribunales de segunda o tercera instancia y plazos extendidos, propios a las leyes procesales locales.<\/p>\n Dichas ventajas esenciales, que son la verdadera raz\u00f3n de ser del arbitraje, quedar\u00edan destruidas si la ley, despreciando la voluntad com\u00fan de las partes, las obligase a recaer una y otra vez ante los jueces estatales para que decidan lo ya resuelto por los \u00e1rbitros, con el costo consiguiente emanado de leyes arancelarias, tasas de justicia, a\u00f1os de evitables demoras y honorarios de profesionales involucrados, entre otros inconvenientes y gastos accesorios, e incertidumbres cuando se trata de litigar en foros extra\u00f1os e ignotos.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> El Cap\u00edtulo 29 del\u00a0CCCN<\/span><\/a>\u00a0es un extraordinario avance para modernizar la regulaci\u00f3n del arbitraje en nuestro ordenamiento legal, a la vez que aproxima la ley de fondo a los tratados que tienen por parte signataria a la Rep\u00fablica Argentina. De este modo, el derecho positivo gana congruencia y alcanza el nivel de las modernas legislaciones en la materia. En los pr\u00f3ximos p\u00e1rrafos se examinar\u00e1n las principales innovaciones.<\/p>\n Sin duda, el principal avance es haber consagrado, por fin, que el acuerdo de arbitraje para solucionar en forma pac\u00edfica conflictos sobre derechos disponibles existe y es frecuentemente utilizado en las transacciones con elementos de internacionalidad y en conflictos patrimoniales puramente dom\u00e9sticos, m\u00e1s all\u00e1 de la reglamentaci\u00f3n de los aspectos procesales en los c\u00f3digos respectivos.<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1653 del CCCN establece la autonom\u00eda del acuerdo o cl\u00e1usula arbitral respecto del contrato base relacionado. La autonom\u00eda determina la preservaci\u00f3n de la fuerza obligatoria del acuerdo arbitral aun cuando el contrato que lo contiene pueda ser impugnado o anulado. Adem\u00e1s, en virtud de la autonom\u00eda, el acuerdo de arbitraje puede alcanzar los actos anteriores a la firma del contrato y las consecuencias posteriores a su terminaci\u00f3n, rescisi\u00f3n o extinci\u00f3n. Ello permite respetar los efectos del acuerdo para la soluci\u00f3n de toda discrepancia relacionada con el contrato base. En materia internacional, la autonom\u00eda del acuerdo arbitral permite que la cl\u00e1usula de arbitraje resulte gobernada por una ley distinta a la ley del contrato.<\/p>\n La facultad que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1654 le concede al tribunal arbitral para decidir sobre su propia competencia corre aparejada con la regla que consagra la autonom\u00eda; es aceptada en la generalidad de los pa\u00edses y ha sido incorporada hace d\u00e9cadas a la\u00a0Ley Modelo CNUDMI<\/span><\/a>. La regla es conocida como competencia de la competencia. Es una soluci\u00f3n pr\u00e1ctica que permite llevar adelante los arbitrajes con eficacia, logrando que se cumpla el acuerdo de arbitraje cuando alguna de las partes pretende cuestionar su existencia, alcance o poder vinculante. De todos modos, la decisi\u00f3n del tribunal arbitral sobre los alcances del contrato de arbitraje y la decisi\u00f3n sobre su propia competencia se encuentran siempre sujetas al control de los magistrados mediante la impugnaci\u00f3n del laudo final por nulidad, basada en las causales taxativamente enumeradas.<\/p>\n De acuerdo con lo establecido por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1655\u00a0CCCN<\/span><\/a>, el \u00e1rbitro puede dictar medidas cautelares, pero si la parte resuelve acudir a un juez estatal para solicitarlas, dicha elecci\u00f3n no ser\u00e1 interpretada como renuncia a ejercer los derechos emanados de la cl\u00e1usula arbitral. Nuevamente, la norma recoge los principios generalmente aceptados por numerosos ordenamientos jur\u00eddicos y los criterios consagrados por los antecedentes de la jurisprudencia comercial. Sin embargo, es criticable la disposici\u00f3n que al final aclara que las medidas cautelares pueden ser impugnables si violan derechos constitucionales, que parecer\u00eda una obviedad, pero, cuando agrega que tambi\u00e9n ser\u00edan apelables si fueran irrazonables, abre una puerta a impugnaciones que deber\u00eda permanecer cerrada en tanto en cuanto \u2013como ya se dijo\u2013 el laudo final es impugnable en sede judicial si fuese nulo. La previsi\u00f3n en cuanto a la ejecuci\u00f3n forzosamente judicial de la medida es un error y ocasiona, de nuevo, un \u00e1rea de indefinici\u00f3n que el procedimiento arbitral pretende evitar.<\/p>\n Merece ser elogiada la existencia de instituciones dedicadas a la administraci\u00f3n de casos, prevista en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1658. En efecto, en ausencia de instituci\u00f3n administradora, llevar adelante el arbitraje ad hoc plantea numerosas dificultades, en especial cuando la ley del foro no ha sido actualizada con los progresos de la t\u00e9cnica jur\u00eddica creada a fin de asegurar el cumplimiento de la convenci\u00f3n arbitral. Las instituciones o centros de arbitraje son un auxilio eficaz a las partes para ejecutar el acuerdo de arbitraje. En tal sentido, gozan de mayor prestigio la C\u00e1mara de Comercio Internacional (CCI<\/span><\/a>), la London Court of International Arbitration (LCIA<\/span><\/a>), la American Arbitration Association (AAA<\/span><\/a>\u00a0y\u00a0ICDR<\/span><\/a>) y la\u00a0CIETAC<\/span><\/a>\u00a0(China).<\/p>\n En Argentina, las instituciones de arbitraje existen desde hace d\u00e9cadas. Son tradicionales el\u00a0Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires<\/span><\/a>, la\u00a0C\u00e1mara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires<\/span><\/a>, el Centro de Mediaci\u00f3n y Arbitraje Comercial de la C\u00e1mara Argentina de Comercio (CEMARC<\/span><\/a>) y los tribunales de arbitraje de asociaciones de profesionales, tales como el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el\u00a0Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires<\/span><\/a>\u00a0y el\u00a0Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas<\/span><\/a>, entre otros. Adem\u00e1s, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, proliferan los centros menos conocidos que administran pocos casos.<\/p>\n La elecci\u00f3n de la instituci\u00f3n que administrar\u00e1 el caso debe ser objeto de especial atenci\u00f3n. En tal sentido, los reglamentos de cada una presentan diferencias importantes que deben ser conocidas y evaluadas con sumo cuidado por quienes redacten el convenio arbitral.<\/p>\n Los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 1659 y 1660 CCCN avanzan sobre el procedimiento de designaci\u00f3n de los integrantes del tribunal arbitral y calidades de los \u00e1rbitros. Esta es una normativa que, por lo general, encuentra su lugar en los reglamentos de las instituciones administradoras. Sin embargo, debe entenderse que estos ar\u00adt\u00edcu\u00adlos son aplicables en el caso de que las partes no hayan acordado nada. En tal sentido, por ser normas supletorias, pueden ser \u00fatiles para quebrar la par\u00e1lisis del arbitraje cuando una de las partes pretende obstaculizar el cumplimiento de lo pactado.<\/p>\n Ha sido tema de enf\u00e1ticos debates la necesidad de exigir que los \u00e1rbitros posean alg\u00fan t\u00edtulo terciario, sustentada por los colegios de abogados, celosos de su incumbencia. Sobre ello podr\u00edamos extendernos en argumentos en pro y en contra. Basta aqu\u00ed se\u00f1alar que:<\/p>\n \u2022 jueces legos existieron en nuestro pa\u00eds;<\/p>\n \u2022 el t\u00edtulo habilitante para la profesi\u00f3n de abogado exige distintos requisitos y estudios en distintos pa\u00edses;<\/p>\n \u2022 los jueces nacionales han debido aplicar el derecho extranjero sin inconvenientes (ver arts.\u00a02595 y cc. CCCN) y ello permite pensar que la aplicaci\u00f3n de derecho argentino por extranjeros no representar\u00eda problema alguno;<\/p>\n \u2022 en materia de arbitraje internacional, es habitual que los \u00e1rbitros apliquen el derecho elegido por las partes, que es distinto del derecho del lugar en el que ejercen su pr\u00e1ctica profesional (por caso, el art.\u00a013.5 del\u00a0reglamento de arbitraje de la CCI<\/span><\/a>\u00a0expresamente prefiere la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro de nacionalidad distinta a las de todas las partes, como garant\u00eda de su imparcialidad).<\/p>\n La restricci\u00f3n de las personas que pueden ser designadas \u00e1rbitros al hecho de haber cursado estudios en alguna escuela de derecho local no resulta razonable ni asegura la correcta aplicaci\u00f3n del derecho que gobierna el caso, ya que puede muy bien no ser el derecho argentino, especialmente cuando las partes no se encuentran domiciliadas en el territorio nacional o los lugares de cumplimiento de las prestaciones contractuales rebasan las fronteras territoriales.<\/p>\n Por lo dem\u00e1s, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo comentado no hace m\u00e1s que recoger un principio ya establecido por distintos tratados que tienen a la Rep\u00fablica Argentina como signataria. Ello dicho, es dable anotar que la experiencia pr\u00e1ctica indica que, a la hora de elegir el \u00e1rbitro que juzgar\u00e1 el caso, las partes acostumbran elegir profesionales del derecho, de modo que el debate de las incumbencias en los hechos tiene escasa aplicaci\u00f3n. Entre las excepciones se encuentran los casos que son sometidos al arbitraje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, referidos generalmente a discrepancias relacionadas con inmuebles.<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1662\u00a0CCCN<\/span><\/a>\u00a0aborda en forma original el acuerdo de los \u00e1rbitros con las partes, ya que es una relaci\u00f3n pocas veces legislada gen\u00e9ricamente, aunque las reglas que enuncia son comunes a los reglamentos de las instituciones administradoras m\u00e1s prestigiosas. El tema enunciado en el inciso a), la obligaci\u00f3n de revelar cualquier circunstancia anterior o concomitante que pueda afectar la imparcialidad e independencia del \u00e1rbitro, desvela a los expertos en cuanto congreso de la especialidad es celebrado. Ello, en tanto las reglas de \u00e9tica son muy rigurosas cuando se trata de establecer si el \u00e1rbitro tiene conflicto de intereses con las partes o si ha incurrido en actividad profesional o de otra \u00edndole que pueda generarle a una parte que act\u00faa con buena fe razonables dudas sobre su imparcialidad.<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1663 CCCN establece que los \u00e1rbitros pueden ser recusados por las mismas razones que los jueces. Sin embargo, debe interpretarse que las partes pueden pactar causas de recusaci\u00f3n espec\u00edficas, en especial mediante el reglamento de la instituci\u00f3n administradora respectiva. Lo cierto es que, por regla general, los \u00e1rbitros son profesionales destacados en su especialidad, que por ello han tenido clientes, tienen clientes y esperan tener clientes en el futuro. La situaci\u00f3n en cuanto a eventuales conflictos de inter\u00e9s es completamente distinta de la que puede presentarse con un magistrado dedicado a tiempo completo a ser juez del Estado. Por ello, los enunciados contenidos en los c\u00f3digos procesales sobre causas justificadas de recusaci\u00f3n de los magistrados son demasiado generales y contemplan los casos m\u00e1s burdos. Las restricciones para los \u00e1rbitros son mayores que las de un juez, porque su inserci\u00f3n profesional y social no es comparable a la que presenta un magistrado.<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1664 CCCN aborda la retribuci\u00f3n de los \u00e1rbitros. Es un tema sumamente r\u00edspido y de cierta complejidad. El pacto de honorarios se encuentra prohibido en prestigiosas instituciones como la CCI. Sin llegar a ese extremo, no es imaginable que un \u00e1rbitro pacte su remuneraci\u00f3n con la parte que lo designa cuando el reglamento de la instituci\u00f3n administradora no lo proh\u00edbe, sin dar a conocer de inmediato dicho acuerdo a los restantes \u00e1rbitros y a las restantes partes en el arbitraje. La reticencia u omisi\u00f3n de un \u00e1rbitro a revelar esta circunstancia (ver art.\u00a01662 a) es causal suficiente para su recusaci\u00f3n, sin perjuicio de constituir una falta \u00e9tica descalificante para desempe\u00f1arse como \u00e1rbitro en el futuro. En los arbitrajes ad hoc, cuando el \u00e1rbitro \u00fanico debe pactar sus honorarios, es imperativo que cualquier contacto en relaci\u00f3n con este tema se haga en presencia de todas las partes involucradas, sin excepciones, estando prohibido que aborde la cuesti\u00f3n en una reuni\u00f3n\u00a0ex parte<\/em>. La misma regla debe imperar sobre el panel de tres \u00e1rbitros si fuera el caso. La oportunidad para pactar honorarios debe ser inmediatamente despu\u00e9s de notificar a las partes la aceptaci\u00f3n de su designaci\u00f3n.<\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1652\u00a0CCCN<\/span><\/a>\u00a0menciona el arbitraje de equidad, tambi\u00e9n conocido como de arbitradores o amigables componedores. En el arbitraje de equidad las partes liberan al \u00e1rbitro de fundar en derecho su decisi\u00f3n. Pueden existir muchas razones para que las partes en una relaci\u00f3n comercial opten por la elecci\u00f3n de esta v\u00eda.<\/p>\n El arbitraje de equidad adquiere una importancia imprevista, debido a que, en el entramado de las relaciones comerciales internacionales y mega-emprendimientos, cobra impensada relevancia la existencia de acuerdos o constelaciones de contratos relacionados, no vinculables a ning\u00fan derecho nacional o ligados a m\u00faltiples derechos con vocaci\u00f3n de ser aplicables al caso y que aportan soluciones contradictorias. Esta norma del CCCN, al establecer como regla general que a falta de acuerdo el arbitraje es de derecho, viene a contradecir el principio opuesto que, en contra de la tendencia mundial contempor\u00e1nea, sobrevive en los c\u00f3digos de procedimientos dom\u00e9sticos.<\/a> \u00a0(15<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1650 CCCN impone la forma escrita. La exigencia de forma escrita ha sido atenuada y, por lo general, implica que resulta suficiente un principio de prueba escrita, sin necesidad de que exista un documento firmado por todas las partes afectadas.<\/a> \u00a0(16<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0Resulta loable que la norma comentada consagre la incorporaci\u00f3n por referencia, ya que es una pr\u00e1ctica frecuente en las contrataciones contempor\u00e1neas.<\/p>\n Los ar\u00adt\u00edcu\u00adlos 2663 y siguientes del CCCN contienen en apariencia una limitaci\u00f3n a la\u00a0arbitrabilidad<\/em>\u00a0de los conflictos que involucren derechos reales sobre inmuebles o muebles registrables. La norma establece la competencia exclusiva de los jueces nacionales para tales casos,<\/a> \u00a0(17<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0y no se advierte cu\u00e1l pudo ser el motivo de esta limitaci\u00f3n cuando no se trata de una acci\u00f3n declarativa ejercida\u00a0erga omnes<\/em>. En este tipo de acci\u00f3n no existe acuerdo previo de arbitraje, porque es el titular del derecho quien exige una rectificaci\u00f3n de partidas o de otro modo persigue la registraci\u00f3n de un derecho alegado en relaci\u00f3n directa con un inmueble. En cambio, la situaci\u00f3n es completamente distinta cuando la pretensi\u00f3n es ejercida contra una persona determinada que cuestiona el derecho alegado. En tales casos no se advierte el motivo de la exclusi\u00f3n.<\/p>\n Cabe recordar en este punto que han existido laudos del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires cuyo objeto fue la declaraci\u00f3n de existencia de una servidumbre. En estos casos, no habr\u00eda inter\u00e9s en privar a las partes involucradas de solucionar su discrepancia mediante arbitraje. De todos modos, debe entenderse que si esta exclusi\u00f3n no es derogada y la dilucidaci\u00f3n de los derechos reales queda a cargo de los jueces locales con exclusividad, deber\u00edan ser arbitrables los conflictos patrimoniales entre personas privadas derivados de la decisi\u00f3n judicial sobre estos derechos tanto como aquellos juicios donde la discusi\u00f3n sobre la existencia o alcance de un derecho real resulta accesoria y no constituye la principal pretensi\u00f3n de la parte demandante.<\/p>\n Resulta muy positivo que el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2548 CCCN haya establecido con claridad que la mera solicitud de arbitraje interrumpe la prescripci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> 1) Toda nueva ley, en especial si posee el alcance general propio de una nueva codificaci\u00f3n, es susceptible de colisionar con la estructura normativa vigente, que viene de larga data. El Cap\u00edtulo 29 del CCCN no es excepci\u00f3n. Ser\u00e1 tarea de los jueces encargados de interpretar los conflictos de leyes limar las asperezas y trascender las contradicciones. Por lo dem\u00e1s, existen errores (destacamos la \u00faltima oraci\u00f3n del art.\u00a01656 CCCN como el m\u00e1s evidente) que deber\u00edan ser objeto de an\u00e1lisis, debate y correcci\u00f3n antes de su entrada en vigencia.<\/p>\n 2) El modo irregular en que el Poder Ejecutivo dispuso que se votara el Proyecto de ley en la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n no ha sido materia del presente trabajo, aunque sin duda ejercer\u00e1 influencias negativas durante mucho tiempo, sin que pueda descartarse una futura derogaci\u00f3n para introducir correcciones parciales a todo texto aprobado que no goce de consenso.<\/p>\n 3) La principal virtud del texto analizado es que no pretende originalidad. El legislador no ha querido mejorar lo dispuesto en el resto del mundo, sino que ha receptado en forma razonable los principios fundamentales de la instituci\u00f3n que han sido elaborados y probados por un gran n\u00famero de pa\u00edses y, en ciertos casos, ya hab\u00edan sido consagrados por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Con ello, el CCCN representa un avance legislativo notable que restituye el orden jur\u00eddico argentino a su posici\u00f3n de avanzada respecto de las legislaciones vigentes en el mundo entero.<\/p>\n 4) El flamante CCCN, por contraste, resalta la vetustez de los c\u00f3digos procesales en esta materia. Si el CPCCN y los restantes c\u00f3digos de procedimientos provinciales se adaptasen al nuevo ordenamiento durante el tiempo que debe transcurrir hasta la vigencia del CCCN o inmediatamente despu\u00e9s de su entrada en vigencia anticipada, la instituci\u00f3n del arbitraje, por fin, podr\u00eda florecer en Argentina. Para ello, no har\u00eda falta m\u00e1s que las legislaturas locales y el Congreso de la Naci\u00f3n adoptaran la Ley Modelo CNUDMI y sus enmiendas aprobadas, con m\u00ednimas adaptaciones, como lo han hecho con singular \u00e9xito numerosos Estados nacionales que poseen los m\u00e1s diversos sistemas jur\u00eddicos.<\/a> \u00a0(18<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> 1<\/a>.<\/strong>\u00a0Como el conflicto reciente entre Argentina y Uruguay causado por la construcci\u00f3n de una planta de pasta de celulosa sobre la ribera del r\u00edo Uruguay.<\/p>\n<\/div>\n 2<\/a>.<\/strong>\u00a0<\/span>Es notoria la cantidad de acuerdos bilaterales suscriptos por Argentina durante la \u00faltima d\u00e9cada del siglo\u00a0<\/span>xx<\/span>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n 3<\/a>.<\/strong>\u00a0[N. del E.: los hiperv\u00edncu\u00adlos dirigen a la versi\u00f3n publicada por el Centro de Documentaci\u00f3n e Informaci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas {Infoleg<\/span><\/a>}. El lector podr\u00e1 tambi\u00e9n acceder\u00a0aqu\u00ed<\/span><\/a>a la versi\u00f3n editada por el Sistema Argentino de Informaci\u00f3n Jur\u00eddica {Infojus<\/span><\/a>}].<\/p>\n<\/div>\n 4<\/a>.<\/strong>\u00a0Ver Rivera, Julio C., \u201cC\u00f3digo Civil y Comercial.<\/span>\u00a0Modificaciones que cambian el esp\u00edritu del proyecto<\/span><\/a>\u201d [web], publicado en\u00a0infobae<\/span><\/a>\u00a0(\u201cOpini\u00f3n<\/span><\/a>\u201d), 17\/11\/2013; y Guaia, Carlos I., \u201cEl arbitraje en el proyecto de unificaci\u00f3n legislativa<\/span><\/a>\u201d, en\u00a0Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires<\/span><\/a>, Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t.\u00a072-1<\/span><\/a>, julio 2012, pp.\u00a027-52.<\/p>\n<\/div>\n 5<\/a>.<\/strong>\u00a0Como excepci\u00f3n debe recordarse el admirable\u00a0<\/span>CPCC de la Provincia de R\u00edo Negro<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n![\"Dr.](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Aguilar_BIO.jpg\")
<\/a>1. Concepto de arbitraje<\/h2>\n
2. Rasgos t\u00edpicos del arbitraje<\/h2>\n
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3. Ventajas del arbitraje frente a los pleitos que llegan\u00a0a los estrados judiciales<\/h2>\n
4. Novedades positivas del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n<\/h2>\n
5. Conclusiones<\/h2>\n
Notas<\/h6>\n