<\/p>\n
Adriana N\u00e9lida Abella<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Resumen<\/span>:<\/strong> La Ley 26.737 tiene por objeto: a) determinar la titularidad catastral y dominial de la situaci\u00f3n de posesi\u00f3n bajo cualquier t\u00edtulo o situaci\u00f3n de hecho de las tierras rurales y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesi\u00f3n de dichas tierras; b) regular, respecto de las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras, los l\u00edmites a la titularidad y posesi\u00f3n de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producci\u00f3n. Queda comprendida toda adquisici\u00f3n, transferencia, cesi\u00f3n de derechos de dominio y posesorios, cualquiera sea la forma, denominaci\u00f3n que le impongan las partes y su extensi\u00f3n temporal. (*<\/a>)<\/a><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> La\u00a0Constituci\u00f3n Nacional<\/a>\u00a0asegura al titular de dominio \u201cel derecho a usar y gozar de su propiedad conforme las leyes que reglamenten su ejercicio\u201d. El juego de las disposiciones que establecen esos v\u00edncu\u00adlos no restringe sino que configura la propiedad, traza los l\u00edmites, se\u00f1ala ad\u00f3nde llega el poder del due\u00f1o sobre la propia cosa y de disponer de aquella.<\/a>\u00a0(1<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0La regulaci\u00f3n del dominio cae en la \u00f3rbita del C\u00f3digo Civil y las limitaciones impuestas en el inter\u00e9s privado son del resorte del legislador nacional. No es un instituto propio del derecho p\u00fablico local, sino un derecho tan general que ha justificado su regulaci\u00f3n desde la Naci\u00f3n mediante la atribuci\u00f3n que al efecto le fue conferida al legislador nacional por medio del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 75, inciso 12, de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/a>\u00a0(2<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n El territorio, como entorno vital del hombre, est\u00e1 condicionado por el inter\u00e9s com\u00fan. La intervenci\u00f3n p\u00fablica en su ordenamiento, el r\u00e9gimen de explotaci\u00f3n rural, forestal, agr\u00edcola, urbana y minera, y la preservaci\u00f3n de los recursos naturales quedan justificados por ello.<\/a>\u00a0(3<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0La escasez de recursos naturales, el cuidado del ambiente, del agua y de la tierra son problemas comunes en los pa\u00edses del mundo, y no es extra\u00f1o que todo cuanto concierne al derecho, uso, aprovechamiento del suelo, al ambientalismo, se multiplique en distintas soluciones, con resplandor en la regulaci\u00f3n de las limitaciones al derecho real de dominio.<\/p>\n El desarrollo sustentable debe satisfacer las necesidades de la generaci\u00f3n presente sin comprometer las de generaciones futuras. Por ello, es imprescindible armonizar el desenvolvimiento socioecon\u00f3mico con la preservaci\u00f3n de los recursos naturales (el suelo, los r\u00edos, los bosques, la atm\u00f3sfera, el paisaje), que deben ser protegidos tanto como el acervo hist\u00f3rico, arqueol\u00f3gico, art\u00edstico y documental.<\/p>\n En ese marco, la\u00a0Ley 26.737<\/a>\u00a0(promulgada el 27\/12\/2011) establece el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n al dominio nacional sobre la propiedad, posesi\u00f3n o tenencia de las tierras rurales. Consta de cinco cap\u00edtulos: 1\u00ba) \u201c\u00c1mbito territorial y personal de su aplicaci\u00f3n\u201d, 2\u00ba) \u201cDel objeto\u201d, 3\u00ba) \u201cLos l\u00edmites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesi\u00f3n de las tierras rurales\u201d, 4\u00ba) \u201cDel Registro Nacional de Tierras Rurales\u201d y 5\u00ba) \u201cDel Consejo Interministerial de Tierras Rurales\u201d. Con car\u00e1cter de orden p\u00fablico, esta ley rige en todo el territorio de la Naci\u00f3n, no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entraron en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n La Ley 26.737 (LTR) debe ser observada en las respectivas jurisdicciones por las autoridades de los gobiernos federal, provincial y municipal, y se aplicar\u00e1<\/p>\n \u2026 a todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que, por s\u00ed o por interp\u00f3sita persona, posean tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, tur\u00edsticas u otros usos. [Art.\u00a01]<\/p>\n<\/blockquote>\n Es objeto de esta ley<\/p>\n a)\u00a0Determinar la titularidad<\/strong>\u00a0catastral y dominial de la situaci\u00f3n de posesi\u00f3n bajo cualquier t\u00edtulo o situaci\u00f3n de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesi\u00f3n de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente\u00a0ley.<\/p>\n b)\u00a0Regular, respecto de las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras<\/strong>, los l\u00edmites a la titularidad y posesi\u00f3n de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> A los efectos de la\u00a0Ley 26.737<\/a>, se entender\u00e1 por\u00a0tierras rurales<\/em>\u00a0todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localizaci\u00f3n o destino. A su vez, el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1 de la reglamentaci\u00f3n (Decreto 274\/2012<\/a>) establece que, a los efectos de la aplicaci\u00f3n de la ley, las tierras rurales ser\u00e1n<\/p>\n \u2026 las que surjan de detraer de la totalidad del territorio provincial, departamental, municipal o divisiones pol\u00edticas equivalentes el correspondiente a los ejidos urbanos determinados a partir de las constituciones, leyes o decretos provinciales, cartas org\u00e1nicas u ordenanzas municipales.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le corresponde a la autoridad de cada gobierno local informar a la autoridad de aplicaci\u00f3n cualquier cambio en la zonificaci\u00f3n que signifique una modificaci\u00f3n de la superficie de tierras rurales correspondiente a esa jurisdicci\u00f3n, dentro de los diez d\u00edas de que la ley entre en vigencia.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> De acuerdo con el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley de Tierras Rurales, se entender\u00e1 que toda adquisici\u00f3n, transferencia, cesi\u00f3n de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominaci\u00f3n que le impongan las partes y extensi\u00f3n temporal,\u00a0se limita\u00a0si se trata de:<\/p>\n a) Personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en el territorio de la Naci\u00f3n Argentina, con las excepciones establecidas en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 4 de la presente ley.<\/p>\n b) Personas jur\u00eddicas, seg\u00fan el marco previsto en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 32 del\u00a0C\u00f3digo Civil<\/a>, constituidas conforme las leyes societarias de la Naci\u00f3n Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporci\u00f3n superior al cincuenta y uno por ciento (51 %) o en proporci\u00f3n necesaria para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente [\u2026<\/a> 4<\/span><\/a><\/span>]<\/p>\n Asimismo quedan incluidas en este precepto:<\/p>\n 1. Las personas jur\u00eddicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posici\u00f3n de controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25 %) o tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.<\/p>\n 2. Aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras que, sin acreditar formalmente calidad de socios, act\u00faan en una sociedad como si lo fueren.<\/p>\n 3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su leg\u00edtimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25 %) o que se les permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, y se trate de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley.<\/p>\n 4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior.<\/p>\n 5. Las sociedades de participaci\u00f3n accidental, las agrupaciones de colaboraci\u00f3n y las uniones transitorias de empresas, seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la\u00a0Ley de Sociedades<\/a>, y toda otra forma de colaboraci\u00f3n empresarial de car\u00e1cter accidental y provisorio que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en esta ley.<\/p>\n c) Personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico de nacionalidad extranjera.<\/p>\n d) Simples asociaciones, en los t\u00e9rminos del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 46 del C\u00f3digo Civil, o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social a las previstas en el inciso\u00a0b) de este ar\u00adt\u00edcu\u00adlo.(5<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n El esp\u00edritu de la ley, dado por el inciso b) del art\u00edculo, es que la participaci\u00f3n extranjera no sea superior al 51 % o que un porcentaje menor pueda tener el control de la voluntad social. Entonces, cualquiera sea el porcentaje de participaci\u00f3n, no quedan autorizadas las sociedades en las que las acciones que representen los votos de personas jur\u00eddicas o f\u00edsicas extranjeras puedan decidir la voluntad social. Con lo dicho, lo que la ley determina es que la participaci\u00f3n accionaria extranjera de ninguna manera podr\u00e1 tener el control de la voluntad social, sea cual fuere su porcentaje.<\/a>\u00a0(6<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n A partir del an\u00e1lisis del apartado 4 a la luz de las leyes\u00a023.554<\/a>\u00a0(Defensa Nacional) y\u00a024.441<\/a>\u00a0(Vivienda y Construcci\u00f3n), resulta relevante el verdadero sentido, contenido y alcance que debe darse al t\u00e9rmino\u00a0beneficiario<\/em>. La ley expresa \u201cbeneficiarios sean personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior\u201d, sin antes obtener el certificado de habilitaci\u00f3n emitido por la autoridad de aplicaci\u00f3n creada para tal efecto por la\u00a0Ley de Tierras Rurales<\/a>. Sin embargo, entendemos que los l\u00edmites a la titularidad y posesi\u00f3n de las tierras comprenden a quien percibe los frutos o las rentas del fideicomiso, o sea, el beneficiario, el due\u00f1o fiduciario y el fideicomisario.<\/p>\n No se entiende el apartado 5, a trav\u00e9s del cual se incluyen las agrupaciones en colaboraci\u00f3n y las uniones transitorias de empresas, ya que su objeto no puede tener por fin la adquisici\u00f3n de propiedades del tipo de las que trata la ley.<\/p>\n Seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 6 de la ley<\/p>\n Queda prohibida toda interposici\u00f3n de personas f\u00edsicas de nacionalidad argentina, o de personas jur\u00eddicas constituidas en nuestro pa\u00eds, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerar\u00e1 una simulaci\u00f3n il\u00edcita y fraudulenta.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Quedan exceptuadas de la aplicaci\u00f3n de la Ley de Tierras Rurales las siguientes personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera:<\/p>\n a) aquellas que cuenten con diez a\u00f1os de residencia continua, permanente y comprobada en el pa\u00eds;<\/p>\n b) las que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el pa\u00eds de cinco a\u00f1os;<\/p>\n c) aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano\/a argentino\/a con cinco a\u00f1os de anterioridad a la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de los derechos pertinentes y demuestren residencia continua, permanente y comprobada en el pa\u00eds por igual t\u00e9rmi\u00adno.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 4 del\u00a0decreto reglamentario<\/a><\/p>\n \u2026 la residencia permanente en el pa\u00eds ser\u00e1 acreditada ante el Registro Nacional de Tierras Rurales mediante la pertinente constancia expedida por la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones, organismo descentralizado dependiente del Ministerio del Interior, o autoridad que la sustituya en el futuro, de encontrarse comprendidos en los alcances del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 22 de la\u00a0Ley N\u00ba 25.871<\/a>. A los efectos de que la residencia sea considerada continua, la persona deber\u00e1 haber permanecido efectivamente en el pa\u00eds un m\u00ednimo de nueve (9) meses por cada a\u00f1o aniversario a computarse. A tal fin, la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones proporcionar\u00e1 la informaci\u00f3n que requiera la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n Excepcionalmente y ante la imposibilidad de obtener la constancia emitida por la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones para la acreditaci\u00f3n de la residencia de la persona f\u00edsica extranjera o la constancia de ingresos y salidas del pa\u00eds, el\u00a0Registro Nacional de Tierras Rurales<\/a>\u00a0podr\u00e1 otorgar la misma virtualidad a los certificados de trabajo de la persona extranjera y\/o constancia de aportes previsionales expedidos por la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social y\/o cualquier otro instrumento oficial que acredite la residencia.<\/p>\n A efectos de tener por acreditada la procedencia de la excepci\u00f3n contemplada en el inciso b) del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 4 de la Ley 26.737 y en el Decreto 274\/2012, el Registro Nacional de Tierras Rurales verificar\u00e1 que se hayan consignado en el instrumento de otorgamiento los datos de la partida de nacimiento y de la constancia expedida por la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones.<\/p>\n Las situaciones de matrimonio y paternidad ser\u00e1n acreditadas mediante las partidas expedidas por los registros civiles.<\/p>\n Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, podr\u00e1n admitirse en forma supletoria otros medios de prueba.<\/p>\n<\/blockquote>\n El Registro Nacional de Tierras Rurales cotejar\u00e1 la calificaci\u00f3n efectuada respecto de su nacionalidad con la documentaci\u00f3n existente en los organismos oficiales con competencia espec\u00edfica en la materia y con la que pueda solicitarle al requirente a los mismos efectos.<\/a>\u00a0(7<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n En todos los supuestos, el escribano, profesional o funcionario interviniente deber\u00e1 conservar la documentaci\u00f3n respaldatoria del acto a fin de facilitar posteriores requerimientos del Registro Nacional de Tierras Rurales.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Debido a que la ley se refiere no solo a la propiedad sino tambi\u00e9n a la posesi\u00f3n, quedan comprendidos aquellos actos que tienen por fin inmediato la transmisi\u00f3n del derecho real de dominio o condominio, como as\u00ed tambi\u00e9n la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cualquier otro derecho real sobre bienes inmuebles que se ejerce por la posesi\u00f3n (p. ej., los actos que tengan por objeto constituir los derechos reales de usufructo, superficie forestal y anticresis). Tambi\u00e9n se incluyen los instrumentos privados por los cuales se hace entrega de la posesi\u00f3n, o sea, un boleto de compraventa en el que se hace entrega de la posesi\u00f3n. No quedan incluidos en la prohibici\u00f3n los arrendamientos rurales, ya que el arrendatario no adquiere la posesi\u00f3n sino la tenencia.<\/a>\u00a0(8<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n La historia ense\u00f1a c\u00f3mo la extranjerizaci\u00f3n de las tierras puede conducir a la p\u00e9rdida de la soberan\u00eda de un pa\u00eds y\/o su fragmentaci\u00f3n geogr\u00e1fica, por lo que la pol\u00edtica tendiente a evitarla constituye la respuesta que nuestros legisladores consideraron acertada frente a los graves desaf\u00edos que enfrenta el pa\u00eds.<\/p>\n La nota al ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2507 del\u00a0C\u00f3digo Civil<\/a>\u00a0dice:<\/p>\n Muchos autores dividen la propiedad en propiedad soberana del Estado y en propiedad del derecho civil; en otros t\u00e9rminos, en dominio eminente y dominio civil. La Naci\u00f3n tiene el derecho de reglamentar las condiciones y las cargas p\u00fablicas de la propiedad privada. El ser colectivo que se llama el Estado tiene, respecto a los bienes que est\u00e1n en el territorio, un poder, un derecho superior de legislaci\u00f3n, de jurisdicci\u00f3n y de contribuci\u00f3n, que, aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberan\u00eda territorial interior. A este derecho del Estado, que no es un verdadero derecho de la propiedad o dominio, corresponde s\u00f3lo el deber de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al inter\u00e9s general y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia o al mayor bien del Estado.<\/p>\n<\/blockquote>\n El dominio eminente constituye una potestad del Estado que ejerce sobre el territorio.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 7 de la\u00a0Ley de Tierras Rurales<\/a>\u00a0dice:<\/p>\n Todos los actos jur\u00eddicos que se celebren en violaci\u00f3n a lo establecido en la presente ley\u00a0ser\u00e1n de nulidad total, absoluta<\/strong>\u00a0e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y part\u00edcipes del acto antijur\u00eddico. A los efectos de esta disposici\u00f3n, se considerar\u00e1n part\u00edcipes quienes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos, p\u00fablicos o privados, que conformaren el obrar antijur\u00eddico, los que responder\u00e1n en forma personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias da\u00f1osas de estos actos. La autoridad de aplicaci\u00f3n est\u00e1 facultada a examinar los actos jur\u00eddicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> La ley proh\u00edbe la titularidad o posesi\u00f3n de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3: 1) los que contengan o sean ribere\u00f1os de cuerpos de agua de envergadura y permanentes; 2) los ubicados en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones y procedimientos establecidos por el\u00a0Decreto-ley 15.385\/1944<\/a>\u00a0modificado por la\u00a0Ley 23.554<\/a>\u00a0(art.\u00a010 LTR).<\/p>\n La adquisici\u00f3n de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad por parte de una persona comprendida en esta ley requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior (art.\u00a013 LTR).<\/p>\n Para la aplicaci\u00f3n del inciso 1 del cuarto p\u00e1rrafo del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 10 de la Ley N\u00ba 26.737, se consideran: a)\u00a0cuerpos de agua<\/em>: todas aquellas aguas dulces o saladas, en estado s\u00f3lido o l\u00edquido, como los mares, r\u00edos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acu\u00edferos, que conforman el sistema hidrol\u00f3gico de una zona geogr\u00e1fica, as\u00ed como las contenidas en obras h\u00eddricas; b)\u00a0de envergadura<\/em>: aquellos que por su extensi\u00f3n y\/o profundidad relativas a su capacidad de satisfacer usos de inter\u00e9s general sean relevantes para las pol\u00edticas p\u00fablicas en la regi\u00f3n en la que se encuentren; c)\u00a0permanente<\/em>: aquellos que existan o reaparezcan en un ciclo hidrol\u00f3gico medio.<\/a>\u00a0(9<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinar\u00e1 los cuerpos de agua que en el territorio nacional respondan a las definiciones precedentes, para lo cual consultar\u00e1 a la Subsecretar\u00eda de Recursos H\u00eddricos de la Naci\u00f3n dependiente de la Secretaria de Obras P\u00fablicas del Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal, Inversi\u00f3n Publica y Servicios, que dar\u00e1 participaci\u00f3n al Consejo H\u00eddrico Federal (COHIFE).<\/p>\n Hasta tanto el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice la determinaci\u00f3n prevista en el p\u00e1rrafo precedente, el pedido de habilitaci\u00f3n ante el Registro Nacional de Tierras Rurales ser\u00e1 acompa\u00f1ado de una certificaci\u00f3n extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que respondan a las definiciones de este reglamento. Ser\u00e1 requisito para el otorgamiento de la habilitaci\u00f3n la consulta previa aludida.<\/a>\u00a0(10<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Seg\u00fan el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 2 de la\u00a0reglamentaci\u00f3n<\/a><\/p>\n [Para] la determinaci\u00f3n de la titularidad dominial se estar\u00e1 a las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.<\/p>\n Para la determinaci\u00f3n de la titularidad catastral se atender\u00e1 a la informaci\u00f3n relativa al estado parcelario que surja de los organismos catastrales, sean estos provinciales o municipales, priorizando aquella que se encuentre georeferenciada y que identifique efectivamente la ubicaci\u00f3n de la parcela.<\/p>\n La situaci\u00f3n de posesi\u00f3n ser\u00e1 determinada a partir de la informaci\u00f3n obrante en los registros de poseedores en las provincias en que estos existan, o por aquellas fuentes de informaci\u00f3n que as\u00ed considere la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n En los casos de condominio, se entender\u00e1 en cabeza de los cond\u00f3minos una superficie proporcional a su parte indivisa.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Se establece en el quince por ciento (15 %) el l\u00edmite a toda titularidad de dominio o posesi\u00f3n de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por la ley en el Cap\u00edtulo III. Dicho porcentual se computar\u00e1 tambi\u00e9n sobre el territorio de la provincia, municipio o entidad administrativa equivalente en que est\u00e9 situado el inmueble rural.<\/p>\n A los fines del c\u00f3mputo de la limitaci\u00f3n para la titularidad extranjera establecida en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 8 de la Ley 26.737, se considerar\u00e1n tierras rurales las informadas conforme la prescripci\u00f3n antecedente o \u2013en su defecto\u2013 las que determine el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, a requerimiento fundado de la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n De acuerdo con la reglamentaci\u00f3n (art.\u00a08):<\/p>\n A los fines de determinar el l\u00edmite de titularidad extranjera del quince por ciento (15 %) sobre el territorio nacional, se tendr\u00e1 en cuenta la superficie continental americana. El territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y S\u00e1ndwich del Sur ser\u00e1 considerado en los c\u00f3mputos a que se refiere la presente ley una vez cumplido el objetivo establecido en la disposici\u00f3n transitoria primera de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n En lo que respecta al Sector Ant\u00e1rtico Argentino, resulta de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen jur\u00eddico establecido por el Tratado Ant\u00e1rtico.<\/p>\n A los efectos del cumplimiento de la Ley N\u00ba 26.737, la superficie total de cada provincia ser\u00e1 establecida por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Hasta que ello ocurra, la autoridad de aplicaci\u00f3n tomar\u00e1 como par\u00e1metro la informaci\u00f3n provista por otros organismos oficiales especializados.<\/p>\n En las provincias con municipios ciudad o de ejidos no colindantes, la determinaci\u00f3n de la limitaci\u00f3n del quince por ciento (15 %) atender\u00e1 a la superficie total de tierras rurales por departamento o divisi\u00f3n pol\u00edtica equivalente, que ser\u00e1 informada por la provincia a la autoridad de aplicaci\u00f3n dentro de los sesenta (60) d\u00edas de aprobada la presente reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n En las provincias con municipios distritales o de ejidos colindantes, que contienen tierras rurales y urbanas, la determinaci\u00f3n de la limitaci\u00f3n del quince por ciento (15 %) atender\u00e1 a la superficie total del municipio, detra\u00eddos sus ejidos urbanos. Esta superficie ser\u00e1 informada por la provincia y el municipio a la autoridad de aplicaci\u00f3n dentro de los sesenta (60) d\u00edas de aprobada la presente reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 9 de la ley dice:<\/p>\n En ning\u00fan caso las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas de una misma nacionalidad extranjera podr\u00e1n superar el treinta por ciento (30 %) del porcentual asignado en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo precedente a la titularidad o posesi\u00f3n extranjera sobre tierras rurales.<\/p>\n<\/blockquote>\n Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podr\u00e1n superar las mil hect\u00e1reas en la zona n\u00facleo,<\/a>\u00a0(11<\/span><\/a>)<\/span>\u00a0o superficie equivalente, seg\u00fan la ubicaci\u00f3n territorial.<\/a>\u00a0(12<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n A los efectos del otorgamiento del certificado de habilitaci\u00f3n, la autoridad de aplicaci\u00f3n deber\u00e1 controlar la cantidad de tierras rurales que posea o de las que sea titular la persona adquirente.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Corresponde al Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinar las equivalencias de la zona n\u00facleo delimitada conforme este decreto, particularizando distritos, subregiones o zonas. A efecto de aplicar los criterios consignados en los incisos a) y b) del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 10 de la Ley 26.737, se tendr\u00e1 en cuenta el uso y productividad\u00a0relativa de los suelos, el clima, el valor paisaj\u00edstico de los ambientes, el valor social y cultural del territorio, como as\u00ed tambi\u00e9n el valor ambiental comprensivo de la biodiversidad, biomasa, servicios ambientales y los dem\u00e1s recursos naturales involucrados.<\/a>\u00a0(13<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n En tanto no se haya determinado la equivalencia, rige el l\u00edmite m\u00e1ximo de mil hect\u00e1reas en todo el territorio pendiente de determinaci\u00f3n para el otorgamiento de los certificados de habilitaci\u00f3n. La equivalencia de superficies no podr\u00e1 ser modificada o alterada por el Registro Nacional de Tierras Rurales.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Las equivalencias de superficie ser\u00e1n divulgadas en todo el pa\u00eds a trav\u00e9s de los gobiernos provinciales, los que asegurar\u00e1n la mayor publicidad en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias territoriales.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el \u00e1mbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integraci\u00f3n del Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca de la Naci\u00f3n. Ser\u00e1 la autoridad de aplicaci\u00f3n y tiene las siguientes funciones espec\u00edficas:<\/p>\n a) Llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesi\u00f3n extranjera en los t\u00e9rminos de la presente ley.<\/p>\n b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en registraci\u00f3n, catastro y registro de personas jur\u00eddicas la informaci\u00f3n necesaria para el cumplimiento de sus funciones.<\/p>\n c) Expedir los certificados de habilitaci\u00f3n de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesi\u00f3n sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por esta ley. Los certificados de habilitaci\u00f3n ser\u00e1n regulados por la reglamentaci\u00f3n de la ley y\u00a0ser\u00e1n tramitados por el escribano p\u00fablico o autoridad judicial interviniente<\/strong>.<\/p>\n d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con legitimaci\u00f3n activa para\u00a0impedir en sede administrativa o reclamar la nulidad en sede judicial<\/strong>\u00a0de los actos prohibidos por esta ley.<\/p>\n<\/blockquote>\n El ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 7 del\u00a0decreto reglamentario<\/a>\u00a0establece que<\/p>\n El Registro Nacional de Tierras Rurales estar\u00e1 facultado para controlar el cumplimiento de la Ley N\u00ba 26.737. En tal sentido, podr\u00e1 intervenir en sede administrativa y\u00a0accionar judicialmente en los fueros civil y penal, quedando facultado expresamente para constituirse en actor civil y parte querellante<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Se crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que ser\u00e1 presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca, la Secretar\u00eda de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con representantes de las provincias. Tiene las siguientes funciones:<\/p>\n a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley.<\/p>\n b) Ejecutar la pol\u00edtica nacional sobre tierras rurales.<\/p>\n c) Recabar la colaboraci\u00f3n de organismos de la administraci\u00f3n centralizada y descentralizada del Estado nacional y las provincias.<\/p>\n d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace referencia el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 10 de la presente ley, sobre la base de los instrumentos t\u00e9cnicos elaborados por los organismos oficiales competentes.<\/a>\u00a0(14<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, que invistan la condici\u00f3n de extranjeros<\/strong>\u00a0deber\u00e1n, dentro del plazo de ciento ochenta (180) d\u00edas, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentaci\u00f3n de la presente ley, proceder a la denuncia ante el Registro Nacional de Tierras Rurales de la existencia de dicha titularidad o posesi\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n Si bien la ley no lo especifica, la obligaci\u00f3n de denuncia no rige para las personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera exceptuadas de la aplicaci\u00f3n de la ley por el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 4.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas comprendidas en las limitaciones de la Ley 26.737 deber\u00e1n presentar los formularios completos a los efectos de presentar la declaraci\u00f3n jurada prevista en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 12 de dicha norma. Si un mismo titular tuviere m\u00e1s de un inmueble comprendido en la presente norma, corresponder\u00e1 presentar una declaraci\u00f3n jurada por cada uno de los inmuebles.<\/a>\u00a0(15<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n En el caso de presentar una declaraci\u00f3n jurada de personas jur\u00eddicas, se deber\u00e1 adjuntar el estatuto societario y el listado de accionistas conforme al libro de registro de accionistas vigente al momento de la presentaci\u00f3n. Si se tratase de personas f\u00edsicas, se deber\u00e1 acompa\u00f1ar copia del documento de identidad (DNI, LE, CDI, u otro). Asimismo, si dicha presentaci\u00f3n es efectuada por un representante legal, deber\u00e1 acreditar esa representaci\u00f3n con el poder correspondiente.<\/p>\n La documentaci\u00f3n adicional a la declaraci\u00f3n jurada de personas jur\u00eddicas deber\u00e1 estar debidamente certificada. Adem\u00e1s, tendr\u00e1 que estar legalizada cuando se trate de una jurisdicci\u00f3n que no sea la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/a>\u00a0(16<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles rurales en cabeza de las personas comprendidas en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley N\u00ba 26.737, cuyos titulares no lo hayan informado por medio de la declaraci\u00f3n jurada, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondr\u00e1 en conocimiento de la situaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) y a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones impositivas y de prevenci\u00f3n de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados. En el caso de que la titularidad corresponda a una persona jur\u00eddica, la investigaci\u00f3n se extender\u00e1 a sus socios, administradores y representantes legales.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> La solicitud del certificado de habilitaci\u00f3n deber\u00e1 contener la informaci\u00f3n que el Registro Nacional de Tierras Rurales determine para cada caso y ser\u00e1 efectuada por los interesados o profesionales intervinientes, los que deber\u00e1n acompa\u00f1ar el duplicado del plano catastral y el correspondiente informe de dominio de la propiedad objeto de la transferencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n El pedido del certificado se realiza mediante un formulario tipo y acompa\u00f1ando: 1)\u00a0du\u00adplicado del plano catastral, 2) informe de dominio; 3) certificaci\u00f3n extendida por profesional competente que haga constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua de envergadura y permanentes.<\/p>\n La\u00a0Disposici\u00f3n 1\/2013<\/a>\u00a0del Registro Nacional de Tierras Rurales, en su Anexo I (con las modificaciones introducidas por la Disposici\u00f3n 1\/2014<\/a>\u00a0(17<\/span><\/a>)<\/span>), dice:<\/p>\n Art\u00edculo 15. Una vez ingresada la documentaci\u00f3n del tr\u00e1mite, el Registro tendr\u00e1 un plazo de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles para expedirse acerca de si la documentaci\u00f3n presentada resulta suficiente para la tramitaci\u00f3n del \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Art\u00edculo 16. Se considerar\u00e1 la \u201csolicitud de certificado de habilitaci\u00f3n\u201d como pendiente cuando la documentaci\u00f3n respaldatoria no ha sido presentada en su totalidad seg\u00fan lo requerido por el Registro.<\/p>\n Cuando la \u201csolicitud de certificado de habilitaci\u00f3n\u2019\u2019 se encuentra pendiente, el usuario contar\u00e1 con el plazo de noventa (90) d\u00edas h\u00e1biles desde la fecha de la consignaci\u00f3n de las observaciones en el sistema central del Registro Nacional de Tierras Rurales, para la subsanaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n Ante la falta de subsanaci\u00f3n de las observaciones, transcurrido el plazo establecido en el p\u00e1rrafo precedente se producir\u00e1 la caducidad autom\u00e1tica del tr\u00e1mite y el mismo ser\u00e1 eliminado de la base de datos del sistema, debiendo el solicitante ingresar nueva solicitud en caso de querer continuar con el mismo, abonando nuevamente el formulario correspondiente, de acuerdo a las especificaciones del ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 4, inciso 7, de la Ley de Protecci\u00f3n de Datos Personales N\u00ba 25.326.<\/p>\n En el supuesto de extrav\u00edo de la documentaci\u00f3n, el usuario deber\u00e1 presentar la constancia de p\u00e9rdida y se reiniciar\u00e1 el plazo de noventa (90) d\u00edas h\u00e1biles contemplado en este ar\u00adt\u00edcu\u00adlo.<\/p>\n Art\u00edculo 17. Una vez completa la documentaci\u00f3n requerida, el Registro deber\u00e1 expedirse acerca del tr\u00e1mite, otorgando el \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d o emitiendo la \u201cconstancia de denegaci\u00f3n\u201d seg\u00fan corresponda, en el plazo de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n Art\u00edculo 18. Denegada la \u201csolicitud de certificado de habilitaci\u00f3n\u201d, podr\u00e1 el usuario dentro de los ciento ochenta (180) d\u00edas h\u00e1biles presentar una nueva solicitud, abonando nuevamente el arancel correspondiente y utilizando la misma documentaci\u00f3n de la solicitud denegada, siempre que se trate del mismo inmueble y los mismos sujetos. Para ello, deber\u00e1 tambi\u00e9n presentar una \u201cdeclaraci\u00f3n jurada\u201d de que se mantienen id\u00e9nticas circunstancias a la solicitud anterior.<\/p>\n Art\u00edculo 19. Una vez otorgado el \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d o emitida su \u201cconstancia de denegaci\u00f3n\u201d, el usuario dispondr\u00e1 de sesenta (60) d\u00edas h\u00e1biles para descargar el documento electr\u00f3nico correspondiente.<\/p>\n Art\u00edculo 20. En los supuestos de inmuebles rurales que adem\u00e1s deban tramitar la previa conformidad en la Direcci\u00f3n de Asuntos T\u00e9cnicos de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, podr\u00e1 el presentante solicitar una pr\u00f3rroga del \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d, acompa\u00f1ando constancia del tr\u00e1mite en curso. Dicha pr\u00f3rroga podr\u00e1 ser otorgada sucesivamente hasta que est\u00e9 finalizado el tr\u00e1mite de previa conformidad.<\/p>\n Art\u00edculo 21. En otros supuestos donde se requiera otros motivos de pr\u00f3rroga de vigencia del \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d, se deber\u00e1 presentar ante el Registro una nota en la cual se exprese causa fundada mediante el Formulario N\u00ba 6.<\/p>\n Art\u00edculo 13.\u00a0No requerir\u00e1n \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d<\/strong>\u00a0los actos que transfieran la propiedad o posesi\u00f3n de inmuebles que, independientemente de su nomenclatura catastral, se encuentren ubicados\u00a0dentro de una \u201czona industrial\u201d, \u201c\u00e1rea industrial\u201d o \u201cparque industrial\u201d<\/strong>, este \u00faltimo deber\u00e1 estar debidamente inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales, dependiente del Ministerio de Industria, y cuya normativa provincial de creaci\u00f3n sea preexistente a la transferencia del inmueble, debiendo el escribano o funcionario interviniente relacionarlo en el instrumento, dando cuenta de la normativa local aprobatoria de la zona, \u00e1rea o parque industrial de que se trate.<\/p>\n Art\u00edculo 13 bis.\u00a0No requerir\u00e1n \u201ccertificado de habilitaci\u00f3n\u201d los actos que constituyan derecho real de usufructo<\/strong>\u00a0a favor de los sujetos comprendidos en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 3 de la Ley N\u00ba 26.737\u00a0cuando el destino sea el desarrollo de proyectos de parques e\u00f3licos o alg\u00fan emprendimiento para la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, de conformidad con el objeto de la Ley 26.190<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Atendiendo a la dispersi\u00f3n geogr\u00e1fica de los usuarios del Registro Nacional de Tierras Rurales, se ha puesto en funcionamiento el sistema de tr\u00e1mites con el objetivo de poder peticionar el certificado de habilitaci\u00f3n desde cualquier punto del pa\u00eds, manteni\u00e9ndose los m\u00e1ximos est\u00e1ndares de seguridad y protecci\u00f3n de datos personales en Internet.<\/p>\n Los actos no comprendidos en la Ley 26.737 y los exceptuados por ella, que sean calificados por los escribanos, profesionales o funcionarios intervinientes como tales, relacionando tal circunstancia en el instrumento de otorgamiento del acto, no requerir\u00e1n la intervenci\u00f3n del Registro Nacional de Tierras Rurales.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Seg\u00fan la\u00a0Disposici\u00f3n 1\/2013<\/a>\u00a0del Registro de Tierras Rurales:<\/p>\n Art\u00edculo 3. A fin de regularizar la inscripci\u00f3n de los actos que cuenten con inscripci\u00f3n provisoria en los t\u00e9rminos de la Ley N\u00ba 17.801, en atenci\u00f3n al dictado de la Ley N\u00ba 26.737, el Registro Nacional de Tierras Rurales intervendr\u00e1 \u2013si correspondiere\u2013 con el alcance indicado en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo anterior, a efectos de la presentaci\u00f3n pertinente ante el Registro de la Propiedad Inmueble en el que se haya realizado la rogatoria.<\/p>\n<\/blockquote>\n El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires ha dictado una disposici\u00f3n en tal sentido, que dice:<\/p>\n Art\u00edculo 1. En los supuestos de documentos que contengan transmisiones de dominio de inmuebles rurales en los que resulten adquirentes personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras, se deber\u00e1 requerir que en toda la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada conste que el negocio jur\u00eddico autorizado no configura una violaci\u00f3n a los l\u00edmites establecidos por la Ley N\u00ba 26.737 y su Decreto Reglamentario N\u00ba 274\/2012, y, a su vez, que se ha dado cumplimiento a los recaudos previstos por dicha normativa.<\/p>\n Art\u00edculo 2. En caso de no cumplimentarse lo establecido en el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 1, se proceder\u00e1 a la inscripci\u00f3n provisional del documento en cuesti\u00f3n (ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 9 inciso b de la Ley N\u00ba 17.801).<\/a>\u00a0(18<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> \u2022 En los supuestos en que se efect\u00fae el tr\u00e1mite de\u00a0modificaci\u00f3n en la composici\u00f3n del capital social<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) escritura o instrumento que acredite la operaci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 En los supuestos de\u00a0modificaci\u00f3n de los contratos de fideicomiso<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) nuevo contrato de fideicomiso, documento modificatorio del contrato suscripto o instrumento de cesi\u00f3n de participaciones; 3) contrato anterior.<\/p>\n \u2022 En los supuestos de\u00a0modificaci\u00f3n de condominios<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) escritura o instrumento que acredite la operaci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 En los supuestos de\u00a0denuncia de venta parcial o total del inmueble<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) escritura o instrumento que acredite la operaci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 En los supuestos de\u00a0pr\u00f3rroga del certificado de habilitaci\u00f3n<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) constancia del tr\u00e1mite en curso o nota que exprese causa fundada, seg\u00fan corresponda, de conformidad con el ar\u00adt\u00edcu\u00adlo 20.<\/p>\n Toda la documentaci\u00f3n a presentar deber\u00e1 estar debidamente certificada y legalizada por el respectivo colegio de escribanos. Por su parte, el Registro se reserva la facultad de solicitar otra documentaci\u00f3n adicional que estime pertinente.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> El escribano p\u00fablico o profesional interviniente deber\u00e1 comunicar al Registro Nacional de Tierras Rurales el otorgamiento del acto dentro del plazo de veinte d\u00edas de ocurrido, de conformidad con el formulario que obra como anexo B del\u00a0decreto reglamentario<\/a>. En igual plazo, deber\u00e1 comunicar las transferencias de propiedades y cesiones de derechos posesorios operados por los sujetos comprendidos en la ley hacia terceros no alcanzados.<\/p>\n El decreto reglamentario aprueba las declaraciones juradas para personas f\u00edsicas y para personas jur\u00eddicas y el formulario de operaciones comprendidas.<\/p>\n \u2022 En los supuestos de\u00a0escrituras otorgadas en el marco de las excepciones<\/em>\u00a0(art.\u00a04 Ley 26.737), se deber\u00e1 presentar ante el Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) escritura o instrumento que acredite la operaci\u00f3n en la que se califique la excepci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 En los supuestos en que se deba comunicar al Registro Nacional de Tierras Rurales el otorgamiento de una\u00a0escritura con el certificado de habilitaci\u00f3n<\/em>, se deber\u00e1 presentar ante el citado Registro: 1) formulario correspondiente debidamente cargado y abonado; 2) escritura o instrumento que acredite la operaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Cuando de una denuncia o constataci\u00f3n surgieran preliminarmente evidencias de incumplimiento de alguna de las exigencias y\/u obligaciones dispuestas por la Ley 26.737 o su reglamentaci\u00f3n, el Registro Nacional de Tierras Rurales, en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n,\u00a0dispondr\u00e1 la apertura del procedimiento administrativo para la investigaci\u00f3n de las infracciones<\/strong>.<\/a>\u00a0(19<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n Los incumplimientos por parte de los otorgantes y\/o los profesionales intervinientes en las operaciones comprendidas por la Ley 26.737 o su reglamentaci\u00f3n respecto de las obligaciones indicadas en dichas normas o la obstrucci\u00f3n de las tareas de fiscalizaci\u00f3n del Registro Nacional de Tierras Rurales ser\u00e1n pasibles de las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la infracci\u00f3n y a los antecedentes del infractor.<\/p>\n 1. Apercibimiento: solo ser\u00e1 aplicada por faltas leves, siempre que no se verifiquen infracciones antecedentes dentro de los dos a\u00f1os inmediatos anteriores.<\/p>\n 2. Multa: hasta un monto equivalente al 1 % del valor de la operaci\u00f3n o de la valuaci\u00f3n fiscal del inmueble (la que resulte mayor) a la que corresponda la infracci\u00f3n.<\/p>\n 3. Inhabilitaci\u00f3n especial: de seis meses a dos a\u00f1os para solicitar la expedici\u00f3n de los certificados de habilitaci\u00f3n ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, aplicable a los profesionales intervinientes que incumplan las obligaciones legales y reglamentarias, independientemente de la aplicaci\u00f3n de otras sanciones.<\/p>\n Sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de estas sanciones, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondr\u00e1 en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales o de los respectivos colegios profesionales que correspondan las faltas o incumplimientos que verifique en el ejercicio de sus funciones.<\/a>\u00a0(20<\/span><\/a>)<\/span><\/p>\n El titular del Registro Nacional de Tierras Rurales podr\u00e1 delegar en los integrantes del cuerpo de inspectores la actuaci\u00f3n en sede administrativa o judicial en procura del cumplimiento de la Ley 26.737.<\/p>\n1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
\n
2. \u00bfQu\u00e9 se entiende por tierras rurales?<\/h2>\n
\n
3. Sujetos y actos comprendidos en la limitaci\u00f3n a la titularidad extranjera<\/h2>\n<\/a>
3.1.\u00a0Sujetos<\/h3>\n
\n
\n
3.1.1.\u00a0Excepciones<\/h3>\n
3.1.2.\u00a0Acreditaciones por los sujetos exceptuados<\/h3>\n
\n
\n
3.2.\u00a0Actos comprendidos<\/h3>\n
\n
4. Efectos de los actos celebrados en violaci\u00f3n de la ley<\/h2>\n
\n
5. Inmuebles que contengan o sean ribere\u00f1os de cuerpos de agua\u00a0de envergadura o permanentes y en zonas de seguridad de frontera<\/h2>\n
\n
6. Determinaci\u00f3n de la titularidad dominial a los efectos legales<\/h2>\n
\n
7. La cuesti\u00f3n del l\u00edmite<\/h2>\n
\n
\n
\n
7.1.\u00a0R\u00e9gimen de equivalencia de la zona n\u00facleo<\/h3>\n
7.2.\u00a0Publicidad<\/h3>\n
8. Organismos creados por la Ley 26.737<\/h2>\n<\/a>
8.1.\u00a0Registro Nacional de Tierras Rurales<\/h3>\n
\n
\n
8.2.\u00a0Consejo Interministerial de Tierras Rurales<\/h3>\n
\n
9. Deber de denunciar<\/h2>\n
\n
10. Deber de presentar formularios<\/h2>\n
\n
\n
11. Certificado de habilitaci\u00f3n para los actos de transferencia de derechos de propiedad o cesi\u00f3n de derechos posesorios sobre tierras rurales<\/h2>\n
\n
\n
12. Calificaci\u00f3n de los t\u00edtulos en los Registros de la Propiedad Inmueble<\/h2>\n
\n
\n
13. Otros tr\u00e1mites ante el Registro Nacional de Tierras Rurales<\/h2>\n
14. Deber de comunicaci\u00f3n de otorgamiento del acto<\/h2>\n
15. Incumplimiento por parte de los otorgantes y\/o los profesionales intervinientes. Procedimiento y sanciones<\/strong><\/h2>\n