Resumen<\/h2>\n\n\nLa libertad individual es, sin duda, uno de los valores primordiales de toda sociedad civilizada e, incluso, desarrollada. Sin perjuicio de ello, tambi\u00e9n es cierto que, por nuestra propia naturaleza, las personas humanas propendemos a agruparnos y organizarnos de formas jur\u00eddicas diversas, pues resulta \u00fatil para potenciar y explotar a\u00fan m\u00e1s nuestras potencialidades. No obstante, la exacerbaci\u00f3n del individualismo y el intervencionismo estatal desmesurado socavan tan b\u00e1sico y elemental derecho, como lo es la libertad de asociaci\u00f3n, siendo las simples asociaciones aquellas personas jur\u00eddicas m\u00e1s libres y democr\u00e1ticas que el sistema legal argentino prev\u00e9.<\/p>\n\n<\/div>
Palabras clave<\/h2>\n\n\nSimples asociaciones; C\u00f3digo Civil y Comercial; orden constitucional y derechos humanos; libertad de asociaci\u00f3n y democracia.<\/p>\n\n<\/div>
Acerca del autor<\/h2>\n\n\nEscribano Titular.
\nPresidente de la Comisi\u00f3n de Seguimiento Legislativo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.<\/div>\n\n<\/div>Fechas<\/h2>\n\n\nRecibido:<\/strong> 9\/9\/2022
\nAceptado:<\/strong> 28\/12\/2022
\nPublicado online:<\/strong> 30\/6\/2023<\/p>\n<\/div><\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/LORENZO_900x550.png\")
<\/div>\n <\/p>\n<\/a>1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
La Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCyC), derog\u00f3 el C\u00f3digo Civil aprobado por la ley 340, con sus modificatorias<\/a> (CC), y tambi\u00e9n introdujo modificaciones e, incluso, dej\u00f3 sin efecto leyes de car\u00e1cter especial y\/o reglamentario, lo que constituy\u00f3 un cambio sustancial, en la medida en que se unificaron las materias civil y comercial sin distinci\u00f3n alguna, incluso, en cuanto a las personas jur\u00eddicas y los contratos, dejando de lado la diferenciaci\u00f3n originada en la Edad Media \u2013entre muchos otros cambios trascendentes, que no resultan de inter\u00e9s a los efectos del presente trabajo\u2013. No obstante, ha preservado y, si se quiere, ampliado la regulaci\u00f3n de las simples asociaciones, tan trascendentes e importantes para una sana vida en democracia, lo que amerita esgrimir unas breves l\u00edneas en la materia, a fin de circunscribir su naturaleza, no solo jur\u00eddica, y los extremos establecidos por el C\u00f3digo sustantivo al respecto, procurando esbozar una ex\u00e9gesis debida con todo el sistema jur\u00eddico, nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\nLas \u201csimples asociaciones\u201d<\/strong> […] son sujetos de derecho de estructura corporativa, provista por el concurso de los miembros que los constituyen, carentes de finalidad lucrativa y que no necesitan autorizaci\u00f3n del Estado para funcionar. Presentan los siguientes elementos esenciales<\/em>: 1) tienen pluralidad de miembros, que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad; 2) son de duraci\u00f3n indefinida; 3) disponen de un fondo social; 4) persiguen un fin altruista o desinteresado.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEn definitiva, el fen\u00f3meno asociativo, por sus caracter\u00edsticas propias, no se agota con las asociaciones civiles autorizadas por el Estado, a las que usualmente se les reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de personas jur\u00eddicas, pues han existido desde los inicios de la humanidad, por tanto, de la civilizaci\u00f3n, y su actividad reviste las mismas caracter\u00edsticas de aquellas, esto es, un grupo de personas humanas que participan en el contrato constitutivo para la obtenci\u00f3n de un fin com\u00fan, a cuyo efecto han creado una organizaci\u00f3n y formado un patrimonio.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>2. Breve rese\u00f1a hist\u00f3rica de las simples asociaciones<\/h2>\n
Sin lugar a duda, la historia de la asociaci\u00f3n ser\u00eda la historia del mundo, m\u00e1s exactamente, de la civilizaci\u00f3n, por cuanto ha nacido con el hombre y est\u00e1 identificada por una enorme diversidad de causas con el impulso irresistible de la supervivencia, sociabilidad y el corporativismo.<\/p>\n
Ocurre que uno de los hechos de m\u00e1s f\u00e1cil constataci\u00f3n es la debilidad de la persona humana, y lo \u00fanico que la hace fuerte es su instinto de sociabilidad, siendo esa vocaci\u00f3n espacial la que se agiganta cuando toma conciencia de ella y la aplica a la protecci\u00f3n de lo que m\u00e1s ans\u00eda, su libertad, entre los dem\u00e1s bienes morales y materiales inherentes a la personalidad; pues nadie duda de que, en el aislamiento extremo, se perder\u00eda irreversiblemente, pues ser\u00eda incapaz de defenderse a s\u00ed mismo y de sostener sus intereses.<\/p>\n
En efecto, libre por naturaleza, tiende inconscientemente a reunirse con sus semejantes y concertar con ellos la prosecuci\u00f3n de finalidades comunes. Tan es as\u00ed, que se ha sostenido que la asociaci\u00f3n vivifica y que el aislamiento mata, por cuanto el aislamiento de la persona humana hace que su debilidad se descubra a cada paso, mas, asociado, en cambio, su poder se extiende y amplifica porque no es sino por la acumulaci\u00f3n de fuerzas y de luces que podr\u00e1 vencer las resistencias, dominar los obst\u00e1culos, acrecentar la fe, realizar sus ambiciones y, tal vez, su felicidad tanto material como inmaterial.<\/p>\n
En suma, jam\u00e1s podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a la infinita variedad de sus aspiraciones y deseos si no fuera agregando su capacidad a la de otros; y es, convencido de su peque\u00f1ez y sabedor de la corta duraci\u00f3n de su vida, que tiende a reunirse en vista de fines comunes, que sus propias aptitudes no le permitir\u00edan nunca realizar solo.[3]<\/a><\/sup><\/p>\nNo es posible soslayar, entonces, que la asociaci\u00f3n no es, pues, una instituci\u00f3n jur\u00eddica, como tantas otras que ha creado el derecho por necesidades de convivencia social, incluso, por derivaciones propias de la confusi\u00f3n entre el poder temporal y espiritual, como el matrimonio, la propiedad individual, la sociedad, el celibato, la justicia, la sucesi\u00f3n hereditaria y tantas otras. En cambio, la asociaci\u00f3n no es producto de ning\u00fan sentimiento jur\u00eddico, pues este no ha existido en los pueblos primitivos sino en germen y su desarrollo ha sido, por otra parte, de una lentitud f\u00e1cilmente comprensible.<\/p>\n
De ello, bien puede colegirse que el derecho de asociaci\u00f3n es un derecho natural, anterior a la ley e, incluso, al Estado mismo, por cuanto no depende de ellos, en la medida en que no es creado por aquellos, aunque puede ser en su ejercicio vigilado en el inter\u00e9s p\u00fablico, mas sin perder de vista que desconocer esta calidad implica atacar a la sociedad en sus cimientos.<\/p>\n
En consecuencia, es un derecho generado en el orden social, el principio sobre el cual reposa toda la sociedad; siendo que, en \u00e9l, en todas las \u00e9pocas, se ha refugiado el hombre como obrando a impulsos de un instinto, y sobre tal derecho descansa la libertad del individuo, que no existir\u00eda si le fuera negado. Tambi\u00e9n es variable y relativo, pues, si muchos individuos desean asociarse en vista de beneficios a obtener por v\u00edas no comerciales, se constituir\u00e1n bajo la forma de una sociedad civil; si entienden buscar ese beneficio por la ayuda de actos comerciales, deben someterse a las prescripciones de las sociedades lucrativas; mas, si, al contrario, tienen en vista o se proponen la obtenci\u00f3n de ciertas ventajas inmateriales, sea que no persigan ning\u00fan fin econ\u00f3mico, sea que este fin se encuentre presente, por toda econom\u00eda, la defensa de sus intereses profesionales, industriales, culturales, etc., ellos elegir\u00e1n la asociaci\u00f3n.[4]<\/a><\/sup><\/p>\nEn honor a la brevedad, solo indicamos de manera sucinta su trascendencia en Asia Menor, el antiguo Egipto, los imperios de Grecia y Roma, tanto la Alta como la Baja Edad Media, y en los virreinatos de Am\u00e9rica, destacando que la asociaci\u00f3n civil, diferente de la comercial o de la religiosa, tuvo sus primeros fulgores en la organizaci\u00f3n de la familia, la descendencia y el culto de los antepasados y el hogar, para luego, gradualmente, comenzar a abarcar otros espacios de la vida y actividades de inter\u00e9s para determinados grupos de personas, cuyo desarrollo tuvo graves escollos circunstanciales ante ciertos poderes autoritarios que procuraron la desaparici\u00f3n de las libertades individuales.<\/p>\n
Todo este bagaje hist\u00f3rico pes\u00f3 sobre V\u00e9lez Sarsfield en la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Civil \u2013con fuente en el Esbozo de Freitas, el C\u00f3digo de Luisiana y el C\u00f3digo Chileno\u2013 al haber dispuesto en su art\u00edculo 46 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto.[5]<\/a><\/sup> Ello gener\u00f3 mares de tinta en argumentaciones doctrinarias y un sin n\u00famero de antecedentes jurisprudenciales en torno a la personalidad de las simples asociaciones.<\/p>\nEllo fue zanjado con la reforma impuesta al C\u00f3digo Civil<\/a> por la Ley 17711 del a\u00f1o 1968, que estableci\u00f3 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto, siendo sujetos de derecho, siempre que la constituci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades se acredite por escritura p\u00fablica o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano p\u00fablico; y que, de lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociaci\u00f3n y sus administradores asum\u00edan responsabilidad solidaria por los actos de ella. De manera supletoria, reg\u00edan las disposiciones previstas para la sociedad civil.<\/p>\nQueda claro, entonces, que la libertad de asociaci\u00f3n resulta imprescindible para la civilizaci\u00f3n y la democracia, a pesar de haber sido desconocida por mucho tiempo por los poderes temporales, del mismo modo en que se rehusaba el derecho que ella supone, lo que a\u00fan, lamentablemente, con ciertos matices autoritarios, persiste.<\/p>\n
En efecto, el exclusivismo del Estado, propendiendo a la omnipotencia y a la absorci\u00f3n, y, por otra parte, el temor, justificado o no, mas siempre excesivo, a ciertas categor\u00edas de agrupaciones, son causas del retardo. En tanto ha podido, en la medida en que lo consent\u00edan las costumbres y el poco esclarecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica, el Estado se ha sentido atra\u00eddo a prohibir o a trabar toda organizaci\u00f3n que no dependiera de \u00e9l mismo.[6]<\/a><\/sup><\/p>\nEn s\u00edntesis, cabe destacar hasta el hartazgo, fuera de cualquier abstracci\u00f3n filos\u00f3fica, la imperativa necesidad de la libertad de asociaci\u00f3n como concepto gen\u00e9rico desde una perspectiva econ\u00f3mica y social, pues resulta imprescindible para propender al bien com\u00fan de las personas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>3. Las simples asociaciones con la legislaci\u00f3n vigente<\/h2>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, en su art\u00edculo 148, determina que son personas jur\u00eddicas privadas las sociedades \u2013sin distinguir entre civiles y comerciales\u2013, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en sus disposiciones o en otras leyes y cuyo car\u00e1cter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Luego, en los art\u00edculos 187 a 192, regula las simples asociaciones en particular, con fuente en el art\u00edculo 46 CC<\/a> y, si se quiere, en el art\u00edculo 175 del anteproyecto de c\u00f3digo civil del a\u00f1o 1998<\/a>.[7]<\/a><\/sup><\/p>\nEl acto constitutivo y el estatuto de la simple asociaci\u00f3n deben ser otorgados por instrumento p\u00fablico o por instrumento privado con firma certificada notarialmente, sin que sea necesaria la autorizaci\u00f3n estatal posterior o inscripci\u00f3n, como ocurre respecto de las asociaciones civiles, por ejemplo. Y a su nombre debe agreg\u00e1rsele, antepuesto o pospuesto, el aditamento \u201csimple asociaci\u00f3n\u201d o \u201casociaci\u00f3n simple\u201d (art. 187 CCyC); ello as\u00ed, con el objeto de permitir a propios y terceros conocer la naturaleza jur\u00eddica de esta forma asociativa.<\/p>\n
Si bien ha sido eliminada la forma de escritura p\u00fablica, quiz\u00e1 con la finalidad de flexibilizar las formas de constituci\u00f3n de las simples asociaciones, lo cierto es que la escritura p\u00fablica resulta ser el instrumento p\u00fablico por excelencia (arts. 289 y ss. CCyC), que brinda mayor seguridad jur\u00eddica a las personas, con especial atenci\u00f3n a la configuraci\u00f3n jur\u00eddica brindada por el notario interviniente, sumado a la garant\u00eda de preservaci\u00f3n e inalterabilidad del acto constitutivo y la escasez de intervencionismo estatal desmedido. Y, por otra parte, el propio C\u00f3digo Civil y Comercial, en la secci\u00f3n 4\u00aa del cap\u00edtulo 5 del t\u00edtulo IV de su libro primero, solo prev\u00e9 la escritura p\u00fablica como instrumento p\u00fablico que pueda ser empleado al efecto.<\/p>\n
Sentado ello, cabe se\u00f1alar que \u201cel precepto no contempla a las simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente, a las que se refer\u00eda el art. 46 (seg\u00fan texto de la ley 17711) del C\u00f3digo Civil derogado\u201d; lo que despierta interrogantes en cuanto a la \u201cnaturaleza que ha de atribuirse a aquellas entidades que no cumplan con las formas impuestas para su constituci\u00f3n\u201d. [8]<\/a><\/sup> Y otra cuesti\u00f3n a determinar refiere a las simples asociaciones constituidas bajo la vigencia del C\u00f3digo Civil, incumpliendo las formas que establec\u00eda aquel plexo normativo;[9]<\/a><\/sup> lo que tiene f\u00e1cil dilucidaci\u00f3n si se atiende a las disposiciones del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>, el orden constitucional y los derechos humanos.<\/p>\nPor consiguiente, no cabe duda de que, pese al incumplimiento de las formas impuestas, se est\u00e1 en presencia de un sujeto de derecho, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de nuestra Carta Magna<\/a>, debi\u00e9ndose, por lo tanto, reconocerles a estos entes la capacidad para estar en juicio y para contratar; ello, sin dejar de advertir las dificultades que la falta de instrumentaci\u00f3n del acto constitutivo puede traer en la pr\u00e1ctica respecto de terceros.<\/p>\nEs as\u00ed que las simples asociaciones se rigen, en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administraci\u00f3n, socios, \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de la secci\u00f3n 2\u00aa del cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo II del libro primero del C\u00f3digo de Fondo en la materia (art. 188 CCyC); y, como qued\u00f3 dicho, su existencia como persona jur\u00eddica comienza a partir de la fecha del acto constitutivo, por cuanto no requiere autorizaci\u00f3n estatal o registro (art. 189 CCyC); pudi\u00e9ndose considerar como aquel a la expresi\u00f3n de voluntad escrita de sus fundadores de crear la simple asociaci\u00f3n, bajo las formas impuestas por ley, establecen sus fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan el estatuto que regir\u00e1 sus actividades.[10]<\/a><\/sup><\/p>\nEn cuanto al \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del mismo, y subsiste la obligaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de los estados contables. No obstante, si se prescinde del \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, todo miembro, aun excluido de la gesti\u00f3n, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros, siendo que toda cl\u00e1usula en contrario se tiene por no escrita (art. 190 CCyC).<\/p>\n
Emerge, por tanto, el derecho a la informaci\u00f3n de los asociados respecto de la informaci\u00f3n en poder de la asociaci\u00f3n, por cuanto su denegatoria debe ser excepcional y solo fundada en la protecci\u00f3n de datos personales.[11]<\/a><\/sup><\/p>\nSi bien la simple asociaci\u00f3n cuenta con un amplio marco de libertad en cuanto a su constituci\u00f3n, funcionamiento y desarrollo, lo cierto es que, en caso de insuficiencia de bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociaci\u00f3n es solidariamente responsable de las obligaciones de la misma, que resultan de decisiones que han suscripto durante su administraci\u00f3n. Sin embargo, los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociaci\u00f3n sino despu\u00e9s de haber satisfecho a sus acreedores individuales (art. 191 CCyC<\/a>). Y el fundador o asociado que no intervino en la administraci\u00f3n de la simple asociaci\u00f3n no est\u00e1 obligado por las deudas de ella sino hasta la concurrencia de la contribuci\u00f3n prometida o de las cuotas impagas (art. 192 CCyC).<\/p>\nEn consecuencia, cabe se\u00f1alar el injusto agravamiento respecto del r\u00e9gimen de responsabilidad solidaria impuesto para los administradores de la simple asociaci\u00f3n respecto de aquel m\u00e1s leve establecido para quien administra las asociaciones civiles, que podr\u00eda tener asidero en la sujeci\u00f3n al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, seg\u00fan corresponda (art. 174 CCyC).<\/p>\n
En definitiva, resta a\u00fan recorrer un largo camino hacia el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho de asociaci\u00f3n, protegido por el art\u00edculo 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> (1948)[12]<\/a><\/sup>, entre otros tratados internacionales, que ser\u00e1n referidos m\u00e1s adelante; m\u00e1s a\u00fan cuando, a\u00fan en la actualidad, ciertas reglamentaciones y exigencias registrales desmedidas propenden a su cercenamiento o limitaci\u00f3n desmedida.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>4. Armon\u00eda con el orden constitucional y los derechos humanos<\/h2>\n
En primer t\u00e9rmino, cabe evocar que<\/p>\n
… a fin de definir cu\u00e1l es el contorno m\u00ednimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jur\u00eddica con plena personer\u00eda para actuar colectivamente en un \u00e1mbito de su inter\u00e9s. De ah\u00ed, pues, que el modo en que esta libertad de asociaci\u00f3n es consagrada por la legislaci\u00f3n nacional y, sobremanera, aplicada en la pr\u00e1ctica por las autoridades, sea uno de los indicadores m\u00e1s seguros de la salud institucional de la democracia.[13]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEllo as\u00ed, en cumplimiento del derecho de asociaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 14 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional<\/a> (CN) y por tratados internacionales de igual jerarqu\u00eda (art. 75 inc. 22 CN), en la medida en que estas personas jur\u00eddicas pueden realizar aportes invaluables a la humanidad de manera transversal, en materia de salud, cultura, religi\u00f3n, pol\u00edtica, deportes, preservaci\u00f3n del medio ambiente, defensa de los animales y todo ser vivo, y tantas otras iniciativas de no menor importancia para una sociedad verdaderamente democr\u00e1tica, y no desp\u00f3tica.<\/p>\nOcurre que las simples asociaciones, que claramente son las m\u00e1s democr\u00e1ticas ante la escasez de intervencionismo estatal en su constituci\u00f3n y desarrollo, como cualquier otra persona jur\u00eddica, incluso las sociedades comerciales, son una v\u00e1lvula imprescindible para la civilizaci\u00f3n y, no as\u00ed, la barbarie, pues propenden al bien com\u00fan, en la medida en que contribuyen para encontrar convergencias, aun ante las divergencias propias de la sociedad, sin perder de vista que tanto el crecimiento econ\u00f3mico como el desarrollo social no deben escindirse en aras del progreso.<\/p>\n
En efecto, tal como fuera anticipado anteriormente, resulta innegable el aporte de los reg\u00edmenes asociativos a la civilizaci\u00f3n, la democracia y la paz social en la historia de la humanidad, y, por tanto, los tratados constitucionales expresamente consagran la libertad de asociaci\u00f3n, a saber: el art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> (1969)[14]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> (1966)[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\nDe ello, se colige que debe evitarse una tensi\u00f3n injustificada entre los particulares y el Estado, con fundamento en cuestiones de orden p\u00fablico, muchas veces por dem\u00e1s arbitrarias, evitando, en consecuencia, avasallar la libre asociaci\u00f3n y, en especial, la autonom\u00eda de la voluntad de las personas en respeto a la dignidad humana en cualquiera de sus formas; m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas exigencias estatales, muchas veces arbitrarias, por v\u00edas reglamentarias, que, incluso, transgreden la supremac\u00eda establecida por el art\u00edculo 31 CN, para las leyes de la Naci\u00f3n, tienden a tornar ilusorios los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos y elementales de las personas, y obstruyen tanto la creaci\u00f3n como el normal funcionamiento y desarrollo de personas jur\u00eddicas tan importantes para una sociedad civilizada y democr\u00e1tica.<\/p>\n
En efecto, la intromisi\u00f3n desmedida del Estado en la materia cercena el derecho a la libre asociaci\u00f3n, si se quiere, m\u00e1s importante para una democracia, pues, de quebrarse la equilibrada convivencia y tolerancia, pueden emerger conductas totalitarias e inaceptables al respecto, que terminan fulminando toda libertad individual o asociativa. El derecho de asociaci\u00f3n forma un contrapeso a la omnipotencia propia del Estado, pues constituye la m\u00e1s alta garant\u00eda de los derechos y las libertades individuales, y su estrangulamiento, lamentablemente, es lo que caracteriza a los gobiernos fuera de la ley.<\/p>\n
No es posible soslayar, adem\u00e1s, que el reglamentarismo desmesurado y distante de la necesidad de las personas, que obstaculiza en vez de facilitar el debido desarrollo de toda actividad asociativa, en base a requisitos o exigencias arbitrarias y de dif\u00edcil cumplimiento, tambi\u00e9n deviene, muchas veces de manera gradual, en autoritarismo.<\/p>\n
Por otra parte, el propio Estado no puede generar desigualdad entre las simples asociaciones y, por ejemplo, las asociaciones civiles, que s\u00ed requieren inscripci\u00f3n para su constituci\u00f3n, asign\u00e1ndoles beneficios de diversa \u00edndole o subsidios por esa raz\u00f3n, pues, si bien no impide a las simples asociaciones reunirse para la defensa y promoci\u00f3n de sus intereses, lo cierto es que no les permite disfrutar de todos los derechos que detentan las asociaciones autorizadas[16]<\/a><\/sup> y propende al autoritarismo referido m\u00e1s arriba.<\/p>\nEn suma, en materia de simples asociaciones, debe aplicarse el principio pro homine<\/em>, que implica una hermen\u00e9utica de justicia social, que derive en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a la persona humana (pro homine<\/em>), de progresividad de los derechos y de no regresividad, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>[17]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 14 y 75 incisos 19 y 22 CN<\/a>[18]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 29 inciso b) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>[19]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 2.1, 5.2 y 51 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>[20]<\/a><\/sup>, y el art\u00edculo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> (1966)[21]<\/a><\/sup>, respetando siempre la libertad pac\u00edfica de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>5. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
Las simples asociaciones son las personas jur\u00eddicas m\u00e1s necesarias para cualquier sistema democr\u00e1tico, pues respetan, de manera m\u00e1s plena, la libertad de asociaci\u00f3n de raigambre constitucional y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de similar jerarqu\u00eda. Por consiguiente, toda exigencia estatal que obstruya su constituci\u00f3n, funcionamiento o desarrollo deviene en inconstitucional, como as\u00ed tambi\u00e9n cualquier otro beneficio creado a favor de otras personas jur\u00eddicas que s\u00ed requieren registraci\u00f3n, a los efectos de su constituci\u00f3n o funcionamiento, debi\u00e9ndose evitar todo v\u00ednculo generador de dependencia con el Estado y propender a la libertad de las mismas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015.<\/p>\nP\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940.<\/p>\nRAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.<\/p>\nTOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.).[22]<\/a><\/sup><\/p>\n <\/p>\n
\n- Jurisprudencia citada:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266).<\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h2>\n
[1]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: Los hiperv\u00ednculos a textos normativos fueron incorporados por la Revista del Notariado<\/em> y dirigen a fuentes oficiales \u2013en caso de excepci\u00f3n, se har\u00e1 la aclaraci\u00f3n que corresponda\u2013; la fecha de \u00faltima consulta es, en todos los casos, 13\/6\/2023).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 188.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940, pp. 1 y ss.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Ibidem, pp. 23 y ss.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: ver el C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n original de V\u00e9lez Sarsfield aqu\u00ed<\/a>, p. 49; ver edici\u00f3n compilada del C\u00f3digo Civil de Luisiana aqu\u00ed<\/a>; ver el C\u00f3digo Civil de Chile de 1855 aqu\u00ed<\/a>; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. P\u00e1ez, Juan L., ob. cit. (nota 3), p. 17.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: el hiperv\u00ednculo dirige a una fuente no oficial; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[8]<\/a><\/sup>. TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.), p. 1157.<\/p>\n[9]<\/a><\/sup>. Loc. cit.<\/p>\n[10]<\/a><\/sup>. ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 458.<\/p>\n[11]<\/a><\/sup>. Art. 1 Resoluci\u00f3n General 9\/2005 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n[12]<\/a><\/sup>. Art. 20: \u201c1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n pac\u00edficas. 2. Nadie podr\u00e1 ser obligado a pertenecer a una asociaci\u00f3n\u201d. (N. del E.<\/em>: \u00faltima consulta del hiperv\u00ednculo: 13\/6\/2023).<\/p>\n[13]<\/a><\/sup>. CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266). (N. del E.<\/em>: ver fallo completo aqu\u00ed<\/a>, pp. 10-11; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[14]<\/a><\/sup>. Art. 16 de la Convenci\u00f3n: \u201cLibertad de asociaci\u00f3n<\/em>. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol\u00f3gicos, religiosos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra \u00edndole. 2. El ejercicio de tal derecho s\u00f3lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p\u00fablicos, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s. \u00a03. Lo dispuesto en este art\u00edculo no impide la imposici\u00f3n de restricciones legales, y aun la privaci\u00f3n del ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic\u00eda\u201d. (N. del E.<\/em>: tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, la convenci\u00f3n fue aprobada en Argentina por Ley 23054<\/a>).<\/p>\n[15]<\/a><\/sup>. Art. 8 del Pacto: \u201c1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, con sujeci\u00f3n \u00fanicamente a los estatutos de la organizaci\u00f3n correspondiente, para promover y proteger sus intereses econ\u00f3micos y sociales. No podr\u00e1n imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico, o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de \u00e9stas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obst\u00e1culos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pa\u00eds\u201d. (N. del E.<\/em>: el pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n[16]<\/a><\/sup>. Ver CSJN (fallo cit. en nota 12). (N. del E.<\/em>: ver aqu\u00ed<\/a>, pp. 6-7).<\/p>\n[17]<\/a><\/sup>. Art. 2 CCyC: \u201cInterpretaci\u00f3n<\/em>. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d.<\/p>\n[18]<\/a><\/sup>. Art. 14 CN: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines \u00fatiles; de profesar libremente su culto; de ense\u00f1ar y aprender\u201d.<\/p>\nArt. 75 CN: \u201cCorresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ\u00f3mico con justicia social, a la productividad de la econom\u00eda nacional, a la generaci\u00f3n de empleo, a la formaci\u00f3n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci\u00f3n y al desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, su difusi\u00f3n y aprovechamiento. Proveer al crecimiento arm\u00f3nico de la Naci\u00f3n y al poblamiento de su territorio; promover pol\u00edticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser\u00e1 C\u00e1mara de origen. Sancionar leyes de organizaci\u00f3n y de base de la educaci\u00f3n que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participaci\u00f3n de la familia y la sociedad, la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminaci\u00f3n alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica estatal y la autonom\u00eda y autarqu\u00eda de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de las obras del autor; el patrimonio art\u00edstico y los espacios culturales y audiovisuales. […] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo; la Convenci\u00f3n sobre la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio; la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial; la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; la Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqu\u00eda constitucional, no derogan art\u00edculo alguno de la primera parte de esta Constituci\u00f3n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant\u00edas por ella reconocidos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobaci\u00f3n de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara. Los dem\u00e1s tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerir\u00e1n del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara para gozar de la jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n
[19]<\/a><\/sup>. Art. 29 de la Convenci\u00f3n: \u201cNormas de Interpretaci\u00f3n<\/em>. Ninguna disposici\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci\u00f3n en que sea parte uno de dichos Estados…\u201d.<\/p>\n[20]<\/a><\/sup>. Art. 2 del Pacto: \u201c1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d.<\/p>\nArt. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pa\u00eds en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d.<\/p>\n
[21]<\/a><\/sup>. Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d. (N. del E.<\/em>: el Pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n
La libertad individual es, sin duda, uno de los valores primordiales de toda sociedad civilizada e, incluso, desarrollada. Sin perjuicio de ello, tambi\u00e9n es cierto que, por nuestra propia naturaleza, las personas humanas propendemos a agruparnos y organizarnos de formas jur\u00eddicas diversas, pues resulta \u00fatil para potenciar y explotar a\u00fan m\u00e1s nuestras potencialidades. No obstante, la exacerbaci\u00f3n del individualismo y el intervencionismo estatal desmesurado socavan tan b\u00e1sico y elemental derecho, como lo es la libertad de asociaci\u00f3n, siendo las simples asociaciones aquellas personas jur\u00eddicas m\u00e1s libres y democr\u00e1ticas que el sistema legal argentino prev\u00e9.<\/p>\n\n<\/div>
Palabras clave<\/h2>\n\n\nSimples asociaciones; C\u00f3digo Civil y Comercial; orden constitucional y derechos humanos; libertad de asociaci\u00f3n y democracia.<\/p>\n\n<\/div>
Acerca del autor<\/h2>\n\n\nEscribano Titular.
\nPresidente de la Comisi\u00f3n de Seguimiento Legislativo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.<\/div>\n\n<\/div>Fechas<\/h2>\n\n\nRecibido:<\/strong> 9\/9\/2022
\nAceptado:<\/strong> 28\/12\/2022
\nPublicado online:<\/strong> 30\/6\/2023<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n<\/a>1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
La Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCyC), derog\u00f3 el C\u00f3digo Civil aprobado por la ley 340, con sus modificatorias<\/a> (CC), y tambi\u00e9n introdujo modificaciones e, incluso, dej\u00f3 sin efecto leyes de car\u00e1cter especial y\/o reglamentario, lo que constituy\u00f3 un cambio sustancial, en la medida en que se unificaron las materias civil y comercial sin distinci\u00f3n alguna, incluso, en cuanto a las personas jur\u00eddicas y los contratos, dejando de lado la diferenciaci\u00f3n originada en la Edad Media \u2013entre muchos otros cambios trascendentes, que no resultan de inter\u00e9s a los efectos del presente trabajo\u2013. No obstante, ha preservado y, si se quiere, ampliado la regulaci\u00f3n de las simples asociaciones, tan trascendentes e importantes para una sana vida en democracia, lo que amerita esgrimir unas breves l\u00edneas en la materia, a fin de circunscribir su naturaleza, no solo jur\u00eddica, y los extremos establecidos por el C\u00f3digo sustantivo al respecto, procurando esbozar una ex\u00e9gesis debida con todo el sistema jur\u00eddico, nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\nLas \u201csimples asociaciones\u201d<\/strong> […] son sujetos de derecho de estructura corporativa, provista por el concurso de los miembros que los constituyen, carentes de finalidad lucrativa y que no necesitan autorizaci\u00f3n del Estado para funcionar. Presentan los siguientes elementos esenciales<\/em>: 1) tienen pluralidad de miembros, que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad; 2) son de duraci\u00f3n indefinida; 3) disponen de un fondo social; 4) persiguen un fin altruista o desinteresado.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEn definitiva, el fen\u00f3meno asociativo, por sus caracter\u00edsticas propias, no se agota con las asociaciones civiles autorizadas por el Estado, a las que usualmente se les reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de personas jur\u00eddicas, pues han existido desde los inicios de la humanidad, por tanto, de la civilizaci\u00f3n, y su actividad reviste las mismas caracter\u00edsticas de aquellas, esto es, un grupo de personas humanas que participan en el contrato constitutivo para la obtenci\u00f3n de un fin com\u00fan, a cuyo efecto han creado una organizaci\u00f3n y formado un patrimonio.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>2. Breve rese\u00f1a hist\u00f3rica de las simples asociaciones<\/h2>\n
Sin lugar a duda, la historia de la asociaci\u00f3n ser\u00eda la historia del mundo, m\u00e1s exactamente, de la civilizaci\u00f3n, por cuanto ha nacido con el hombre y est\u00e1 identificada por una enorme diversidad de causas con el impulso irresistible de la supervivencia, sociabilidad y el corporativismo.<\/p>\n
Ocurre que uno de los hechos de m\u00e1s f\u00e1cil constataci\u00f3n es la debilidad de la persona humana, y lo \u00fanico que la hace fuerte es su instinto de sociabilidad, siendo esa vocaci\u00f3n espacial la que se agiganta cuando toma conciencia de ella y la aplica a la protecci\u00f3n de lo que m\u00e1s ans\u00eda, su libertad, entre los dem\u00e1s bienes morales y materiales inherentes a la personalidad; pues nadie duda de que, en el aislamiento extremo, se perder\u00eda irreversiblemente, pues ser\u00eda incapaz de defenderse a s\u00ed mismo y de sostener sus intereses.<\/p>\n
En efecto, libre por naturaleza, tiende inconscientemente a reunirse con sus semejantes y concertar con ellos la prosecuci\u00f3n de finalidades comunes. Tan es as\u00ed, que se ha sostenido que la asociaci\u00f3n vivifica y que el aislamiento mata, por cuanto el aislamiento de la persona humana hace que su debilidad se descubra a cada paso, mas, asociado, en cambio, su poder se extiende y amplifica porque no es sino por la acumulaci\u00f3n de fuerzas y de luces que podr\u00e1 vencer las resistencias, dominar los obst\u00e1culos, acrecentar la fe, realizar sus ambiciones y, tal vez, su felicidad tanto material como inmaterial.<\/p>\n
En suma, jam\u00e1s podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a la infinita variedad de sus aspiraciones y deseos si no fuera agregando su capacidad a la de otros; y es, convencido de su peque\u00f1ez y sabedor de la corta duraci\u00f3n de su vida, que tiende a reunirse en vista de fines comunes, que sus propias aptitudes no le permitir\u00edan nunca realizar solo.[3]<\/a><\/sup><\/p>\nNo es posible soslayar, entonces, que la asociaci\u00f3n no es, pues, una instituci\u00f3n jur\u00eddica, como tantas otras que ha creado el derecho por necesidades de convivencia social, incluso, por derivaciones propias de la confusi\u00f3n entre el poder temporal y espiritual, como el matrimonio, la propiedad individual, la sociedad, el celibato, la justicia, la sucesi\u00f3n hereditaria y tantas otras. En cambio, la asociaci\u00f3n no es producto de ning\u00fan sentimiento jur\u00eddico, pues este no ha existido en los pueblos primitivos sino en germen y su desarrollo ha sido, por otra parte, de una lentitud f\u00e1cilmente comprensible.<\/p>\n
De ello, bien puede colegirse que el derecho de asociaci\u00f3n es un derecho natural, anterior a la ley e, incluso, al Estado mismo, por cuanto no depende de ellos, en la medida en que no es creado por aquellos, aunque puede ser en su ejercicio vigilado en el inter\u00e9s p\u00fablico, mas sin perder de vista que desconocer esta calidad implica atacar a la sociedad en sus cimientos.<\/p>\n
En consecuencia, es un derecho generado en el orden social, el principio sobre el cual reposa toda la sociedad; siendo que, en \u00e9l, en todas las \u00e9pocas, se ha refugiado el hombre como obrando a impulsos de un instinto, y sobre tal derecho descansa la libertad del individuo, que no existir\u00eda si le fuera negado. Tambi\u00e9n es variable y relativo, pues, si muchos individuos desean asociarse en vista de beneficios a obtener por v\u00edas no comerciales, se constituir\u00e1n bajo la forma de una sociedad civil; si entienden buscar ese beneficio por la ayuda de actos comerciales, deben someterse a las prescripciones de las sociedades lucrativas; mas, si, al contrario, tienen en vista o se proponen la obtenci\u00f3n de ciertas ventajas inmateriales, sea que no persigan ning\u00fan fin econ\u00f3mico, sea que este fin se encuentre presente, por toda econom\u00eda, la defensa de sus intereses profesionales, industriales, culturales, etc., ellos elegir\u00e1n la asociaci\u00f3n.[4]<\/a><\/sup><\/p>\nEn honor a la brevedad, solo indicamos de manera sucinta su trascendencia en Asia Menor, el antiguo Egipto, los imperios de Grecia y Roma, tanto la Alta como la Baja Edad Media, y en los virreinatos de Am\u00e9rica, destacando que la asociaci\u00f3n civil, diferente de la comercial o de la religiosa, tuvo sus primeros fulgores en la organizaci\u00f3n de la familia, la descendencia y el culto de los antepasados y el hogar, para luego, gradualmente, comenzar a abarcar otros espacios de la vida y actividades de inter\u00e9s para determinados grupos de personas, cuyo desarrollo tuvo graves escollos circunstanciales ante ciertos poderes autoritarios que procuraron la desaparici\u00f3n de las libertades individuales.<\/p>\n
Todo este bagaje hist\u00f3rico pes\u00f3 sobre V\u00e9lez Sarsfield en la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Civil \u2013con fuente en el Esbozo de Freitas, el C\u00f3digo de Luisiana y el C\u00f3digo Chileno\u2013 al haber dispuesto en su art\u00edculo 46 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto.[5]<\/a><\/sup> Ello gener\u00f3 mares de tinta en argumentaciones doctrinarias y un sin n\u00famero de antecedentes jurisprudenciales en torno a la personalidad de las simples asociaciones.<\/p>\nEllo fue zanjado con la reforma impuesta al C\u00f3digo Civil<\/a> por la Ley 17711 del a\u00f1o 1968, que estableci\u00f3 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto, siendo sujetos de derecho, siempre que la constituci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades se acredite por escritura p\u00fablica o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano p\u00fablico; y que, de lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociaci\u00f3n y sus administradores asum\u00edan responsabilidad solidaria por los actos de ella. De manera supletoria, reg\u00edan las disposiciones previstas para la sociedad civil.<\/p>\nQueda claro, entonces, que la libertad de asociaci\u00f3n resulta imprescindible para la civilizaci\u00f3n y la democracia, a pesar de haber sido desconocida por mucho tiempo por los poderes temporales, del mismo modo en que se rehusaba el derecho que ella supone, lo que a\u00fan, lamentablemente, con ciertos matices autoritarios, persiste.<\/p>\n
En efecto, el exclusivismo del Estado, propendiendo a la omnipotencia y a la absorci\u00f3n, y, por otra parte, el temor, justificado o no, mas siempre excesivo, a ciertas categor\u00edas de agrupaciones, son causas del retardo. En tanto ha podido, en la medida en que lo consent\u00edan las costumbres y el poco esclarecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica, el Estado se ha sentido atra\u00eddo a prohibir o a trabar toda organizaci\u00f3n que no dependiera de \u00e9l mismo.[6]<\/a><\/sup><\/p>\nEn s\u00edntesis, cabe destacar hasta el hartazgo, fuera de cualquier abstracci\u00f3n filos\u00f3fica, la imperativa necesidad de la libertad de asociaci\u00f3n como concepto gen\u00e9rico desde una perspectiva econ\u00f3mica y social, pues resulta imprescindible para propender al bien com\u00fan de las personas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>3. Las simples asociaciones con la legislaci\u00f3n vigente<\/h2>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, en su art\u00edculo 148, determina que son personas jur\u00eddicas privadas las sociedades \u2013sin distinguir entre civiles y comerciales\u2013, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en sus disposiciones o en otras leyes y cuyo car\u00e1cter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Luego, en los art\u00edculos 187 a 192, regula las simples asociaciones en particular, con fuente en el art\u00edculo 46 CC<\/a> y, si se quiere, en el art\u00edculo 175 del anteproyecto de c\u00f3digo civil del a\u00f1o 1998<\/a>.[7]<\/a><\/sup><\/p>\nEl acto constitutivo y el estatuto de la simple asociaci\u00f3n deben ser otorgados por instrumento p\u00fablico o por instrumento privado con firma certificada notarialmente, sin que sea necesaria la autorizaci\u00f3n estatal posterior o inscripci\u00f3n, como ocurre respecto de las asociaciones civiles, por ejemplo. Y a su nombre debe agreg\u00e1rsele, antepuesto o pospuesto, el aditamento \u201csimple asociaci\u00f3n\u201d o \u201casociaci\u00f3n simple\u201d (art. 187 CCyC); ello as\u00ed, con el objeto de permitir a propios y terceros conocer la naturaleza jur\u00eddica de esta forma asociativa.<\/p>\n
Si bien ha sido eliminada la forma de escritura p\u00fablica, quiz\u00e1 con la finalidad de flexibilizar las formas de constituci\u00f3n de las simples asociaciones, lo cierto es que la escritura p\u00fablica resulta ser el instrumento p\u00fablico por excelencia (arts. 289 y ss. CCyC), que brinda mayor seguridad jur\u00eddica a las personas, con especial atenci\u00f3n a la configuraci\u00f3n jur\u00eddica brindada por el notario interviniente, sumado a la garant\u00eda de preservaci\u00f3n e inalterabilidad del acto constitutivo y la escasez de intervencionismo estatal desmedido. Y, por otra parte, el propio C\u00f3digo Civil y Comercial, en la secci\u00f3n 4\u00aa del cap\u00edtulo 5 del t\u00edtulo IV de su libro primero, solo prev\u00e9 la escritura p\u00fablica como instrumento p\u00fablico que pueda ser empleado al efecto.<\/p>\n
Sentado ello, cabe se\u00f1alar que \u201cel precepto no contempla a las simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente, a las que se refer\u00eda el art. 46 (seg\u00fan texto de la ley 17711) del C\u00f3digo Civil derogado\u201d; lo que despierta interrogantes en cuanto a la \u201cnaturaleza que ha de atribuirse a aquellas entidades que no cumplan con las formas impuestas para su constituci\u00f3n\u201d. [8]<\/a><\/sup> Y otra cuesti\u00f3n a determinar refiere a las simples asociaciones constituidas bajo la vigencia del C\u00f3digo Civil, incumpliendo las formas que establec\u00eda aquel plexo normativo;[9]<\/a><\/sup> lo que tiene f\u00e1cil dilucidaci\u00f3n si se atiende a las disposiciones del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>, el orden constitucional y los derechos humanos.<\/p>\nPor consiguiente, no cabe duda de que, pese al incumplimiento de las formas impuestas, se est\u00e1 en presencia de un sujeto de derecho, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de nuestra Carta Magna<\/a>, debi\u00e9ndose, por lo tanto, reconocerles a estos entes la capacidad para estar en juicio y para contratar; ello, sin dejar de advertir las dificultades que la falta de instrumentaci\u00f3n del acto constitutivo puede traer en la pr\u00e1ctica respecto de terceros.<\/p>\nEs as\u00ed que las simples asociaciones se rigen, en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administraci\u00f3n, socios, \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de la secci\u00f3n 2\u00aa del cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo II del libro primero del C\u00f3digo de Fondo en la materia (art. 188 CCyC); y, como qued\u00f3 dicho, su existencia como persona jur\u00eddica comienza a partir de la fecha del acto constitutivo, por cuanto no requiere autorizaci\u00f3n estatal o registro (art. 189 CCyC); pudi\u00e9ndose considerar como aquel a la expresi\u00f3n de voluntad escrita de sus fundadores de crear la simple asociaci\u00f3n, bajo las formas impuestas por ley, establecen sus fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan el estatuto que regir\u00e1 sus actividades.[10]<\/a><\/sup><\/p>\nEn cuanto al \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del mismo, y subsiste la obligaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de los estados contables. No obstante, si se prescinde del \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, todo miembro, aun excluido de la gesti\u00f3n, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros, siendo que toda cl\u00e1usula en contrario se tiene por no escrita (art. 190 CCyC).<\/p>\n
Emerge, por tanto, el derecho a la informaci\u00f3n de los asociados respecto de la informaci\u00f3n en poder de la asociaci\u00f3n, por cuanto su denegatoria debe ser excepcional y solo fundada en la protecci\u00f3n de datos personales.[11]<\/a><\/sup><\/p>\nSi bien la simple asociaci\u00f3n cuenta con un amplio marco de libertad en cuanto a su constituci\u00f3n, funcionamiento y desarrollo, lo cierto es que, en caso de insuficiencia de bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociaci\u00f3n es solidariamente responsable de las obligaciones de la misma, que resultan de decisiones que han suscripto durante su administraci\u00f3n. Sin embargo, los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociaci\u00f3n sino despu\u00e9s de haber satisfecho a sus acreedores individuales (art. 191 CCyC<\/a>). Y el fundador o asociado que no intervino en la administraci\u00f3n de la simple asociaci\u00f3n no est\u00e1 obligado por las deudas de ella sino hasta la concurrencia de la contribuci\u00f3n prometida o de las cuotas impagas (art. 192 CCyC).<\/p>\nEn consecuencia, cabe se\u00f1alar el injusto agravamiento respecto del r\u00e9gimen de responsabilidad solidaria impuesto para los administradores de la simple asociaci\u00f3n respecto de aquel m\u00e1s leve establecido para quien administra las asociaciones civiles, que podr\u00eda tener asidero en la sujeci\u00f3n al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, seg\u00fan corresponda (art. 174 CCyC).<\/p>\n
En definitiva, resta a\u00fan recorrer un largo camino hacia el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho de asociaci\u00f3n, protegido por el art\u00edculo 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> (1948)[12]<\/a><\/sup>, entre otros tratados internacionales, que ser\u00e1n referidos m\u00e1s adelante; m\u00e1s a\u00fan cuando, a\u00fan en la actualidad, ciertas reglamentaciones y exigencias registrales desmedidas propenden a su cercenamiento o limitaci\u00f3n desmedida.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>4. Armon\u00eda con el orden constitucional y los derechos humanos<\/h2>\n
En primer t\u00e9rmino, cabe evocar que<\/p>\n
… a fin de definir cu\u00e1l es el contorno m\u00ednimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jur\u00eddica con plena personer\u00eda para actuar colectivamente en un \u00e1mbito de su inter\u00e9s. De ah\u00ed, pues, que el modo en que esta libertad de asociaci\u00f3n es consagrada por la legislaci\u00f3n nacional y, sobremanera, aplicada en la pr\u00e1ctica por las autoridades, sea uno de los indicadores m\u00e1s seguros de la salud institucional de la democracia.[13]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEllo as\u00ed, en cumplimiento del derecho de asociaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 14 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional<\/a> (CN) y por tratados internacionales de igual jerarqu\u00eda (art. 75 inc. 22 CN), en la medida en que estas personas jur\u00eddicas pueden realizar aportes invaluables a la humanidad de manera transversal, en materia de salud, cultura, religi\u00f3n, pol\u00edtica, deportes, preservaci\u00f3n del medio ambiente, defensa de los animales y todo ser vivo, y tantas otras iniciativas de no menor importancia para una sociedad verdaderamente democr\u00e1tica, y no desp\u00f3tica.<\/p>\nOcurre que las simples asociaciones, que claramente son las m\u00e1s democr\u00e1ticas ante la escasez de intervencionismo estatal en su constituci\u00f3n y desarrollo, como cualquier otra persona jur\u00eddica, incluso las sociedades comerciales, son una v\u00e1lvula imprescindible para la civilizaci\u00f3n y, no as\u00ed, la barbarie, pues propenden al bien com\u00fan, en la medida en que contribuyen para encontrar convergencias, aun ante las divergencias propias de la sociedad, sin perder de vista que tanto el crecimiento econ\u00f3mico como el desarrollo social no deben escindirse en aras del progreso.<\/p>\n
En efecto, tal como fuera anticipado anteriormente, resulta innegable el aporte de los reg\u00edmenes asociativos a la civilizaci\u00f3n, la democracia y la paz social en la historia de la humanidad, y, por tanto, los tratados constitucionales expresamente consagran la libertad de asociaci\u00f3n, a saber: el art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> (1969)[14]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> (1966)[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\nDe ello, se colige que debe evitarse una tensi\u00f3n injustificada entre los particulares y el Estado, con fundamento en cuestiones de orden p\u00fablico, muchas veces por dem\u00e1s arbitrarias, evitando, en consecuencia, avasallar la libre asociaci\u00f3n y, en especial, la autonom\u00eda de la voluntad de las personas en respeto a la dignidad humana en cualquiera de sus formas; m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas exigencias estatales, muchas veces arbitrarias, por v\u00edas reglamentarias, que, incluso, transgreden la supremac\u00eda establecida por el art\u00edculo 31 CN, para las leyes de la Naci\u00f3n, tienden a tornar ilusorios los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos y elementales de las personas, y obstruyen tanto la creaci\u00f3n como el normal funcionamiento y desarrollo de personas jur\u00eddicas tan importantes para una sociedad civilizada y democr\u00e1tica.<\/p>\n
En efecto, la intromisi\u00f3n desmedida del Estado en la materia cercena el derecho a la libre asociaci\u00f3n, si se quiere, m\u00e1s importante para una democracia, pues, de quebrarse la equilibrada convivencia y tolerancia, pueden emerger conductas totalitarias e inaceptables al respecto, que terminan fulminando toda libertad individual o asociativa. El derecho de asociaci\u00f3n forma un contrapeso a la omnipotencia propia del Estado, pues constituye la m\u00e1s alta garant\u00eda de los derechos y las libertades individuales, y su estrangulamiento, lamentablemente, es lo que caracteriza a los gobiernos fuera de la ley.<\/p>\n
No es posible soslayar, adem\u00e1s, que el reglamentarismo desmesurado y distante de la necesidad de las personas, que obstaculiza en vez de facilitar el debido desarrollo de toda actividad asociativa, en base a requisitos o exigencias arbitrarias y de dif\u00edcil cumplimiento, tambi\u00e9n deviene, muchas veces de manera gradual, en autoritarismo.<\/p>\n
Por otra parte, el propio Estado no puede generar desigualdad entre las simples asociaciones y, por ejemplo, las asociaciones civiles, que s\u00ed requieren inscripci\u00f3n para su constituci\u00f3n, asign\u00e1ndoles beneficios de diversa \u00edndole o subsidios por esa raz\u00f3n, pues, si bien no impide a las simples asociaciones reunirse para la defensa y promoci\u00f3n de sus intereses, lo cierto es que no les permite disfrutar de todos los derechos que detentan las asociaciones autorizadas[16]<\/a><\/sup> y propende al autoritarismo referido m\u00e1s arriba.<\/p>\nEn suma, en materia de simples asociaciones, debe aplicarse el principio pro homine<\/em>, que implica una hermen\u00e9utica de justicia social, que derive en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a la persona humana (pro homine<\/em>), de progresividad de los derechos y de no regresividad, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>[17]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 14 y 75 incisos 19 y 22 CN<\/a>[18]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 29 inciso b) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>[19]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 2.1, 5.2 y 51 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>[20]<\/a><\/sup>, y el art\u00edculo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> (1966)[21]<\/a><\/sup>, respetando siempre la libertad pac\u00edfica de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>5. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
Las simples asociaciones son las personas jur\u00eddicas m\u00e1s necesarias para cualquier sistema democr\u00e1tico, pues respetan, de manera m\u00e1s plena, la libertad de asociaci\u00f3n de raigambre constitucional y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de similar jerarqu\u00eda. Por consiguiente, toda exigencia estatal que obstruya su constituci\u00f3n, funcionamiento o desarrollo deviene en inconstitucional, como as\u00ed tambi\u00e9n cualquier otro beneficio creado a favor de otras personas jur\u00eddicas que s\u00ed requieren registraci\u00f3n, a los efectos de su constituci\u00f3n o funcionamiento, debi\u00e9ndose evitar todo v\u00ednculo generador de dependencia con el Estado y propender a la libertad de las mismas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015.<\/p>\nP\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940.<\/p>\nRAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.<\/p>\nTOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.).[22]<\/a><\/sup><\/p>\n <\/p>\n
\n- Jurisprudencia citada:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266).<\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h2>\n
[1]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: Los hiperv\u00ednculos a textos normativos fueron incorporados por la Revista del Notariado<\/em> y dirigen a fuentes oficiales \u2013en caso de excepci\u00f3n, se har\u00e1 la aclaraci\u00f3n que corresponda\u2013; la fecha de \u00faltima consulta es, en todos los casos, 13\/6\/2023).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 188.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940, pp. 1 y ss.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Ibidem, pp. 23 y ss.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: ver el C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n original de V\u00e9lez Sarsfield aqu\u00ed<\/a>, p. 49; ver edici\u00f3n compilada del C\u00f3digo Civil de Luisiana aqu\u00ed<\/a>; ver el C\u00f3digo Civil de Chile de 1855 aqu\u00ed<\/a>; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. P\u00e1ez, Juan L., ob. cit. (nota 3), p. 17.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: el hiperv\u00ednculo dirige a una fuente no oficial; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[8]<\/a><\/sup>. TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.), p. 1157.<\/p>\n[9]<\/a><\/sup>. Loc. cit.<\/p>\n[10]<\/a><\/sup>. ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 458.<\/p>\n[11]<\/a><\/sup>. Art. 1 Resoluci\u00f3n General 9\/2005 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n[12]<\/a><\/sup>. Art. 20: \u201c1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n pac\u00edficas. 2. Nadie podr\u00e1 ser obligado a pertenecer a una asociaci\u00f3n\u201d. (N. del E.<\/em>: \u00faltima consulta del hiperv\u00ednculo: 13\/6\/2023).<\/p>\n[13]<\/a><\/sup>. CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266). (N. del E.<\/em>: ver fallo completo aqu\u00ed<\/a>, pp. 10-11; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[14]<\/a><\/sup>. Art. 16 de la Convenci\u00f3n: \u201cLibertad de asociaci\u00f3n<\/em>. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol\u00f3gicos, religiosos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra \u00edndole. 2. El ejercicio de tal derecho s\u00f3lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p\u00fablicos, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s. \u00a03. Lo dispuesto en este art\u00edculo no impide la imposici\u00f3n de restricciones legales, y aun la privaci\u00f3n del ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic\u00eda\u201d. (N. del E.<\/em>: tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, la convenci\u00f3n fue aprobada en Argentina por Ley 23054<\/a>).<\/p>\n[15]<\/a><\/sup>. Art. 8 del Pacto: \u201c1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, con sujeci\u00f3n \u00fanicamente a los estatutos de la organizaci\u00f3n correspondiente, para promover y proteger sus intereses econ\u00f3micos y sociales. No podr\u00e1n imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico, o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de \u00e9stas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obst\u00e1culos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pa\u00eds\u201d. (N. del E.<\/em>: el pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n[16]<\/a><\/sup>. Ver CSJN (fallo cit. en nota 12). (N. del E.<\/em>: ver aqu\u00ed<\/a>, pp. 6-7).<\/p>\n[17]<\/a><\/sup>. Art. 2 CCyC: \u201cInterpretaci\u00f3n<\/em>. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d.<\/p>\n[18]<\/a><\/sup>. Art. 14 CN: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines \u00fatiles; de profesar libremente su culto; de ense\u00f1ar y aprender\u201d.<\/p>\nArt. 75 CN: \u201cCorresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ\u00f3mico con justicia social, a la productividad de la econom\u00eda nacional, a la generaci\u00f3n de empleo, a la formaci\u00f3n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci\u00f3n y al desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, su difusi\u00f3n y aprovechamiento. Proveer al crecimiento arm\u00f3nico de la Naci\u00f3n y al poblamiento de su territorio; promover pol\u00edticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser\u00e1 C\u00e1mara de origen. Sancionar leyes de organizaci\u00f3n y de base de la educaci\u00f3n que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participaci\u00f3n de la familia y la sociedad, la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminaci\u00f3n alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica estatal y la autonom\u00eda y autarqu\u00eda de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de las obras del autor; el patrimonio art\u00edstico y los espacios culturales y audiovisuales. […] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo; la Convenci\u00f3n sobre la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio; la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial; la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; la Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqu\u00eda constitucional, no derogan art\u00edculo alguno de la primera parte de esta Constituci\u00f3n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant\u00edas por ella reconocidos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobaci\u00f3n de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara. Los dem\u00e1s tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerir\u00e1n del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara para gozar de la jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n
[19]<\/a><\/sup>. Art. 29 de la Convenci\u00f3n: \u201cNormas de Interpretaci\u00f3n<\/em>. Ninguna disposici\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci\u00f3n en que sea parte uno de dichos Estados…\u201d.<\/p>\n[20]<\/a><\/sup>. Art. 2 del Pacto: \u201c1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d.<\/p>\nArt. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pa\u00eds en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d.<\/p>\n
[21]<\/a><\/sup>. Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d. (N. del E.<\/em>: el Pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n
Simples asociaciones; C\u00f3digo Civil y Comercial; orden constitucional y derechos humanos; libertad de asociaci\u00f3n y democracia.<\/p>\n\n<\/div>
Acerca del autor<\/h2>\n\n\nEscribano Titular.
\nPresidente de la Comisi\u00f3n de Seguimiento Legislativo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.<\/div>\n\n<\/div>Fechas<\/h2>\n\n\nRecibido:<\/strong> 9\/9\/2022
\nAceptado:<\/strong> 28\/12\/2022
\nPublicado online:<\/strong> 30\/6\/2023<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n<\/a>1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
La Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCyC), derog\u00f3 el C\u00f3digo Civil aprobado por la ley 340, con sus modificatorias<\/a> (CC), y tambi\u00e9n introdujo modificaciones e, incluso, dej\u00f3 sin efecto leyes de car\u00e1cter especial y\/o reglamentario, lo que constituy\u00f3 un cambio sustancial, en la medida en que se unificaron las materias civil y comercial sin distinci\u00f3n alguna, incluso, en cuanto a las personas jur\u00eddicas y los contratos, dejando de lado la diferenciaci\u00f3n originada en la Edad Media \u2013entre muchos otros cambios trascendentes, que no resultan de inter\u00e9s a los efectos del presente trabajo\u2013. No obstante, ha preservado y, si se quiere, ampliado la regulaci\u00f3n de las simples asociaciones, tan trascendentes e importantes para una sana vida en democracia, lo que amerita esgrimir unas breves l\u00edneas en la materia, a fin de circunscribir su naturaleza, no solo jur\u00eddica, y los extremos establecidos por el C\u00f3digo sustantivo al respecto, procurando esbozar una ex\u00e9gesis debida con todo el sistema jur\u00eddico, nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\nLas \u201csimples asociaciones\u201d<\/strong> […] son sujetos de derecho de estructura corporativa, provista por el concurso de los miembros que los constituyen, carentes de finalidad lucrativa y que no necesitan autorizaci\u00f3n del Estado para funcionar. Presentan los siguientes elementos esenciales<\/em>: 1) tienen pluralidad de miembros, que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad; 2) son de duraci\u00f3n indefinida; 3) disponen de un fondo social; 4) persiguen un fin altruista o desinteresado.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEn definitiva, el fen\u00f3meno asociativo, por sus caracter\u00edsticas propias, no se agota con las asociaciones civiles autorizadas por el Estado, a las que usualmente se les reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de personas jur\u00eddicas, pues han existido desde los inicios de la humanidad, por tanto, de la civilizaci\u00f3n, y su actividad reviste las mismas caracter\u00edsticas de aquellas, esto es, un grupo de personas humanas que participan en el contrato constitutivo para la obtenci\u00f3n de un fin com\u00fan, a cuyo efecto han creado una organizaci\u00f3n y formado un patrimonio.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>2. Breve rese\u00f1a hist\u00f3rica de las simples asociaciones<\/h2>\n
Sin lugar a duda, la historia de la asociaci\u00f3n ser\u00eda la historia del mundo, m\u00e1s exactamente, de la civilizaci\u00f3n, por cuanto ha nacido con el hombre y est\u00e1 identificada por una enorme diversidad de causas con el impulso irresistible de la supervivencia, sociabilidad y el corporativismo.<\/p>\n
Ocurre que uno de los hechos de m\u00e1s f\u00e1cil constataci\u00f3n es la debilidad de la persona humana, y lo \u00fanico que la hace fuerte es su instinto de sociabilidad, siendo esa vocaci\u00f3n espacial la que se agiganta cuando toma conciencia de ella y la aplica a la protecci\u00f3n de lo que m\u00e1s ans\u00eda, su libertad, entre los dem\u00e1s bienes morales y materiales inherentes a la personalidad; pues nadie duda de que, en el aislamiento extremo, se perder\u00eda irreversiblemente, pues ser\u00eda incapaz de defenderse a s\u00ed mismo y de sostener sus intereses.<\/p>\n
En efecto, libre por naturaleza, tiende inconscientemente a reunirse con sus semejantes y concertar con ellos la prosecuci\u00f3n de finalidades comunes. Tan es as\u00ed, que se ha sostenido que la asociaci\u00f3n vivifica y que el aislamiento mata, por cuanto el aislamiento de la persona humana hace que su debilidad se descubra a cada paso, mas, asociado, en cambio, su poder se extiende y amplifica porque no es sino por la acumulaci\u00f3n de fuerzas y de luces que podr\u00e1 vencer las resistencias, dominar los obst\u00e1culos, acrecentar la fe, realizar sus ambiciones y, tal vez, su felicidad tanto material como inmaterial.<\/p>\n
En suma, jam\u00e1s podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a la infinita variedad de sus aspiraciones y deseos si no fuera agregando su capacidad a la de otros; y es, convencido de su peque\u00f1ez y sabedor de la corta duraci\u00f3n de su vida, que tiende a reunirse en vista de fines comunes, que sus propias aptitudes no le permitir\u00edan nunca realizar solo.[3]<\/a><\/sup><\/p>\nNo es posible soslayar, entonces, que la asociaci\u00f3n no es, pues, una instituci\u00f3n jur\u00eddica, como tantas otras que ha creado el derecho por necesidades de convivencia social, incluso, por derivaciones propias de la confusi\u00f3n entre el poder temporal y espiritual, como el matrimonio, la propiedad individual, la sociedad, el celibato, la justicia, la sucesi\u00f3n hereditaria y tantas otras. En cambio, la asociaci\u00f3n no es producto de ning\u00fan sentimiento jur\u00eddico, pues este no ha existido en los pueblos primitivos sino en germen y su desarrollo ha sido, por otra parte, de una lentitud f\u00e1cilmente comprensible.<\/p>\n
De ello, bien puede colegirse que el derecho de asociaci\u00f3n es un derecho natural, anterior a la ley e, incluso, al Estado mismo, por cuanto no depende de ellos, en la medida en que no es creado por aquellos, aunque puede ser en su ejercicio vigilado en el inter\u00e9s p\u00fablico, mas sin perder de vista que desconocer esta calidad implica atacar a la sociedad en sus cimientos.<\/p>\n
En consecuencia, es un derecho generado en el orden social, el principio sobre el cual reposa toda la sociedad; siendo que, en \u00e9l, en todas las \u00e9pocas, se ha refugiado el hombre como obrando a impulsos de un instinto, y sobre tal derecho descansa la libertad del individuo, que no existir\u00eda si le fuera negado. Tambi\u00e9n es variable y relativo, pues, si muchos individuos desean asociarse en vista de beneficios a obtener por v\u00edas no comerciales, se constituir\u00e1n bajo la forma de una sociedad civil; si entienden buscar ese beneficio por la ayuda de actos comerciales, deben someterse a las prescripciones de las sociedades lucrativas; mas, si, al contrario, tienen en vista o se proponen la obtenci\u00f3n de ciertas ventajas inmateriales, sea que no persigan ning\u00fan fin econ\u00f3mico, sea que este fin se encuentre presente, por toda econom\u00eda, la defensa de sus intereses profesionales, industriales, culturales, etc., ellos elegir\u00e1n la asociaci\u00f3n.[4]<\/a><\/sup><\/p>\nEn honor a la brevedad, solo indicamos de manera sucinta su trascendencia en Asia Menor, el antiguo Egipto, los imperios de Grecia y Roma, tanto la Alta como la Baja Edad Media, y en los virreinatos de Am\u00e9rica, destacando que la asociaci\u00f3n civil, diferente de la comercial o de la religiosa, tuvo sus primeros fulgores en la organizaci\u00f3n de la familia, la descendencia y el culto de los antepasados y el hogar, para luego, gradualmente, comenzar a abarcar otros espacios de la vida y actividades de inter\u00e9s para determinados grupos de personas, cuyo desarrollo tuvo graves escollos circunstanciales ante ciertos poderes autoritarios que procuraron la desaparici\u00f3n de las libertades individuales.<\/p>\n
Todo este bagaje hist\u00f3rico pes\u00f3 sobre V\u00e9lez Sarsfield en la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Civil \u2013con fuente en el Esbozo de Freitas, el C\u00f3digo de Luisiana y el C\u00f3digo Chileno\u2013 al haber dispuesto en su art\u00edculo 46 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto.[5]<\/a><\/sup> Ello gener\u00f3 mares de tinta en argumentaciones doctrinarias y un sin n\u00famero de antecedentes jurisprudenciales en torno a la personalidad de las simples asociaciones.<\/p>\nEllo fue zanjado con la reforma impuesta al C\u00f3digo Civil<\/a> por la Ley 17711 del a\u00f1o 1968, que estableci\u00f3 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto, siendo sujetos de derecho, siempre que la constituci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades se acredite por escritura p\u00fablica o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano p\u00fablico; y que, de lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociaci\u00f3n y sus administradores asum\u00edan responsabilidad solidaria por los actos de ella. De manera supletoria, reg\u00edan las disposiciones previstas para la sociedad civil.<\/p>\nQueda claro, entonces, que la libertad de asociaci\u00f3n resulta imprescindible para la civilizaci\u00f3n y la democracia, a pesar de haber sido desconocida por mucho tiempo por los poderes temporales, del mismo modo en que se rehusaba el derecho que ella supone, lo que a\u00fan, lamentablemente, con ciertos matices autoritarios, persiste.<\/p>\n
En efecto, el exclusivismo del Estado, propendiendo a la omnipotencia y a la absorci\u00f3n, y, por otra parte, el temor, justificado o no, mas siempre excesivo, a ciertas categor\u00edas de agrupaciones, son causas del retardo. En tanto ha podido, en la medida en que lo consent\u00edan las costumbres y el poco esclarecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica, el Estado se ha sentido atra\u00eddo a prohibir o a trabar toda organizaci\u00f3n que no dependiera de \u00e9l mismo.[6]<\/a><\/sup><\/p>\nEn s\u00edntesis, cabe destacar hasta el hartazgo, fuera de cualquier abstracci\u00f3n filos\u00f3fica, la imperativa necesidad de la libertad de asociaci\u00f3n como concepto gen\u00e9rico desde una perspectiva econ\u00f3mica y social, pues resulta imprescindible para propender al bien com\u00fan de las personas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>3. Las simples asociaciones con la legislaci\u00f3n vigente<\/h2>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, en su art\u00edculo 148, determina que son personas jur\u00eddicas privadas las sociedades \u2013sin distinguir entre civiles y comerciales\u2013, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en sus disposiciones o en otras leyes y cuyo car\u00e1cter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Luego, en los art\u00edculos 187 a 192, regula las simples asociaciones en particular, con fuente en el art\u00edculo 46 CC<\/a> y, si se quiere, en el art\u00edculo 175 del anteproyecto de c\u00f3digo civil del a\u00f1o 1998<\/a>.[7]<\/a><\/sup><\/p>\nEl acto constitutivo y el estatuto de la simple asociaci\u00f3n deben ser otorgados por instrumento p\u00fablico o por instrumento privado con firma certificada notarialmente, sin que sea necesaria la autorizaci\u00f3n estatal posterior o inscripci\u00f3n, como ocurre respecto de las asociaciones civiles, por ejemplo. Y a su nombre debe agreg\u00e1rsele, antepuesto o pospuesto, el aditamento \u201csimple asociaci\u00f3n\u201d o \u201casociaci\u00f3n simple\u201d (art. 187 CCyC); ello as\u00ed, con el objeto de permitir a propios y terceros conocer la naturaleza jur\u00eddica de esta forma asociativa.<\/p>\n
Si bien ha sido eliminada la forma de escritura p\u00fablica, quiz\u00e1 con la finalidad de flexibilizar las formas de constituci\u00f3n de las simples asociaciones, lo cierto es que la escritura p\u00fablica resulta ser el instrumento p\u00fablico por excelencia (arts. 289 y ss. CCyC), que brinda mayor seguridad jur\u00eddica a las personas, con especial atenci\u00f3n a la configuraci\u00f3n jur\u00eddica brindada por el notario interviniente, sumado a la garant\u00eda de preservaci\u00f3n e inalterabilidad del acto constitutivo y la escasez de intervencionismo estatal desmedido. Y, por otra parte, el propio C\u00f3digo Civil y Comercial, en la secci\u00f3n 4\u00aa del cap\u00edtulo 5 del t\u00edtulo IV de su libro primero, solo prev\u00e9 la escritura p\u00fablica como instrumento p\u00fablico que pueda ser empleado al efecto.<\/p>\n
Sentado ello, cabe se\u00f1alar que \u201cel precepto no contempla a las simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente, a las que se refer\u00eda el art. 46 (seg\u00fan texto de la ley 17711) del C\u00f3digo Civil derogado\u201d; lo que despierta interrogantes en cuanto a la \u201cnaturaleza que ha de atribuirse a aquellas entidades que no cumplan con las formas impuestas para su constituci\u00f3n\u201d. [8]<\/a><\/sup> Y otra cuesti\u00f3n a determinar refiere a las simples asociaciones constituidas bajo la vigencia del C\u00f3digo Civil, incumpliendo las formas que establec\u00eda aquel plexo normativo;[9]<\/a><\/sup> lo que tiene f\u00e1cil dilucidaci\u00f3n si se atiende a las disposiciones del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>, el orden constitucional y los derechos humanos.<\/p>\nPor consiguiente, no cabe duda de que, pese al incumplimiento de las formas impuestas, se est\u00e1 en presencia de un sujeto de derecho, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de nuestra Carta Magna<\/a>, debi\u00e9ndose, por lo tanto, reconocerles a estos entes la capacidad para estar en juicio y para contratar; ello, sin dejar de advertir las dificultades que la falta de instrumentaci\u00f3n del acto constitutivo puede traer en la pr\u00e1ctica respecto de terceros.<\/p>\nEs as\u00ed que las simples asociaciones se rigen, en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administraci\u00f3n, socios, \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de la secci\u00f3n 2\u00aa del cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo II del libro primero del C\u00f3digo de Fondo en la materia (art. 188 CCyC); y, como qued\u00f3 dicho, su existencia como persona jur\u00eddica comienza a partir de la fecha del acto constitutivo, por cuanto no requiere autorizaci\u00f3n estatal o registro (art. 189 CCyC); pudi\u00e9ndose considerar como aquel a la expresi\u00f3n de voluntad escrita de sus fundadores de crear la simple asociaci\u00f3n, bajo las formas impuestas por ley, establecen sus fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan el estatuto que regir\u00e1 sus actividades.[10]<\/a><\/sup><\/p>\nEn cuanto al \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del mismo, y subsiste la obligaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de los estados contables. No obstante, si se prescinde del \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, todo miembro, aun excluido de la gesti\u00f3n, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros, siendo que toda cl\u00e1usula en contrario se tiene por no escrita (art. 190 CCyC).<\/p>\n
Emerge, por tanto, el derecho a la informaci\u00f3n de los asociados respecto de la informaci\u00f3n en poder de la asociaci\u00f3n, por cuanto su denegatoria debe ser excepcional y solo fundada en la protecci\u00f3n de datos personales.[11]<\/a><\/sup><\/p>\nSi bien la simple asociaci\u00f3n cuenta con un amplio marco de libertad en cuanto a su constituci\u00f3n, funcionamiento y desarrollo, lo cierto es que, en caso de insuficiencia de bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociaci\u00f3n es solidariamente responsable de las obligaciones de la misma, que resultan de decisiones que han suscripto durante su administraci\u00f3n. Sin embargo, los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociaci\u00f3n sino despu\u00e9s de haber satisfecho a sus acreedores individuales (art. 191 CCyC<\/a>). Y el fundador o asociado que no intervino en la administraci\u00f3n de la simple asociaci\u00f3n no est\u00e1 obligado por las deudas de ella sino hasta la concurrencia de la contribuci\u00f3n prometida o de las cuotas impagas (art. 192 CCyC).<\/p>\nEn consecuencia, cabe se\u00f1alar el injusto agravamiento respecto del r\u00e9gimen de responsabilidad solidaria impuesto para los administradores de la simple asociaci\u00f3n respecto de aquel m\u00e1s leve establecido para quien administra las asociaciones civiles, que podr\u00eda tener asidero en la sujeci\u00f3n al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, seg\u00fan corresponda (art. 174 CCyC).<\/p>\n
En definitiva, resta a\u00fan recorrer un largo camino hacia el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho de asociaci\u00f3n, protegido por el art\u00edculo 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> (1948)[12]<\/a><\/sup>, entre otros tratados internacionales, que ser\u00e1n referidos m\u00e1s adelante; m\u00e1s a\u00fan cuando, a\u00fan en la actualidad, ciertas reglamentaciones y exigencias registrales desmedidas propenden a su cercenamiento o limitaci\u00f3n desmedida.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>4. Armon\u00eda con el orden constitucional y los derechos humanos<\/h2>\n
En primer t\u00e9rmino, cabe evocar que<\/p>\n
… a fin de definir cu\u00e1l es el contorno m\u00ednimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jur\u00eddica con plena personer\u00eda para actuar colectivamente en un \u00e1mbito de su inter\u00e9s. De ah\u00ed, pues, que el modo en que esta libertad de asociaci\u00f3n es consagrada por la legislaci\u00f3n nacional y, sobremanera, aplicada en la pr\u00e1ctica por las autoridades, sea uno de los indicadores m\u00e1s seguros de la salud institucional de la democracia.[13]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEllo as\u00ed, en cumplimiento del derecho de asociaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 14 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional<\/a> (CN) y por tratados internacionales de igual jerarqu\u00eda (art. 75 inc. 22 CN), en la medida en que estas personas jur\u00eddicas pueden realizar aportes invaluables a la humanidad de manera transversal, en materia de salud, cultura, religi\u00f3n, pol\u00edtica, deportes, preservaci\u00f3n del medio ambiente, defensa de los animales y todo ser vivo, y tantas otras iniciativas de no menor importancia para una sociedad verdaderamente democr\u00e1tica, y no desp\u00f3tica.<\/p>\nOcurre que las simples asociaciones, que claramente son las m\u00e1s democr\u00e1ticas ante la escasez de intervencionismo estatal en su constituci\u00f3n y desarrollo, como cualquier otra persona jur\u00eddica, incluso las sociedades comerciales, son una v\u00e1lvula imprescindible para la civilizaci\u00f3n y, no as\u00ed, la barbarie, pues propenden al bien com\u00fan, en la medida en que contribuyen para encontrar convergencias, aun ante las divergencias propias de la sociedad, sin perder de vista que tanto el crecimiento econ\u00f3mico como el desarrollo social no deben escindirse en aras del progreso.<\/p>\n
En efecto, tal como fuera anticipado anteriormente, resulta innegable el aporte de los reg\u00edmenes asociativos a la civilizaci\u00f3n, la democracia y la paz social en la historia de la humanidad, y, por tanto, los tratados constitucionales expresamente consagran la libertad de asociaci\u00f3n, a saber: el art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> (1969)[14]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> (1966)[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\nDe ello, se colige que debe evitarse una tensi\u00f3n injustificada entre los particulares y el Estado, con fundamento en cuestiones de orden p\u00fablico, muchas veces por dem\u00e1s arbitrarias, evitando, en consecuencia, avasallar la libre asociaci\u00f3n y, en especial, la autonom\u00eda de la voluntad de las personas en respeto a la dignidad humana en cualquiera de sus formas; m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas exigencias estatales, muchas veces arbitrarias, por v\u00edas reglamentarias, que, incluso, transgreden la supremac\u00eda establecida por el art\u00edculo 31 CN, para las leyes de la Naci\u00f3n, tienden a tornar ilusorios los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos y elementales de las personas, y obstruyen tanto la creaci\u00f3n como el normal funcionamiento y desarrollo de personas jur\u00eddicas tan importantes para una sociedad civilizada y democr\u00e1tica.<\/p>\n
En efecto, la intromisi\u00f3n desmedida del Estado en la materia cercena el derecho a la libre asociaci\u00f3n, si se quiere, m\u00e1s importante para una democracia, pues, de quebrarse la equilibrada convivencia y tolerancia, pueden emerger conductas totalitarias e inaceptables al respecto, que terminan fulminando toda libertad individual o asociativa. El derecho de asociaci\u00f3n forma un contrapeso a la omnipotencia propia del Estado, pues constituye la m\u00e1s alta garant\u00eda de los derechos y las libertades individuales, y su estrangulamiento, lamentablemente, es lo que caracteriza a los gobiernos fuera de la ley.<\/p>\n
No es posible soslayar, adem\u00e1s, que el reglamentarismo desmesurado y distante de la necesidad de las personas, que obstaculiza en vez de facilitar el debido desarrollo de toda actividad asociativa, en base a requisitos o exigencias arbitrarias y de dif\u00edcil cumplimiento, tambi\u00e9n deviene, muchas veces de manera gradual, en autoritarismo.<\/p>\n
Por otra parte, el propio Estado no puede generar desigualdad entre las simples asociaciones y, por ejemplo, las asociaciones civiles, que s\u00ed requieren inscripci\u00f3n para su constituci\u00f3n, asign\u00e1ndoles beneficios de diversa \u00edndole o subsidios por esa raz\u00f3n, pues, si bien no impide a las simples asociaciones reunirse para la defensa y promoci\u00f3n de sus intereses, lo cierto es que no les permite disfrutar de todos los derechos que detentan las asociaciones autorizadas[16]<\/a><\/sup> y propende al autoritarismo referido m\u00e1s arriba.<\/p>\nEn suma, en materia de simples asociaciones, debe aplicarse el principio pro homine<\/em>, que implica una hermen\u00e9utica de justicia social, que derive en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a la persona humana (pro homine<\/em>), de progresividad de los derechos y de no regresividad, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>[17]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 14 y 75 incisos 19 y 22 CN<\/a>[18]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 29 inciso b) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>[19]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 2.1, 5.2 y 51 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>[20]<\/a><\/sup>, y el art\u00edculo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> (1966)[21]<\/a><\/sup>, respetando siempre la libertad pac\u00edfica de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>5. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
Las simples asociaciones son las personas jur\u00eddicas m\u00e1s necesarias para cualquier sistema democr\u00e1tico, pues respetan, de manera m\u00e1s plena, la libertad de asociaci\u00f3n de raigambre constitucional y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de similar jerarqu\u00eda. Por consiguiente, toda exigencia estatal que obstruya su constituci\u00f3n, funcionamiento o desarrollo deviene en inconstitucional, como as\u00ed tambi\u00e9n cualquier otro beneficio creado a favor de otras personas jur\u00eddicas que s\u00ed requieren registraci\u00f3n, a los efectos de su constituci\u00f3n o funcionamiento, debi\u00e9ndose evitar todo v\u00ednculo generador de dependencia con el Estado y propender a la libertad de las mismas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015.<\/p>\nP\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940.<\/p>\nRAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.<\/p>\nTOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.).[22]<\/a><\/sup><\/p>\n <\/p>\n
\n- Jurisprudencia citada:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266).<\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h2>\n
[1]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: Los hiperv\u00ednculos a textos normativos fueron incorporados por la Revista del Notariado<\/em> y dirigen a fuentes oficiales \u2013en caso de excepci\u00f3n, se har\u00e1 la aclaraci\u00f3n que corresponda\u2013; la fecha de \u00faltima consulta es, en todos los casos, 13\/6\/2023).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 188.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940, pp. 1 y ss.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Ibidem, pp. 23 y ss.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: ver el C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n original de V\u00e9lez Sarsfield aqu\u00ed<\/a>, p. 49; ver edici\u00f3n compilada del C\u00f3digo Civil de Luisiana aqu\u00ed<\/a>; ver el C\u00f3digo Civil de Chile de 1855 aqu\u00ed<\/a>; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. P\u00e1ez, Juan L., ob. cit. (nota 3), p. 17.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: el hiperv\u00ednculo dirige a una fuente no oficial; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[8]<\/a><\/sup>. TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.), p. 1157.<\/p>\n[9]<\/a><\/sup>. Loc. cit.<\/p>\n[10]<\/a><\/sup>. ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 458.<\/p>\n[11]<\/a><\/sup>. Art. 1 Resoluci\u00f3n General 9\/2005 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n[12]<\/a><\/sup>. Art. 20: \u201c1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n pac\u00edficas. 2. Nadie podr\u00e1 ser obligado a pertenecer a una asociaci\u00f3n\u201d. (N. del E.<\/em>: \u00faltima consulta del hiperv\u00ednculo: 13\/6\/2023).<\/p>\n[13]<\/a><\/sup>. CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266). (N. del E.<\/em>: ver fallo completo aqu\u00ed<\/a>, pp. 10-11; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[14]<\/a><\/sup>. Art. 16 de la Convenci\u00f3n: \u201cLibertad de asociaci\u00f3n<\/em>. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol\u00f3gicos, religiosos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra \u00edndole. 2. El ejercicio de tal derecho s\u00f3lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p\u00fablicos, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s. \u00a03. Lo dispuesto en este art\u00edculo no impide la imposici\u00f3n de restricciones legales, y aun la privaci\u00f3n del ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic\u00eda\u201d. (N. del E.<\/em>: tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, la convenci\u00f3n fue aprobada en Argentina por Ley 23054<\/a>).<\/p>\n[15]<\/a><\/sup>. Art. 8 del Pacto: \u201c1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, con sujeci\u00f3n \u00fanicamente a los estatutos de la organizaci\u00f3n correspondiente, para promover y proteger sus intereses econ\u00f3micos y sociales. No podr\u00e1n imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico, o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de \u00e9stas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obst\u00e1culos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pa\u00eds\u201d. (N. del E.<\/em>: el pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n[16]<\/a><\/sup>. Ver CSJN (fallo cit. en nota 12). (N. del E.<\/em>: ver aqu\u00ed<\/a>, pp. 6-7).<\/p>\n[17]<\/a><\/sup>. Art. 2 CCyC: \u201cInterpretaci\u00f3n<\/em>. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d.<\/p>\n[18]<\/a><\/sup>. Art. 14 CN: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines \u00fatiles; de profesar libremente su culto; de ense\u00f1ar y aprender\u201d.<\/p>\nArt. 75 CN: \u201cCorresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ\u00f3mico con justicia social, a la productividad de la econom\u00eda nacional, a la generaci\u00f3n de empleo, a la formaci\u00f3n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci\u00f3n y al desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, su difusi\u00f3n y aprovechamiento. Proveer al crecimiento arm\u00f3nico de la Naci\u00f3n y al poblamiento de su territorio; promover pol\u00edticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser\u00e1 C\u00e1mara de origen. Sancionar leyes de organizaci\u00f3n y de base de la educaci\u00f3n que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participaci\u00f3n de la familia y la sociedad, la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminaci\u00f3n alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica estatal y la autonom\u00eda y autarqu\u00eda de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de las obras del autor; el patrimonio art\u00edstico y los espacios culturales y audiovisuales. […] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo; la Convenci\u00f3n sobre la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio; la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial; la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; la Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqu\u00eda constitucional, no derogan art\u00edculo alguno de la primera parte de esta Constituci\u00f3n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant\u00edas por ella reconocidos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobaci\u00f3n de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara. Los dem\u00e1s tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerir\u00e1n del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara para gozar de la jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n
[19]<\/a><\/sup>. Art. 29 de la Convenci\u00f3n: \u201cNormas de Interpretaci\u00f3n<\/em>. Ninguna disposici\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci\u00f3n en que sea parte uno de dichos Estados…\u201d.<\/p>\n[20]<\/a><\/sup>. Art. 2 del Pacto: \u201c1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d.<\/p>\nArt. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pa\u00eds en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d.<\/p>\n
[21]<\/a><\/sup>. Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d. (N. del E.<\/em>: el Pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n
\nPresidente de la Comisi\u00f3n de Seguimiento Legislativo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.<\/div>\n\n<\/div>
Fechas<\/h2>\n\n\nRecibido:<\/strong> 9\/9\/2022
\nAceptado:<\/strong> 28\/12\/2022
\nPublicado online:<\/strong> 30\/6\/2023<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n<\/a>1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
La Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCyC), derog\u00f3 el C\u00f3digo Civil aprobado por la ley 340, con sus modificatorias<\/a> (CC), y tambi\u00e9n introdujo modificaciones e, incluso, dej\u00f3 sin efecto leyes de car\u00e1cter especial y\/o reglamentario, lo que constituy\u00f3 un cambio sustancial, en la medida en que se unificaron las materias civil y comercial sin distinci\u00f3n alguna, incluso, en cuanto a las personas jur\u00eddicas y los contratos, dejando de lado la diferenciaci\u00f3n originada en la Edad Media \u2013entre muchos otros cambios trascendentes, que no resultan de inter\u00e9s a los efectos del presente trabajo\u2013. No obstante, ha preservado y, si se quiere, ampliado la regulaci\u00f3n de las simples asociaciones, tan trascendentes e importantes para una sana vida en democracia, lo que amerita esgrimir unas breves l\u00edneas en la materia, a fin de circunscribir su naturaleza, no solo jur\u00eddica, y los extremos establecidos por el C\u00f3digo sustantivo al respecto, procurando esbozar una ex\u00e9gesis debida con todo el sistema jur\u00eddico, nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\nLas \u201csimples asociaciones\u201d<\/strong> […] son sujetos de derecho de estructura corporativa, provista por el concurso de los miembros que los constituyen, carentes de finalidad lucrativa y que no necesitan autorizaci\u00f3n del Estado para funcionar. Presentan los siguientes elementos esenciales<\/em>: 1) tienen pluralidad de miembros, que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad; 2) son de duraci\u00f3n indefinida; 3) disponen de un fondo social; 4) persiguen un fin altruista o desinteresado.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEn definitiva, el fen\u00f3meno asociativo, por sus caracter\u00edsticas propias, no se agota con las asociaciones civiles autorizadas por el Estado, a las que usualmente se les reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de personas jur\u00eddicas, pues han existido desde los inicios de la humanidad, por tanto, de la civilizaci\u00f3n, y su actividad reviste las mismas caracter\u00edsticas de aquellas, esto es, un grupo de personas humanas que participan en el contrato constitutivo para la obtenci\u00f3n de un fin com\u00fan, a cuyo efecto han creado una organizaci\u00f3n y formado un patrimonio.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>2. Breve rese\u00f1a hist\u00f3rica de las simples asociaciones<\/h2>\n
Sin lugar a duda, la historia de la asociaci\u00f3n ser\u00eda la historia del mundo, m\u00e1s exactamente, de la civilizaci\u00f3n, por cuanto ha nacido con el hombre y est\u00e1 identificada por una enorme diversidad de causas con el impulso irresistible de la supervivencia, sociabilidad y el corporativismo.<\/p>\n
Ocurre que uno de los hechos de m\u00e1s f\u00e1cil constataci\u00f3n es la debilidad de la persona humana, y lo \u00fanico que la hace fuerte es su instinto de sociabilidad, siendo esa vocaci\u00f3n espacial la que se agiganta cuando toma conciencia de ella y la aplica a la protecci\u00f3n de lo que m\u00e1s ans\u00eda, su libertad, entre los dem\u00e1s bienes morales y materiales inherentes a la personalidad; pues nadie duda de que, en el aislamiento extremo, se perder\u00eda irreversiblemente, pues ser\u00eda incapaz de defenderse a s\u00ed mismo y de sostener sus intereses.<\/p>\n
En efecto, libre por naturaleza, tiende inconscientemente a reunirse con sus semejantes y concertar con ellos la prosecuci\u00f3n de finalidades comunes. Tan es as\u00ed, que se ha sostenido que la asociaci\u00f3n vivifica y que el aislamiento mata, por cuanto el aislamiento de la persona humana hace que su debilidad se descubra a cada paso, mas, asociado, en cambio, su poder se extiende y amplifica porque no es sino por la acumulaci\u00f3n de fuerzas y de luces que podr\u00e1 vencer las resistencias, dominar los obst\u00e1culos, acrecentar la fe, realizar sus ambiciones y, tal vez, su felicidad tanto material como inmaterial.<\/p>\n
En suma, jam\u00e1s podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a la infinita variedad de sus aspiraciones y deseos si no fuera agregando su capacidad a la de otros; y es, convencido de su peque\u00f1ez y sabedor de la corta duraci\u00f3n de su vida, que tiende a reunirse en vista de fines comunes, que sus propias aptitudes no le permitir\u00edan nunca realizar solo.[3]<\/a><\/sup><\/p>\nNo es posible soslayar, entonces, que la asociaci\u00f3n no es, pues, una instituci\u00f3n jur\u00eddica, como tantas otras que ha creado el derecho por necesidades de convivencia social, incluso, por derivaciones propias de la confusi\u00f3n entre el poder temporal y espiritual, como el matrimonio, la propiedad individual, la sociedad, el celibato, la justicia, la sucesi\u00f3n hereditaria y tantas otras. En cambio, la asociaci\u00f3n no es producto de ning\u00fan sentimiento jur\u00eddico, pues este no ha existido en los pueblos primitivos sino en germen y su desarrollo ha sido, por otra parte, de una lentitud f\u00e1cilmente comprensible.<\/p>\n
De ello, bien puede colegirse que el derecho de asociaci\u00f3n es un derecho natural, anterior a la ley e, incluso, al Estado mismo, por cuanto no depende de ellos, en la medida en que no es creado por aquellos, aunque puede ser en su ejercicio vigilado en el inter\u00e9s p\u00fablico, mas sin perder de vista que desconocer esta calidad implica atacar a la sociedad en sus cimientos.<\/p>\n
En consecuencia, es un derecho generado en el orden social, el principio sobre el cual reposa toda la sociedad; siendo que, en \u00e9l, en todas las \u00e9pocas, se ha refugiado el hombre como obrando a impulsos de un instinto, y sobre tal derecho descansa la libertad del individuo, que no existir\u00eda si le fuera negado. Tambi\u00e9n es variable y relativo, pues, si muchos individuos desean asociarse en vista de beneficios a obtener por v\u00edas no comerciales, se constituir\u00e1n bajo la forma de una sociedad civil; si entienden buscar ese beneficio por la ayuda de actos comerciales, deben someterse a las prescripciones de las sociedades lucrativas; mas, si, al contrario, tienen en vista o se proponen la obtenci\u00f3n de ciertas ventajas inmateriales, sea que no persigan ning\u00fan fin econ\u00f3mico, sea que este fin se encuentre presente, por toda econom\u00eda, la defensa de sus intereses profesionales, industriales, culturales, etc., ellos elegir\u00e1n la asociaci\u00f3n.[4]<\/a><\/sup><\/p>\nEn honor a la brevedad, solo indicamos de manera sucinta su trascendencia en Asia Menor, el antiguo Egipto, los imperios de Grecia y Roma, tanto la Alta como la Baja Edad Media, y en los virreinatos de Am\u00e9rica, destacando que la asociaci\u00f3n civil, diferente de la comercial o de la religiosa, tuvo sus primeros fulgores en la organizaci\u00f3n de la familia, la descendencia y el culto de los antepasados y el hogar, para luego, gradualmente, comenzar a abarcar otros espacios de la vida y actividades de inter\u00e9s para determinados grupos de personas, cuyo desarrollo tuvo graves escollos circunstanciales ante ciertos poderes autoritarios que procuraron la desaparici\u00f3n de las libertades individuales.<\/p>\n
Todo este bagaje hist\u00f3rico pes\u00f3 sobre V\u00e9lez Sarsfield en la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Civil \u2013con fuente en el Esbozo de Freitas, el C\u00f3digo de Luisiana y el C\u00f3digo Chileno\u2013 al haber dispuesto en su art\u00edculo 46 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto.[5]<\/a><\/sup> Ello gener\u00f3 mares de tinta en argumentaciones doctrinarias y un sin n\u00famero de antecedentes jurisprudenciales en torno a la personalidad de las simples asociaciones.<\/p>\nEllo fue zanjado con la reforma impuesta al C\u00f3digo Civil<\/a> por la Ley 17711 del a\u00f1o 1968, que estableci\u00f3 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto, siendo sujetos de derecho, siempre que la constituci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades se acredite por escritura p\u00fablica o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano p\u00fablico; y que, de lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociaci\u00f3n y sus administradores asum\u00edan responsabilidad solidaria por los actos de ella. De manera supletoria, reg\u00edan las disposiciones previstas para la sociedad civil.<\/p>\nQueda claro, entonces, que la libertad de asociaci\u00f3n resulta imprescindible para la civilizaci\u00f3n y la democracia, a pesar de haber sido desconocida por mucho tiempo por los poderes temporales, del mismo modo en que se rehusaba el derecho que ella supone, lo que a\u00fan, lamentablemente, con ciertos matices autoritarios, persiste.<\/p>\n
En efecto, el exclusivismo del Estado, propendiendo a la omnipotencia y a la absorci\u00f3n, y, por otra parte, el temor, justificado o no, mas siempre excesivo, a ciertas categor\u00edas de agrupaciones, son causas del retardo. En tanto ha podido, en la medida en que lo consent\u00edan las costumbres y el poco esclarecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica, el Estado se ha sentido atra\u00eddo a prohibir o a trabar toda organizaci\u00f3n que no dependiera de \u00e9l mismo.[6]<\/a><\/sup><\/p>\nEn s\u00edntesis, cabe destacar hasta el hartazgo, fuera de cualquier abstracci\u00f3n filos\u00f3fica, la imperativa necesidad de la libertad de asociaci\u00f3n como concepto gen\u00e9rico desde una perspectiva econ\u00f3mica y social, pues resulta imprescindible para propender al bien com\u00fan de las personas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>3. Las simples asociaciones con la legislaci\u00f3n vigente<\/h2>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, en su art\u00edculo 148, determina que son personas jur\u00eddicas privadas las sociedades \u2013sin distinguir entre civiles y comerciales\u2013, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en sus disposiciones o en otras leyes y cuyo car\u00e1cter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Luego, en los art\u00edculos 187 a 192, regula las simples asociaciones en particular, con fuente en el art\u00edculo 46 CC<\/a> y, si se quiere, en el art\u00edculo 175 del anteproyecto de c\u00f3digo civil del a\u00f1o 1998<\/a>.[7]<\/a><\/sup><\/p>\nEl acto constitutivo y el estatuto de la simple asociaci\u00f3n deben ser otorgados por instrumento p\u00fablico o por instrumento privado con firma certificada notarialmente, sin que sea necesaria la autorizaci\u00f3n estatal posterior o inscripci\u00f3n, como ocurre respecto de las asociaciones civiles, por ejemplo. Y a su nombre debe agreg\u00e1rsele, antepuesto o pospuesto, el aditamento \u201csimple asociaci\u00f3n\u201d o \u201casociaci\u00f3n simple\u201d (art. 187 CCyC); ello as\u00ed, con el objeto de permitir a propios y terceros conocer la naturaleza jur\u00eddica de esta forma asociativa.<\/p>\n
Si bien ha sido eliminada la forma de escritura p\u00fablica, quiz\u00e1 con la finalidad de flexibilizar las formas de constituci\u00f3n de las simples asociaciones, lo cierto es que la escritura p\u00fablica resulta ser el instrumento p\u00fablico por excelencia (arts. 289 y ss. CCyC), que brinda mayor seguridad jur\u00eddica a las personas, con especial atenci\u00f3n a la configuraci\u00f3n jur\u00eddica brindada por el notario interviniente, sumado a la garant\u00eda de preservaci\u00f3n e inalterabilidad del acto constitutivo y la escasez de intervencionismo estatal desmedido. Y, por otra parte, el propio C\u00f3digo Civil y Comercial, en la secci\u00f3n 4\u00aa del cap\u00edtulo 5 del t\u00edtulo IV de su libro primero, solo prev\u00e9 la escritura p\u00fablica como instrumento p\u00fablico que pueda ser empleado al efecto.<\/p>\n
Sentado ello, cabe se\u00f1alar que \u201cel precepto no contempla a las simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente, a las que se refer\u00eda el art. 46 (seg\u00fan texto de la ley 17711) del C\u00f3digo Civil derogado\u201d; lo que despierta interrogantes en cuanto a la \u201cnaturaleza que ha de atribuirse a aquellas entidades que no cumplan con las formas impuestas para su constituci\u00f3n\u201d. [8]<\/a><\/sup> Y otra cuesti\u00f3n a determinar refiere a las simples asociaciones constituidas bajo la vigencia del C\u00f3digo Civil, incumpliendo las formas que establec\u00eda aquel plexo normativo;[9]<\/a><\/sup> lo que tiene f\u00e1cil dilucidaci\u00f3n si se atiende a las disposiciones del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>, el orden constitucional y los derechos humanos.<\/p>\nPor consiguiente, no cabe duda de que, pese al incumplimiento de las formas impuestas, se est\u00e1 en presencia de un sujeto de derecho, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de nuestra Carta Magna<\/a>, debi\u00e9ndose, por lo tanto, reconocerles a estos entes la capacidad para estar en juicio y para contratar; ello, sin dejar de advertir las dificultades que la falta de instrumentaci\u00f3n del acto constitutivo puede traer en la pr\u00e1ctica respecto de terceros.<\/p>\nEs as\u00ed que las simples asociaciones se rigen, en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administraci\u00f3n, socios, \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de la secci\u00f3n 2\u00aa del cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo II del libro primero del C\u00f3digo de Fondo en la materia (art. 188 CCyC); y, como qued\u00f3 dicho, su existencia como persona jur\u00eddica comienza a partir de la fecha del acto constitutivo, por cuanto no requiere autorizaci\u00f3n estatal o registro (art. 189 CCyC); pudi\u00e9ndose considerar como aquel a la expresi\u00f3n de voluntad escrita de sus fundadores de crear la simple asociaci\u00f3n, bajo las formas impuestas por ley, establecen sus fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan el estatuto que regir\u00e1 sus actividades.[10]<\/a><\/sup><\/p>\nEn cuanto al \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del mismo, y subsiste la obligaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de los estados contables. No obstante, si se prescinde del \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, todo miembro, aun excluido de la gesti\u00f3n, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros, siendo que toda cl\u00e1usula en contrario se tiene por no escrita (art. 190 CCyC).<\/p>\n
Emerge, por tanto, el derecho a la informaci\u00f3n de los asociados respecto de la informaci\u00f3n en poder de la asociaci\u00f3n, por cuanto su denegatoria debe ser excepcional y solo fundada en la protecci\u00f3n de datos personales.[11]<\/a><\/sup><\/p>\nSi bien la simple asociaci\u00f3n cuenta con un amplio marco de libertad en cuanto a su constituci\u00f3n, funcionamiento y desarrollo, lo cierto es que, en caso de insuficiencia de bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociaci\u00f3n es solidariamente responsable de las obligaciones de la misma, que resultan de decisiones que han suscripto durante su administraci\u00f3n. Sin embargo, los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociaci\u00f3n sino despu\u00e9s de haber satisfecho a sus acreedores individuales (art. 191 CCyC<\/a>). Y el fundador o asociado que no intervino en la administraci\u00f3n de la simple asociaci\u00f3n no est\u00e1 obligado por las deudas de ella sino hasta la concurrencia de la contribuci\u00f3n prometida o de las cuotas impagas (art. 192 CCyC).<\/p>\nEn consecuencia, cabe se\u00f1alar el injusto agravamiento respecto del r\u00e9gimen de responsabilidad solidaria impuesto para los administradores de la simple asociaci\u00f3n respecto de aquel m\u00e1s leve establecido para quien administra las asociaciones civiles, que podr\u00eda tener asidero en la sujeci\u00f3n al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, seg\u00fan corresponda (art. 174 CCyC).<\/p>\n
En definitiva, resta a\u00fan recorrer un largo camino hacia el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho de asociaci\u00f3n, protegido por el art\u00edculo 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> (1948)[12]<\/a><\/sup>, entre otros tratados internacionales, que ser\u00e1n referidos m\u00e1s adelante; m\u00e1s a\u00fan cuando, a\u00fan en la actualidad, ciertas reglamentaciones y exigencias registrales desmedidas propenden a su cercenamiento o limitaci\u00f3n desmedida.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>4. Armon\u00eda con el orden constitucional y los derechos humanos<\/h2>\n
En primer t\u00e9rmino, cabe evocar que<\/p>\n
… a fin de definir cu\u00e1l es el contorno m\u00ednimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jur\u00eddica con plena personer\u00eda para actuar colectivamente en un \u00e1mbito de su inter\u00e9s. De ah\u00ed, pues, que el modo en que esta libertad de asociaci\u00f3n es consagrada por la legislaci\u00f3n nacional y, sobremanera, aplicada en la pr\u00e1ctica por las autoridades, sea uno de los indicadores m\u00e1s seguros de la salud institucional de la democracia.[13]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEllo as\u00ed, en cumplimiento del derecho de asociaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 14 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional<\/a> (CN) y por tratados internacionales de igual jerarqu\u00eda (art. 75 inc. 22 CN), en la medida en que estas personas jur\u00eddicas pueden realizar aportes invaluables a la humanidad de manera transversal, en materia de salud, cultura, religi\u00f3n, pol\u00edtica, deportes, preservaci\u00f3n del medio ambiente, defensa de los animales y todo ser vivo, y tantas otras iniciativas de no menor importancia para una sociedad verdaderamente democr\u00e1tica, y no desp\u00f3tica.<\/p>\nOcurre que las simples asociaciones, que claramente son las m\u00e1s democr\u00e1ticas ante la escasez de intervencionismo estatal en su constituci\u00f3n y desarrollo, como cualquier otra persona jur\u00eddica, incluso las sociedades comerciales, son una v\u00e1lvula imprescindible para la civilizaci\u00f3n y, no as\u00ed, la barbarie, pues propenden al bien com\u00fan, en la medida en que contribuyen para encontrar convergencias, aun ante las divergencias propias de la sociedad, sin perder de vista que tanto el crecimiento econ\u00f3mico como el desarrollo social no deben escindirse en aras del progreso.<\/p>\n
En efecto, tal como fuera anticipado anteriormente, resulta innegable el aporte de los reg\u00edmenes asociativos a la civilizaci\u00f3n, la democracia y la paz social en la historia de la humanidad, y, por tanto, los tratados constitucionales expresamente consagran la libertad de asociaci\u00f3n, a saber: el art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> (1969)[14]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> (1966)[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\nDe ello, se colige que debe evitarse una tensi\u00f3n injustificada entre los particulares y el Estado, con fundamento en cuestiones de orden p\u00fablico, muchas veces por dem\u00e1s arbitrarias, evitando, en consecuencia, avasallar la libre asociaci\u00f3n y, en especial, la autonom\u00eda de la voluntad de las personas en respeto a la dignidad humana en cualquiera de sus formas; m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas exigencias estatales, muchas veces arbitrarias, por v\u00edas reglamentarias, que, incluso, transgreden la supremac\u00eda establecida por el art\u00edculo 31 CN, para las leyes de la Naci\u00f3n, tienden a tornar ilusorios los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos y elementales de las personas, y obstruyen tanto la creaci\u00f3n como el normal funcionamiento y desarrollo de personas jur\u00eddicas tan importantes para una sociedad civilizada y democr\u00e1tica.<\/p>\n
En efecto, la intromisi\u00f3n desmedida del Estado en la materia cercena el derecho a la libre asociaci\u00f3n, si se quiere, m\u00e1s importante para una democracia, pues, de quebrarse la equilibrada convivencia y tolerancia, pueden emerger conductas totalitarias e inaceptables al respecto, que terminan fulminando toda libertad individual o asociativa. El derecho de asociaci\u00f3n forma un contrapeso a la omnipotencia propia del Estado, pues constituye la m\u00e1s alta garant\u00eda de los derechos y las libertades individuales, y su estrangulamiento, lamentablemente, es lo que caracteriza a los gobiernos fuera de la ley.<\/p>\n
No es posible soslayar, adem\u00e1s, que el reglamentarismo desmesurado y distante de la necesidad de las personas, que obstaculiza en vez de facilitar el debido desarrollo de toda actividad asociativa, en base a requisitos o exigencias arbitrarias y de dif\u00edcil cumplimiento, tambi\u00e9n deviene, muchas veces de manera gradual, en autoritarismo.<\/p>\n
Por otra parte, el propio Estado no puede generar desigualdad entre las simples asociaciones y, por ejemplo, las asociaciones civiles, que s\u00ed requieren inscripci\u00f3n para su constituci\u00f3n, asign\u00e1ndoles beneficios de diversa \u00edndole o subsidios por esa raz\u00f3n, pues, si bien no impide a las simples asociaciones reunirse para la defensa y promoci\u00f3n de sus intereses, lo cierto es que no les permite disfrutar de todos los derechos que detentan las asociaciones autorizadas[16]<\/a><\/sup> y propende al autoritarismo referido m\u00e1s arriba.<\/p>\nEn suma, en materia de simples asociaciones, debe aplicarse el principio pro homine<\/em>, que implica una hermen\u00e9utica de justicia social, que derive en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a la persona humana (pro homine<\/em>), de progresividad de los derechos y de no regresividad, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>[17]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 14 y 75 incisos 19 y 22 CN<\/a>[18]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 29 inciso b) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>[19]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 2.1, 5.2 y 51 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>[20]<\/a><\/sup>, y el art\u00edculo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> (1966)[21]<\/a><\/sup>, respetando siempre la libertad pac\u00edfica de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a>5. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
Las simples asociaciones son las personas jur\u00eddicas m\u00e1s necesarias para cualquier sistema democr\u00e1tico, pues respetan, de manera m\u00e1s plena, la libertad de asociaci\u00f3n de raigambre constitucional y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de similar jerarqu\u00eda. Por consiguiente, toda exigencia estatal que obstruya su constituci\u00f3n, funcionamiento o desarrollo deviene en inconstitucional, como as\u00ed tambi\u00e9n cualquier otro beneficio creado a favor de otras personas jur\u00eddicas que s\u00ed requieren registraci\u00f3n, a los efectos de su constituci\u00f3n o funcionamiento, debi\u00e9ndose evitar todo v\u00ednculo generador de dependencia con el Estado y propender a la libertad de las mismas.<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015.<\/p>\nP\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940.<\/p>\nRAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.<\/p>\nTOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.).[22]<\/a><\/sup><\/p>\n <\/p>\n
\n- Jurisprudencia citada:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266).<\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h2>\n
[1]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: Los hiperv\u00ednculos a textos normativos fueron incorporados por la Revista del Notariado<\/em> y dirigen a fuentes oficiales \u2013en caso de excepci\u00f3n, se har\u00e1 la aclaraci\u00f3n que corresponda\u2013; la fecha de \u00faltima consulta es, en todos los casos, 13\/6\/2023).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 188.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940, pp. 1 y ss.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Ibidem, pp. 23 y ss.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: ver el C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n original de V\u00e9lez Sarsfield aqu\u00ed<\/a>, p. 49; ver edici\u00f3n compilada del C\u00f3digo Civil de Luisiana aqu\u00ed<\/a>; ver el C\u00f3digo Civil de Chile de 1855 aqu\u00ed<\/a>; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. P\u00e1ez, Juan L., ob. cit. (nota 3), p. 17.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: el hiperv\u00ednculo dirige a una fuente no oficial; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[8]<\/a><\/sup>. TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.), p. 1157.<\/p>\n[9]<\/a><\/sup>. Loc. cit.<\/p>\n[10]<\/a><\/sup>. ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 458.<\/p>\n[11]<\/a><\/sup>. Art. 1 Resoluci\u00f3n General 9\/2005 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n[12]<\/a><\/sup>. Art. 20: \u201c1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n pac\u00edficas. 2. Nadie podr\u00e1 ser obligado a pertenecer a una asociaci\u00f3n\u201d. (N. del E.<\/em>: \u00faltima consulta del hiperv\u00ednculo: 13\/6\/2023).<\/p>\n[13]<\/a><\/sup>. CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266). (N. del E.<\/em>: ver fallo completo aqu\u00ed<\/a>, pp. 10-11; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n[14]<\/a><\/sup>. Art. 16 de la Convenci\u00f3n: \u201cLibertad de asociaci\u00f3n<\/em>. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol\u00f3gicos, religiosos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra \u00edndole. 2. El ejercicio de tal derecho s\u00f3lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p\u00fablicos, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s. \u00a03. Lo dispuesto en este art\u00edculo no impide la imposici\u00f3n de restricciones legales, y aun la privaci\u00f3n del ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic\u00eda\u201d. (N. del E.<\/em>: tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, la convenci\u00f3n fue aprobada en Argentina por Ley 23054<\/a>).<\/p>\n[15]<\/a><\/sup>. Art. 8 del Pacto: \u201c1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, con sujeci\u00f3n \u00fanicamente a los estatutos de la organizaci\u00f3n correspondiente, para promover y proteger sus intereses econ\u00f3micos y sociales. No podr\u00e1n imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico, o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de \u00e9stas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obst\u00e1culos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pa\u00eds\u201d. (N. del E.<\/em>: el pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n[16]<\/a><\/sup>. Ver CSJN (fallo cit. en nota 12). (N. del E.<\/em>: ver aqu\u00ed<\/a>, pp. 6-7).<\/p>\n[17]<\/a><\/sup>. Art. 2 CCyC: \u201cInterpretaci\u00f3n<\/em>. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d.<\/p>\n[18]<\/a><\/sup>. Art. 14 CN: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines \u00fatiles; de profesar libremente su culto; de ense\u00f1ar y aprender\u201d.<\/p>\nArt. 75 CN: \u201cCorresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ\u00f3mico con justicia social, a la productividad de la econom\u00eda nacional, a la generaci\u00f3n de empleo, a la formaci\u00f3n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci\u00f3n y al desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, su difusi\u00f3n y aprovechamiento. Proveer al crecimiento arm\u00f3nico de la Naci\u00f3n y al poblamiento de su territorio; promover pol\u00edticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser\u00e1 C\u00e1mara de origen. Sancionar leyes de organizaci\u00f3n y de base de la educaci\u00f3n que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participaci\u00f3n de la familia y la sociedad, la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminaci\u00f3n alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica estatal y la autonom\u00eda y autarqu\u00eda de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de las obras del autor; el patrimonio art\u00edstico y los espacios culturales y audiovisuales. […] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo; la Convenci\u00f3n sobre la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio; la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial; la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; la Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqu\u00eda constitucional, no derogan art\u00edculo alguno de la primera parte de esta Constituci\u00f3n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant\u00edas por ella reconocidos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobaci\u00f3n de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara. Los dem\u00e1s tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerir\u00e1n del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara para gozar de la jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n
[19]<\/a><\/sup>. Art. 29 de la Convenci\u00f3n: \u201cNormas de Interpretaci\u00f3n<\/em>. Ninguna disposici\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci\u00f3n en que sea parte uno de dichos Estados…\u201d.<\/p>\n[20]<\/a><\/sup>. Art. 2 del Pacto: \u201c1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d.<\/p>\nArt. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pa\u00eds en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d.<\/p>\n
[21]<\/a><\/sup>. Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d. (N. del E.<\/em>: el Pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n
Recibido:<\/strong> 9\/9\/2022 <\/p>\n<\/a> La Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (CCyC), derog\u00f3 el C\u00f3digo Civil aprobado por la ley 340, con sus modificatorias<\/a> (CC), y tambi\u00e9n introdujo modificaciones e, incluso, dej\u00f3 sin efecto leyes de car\u00e1cter especial y\/o reglamentario, lo que constituy\u00f3 un cambio sustancial, en la medida en que se unificaron las materias civil y comercial sin distinci\u00f3n alguna, incluso, en cuanto a las personas jur\u00eddicas y los contratos, dejando de lado la diferenciaci\u00f3n originada en la Edad Media \u2013entre muchos otros cambios trascendentes, que no resultan de inter\u00e9s a los efectos del presente trabajo\u2013. No obstante, ha preservado y, si se quiere, ampliado la regulaci\u00f3n de las simples asociaciones, tan trascendentes e importantes para una sana vida en democracia, lo que amerita esgrimir unas breves l\u00edneas en la materia, a fin de circunscribir su naturaleza, no solo jur\u00eddica, y los extremos establecidos por el C\u00f3digo sustantivo al respecto, procurando esbozar una ex\u00e9gesis debida con todo el sistema jur\u00eddico, nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\n Las \u201csimples asociaciones\u201d<\/strong> […] son sujetos de derecho de estructura corporativa, provista por el concurso de los miembros que los constituyen, carentes de finalidad lucrativa y que no necesitan autorizaci\u00f3n del Estado para funcionar. Presentan los siguientes elementos esenciales<\/em>: 1) tienen pluralidad de miembros, que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad; 2) son de duraci\u00f3n indefinida; 3) disponen de un fondo social; 4) persiguen un fin altruista o desinteresado.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n En definitiva, el fen\u00f3meno asociativo, por sus caracter\u00edsticas propias, no se agota con las asociaciones civiles autorizadas por el Estado, a las que usualmente se les reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de personas jur\u00eddicas, pues han existido desde los inicios de la humanidad, por tanto, de la civilizaci\u00f3n, y su actividad reviste las mismas caracter\u00edsticas de aquellas, esto es, un grupo de personas humanas que participan en el contrato constitutivo para la obtenci\u00f3n de un fin com\u00fan, a cuyo efecto han creado una organizaci\u00f3n y formado un patrimonio.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Sin lugar a duda, la historia de la asociaci\u00f3n ser\u00eda la historia del mundo, m\u00e1s exactamente, de la civilizaci\u00f3n, por cuanto ha nacido con el hombre y est\u00e1 identificada por una enorme diversidad de causas con el impulso irresistible de la supervivencia, sociabilidad y el corporativismo.<\/p>\n Ocurre que uno de los hechos de m\u00e1s f\u00e1cil constataci\u00f3n es la debilidad de la persona humana, y lo \u00fanico que la hace fuerte es su instinto de sociabilidad, siendo esa vocaci\u00f3n espacial la que se agiganta cuando toma conciencia de ella y la aplica a la protecci\u00f3n de lo que m\u00e1s ans\u00eda, su libertad, entre los dem\u00e1s bienes morales y materiales inherentes a la personalidad; pues nadie duda de que, en el aislamiento extremo, se perder\u00eda irreversiblemente, pues ser\u00eda incapaz de defenderse a s\u00ed mismo y de sostener sus intereses.<\/p>\n En efecto, libre por naturaleza, tiende inconscientemente a reunirse con sus semejantes y concertar con ellos la prosecuci\u00f3n de finalidades comunes. Tan es as\u00ed, que se ha sostenido que la asociaci\u00f3n vivifica y que el aislamiento mata, por cuanto el aislamiento de la persona humana hace que su debilidad se descubra a cada paso, mas, asociado, en cambio, su poder se extiende y amplifica porque no es sino por la acumulaci\u00f3n de fuerzas y de luces que podr\u00e1 vencer las resistencias, dominar los obst\u00e1culos, acrecentar la fe, realizar sus ambiciones y, tal vez, su felicidad tanto material como inmaterial.<\/p>\n En suma, jam\u00e1s podr\u00eda dar satisfacci\u00f3n a la infinita variedad de sus aspiraciones y deseos si no fuera agregando su capacidad a la de otros; y es, convencido de su peque\u00f1ez y sabedor de la corta duraci\u00f3n de su vida, que tiende a reunirse en vista de fines comunes, que sus propias aptitudes no le permitir\u00edan nunca realizar solo.[3]<\/a><\/sup><\/p>\n No es posible soslayar, entonces, que la asociaci\u00f3n no es, pues, una instituci\u00f3n jur\u00eddica, como tantas otras que ha creado el derecho por necesidades de convivencia social, incluso, por derivaciones propias de la confusi\u00f3n entre el poder temporal y espiritual, como el matrimonio, la propiedad individual, la sociedad, el celibato, la justicia, la sucesi\u00f3n hereditaria y tantas otras. En cambio, la asociaci\u00f3n no es producto de ning\u00fan sentimiento jur\u00eddico, pues este no ha existido en los pueblos primitivos sino en germen y su desarrollo ha sido, por otra parte, de una lentitud f\u00e1cilmente comprensible.<\/p>\n De ello, bien puede colegirse que el derecho de asociaci\u00f3n es un derecho natural, anterior a la ley e, incluso, al Estado mismo, por cuanto no depende de ellos, en la medida en que no es creado por aquellos, aunque puede ser en su ejercicio vigilado en el inter\u00e9s p\u00fablico, mas sin perder de vista que desconocer esta calidad implica atacar a la sociedad en sus cimientos.<\/p>\n En consecuencia, es un derecho generado en el orden social, el principio sobre el cual reposa toda la sociedad; siendo que, en \u00e9l, en todas las \u00e9pocas, se ha refugiado el hombre como obrando a impulsos de un instinto, y sobre tal derecho descansa la libertad del individuo, que no existir\u00eda si le fuera negado. Tambi\u00e9n es variable y relativo, pues, si muchos individuos desean asociarse en vista de beneficios a obtener por v\u00edas no comerciales, se constituir\u00e1n bajo la forma de una sociedad civil; si entienden buscar ese beneficio por la ayuda de actos comerciales, deben someterse a las prescripciones de las sociedades lucrativas; mas, si, al contrario, tienen en vista o se proponen la obtenci\u00f3n de ciertas ventajas inmateriales, sea que no persigan ning\u00fan fin econ\u00f3mico, sea que este fin se encuentre presente, por toda econom\u00eda, la defensa de sus intereses profesionales, industriales, culturales, etc., ellos elegir\u00e1n la asociaci\u00f3n.[4]<\/a><\/sup><\/p>\n En honor a la brevedad, solo indicamos de manera sucinta su trascendencia en Asia Menor, el antiguo Egipto, los imperios de Grecia y Roma, tanto la Alta como la Baja Edad Media, y en los virreinatos de Am\u00e9rica, destacando que la asociaci\u00f3n civil, diferente de la comercial o de la religiosa, tuvo sus primeros fulgores en la organizaci\u00f3n de la familia, la descendencia y el culto de los antepasados y el hogar, para luego, gradualmente, comenzar a abarcar otros espacios de la vida y actividades de inter\u00e9s para determinados grupos de personas, cuyo desarrollo tuvo graves escollos circunstanciales ante ciertos poderes autoritarios que procuraron la desaparici\u00f3n de las libertades individuales.<\/p>\n Todo este bagaje hist\u00f3rico pes\u00f3 sobre V\u00e9lez Sarsfield en la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Civil \u2013con fuente en el Esbozo de Freitas, el C\u00f3digo de Luisiana y el C\u00f3digo Chileno\u2013 al haber dispuesto en su art\u00edculo 46 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto.[5]<\/a><\/sup> Ello gener\u00f3 mares de tinta en argumentaciones doctrinarias y un sin n\u00famero de antecedentes jurisprudenciales en torno a la personalidad de las simples asociaciones.<\/p>\n Ello fue zanjado con la reforma impuesta al C\u00f3digo Civil<\/a> por la Ley 17711 del a\u00f1o 1968, que estableci\u00f3 que las asociaciones que no ten\u00edan existencia legal como personas jur\u00eddicas eran consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, seg\u00fan el fin de su instituto, siendo sujetos de derecho, siempre que la constituci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades se acredite por escritura p\u00fablica o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano p\u00fablico; y que, de lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociaci\u00f3n y sus administradores asum\u00edan responsabilidad solidaria por los actos de ella. De manera supletoria, reg\u00edan las disposiciones previstas para la sociedad civil.<\/p>\n Queda claro, entonces, que la libertad de asociaci\u00f3n resulta imprescindible para la civilizaci\u00f3n y la democracia, a pesar de haber sido desconocida por mucho tiempo por los poderes temporales, del mismo modo en que se rehusaba el derecho que ella supone, lo que a\u00fan, lamentablemente, con ciertos matices autoritarios, persiste.<\/p>\n En efecto, el exclusivismo del Estado, propendiendo a la omnipotencia y a la absorci\u00f3n, y, por otra parte, el temor, justificado o no, mas siempre excesivo, a ciertas categor\u00edas de agrupaciones, son causas del retardo. En tanto ha podido, en la medida en que lo consent\u00edan las costumbres y el poco esclarecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica, el Estado se ha sentido atra\u00eddo a prohibir o a trabar toda organizaci\u00f3n que no dependiera de \u00e9l mismo.[6]<\/a><\/sup><\/p>\n En s\u00edntesis, cabe destacar hasta el hartazgo, fuera de cualquier abstracci\u00f3n filos\u00f3fica, la imperativa necesidad de la libertad de asociaci\u00f3n como concepto gen\u00e9rico desde una perspectiva econ\u00f3mica y social, pues resulta imprescindible para propender al bien com\u00fan de las personas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a>, en su art\u00edculo 148, determina que son personas jur\u00eddicas privadas las sociedades \u2013sin distinguir entre civiles y comerciales\u2013, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en sus disposiciones o en otras leyes y cuyo car\u00e1cter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Luego, en los art\u00edculos 187 a 192, regula las simples asociaciones en particular, con fuente en el art\u00edculo 46 CC<\/a> y, si se quiere, en el art\u00edculo 175 del anteproyecto de c\u00f3digo civil del a\u00f1o 1998<\/a>.[7]<\/a><\/sup><\/p>\n El acto constitutivo y el estatuto de la simple asociaci\u00f3n deben ser otorgados por instrumento p\u00fablico o por instrumento privado con firma certificada notarialmente, sin que sea necesaria la autorizaci\u00f3n estatal posterior o inscripci\u00f3n, como ocurre respecto de las asociaciones civiles, por ejemplo. Y a su nombre debe agreg\u00e1rsele, antepuesto o pospuesto, el aditamento \u201csimple asociaci\u00f3n\u201d o \u201casociaci\u00f3n simple\u201d (art. 187 CCyC); ello as\u00ed, con el objeto de permitir a propios y terceros conocer la naturaleza jur\u00eddica de esta forma asociativa.<\/p>\n Si bien ha sido eliminada la forma de escritura p\u00fablica, quiz\u00e1 con la finalidad de flexibilizar las formas de constituci\u00f3n de las simples asociaciones, lo cierto es que la escritura p\u00fablica resulta ser el instrumento p\u00fablico por excelencia (arts. 289 y ss. CCyC), que brinda mayor seguridad jur\u00eddica a las personas, con especial atenci\u00f3n a la configuraci\u00f3n jur\u00eddica brindada por el notario interviniente, sumado a la garant\u00eda de preservaci\u00f3n e inalterabilidad del acto constitutivo y la escasez de intervencionismo estatal desmedido. Y, por otra parte, el propio C\u00f3digo Civil y Comercial, en la secci\u00f3n 4\u00aa del cap\u00edtulo 5 del t\u00edtulo IV de su libro primero, solo prev\u00e9 la escritura p\u00fablica como instrumento p\u00fablico que pueda ser empleado al efecto.<\/p>\n Sentado ello, cabe se\u00f1alar que \u201cel precepto no contempla a las simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente, a las que se refer\u00eda el art. 46 (seg\u00fan texto de la ley 17711) del C\u00f3digo Civil derogado\u201d; lo que despierta interrogantes en cuanto a la \u201cnaturaleza que ha de atribuirse a aquellas entidades que no cumplan con las formas impuestas para su constituci\u00f3n\u201d. [8]<\/a><\/sup> Y otra cuesti\u00f3n a determinar refiere a las simples asociaciones constituidas bajo la vigencia del C\u00f3digo Civil, incumpliendo las formas que establec\u00eda aquel plexo normativo;[9]<\/a><\/sup> lo que tiene f\u00e1cil dilucidaci\u00f3n si se atiende a las disposiciones del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>, el orden constitucional y los derechos humanos.<\/p>\n Por consiguiente, no cabe duda de que, pese al incumplimiento de las formas impuestas, se est\u00e1 en presencia de un sujeto de derecho, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de nuestra Carta Magna<\/a>, debi\u00e9ndose, por lo tanto, reconocerles a estos entes la capacidad para estar en juicio y para contratar; ello, sin dejar de advertir las dificultades que la falta de instrumentaci\u00f3n del acto constitutivo puede traer en la pr\u00e1ctica respecto de terceros.<\/p>\n Es as\u00ed que las simples asociaciones se rigen, en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administraci\u00f3n, socios, \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de la secci\u00f3n 2\u00aa del cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo II del libro primero del C\u00f3digo de Fondo en la materia (art. 188 CCyC); y, como qued\u00f3 dicho, su existencia como persona jur\u00eddica comienza a partir de la fecha del acto constitutivo, por cuanto no requiere autorizaci\u00f3n estatal o registro (art. 189 CCyC); pudi\u00e9ndose considerar como aquel a la expresi\u00f3n de voluntad escrita de sus fundadores de crear la simple asociaci\u00f3n, bajo las formas impuestas por ley, establecen sus fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan el estatuto que regir\u00e1 sus actividades.[10]<\/a><\/sup><\/p>\n En cuanto al \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del mismo, y subsiste la obligaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de los estados contables. No obstante, si se prescinde del \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n, todo miembro, aun excluido de la gesti\u00f3n, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros, siendo que toda cl\u00e1usula en contrario se tiene por no escrita (art. 190 CCyC).<\/p>\n Emerge, por tanto, el derecho a la informaci\u00f3n de los asociados respecto de la informaci\u00f3n en poder de la asociaci\u00f3n, por cuanto su denegatoria debe ser excepcional y solo fundada en la protecci\u00f3n de datos personales.[11]<\/a><\/sup><\/p>\n Si bien la simple asociaci\u00f3n cuenta con un amplio marco de libertad en cuanto a su constituci\u00f3n, funcionamiento y desarrollo, lo cierto es que, en caso de insuficiencia de bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociaci\u00f3n es solidariamente responsable de las obligaciones de la misma, que resultan de decisiones que han suscripto durante su administraci\u00f3n. Sin embargo, los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociaci\u00f3n sino despu\u00e9s de haber satisfecho a sus acreedores individuales (art. 191 CCyC<\/a>). Y el fundador o asociado que no intervino en la administraci\u00f3n de la simple asociaci\u00f3n no est\u00e1 obligado por las deudas de ella sino hasta la concurrencia de la contribuci\u00f3n prometida o de las cuotas impagas (art. 192 CCyC).<\/p>\n En consecuencia, cabe se\u00f1alar el injusto agravamiento respecto del r\u00e9gimen de responsabilidad solidaria impuesto para los administradores de la simple asociaci\u00f3n respecto de aquel m\u00e1s leve establecido para quien administra las asociaciones civiles, que podr\u00eda tener asidero en la sujeci\u00f3n al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, seg\u00fan corresponda (art. 174 CCyC).<\/p>\n En definitiva, resta a\u00fan recorrer un largo camino hacia el pleno ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho de asociaci\u00f3n, protegido por el art\u00edculo 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> (1948)[12]<\/a><\/sup>, entre otros tratados internacionales, que ser\u00e1n referidos m\u00e1s adelante; m\u00e1s a\u00fan cuando, a\u00fan en la actualidad, ciertas reglamentaciones y exigencias registrales desmedidas propenden a su cercenamiento o limitaci\u00f3n desmedida.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> En primer t\u00e9rmino, cabe evocar que<\/p>\n … a fin de definir cu\u00e1l es el contorno m\u00ednimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jur\u00eddica con plena personer\u00eda para actuar colectivamente en un \u00e1mbito de su inter\u00e9s. De ah\u00ed, pues, que el modo en que esta libertad de asociaci\u00f3n es consagrada por la legislaci\u00f3n nacional y, sobremanera, aplicada en la pr\u00e1ctica por las autoridades, sea uno de los indicadores m\u00e1s seguros de la salud institucional de la democracia.[13]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n Ello as\u00ed, en cumplimiento del derecho de asociaci\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 14 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional<\/a> (CN) y por tratados internacionales de igual jerarqu\u00eda (art. 75 inc. 22 CN), en la medida en que estas personas jur\u00eddicas pueden realizar aportes invaluables a la humanidad de manera transversal, en materia de salud, cultura, religi\u00f3n, pol\u00edtica, deportes, preservaci\u00f3n del medio ambiente, defensa de los animales y todo ser vivo, y tantas otras iniciativas de no menor importancia para una sociedad verdaderamente democr\u00e1tica, y no desp\u00f3tica.<\/p>\n Ocurre que las simples asociaciones, que claramente son las m\u00e1s democr\u00e1ticas ante la escasez de intervencionismo estatal en su constituci\u00f3n y desarrollo, como cualquier otra persona jur\u00eddica, incluso las sociedades comerciales, son una v\u00e1lvula imprescindible para la civilizaci\u00f3n y, no as\u00ed, la barbarie, pues propenden al bien com\u00fan, en la medida en que contribuyen para encontrar convergencias, aun ante las divergencias propias de la sociedad, sin perder de vista que tanto el crecimiento econ\u00f3mico como el desarrollo social no deben escindirse en aras del progreso.<\/p>\n En efecto, tal como fuera anticipado anteriormente, resulta innegable el aporte de los reg\u00edmenes asociativos a la civilizaci\u00f3n, la democracia y la paz social en la historia de la humanidad, y, por tanto, los tratados constitucionales expresamente consagran la libertad de asociaci\u00f3n, a saber: el art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a> (1969)[14]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> (1966)[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\n De ello, se colige que debe evitarse una tensi\u00f3n injustificada entre los particulares y el Estado, con fundamento en cuestiones de orden p\u00fablico, muchas veces por dem\u00e1s arbitrarias, evitando, en consecuencia, avasallar la libre asociaci\u00f3n y, en especial, la autonom\u00eda de la voluntad de las personas en respeto a la dignidad humana en cualquiera de sus formas; m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas exigencias estatales, muchas veces arbitrarias, por v\u00edas reglamentarias, que, incluso, transgreden la supremac\u00eda establecida por el art\u00edculo 31 CN, para las leyes de la Naci\u00f3n, tienden a tornar ilusorios los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos y elementales de las personas, y obstruyen tanto la creaci\u00f3n como el normal funcionamiento y desarrollo de personas jur\u00eddicas tan importantes para una sociedad civilizada y democr\u00e1tica.<\/p>\n En efecto, la intromisi\u00f3n desmedida del Estado en la materia cercena el derecho a la libre asociaci\u00f3n, si se quiere, m\u00e1s importante para una democracia, pues, de quebrarse la equilibrada convivencia y tolerancia, pueden emerger conductas totalitarias e inaceptables al respecto, que terminan fulminando toda libertad individual o asociativa. El derecho de asociaci\u00f3n forma un contrapeso a la omnipotencia propia del Estado, pues constituye la m\u00e1s alta garant\u00eda de los derechos y las libertades individuales, y su estrangulamiento, lamentablemente, es lo que caracteriza a los gobiernos fuera de la ley.<\/p>\n No es posible soslayar, adem\u00e1s, que el reglamentarismo desmesurado y distante de la necesidad de las personas, que obstaculiza en vez de facilitar el debido desarrollo de toda actividad asociativa, en base a requisitos o exigencias arbitrarias y de dif\u00edcil cumplimiento, tambi\u00e9n deviene, muchas veces de manera gradual, en autoritarismo.<\/p>\n Por otra parte, el propio Estado no puede generar desigualdad entre las simples asociaciones y, por ejemplo, las asociaciones civiles, que s\u00ed requieren inscripci\u00f3n para su constituci\u00f3n, asign\u00e1ndoles beneficios de diversa \u00edndole o subsidios por esa raz\u00f3n, pues, si bien no impide a las simples asociaciones reunirse para la defensa y promoci\u00f3n de sus intereses, lo cierto es que no les permite disfrutar de todos los derechos que detentan las asociaciones autorizadas[16]<\/a><\/sup> y propende al autoritarismo referido m\u00e1s arriba.<\/p>\n En suma, en materia de simples asociaciones, debe aplicarse el principio pro homine<\/em>, que implica una hermen\u00e9utica de justicia social, que derive en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable a la persona humana (pro homine<\/em>), de progresividad de los derechos y de no regresividad, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 CCyC<\/a>[17]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 14 y 75 incisos 19 y 22 CN<\/a>[18]<\/a><\/sup>, el art\u00edculo 29 inciso b) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/a>[19]<\/a><\/sup>, los art\u00edculos 2.1, 5.2 y 51 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>[20]<\/a><\/sup>, y el art\u00edculo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> (1966)[21]<\/a><\/sup>, respetando siempre la libertad pac\u00edfica de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> Las simples asociaciones son las personas jur\u00eddicas m\u00e1s necesarias para cualquier sistema democr\u00e1tico, pues respetan, de manera m\u00e1s plena, la libertad de asociaci\u00f3n de raigambre constitucional y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de similar jerarqu\u00eda. Por consiguiente, toda exigencia estatal que obstruya su constituci\u00f3n, funcionamiento o desarrollo deviene en inconstitucional, como as\u00ed tambi\u00e9n cualquier otro beneficio creado a favor de otras personas jur\u00eddicas que s\u00ed requieren registraci\u00f3n, a los efectos de su constituci\u00f3n o funcionamiento, debi\u00e9ndose evitar todo v\u00ednculo generador de dependencia con el Estado y propender a la libertad de las mismas.<\/p>\n <\/p>\n<\/a> ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015.<\/p>\n P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940.<\/p>\n RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.<\/p>\n TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.).[22]<\/a><\/sup><\/p>\n <\/p>\n CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266).<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> [1]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: Los hiperv\u00ednculos a textos normativos fueron incorporados por la Revista del Notariado<\/em> y dirigen a fuentes oficiales \u2013en caso de excepci\u00f3n, se har\u00e1 la aclaraci\u00f3n que corresponda\u2013; la fecha de \u00faltima consulta es, en todos los casos, 13\/6\/2023).<\/p>\n [2]<\/a><\/sup>. RAFFO BENEGAS, Patricio J., (comentario al art. 46), en Llambias, J. J. (dir.), C\u00f3digo Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia<\/em>, t. 1A, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 188.<\/p>\n [3]<\/a><\/sup>. P\u00c1EZ, Juan L., El derecho de las asociaciones<\/em>, Buenos Aires, Kraft, 1940, pp. 1 y ss.<\/p>\n [4]<\/a><\/sup>. Ibidem, pp. 23 y ss.<\/p>\n [5]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: ver el C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n original de V\u00e9lez Sarsfield aqu\u00ed<\/a>, p. 49; ver edici\u00f3n compilada del C\u00f3digo Civil de Luisiana aqu\u00ed<\/a>; ver el C\u00f3digo Civil de Chile de 1855 aqu\u00ed<\/a>; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n [6]<\/a><\/sup>. P\u00e1ez, Juan L., ob. cit. (nota 3), p. 17.<\/p>\n [7]<\/a><\/sup>. (N. del E.<\/em>: el hiperv\u00ednculo dirige a una fuente no oficial; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n [8]<\/a><\/sup>. TOB\u00cdAS, Jos\u00e9 W., (comentario al art. 187), en Alterini, J. H. (dir. gral.), C\u00f3digo civil y comercial comentado. Tratado exeg\u00e9tico<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015 (1\u00aa ed.), p. 1157.<\/p>\n [9]<\/a><\/sup>. Loc. cit.<\/p>\n [10]<\/a><\/sup>. ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., (comentario al art. 189), en Medina, G. y Rivera, J. C. (dirs.), Esper, M. (coord.), C\u00f3digo civil y comercial de la naci\u00f3n comentado<\/em>, t. 1, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 458.<\/p>\n [11]<\/a><\/sup>. Art. 1 Resoluci\u00f3n General 9\/2005 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n [12]<\/a><\/sup>. Art. 20: \u201c1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni\u00f3n y de asociaci\u00f3n pac\u00edficas. 2. Nadie podr\u00e1 ser obligado a pertenecer a una asociaci\u00f3n\u201d. (N. del E.<\/em>: \u00faltima consulta del hiperv\u00ednculo: 13\/6\/2023).<\/p>\n [13]<\/a><\/sup>. CSJN, 21\/11\/2006, \u201cAsociaci\u00f3n Lucha por la Identidad Travesti Transexual c\/ Inspecci\u00f3n General de Justicia y otro s\/recurso contencioso administrativo – A. 2036. XL. RHE\u201d (Fallos<\/em>: 329:5266). (N. del E.<\/em>: ver fallo completo aqu\u00ed<\/a>, pp. 10-11; \u00faltima consulta: 13\/6\/2023).<\/p>\n [14]<\/a><\/sup>. Art. 16 de la Convenci\u00f3n: \u201cLibertad de asociaci\u00f3n<\/em>. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol\u00f3gicos, religiosos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra \u00edndole. 2. El ejercicio de tal derecho s\u00f3lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica, en inter\u00e9s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p\u00fablicos, o para proteger la salud o la moral p\u00fablicas o los derechos y libertades de los dem\u00e1s. \u00a03. Lo dispuesto en este art\u00edculo no impide la imposici\u00f3n de restricciones legales, y aun la privaci\u00f3n del ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic\u00eda\u201d. (N. del E.<\/em>: tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, la convenci\u00f3n fue aprobada en Argentina por Ley 23054<\/a>).<\/p>\n [15]<\/a><\/sup>. Art. 8 del Pacto: \u201c1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, con sujeci\u00f3n \u00fanicamente a los estatutos de la organizaci\u00f3n correspondiente, para promover y proteger sus intereses econ\u00f3micos y sociales. No podr\u00e1n imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico, o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de \u00e9stas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obst\u00e1culos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica en inter\u00e9s de la seguridad nacional o del orden p\u00fablico o para la protecci\u00f3n de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pa\u00eds\u201d. (N. del E.<\/em>: el pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n [16]<\/a><\/sup>. Ver CSJN (fallo cit. en nota 12). (N. del E.<\/em>: ver aqu\u00ed<\/a>, pp. 6-7).<\/p>\n [17]<\/a><\/sup>. Art. 2 CCyC: \u201cInterpretaci\u00f3n<\/em>. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d.<\/p>\n [18]<\/a><\/sup>. Art. 14 CN: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines \u00fatiles; de profesar libremente su culto; de ense\u00f1ar y aprender\u201d.<\/p>\n Art. 75 CN: \u201cCorresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ\u00f3mico con justicia social, a la productividad de la econom\u00eda nacional, a la generaci\u00f3n de empleo, a la formaci\u00f3n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci\u00f3n y al desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico, su difusi\u00f3n y aprovechamiento. Proveer al crecimiento arm\u00f3nico de la Naci\u00f3n y al poblamiento de su territorio; promover pol\u00edticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser\u00e1 C\u00e1mara de origen. Sancionar leyes de organizaci\u00f3n y de base de la educaci\u00f3n que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participaci\u00f3n de la familia y la sociedad, la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminaci\u00f3n alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica estatal y la autonom\u00eda y autarqu\u00eda de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de las obras del autor; el patrimonio art\u00edstico y los espacios culturales y audiovisuales. […] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo; la Convenci\u00f3n sobre la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio; la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial; la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; la Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqu\u00eda constitucional, no derogan art\u00edculo alguno de la primera parte de esta Constituci\u00f3n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant\u00edas por ella reconocidos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobaci\u00f3n de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara. Los dem\u00e1s tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerir\u00e1n del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada C\u00e1mara para gozar de la jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n [19]<\/a><\/sup>. Art. 29 de la Convenci\u00f3n: \u201cNormas de Interpretaci\u00f3n<\/em>. Ninguna disposici\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci\u00f3n en que sea parte uno de dichos Estados…\u201d.<\/p>\n [20]<\/a><\/sup>. Art. 2 del Pacto: \u201c1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d.<\/p>\n Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pa\u00eds en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d.<\/p>\n [21]<\/a><\/sup>. Art. 5 del Pacto: \u201c[…] 2. No podr\u00e1 admitirse restricci\u00f3n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado\u201d. (N. del E.<\/em>: el Pacto fue aprobado en Argentina por Ley 23313<\/a>).<\/p>\n
\nAceptado:<\/strong> 28\/12\/2022
\nPublicado online:<\/strong> 30\/6\/2023<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
2. Breve rese\u00f1a hist\u00f3rica de las simples asociaciones<\/h2>\n
3. Las simples asociaciones con la legislaci\u00f3n vigente<\/h2>\n
4. Armon\u00eda con el orden constitucional y los derechos humanos<\/h2>\n
5. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
6. Bibliograf\u00eda<\/h2>\n
\n
Notas<\/h2>\n