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Acerca del autor<\/h2>\n\n<\/p>\n![](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/GutierrezZaldivarAlfonso_BIO.jpg\")
Escribano titular del Registro Notarial 776 de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.
\nMiembro de la Comisi\u00f3n de Consultas Jur\u00eddicas y del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
\nTiene varios art\u00edculos publicados en revistas jur\u00eddicas, tales como La Ley<\/em>, El Derecho<\/em> y la Revista del Notariado<\/em>.
\nHa dictado cursos sobre distintas especialidades en la Universidad Austral y en la Universidad del Salvador, y ha participado como coordinador en varias jornadas y congresos notariales tanto en la Argentina como en el exterior.
\nEs coautor de Sociedades extranjeras<\/em> (Buenos Aires, La Ley, 2006).<\/div>\n\n<\/div>
Fecha de publicaci\u00f3n online<\/h2>\n\n
\nPublicado online:<\/strong> 3\/3\/2022<\/p>\n<\/div><\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/GUTIERREZZRGIGJ-850x388-1.jpg\")
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A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n general 1\/2022<\/a> (RG 1\/22), la Inspecci\u00f3n General de Justicia legisla sobre el plazo de las sociedades comerciales, estableciendo que el mismo no podr\u00e1 exceder de treinta a\u00f1os a contar de su inscripci\u00f3n.<\/p>\nLlama nuevamente la atenci\u00f3n este tipo de resoluciones emitidas por la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) donde, alegando la necesidad de disminuir inconvenientes futuros a los constituyentes, acreedores, socios y a sus herederos, no hace otra cosa que complicar una situaci\u00f3n donde no hay grandes inconvenientes. Obviamente, es posible encontrar alg\u00fan caso en particular en que podr\u00eda ser mejor para todos los intervinientes en la vida de una sociedad comercial que su plazo fuese acotado, pero no podemos legislar para la anomal\u00eda. De m\u00e1s est\u00e1 decir que la IGJ no tiene facultades para modificar la Ley General de Sociedades<\/a> (LGS), y eso es lo que resulta de la RG 1\/22.<\/p>\nLa LGS establece en su art\u00edculo 11 que \u201cel instrumento de constituci\u00f3n debe contener […] el plazo de duraci\u00f3n, que debe ser determinado\u201d. De ninguna manera estableci\u00f3 que, adem\u00e1s de ser determinado, deber\u00eda tener un plazo no mayor a treinta a\u00f1os. Si el legislador lo hubiese considerado necesario, lo hubiese incluido en la reforma introducida por la Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> pero no lo hizo, privilegiando la libre voluntad de los socios. Por su parte, el art\u00edculo 155 del C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> (CCyC) establece que \u201cla duraci\u00f3n de la persona jur\u00eddica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario\u201d. Ahora contamos con una resoluci\u00f3n de la IGJ que modifica lo establecido por dichas normas.<\/p>\nCon la RG 1\/22, la IGJ legisla sobre un requisito fundamental de las sociedades comerciales y establece un plazo que, m\u00e1s all\u00e1 de que pueda considerarse largo o corto, es sin dudas arbitrario. Excede las facultades de dicho organismo. Modifica uno de los requisitos de fondo del acto constitutivo enunciado en el art\u00edculo 11 LGS.<\/p>\n
Podr\u00eda analizarse la conveniencia de determinar un plazo m\u00e1ximo. Habr\u00eda que debatirlo en los recintos, convenciones y congresos de la materia para, si resulta conveniente, proponer una reforma legislativa.<\/p>\n
Halper\u00edn mencionaba que<\/p>\n
… el plazo puede ser cierto en raz\u00f3n del objeto: como es la explotaci\u00f3n de una concesi\u00f3n; esto es, determinado indirectamente, por el objeto, v.g. (art. 1765, C. Civ.). Esta variante no es aceptada por la L.S., que exige se precise la duraci\u00f3n en el tiempo, ya que el sistema del art. 1765 cit. es de indeterminaci\u00f3n relativa.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEl plazo debe ser determinado y los socios lo deber\u00e1n determinar como toda persona capaz que contrata y se asocia con otras personas en un proyecto com\u00fan. Las partes determinar\u00e1n el plazo que consideren conveniente de acuerdo al negocio u actividad que se proponen realizar. Probablemente determinen un plazo mayor a treinta a\u00f1os, ya que los tiempos econ\u00f3micos del pa\u00eds o regi\u00f3n pueden variar, y puede que la forma del negocio exija firmar contratos y acuerdos con plazos mayores a ese plazo. Puede ser que la sociedad necesite tomar un pr\u00e9stamo y constituir una hipoteca en garant\u00eda, o constituir una servidumbre[3]<\/a><\/sup> o un derecho real de superficie, que se podr\u00eda extender hasta cincuenta a\u00f1os en el caso de forestaciones y plantaciones y hasta setenta a\u00f1os en el caso de la construcci\u00f3n, o un derecho de usufructo, el cual se puede extender hasta los cincuenta a\u00f1os. Y as\u00ed podemos seguir mencionando actos jur\u00eddicos que una sociedad podr\u00eda resolver realizar a lo largo de su existencia, contratos y obligaciones que exceden el arbitrario plazo de treinta a\u00f1os.<\/p>\nNo es suficiente plantear que los socios deber\u00e1n reunirse y prorrogar el plazo, ya que ning\u00fan acreedor o contratante va a querer contratar con una sociedad que tenga el riesgo de un futuro litigio entre los socios sujeto a que alguno quiera o no prorrogar. Es m\u00e1s, considero que dicha limitaci\u00f3n producir\u00e1 una mayor cantidad de conflictos, ya que los socios se podr\u00e1n ver sometidos a las presiones de los dem\u00e1s socios, bajo la amenaza de no firmar una pr\u00f3rroga. Es necesario brindar seguridad jur\u00eddica, dar m\u00e1s mecanismos y figuras posibles para que cada comerciante vea la mejor forma de llevar a cabo su negocio, y, al mismo tiempo, realizar un control a fin de que no se utilicen los veh\u00edculos societarios para fines ilegales. Pero una cosa es regular, legislar, y otra cosa es impedir.<\/p>\n
Tampoco resulta coherente la menci\u00f3n la RG 1\/22<\/a> que realiza en sus considerandos en cuanto a que el aludido plazo de treinta a\u00f1os es compatible y guarda congruencia con diversos plazos contractuales previstos por el CCyC:<\/p>\nQue, el aludido plazo de 30 a\u00f1os, es compatible y guarda congruencia, inclusive, con los plazos contractuales previstos por el legislador del 2015 en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n…<\/p><\/blockquote>\n
Menciona, adem\u00e1s, una cantidad de contratos donde el plazo es de veinte o de diez a\u00f1os, como si establecer un plazo de treinta a\u00f1os para una sociedad comercial fuera, por ello, razonable.<\/p>\n
\u2026por ejemplo, como plazo m\u00e1ximo, para el contrato de suministro el de 20 a\u00f1os, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboraci\u00f3n o sin \u00e9l, y de 10 a\u00f1os en los dem\u00e1s casos – conf. art. 1177, CCCN -; de 20 a\u00f1os el tiempo m\u00e1ximo de la locaci\u00f3n para el destino habitacional […]-; de 20 a\u00f1os para el leasing inmobiliario y de 10 a\u00f1os para tal contrato que tenga por objeto otros bienes distintos de los ra\u00edces – conf. art. 1234, CCCN -; de 10 a\u00f1os para las agrupaciones de colaboraci\u00f3n – conf. inc. b), art. 1455, CCCN -; y, por regla general, de 30 a\u00f1os el lapso m\u00e1ximo admitido para el contrato de fideicomiso – conf. art. 1668, CCCN -, siendo esta la figura contractual m\u00e1s an\u00e1loga a la persona jur\u00eddica societaria…<\/p><\/blockquote>\n
No es dable sostener que una sociedad resuelve formalizar todos sus contratos y negocios durante los primeros diez a\u00f1os de su vida. Siguiendo la l\u00f3gica de la RG 1\/22, transcurridos los primeros once a\u00f1os de existencia, la sociedad no podr\u00eda firmar un contrato de suministro por el plazo m\u00e1ximo de veinte a\u00f1os que le otorga la ley, lo mismo para un leasing<\/em> inmobiliario. Similar situaci\u00f3n se dar\u00eda, transcurridos veinte a\u00f1os, para los contratos a los que la ley establece un plazo m\u00e1ximo de diez.<\/p>\nEn los considerandos de la norma se hace referencia tambi\u00e9n al contrato de fideicomiso, contrato muy utilizado por su versatilidad y capacidad de adecuaci\u00f3n a la gran cantidad de aristas que presentan los negocios modernos. O sea, al d\u00eda siguiente de su inscripci\u00f3n ante la IGJ, la sociedad queda impedida de participar en un contrato de fideicomiso por treinta a\u00f1os, plazo que, para determinados negocios, es razonable y hasta podr\u00eda resultar corto.<\/p>\n
Se alude, asimismo, el plazo de cincuenta a\u00f1os para los contratos de locaci\u00f3n cuyo destino no sea el habitacional, con la siguiente menci\u00f3n:<\/p>\n
… siendo este lapso exorbitado s\u00f3lo para otros destinos -50 a\u00f1os- dada la cuantiosa inversi\u00f3n inicial que normalmente debe efectuar el locatario comercial o industrial para poner en valor y condiciones de explotaci\u00f3n los bienes arrendados con tales fines -conf. art. 1197, CCCN-…<\/p><\/blockquote>\n
\u00bfQu\u00e9 sucede entonces con las sociedades que tengan que realizar una gran inversi\u00f3n y, por lo tanto, necesiten contar con un contrato de locaci\u00f3n por un lapso que justifique dicha inversi\u00f3n? Resulta contradictorio; surgen de la propia resoluci\u00f3n negocios en que una sociedad necesitar\u00eda firmar contratos por plazos mayores a treinta a\u00f1os.<\/p>\n
Los considerandos esgrimidos en la RG 1\/22 se dan de bruces con los considerandos mencionados en otras resoluciones del organismo, como, por ejemplo, la Resoluci\u00f3n general 9\/2020<\/a>, donde se menciona que la Resoluci\u00f3n general IGJ 6\/2017<\/a> (normas relativas a las sociedades por acciones simplificadas [SAS]) viola la legislaci\u00f3n de fondo, tanto el CCyC como normas de la Ley 19550 y de la Ley 27349, agregando que \u201cdesnaturalizan o exorbitan prescripciones de \u00e9sta, lo cual transgrede el sentido de la atribuci\u00f3n de interpretaci\u00f3n\u201d que tiene la IGJ (contemplada en el art. 21, inc. b], de la Ley 22315<\/a>[4]<\/a><\/sup>). Pues eso mismo hace la RG 1\/22. Establecer un plazo de vigencia para una persona jur\u00eddica no establecido por la ley de fondo es sin m\u00e1s una modificaci\u00f3n a la misma. No es una interpretaci\u00f3n de la norma, sino que crea limitaciones que la misma no estableci\u00f3 o, mejor dicho, legisla, ya que se debe interpretar que si las leyes no establecieron un plazo de treinta a\u00f1os es porque consideraron que no correspond\u00eda \u2013s\u00ed se consider\u00f3 la necesidad de que el plazo sea determinado, tal como surge de la norma\u2013. Adem\u00e1s, la facultad de legislar excede las atribuciones establecidas por la ley para la IGJ. No cabe duda de que se est\u00e1 extralimitando en sus funciones y facultades.<\/p>\nVemos tambi\u00e9n que en la RG 1\/22 se reitera el mismo criterio que vemos en otras resoluciones generales, como, por ejemplo, los considerandos de la 9\/2020<\/a> o la 22\/2020<\/a>, de cuya lectura parecer\u00eda desprenderse que las SAS se utilizaron para cometer fraude y enga\u00f1ar a terceros, acreedores y c\u00f3nyuges \u2013mientras que la realidad indica lo contrario\u2013:<\/p>\nQue si bien la finalidad central de la ley 27349 de permitir que r\u00e1pidamente verdaderos emprendedores accedan con pocos recursos a un instrumento sencillo de captaci\u00f3n de inversiones para sus proyectos, el contexto econ\u00f3mico frustr\u00f3 esos fines y la constituci\u00f3n de las Sociedades por Acciones Simplificadas vir\u00f3 a otras finalidades que no parecen alineadas con las finalidades de un verdadero desarrollo del emprendedurismo -ni menos a\u00fan con el de innovaciones en la producci\u00f3n de bienes y servicios que a \u00e9ste deben distinguir-, sino m\u00e1s bien al logro de un instrumento de opacidad funcional susceptible de afectar derechos de terceros y tambi\u00e9n derechos individuales e irrenunciables de determinados socios cuando \u00e9stos no tengan una posici\u00f3n que les permita influir en la gesti\u00f3n de las sociedades.<\/p><\/blockquote>\n
Seguramente existen SAS creadas con fines basados en el enga\u00f1o y el fraude, pero no podemos caer en la interpretaci\u00f3n de que todas las personas que constituyeron una SAS lo hicieron para cometer delitos. Lo mismo con los dem\u00e1s tipos societarios. Tambi\u00e9n en la sociedad an\u00f3nima o en la sociedad de responsabilidad limitada los socios pueden buscar fines no queridos por la ley, pero no podemos determinar y aseverar que todas las sociedades de determinado tipo societario son utilizadas para cometer fraude.\u00a0Adem\u00e1s, para eso est\u00e1 el Poder Judicial.<\/p>\n
Sin perjuicio de ello, estoy de acuerdo con que la legislaci\u00f3n inicial establecida para las SAS carec\u00eda de control y pod\u00eda ser utilizada para perjudicar a terceros ayudado por la falta de control. Pero, nuevamente, no por ello puede interpretarse que todas son creadas para enga\u00f1ar y evadir obligaciones.<\/p>\n
La RG 1\/22 establece que la falta de un plazo, como ser\u00edan los treinta a\u00f1os, resultar\u00eda il\u00f3gico y antinatural, cuando en realidad lo il\u00f3gico y antinatural es exigirlo y legislarlo a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n general en lugar de hacerlo mediante una ley.\u00a0Adem\u00e1s, la misma IGJ ha mencionado en otras oportunidades:<\/p>\n
Que por lo tanto ninguna norma de rango inferior a la ley \u2013con excepci\u00f3n de los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU, art. 99 p\u00e1rrafos tercero y cuarto de la Constituci\u00f3n Nacional), de transitoria equiparabilidad supeditada a que alcancen ulteriormente rango legal mediante la intervenci\u00f3n parlamentaria)- puede modificar las leyes en el contenido sustantivo de \u00e9stas, aunque s\u00ed proveer, sin modificar su esp\u00edritu, los medios y detalles conducentes a hacer efectiva su aplicaci\u00f3n, interpret\u00e1ndolas con consideraci\u00f3n no solo al ordenamiento inmediato de fondo que se reglamenta sino armoniz\u00e1ndolas cuando fuere necesario en mayor alcance con prescripciones del ordenamiento jur\u00eddico general e incluso con principios de \u00e9ste.[5]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nY lo que se est\u00e1 haciendo con la RG 1\/22 es modificar la ley en el contenido sustantivo de esta.<\/p>\n
En la RG 1\/22 se mencionan tambi\u00e9n, nuevamente, las desventajas que ha tenido a lo largo de la historia la falta de plazo, refiriendo las guerras privadas e internas que seguramente pueden haber ocurrido en alguna familia provocadas por motivos personales, familiares, sucesorios, conyugales y que se tradujeron (seguramente) en controversias interminables. Me da la sensaci\u00f3n de que se quiere legislar para la anomal\u00eda. Ocurrieron y ocurren situaciones donde hubo conflictos entre socios y se trasladaron a sus familiares, pero no por ello puede entenderse que establecer un plazo de treinta los evitar\u00e1.<\/p>\n
Los casos de conflicto son los menos. No puedo interpretar que los conflictos societarios son la regla, lo normal. Lo general es que los socios se unan en un proyecto comercial, que puede ser o no exitoso, y, si asoma alg\u00fan conflicto, lo solucionan.<\/p>\n
Tampoco coincido con algunas de las citas que se realizan. De una lectura superficial de la RG 1\/22 se podr\u00eda entender que el doctor Isaac Halper\u00edn estaba a favor de contar con un plazo espec\u00edfico. Pero, en realidad, Halper\u00edn[6]<\/a><\/sup> menciona que el art\u00edculo 11 inciso 5 de la Ley 19550 dispone que deber\u00e1 indicarse la duraci\u00f3n del contrato; tambi\u00e9n menciona el fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial donde se decidi\u00f3 que el plazo determinado era de orden p\u00fablico, en protecci\u00f3n de los socios y de los terceros,[7]<\/a><\/sup> a lo que adherimos; y as\u00ed est\u00e1 establecido en la ley: el plazo debe ser determinado. De noventa y nueve a\u00f1os o de cincuenta a\u00f1os o de treinta a\u00f1os o del plazo que los socios decidan para el proyecto que van a realizar, pero siempre determinado.<\/p>\nAgrega Halper\u00edn que en el r\u00e9gimen de la Ley de Sociedades no cabe tampoco el plazo impl\u00edcito, ya sea objetivo (p. ej., la realizaci\u00f3n de una obra) o subjetivo (p. ej., por la vida de un socio). Menciono esto \u00faltimo porque en la RG 1\/22 se refiere el tiempo de vida de los contratantes, con lo que tampoco estoy de acuerdo.<\/p>\n
El fallo mencionado y comentado por el doctor Halper\u00edn se refiere a una sociedad con plazo indefinido, ya que establec\u00eda que la duraci\u00f3n del contrato social se fija en 5 a\u00f1os, renovables indefinidamente por iguales per\u00edodos si con seis meses de anticipaci\u00f3n a uno cualquiera de los per\u00edodos contractuales, la mayor\u00eda de los socios contada por capital y personas no resolviera disolverla totalmente. Lo que el fallo prohibi\u00f3 es el tiempo indefinido ya que, como menciona, los contratantes subordinaron la subsistencia social al acontecimiento incierto y futuro de lo que resolvieran con seis meses de anticipaci\u00f3n a cada per\u00edodo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Similar menci\u00f3n hace el doctor Halper\u00edn en su nota: \u201cresulta as\u00ed inadmisible una cl\u00e1usula como la que motiv\u00f3 el fallo anotado, que autorice pr\u00f3rrogas indefinidas, porque lleva justamente a la indeterminaci\u00f3n del plazo\u201d.[8]<\/a><\/sup><\/p>\nEl otro fallo mencionado[9]<\/a><\/sup> resolvi\u00f3 que \u201cla sociedad de responsabilidad limitada debe constituirse por tiempo determinado. La constituci\u00f3n por tiempo indeterminado es contraria a su naturaleza\u201d. Expresa tambi\u00e9n que<\/p>\n… no siendo posible admitir la inscripci\u00f3n de la sociedad recurrente bajo la expresi\u00f3n en su contrato de tener una duraci\u00f3n indeterminada por tratarse de una sociedad cuyo car\u00e1cter es de existencia ideal, seg\u00fan nuestra legislaci\u00f3n que las comprende y por aplicaci\u00f3n del art. 24 de la ley 11645, deben ser constituidas por un plazo cualquiera, pero siempre en forma determinada o determinable y no de una duraci\u00f3n indeterminada…<\/p><\/blockquote>\n
El fallo menciona que puede ser constituida por un plazo cualquiera pero determinado. No puedo aseverar si es razonable establecer un plazo espec\u00edfico. De lo que s\u00ed estoy seguro es de que, en caso de hacerse, no deber\u00eda ser de treinta a\u00f1os, as\u00ed como de que, si se llegara a la conclusi\u00f3n de su conveniencia, el plazo deber\u00eda ser establecido por el legislador.<\/p>\n
Sin perjuicio de ello, considero que este tipo de discusiones no tiene sentido. La menci\u00f3n que hace la RG 1\/22 de que \u201cla doctrina nacional se ocup\u00f3 muy poco del tema\u201d es demostrativa de que no tiene sentido ni raz\u00f3n de ser establecer un plazo concreto. Se ocuparon poco del tema dado que no era necesario. Tampoco parece l\u00f3gico que, para justificar este cambio radical, tengamos que remontarnos a Halper\u00edn y a lo que supuestamente escribi\u00f3 hace m\u00e1s de cuarenta y cinco a\u00f1os, as\u00ed como a fallos de m\u00e1s de setenta a\u00f1os.<\/p>\n
Parto de la base de que el organismo ha estudiado el tema y tiene buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. \u00a0Estos cambios de tim\u00f3n para regular y restringir situaciones que ya se encontraban reguladas y funcionaban producen mucho da\u00f1o a la sociedad y a todos los actores en la vida de una sociedad. Puede ser que dentro de varios a\u00f1os alguien modifique esta resoluci\u00f3n, pero ser\u00e1 tarde. Este tipo de virajes sorpresivos se contrapone con la necesidad de reglas claras que regulen pero que dejen hacer negocios, pagar impuestos, contratar personas.<\/p>\n
Este tipo de resoluciones no ayuda. Estos cambios arbitrarios no hacen m\u00e1s que ahondar las preocupaciones de todos los que participan en la vida comercial de una sociedad: cada socio, cada acreedor y cada futuro heredero.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h4>\n
[1]<\/a><\/sup>. Anexo II de la Ley 26994 (BO 8\/10\/2014, suplemento); vigencia: 1\u00ba de agosto de 2015, texto seg\u00fan art. 1\u00ba de la Ley 27077 (BO 19\/12\/2014).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Curso de derecho comercial<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1982, 6\u00aa impresi\u00f3n, p. 266.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. Art. 2182 CCyC: \u201cSon medios especiales de extinci\u00f3n de las servidumbres: […] c) en las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no est\u00e9n cumplidos el plazo o condici\u00f3n pactados; si el titular es una persona jur\u00eddica, su extinci\u00f3n, y si no se pact\u00f3 una duraci\u00f3n menor, se acaba a los cincuenta a\u00f1os desde la constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Art. 21 Ley 22315<\/a>: \u201cCorresponde al Inspector General: a) ejecutar los actos propios de la competencia del organismo, con todas las atribuciones que resultan de esta ley; b) interpretar, con car\u00e1cter general y particular, las disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos a su control; c) tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administraci\u00f3n y funcionamiento del organismo a su cargo, dictando los reglamentos del caso; d) delegar su firma para la suscripci\u00f3n de actos, documentos o resoluciones, conforme lo determine la reglamentaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. RG 9\/2020<\/a>.<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Sociedades de responsabilidad limitada<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1972, 6\u00aa ed.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. Del 28\/2\/1945 (La Ley<\/em>, 38-75) y del 28\/5\/1947 (La Ley<\/em>, 47-99); ambos fallos, de la C\u00e1mara Comercial de la Capital.<\/p>\n
Escribano titular del Registro Notarial 776 de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.\nMiembro de la Comisi\u00f3n de Consultas Jur\u00eddicas y del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
\nTiene varios art\u00edculos publicados en revistas jur\u00eddicas, tales como La Ley<\/em>, El Derecho<\/em> y la Revista del Notariado<\/em>.
\nHa dictado cursos sobre distintas especialidades en la Universidad Austral y en la Universidad del Salvador, y ha participado como coordinador en varias jornadas y congresos notariales tanto en la Argentina como en el exterior.
\nEs coautor de Sociedades extranjeras<\/em> (Buenos Aires, La Ley, 2006).<\/div>\n
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Fecha de publicaci\u00f3n online<\/h2>\n\n
\nPublicado online:<\/strong> 3\/3\/2022<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n
A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n general 1\/2022<\/a> (RG 1\/22), la Inspecci\u00f3n General de Justicia legisla sobre el plazo de las sociedades comerciales, estableciendo que el mismo no podr\u00e1 exceder de treinta a\u00f1os a contar de su inscripci\u00f3n.<\/p>\nLlama nuevamente la atenci\u00f3n este tipo de resoluciones emitidas por la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) donde, alegando la necesidad de disminuir inconvenientes futuros a los constituyentes, acreedores, socios y a sus herederos, no hace otra cosa que complicar una situaci\u00f3n donde no hay grandes inconvenientes. Obviamente, es posible encontrar alg\u00fan caso en particular en que podr\u00eda ser mejor para todos los intervinientes en la vida de una sociedad comercial que su plazo fuese acotado, pero no podemos legislar para la anomal\u00eda. De m\u00e1s est\u00e1 decir que la IGJ no tiene facultades para modificar la Ley General de Sociedades<\/a> (LGS), y eso es lo que resulta de la RG 1\/22.<\/p>\nLa LGS establece en su art\u00edculo 11 que \u201cel instrumento de constituci\u00f3n debe contener […] el plazo de duraci\u00f3n, que debe ser determinado\u201d. De ninguna manera estableci\u00f3 que, adem\u00e1s de ser determinado, deber\u00eda tener un plazo no mayor a treinta a\u00f1os. Si el legislador lo hubiese considerado necesario, lo hubiese incluido en la reforma introducida por la Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> pero no lo hizo, privilegiando la libre voluntad de los socios. Por su parte, el art\u00edculo 155 del C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> (CCyC) establece que \u201cla duraci\u00f3n de la persona jur\u00eddica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario\u201d. Ahora contamos con una resoluci\u00f3n de la IGJ que modifica lo establecido por dichas normas.<\/p>\nCon la RG 1\/22, la IGJ legisla sobre un requisito fundamental de las sociedades comerciales y establece un plazo que, m\u00e1s all\u00e1 de que pueda considerarse largo o corto, es sin dudas arbitrario. Excede las facultades de dicho organismo. Modifica uno de los requisitos de fondo del acto constitutivo enunciado en el art\u00edculo 11 LGS.<\/p>\n
Podr\u00eda analizarse la conveniencia de determinar un plazo m\u00e1ximo. Habr\u00eda que debatirlo en los recintos, convenciones y congresos de la materia para, si resulta conveniente, proponer una reforma legislativa.<\/p>\n
Halper\u00edn mencionaba que<\/p>\n
… el plazo puede ser cierto en raz\u00f3n del objeto: como es la explotaci\u00f3n de una concesi\u00f3n; esto es, determinado indirectamente, por el objeto, v.g. (art. 1765, C. Civ.). Esta variante no es aceptada por la L.S., que exige se precise la duraci\u00f3n en el tiempo, ya que el sistema del art. 1765 cit. es de indeterminaci\u00f3n relativa.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nEl plazo debe ser determinado y los socios lo deber\u00e1n determinar como toda persona capaz que contrata y se asocia con otras personas en un proyecto com\u00fan. Las partes determinar\u00e1n el plazo que consideren conveniente de acuerdo al negocio u actividad que se proponen realizar. Probablemente determinen un plazo mayor a treinta a\u00f1os, ya que los tiempos econ\u00f3micos del pa\u00eds o regi\u00f3n pueden variar, y puede que la forma del negocio exija firmar contratos y acuerdos con plazos mayores a ese plazo. Puede ser que la sociedad necesite tomar un pr\u00e9stamo y constituir una hipoteca en garant\u00eda, o constituir una servidumbre[3]<\/a><\/sup> o un derecho real de superficie, que se podr\u00eda extender hasta cincuenta a\u00f1os en el caso de forestaciones y plantaciones y hasta setenta a\u00f1os en el caso de la construcci\u00f3n, o un derecho de usufructo, el cual se puede extender hasta los cincuenta a\u00f1os. Y as\u00ed podemos seguir mencionando actos jur\u00eddicos que una sociedad podr\u00eda resolver realizar a lo largo de su existencia, contratos y obligaciones que exceden el arbitrario plazo de treinta a\u00f1os.<\/p>\nNo es suficiente plantear que los socios deber\u00e1n reunirse y prorrogar el plazo, ya que ning\u00fan acreedor o contratante va a querer contratar con una sociedad que tenga el riesgo de un futuro litigio entre los socios sujeto a que alguno quiera o no prorrogar. Es m\u00e1s, considero que dicha limitaci\u00f3n producir\u00e1 una mayor cantidad de conflictos, ya que los socios se podr\u00e1n ver sometidos a las presiones de los dem\u00e1s socios, bajo la amenaza de no firmar una pr\u00f3rroga. Es necesario brindar seguridad jur\u00eddica, dar m\u00e1s mecanismos y figuras posibles para que cada comerciante vea la mejor forma de llevar a cabo su negocio, y, al mismo tiempo, realizar un control a fin de que no se utilicen los veh\u00edculos societarios para fines ilegales. Pero una cosa es regular, legislar, y otra cosa es impedir.<\/p>\n
Tampoco resulta coherente la menci\u00f3n la RG 1\/22<\/a> que realiza en sus considerandos en cuanto a que el aludido plazo de treinta a\u00f1os es compatible y guarda congruencia con diversos plazos contractuales previstos por el CCyC:<\/p>\nQue, el aludido plazo de 30 a\u00f1os, es compatible y guarda congruencia, inclusive, con los plazos contractuales previstos por el legislador del 2015 en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n…<\/p><\/blockquote>\n
Menciona, adem\u00e1s, una cantidad de contratos donde el plazo es de veinte o de diez a\u00f1os, como si establecer un plazo de treinta a\u00f1os para una sociedad comercial fuera, por ello, razonable.<\/p>\n
\u2026por ejemplo, como plazo m\u00e1ximo, para el contrato de suministro el de 20 a\u00f1os, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboraci\u00f3n o sin \u00e9l, y de 10 a\u00f1os en los dem\u00e1s casos – conf. art. 1177, CCCN -; de 20 a\u00f1os el tiempo m\u00e1ximo de la locaci\u00f3n para el destino habitacional […]-; de 20 a\u00f1os para el leasing inmobiliario y de 10 a\u00f1os para tal contrato que tenga por objeto otros bienes distintos de los ra\u00edces – conf. art. 1234, CCCN -; de 10 a\u00f1os para las agrupaciones de colaboraci\u00f3n – conf. inc. b), art. 1455, CCCN -; y, por regla general, de 30 a\u00f1os el lapso m\u00e1ximo admitido para el contrato de fideicomiso – conf. art. 1668, CCCN -, siendo esta la figura contractual m\u00e1s an\u00e1loga a la persona jur\u00eddica societaria…<\/p><\/blockquote>\n
No es dable sostener que una sociedad resuelve formalizar todos sus contratos y negocios durante los primeros diez a\u00f1os de su vida. Siguiendo la l\u00f3gica de la RG 1\/22, transcurridos los primeros once a\u00f1os de existencia, la sociedad no podr\u00eda firmar un contrato de suministro por el plazo m\u00e1ximo de veinte a\u00f1os que le otorga la ley, lo mismo para un leasing<\/em> inmobiliario. Similar situaci\u00f3n se dar\u00eda, transcurridos veinte a\u00f1os, para los contratos a los que la ley establece un plazo m\u00e1ximo de diez.<\/p>\nEn los considerandos de la norma se hace referencia tambi\u00e9n al contrato de fideicomiso, contrato muy utilizado por su versatilidad y capacidad de adecuaci\u00f3n a la gran cantidad de aristas que presentan los negocios modernos. O sea, al d\u00eda siguiente de su inscripci\u00f3n ante la IGJ, la sociedad queda impedida de participar en un contrato de fideicomiso por treinta a\u00f1os, plazo que, para determinados negocios, es razonable y hasta podr\u00eda resultar corto.<\/p>\n
Se alude, asimismo, el plazo de cincuenta a\u00f1os para los contratos de locaci\u00f3n cuyo destino no sea el habitacional, con la siguiente menci\u00f3n:<\/p>\n
… siendo este lapso exorbitado s\u00f3lo para otros destinos -50 a\u00f1os- dada la cuantiosa inversi\u00f3n inicial que normalmente debe efectuar el locatario comercial o industrial para poner en valor y condiciones de explotaci\u00f3n los bienes arrendados con tales fines -conf. art. 1197, CCCN-…<\/p><\/blockquote>\n
\u00bfQu\u00e9 sucede entonces con las sociedades que tengan que realizar una gran inversi\u00f3n y, por lo tanto, necesiten contar con un contrato de locaci\u00f3n por un lapso que justifique dicha inversi\u00f3n? Resulta contradictorio; surgen de la propia resoluci\u00f3n negocios en que una sociedad necesitar\u00eda firmar contratos por plazos mayores a treinta a\u00f1os.<\/p>\n
Los considerandos esgrimidos en la RG 1\/22 se dan de bruces con los considerandos mencionados en otras resoluciones del organismo, como, por ejemplo, la Resoluci\u00f3n general 9\/2020<\/a>, donde se menciona que la Resoluci\u00f3n general IGJ 6\/2017<\/a> (normas relativas a las sociedades por acciones simplificadas [SAS]) viola la legislaci\u00f3n de fondo, tanto el CCyC como normas de la Ley 19550 y de la Ley 27349, agregando que \u201cdesnaturalizan o exorbitan prescripciones de \u00e9sta, lo cual transgrede el sentido de la atribuci\u00f3n de interpretaci\u00f3n\u201d que tiene la IGJ (contemplada en el art. 21, inc. b], de la Ley 22315<\/a>[4]<\/a><\/sup>). Pues eso mismo hace la RG 1\/22. Establecer un plazo de vigencia para una persona jur\u00eddica no establecido por la ley de fondo es sin m\u00e1s una modificaci\u00f3n a la misma. No es una interpretaci\u00f3n de la norma, sino que crea limitaciones que la misma no estableci\u00f3 o, mejor dicho, legisla, ya que se debe interpretar que si las leyes no establecieron un plazo de treinta a\u00f1os es porque consideraron que no correspond\u00eda \u2013s\u00ed se consider\u00f3 la necesidad de que el plazo sea determinado, tal como surge de la norma\u2013. Adem\u00e1s, la facultad de legislar excede las atribuciones establecidas por la ley para la IGJ. No cabe duda de que se est\u00e1 extralimitando en sus funciones y facultades.<\/p>\nVemos tambi\u00e9n que en la RG 1\/22 se reitera el mismo criterio que vemos en otras resoluciones generales, como, por ejemplo, los considerandos de la 9\/2020<\/a> o la 22\/2020<\/a>, de cuya lectura parecer\u00eda desprenderse que las SAS se utilizaron para cometer fraude y enga\u00f1ar a terceros, acreedores y c\u00f3nyuges \u2013mientras que la realidad indica lo contrario\u2013:<\/p>\nQue si bien la finalidad central de la ley 27349 de permitir que r\u00e1pidamente verdaderos emprendedores accedan con pocos recursos a un instrumento sencillo de captaci\u00f3n de inversiones para sus proyectos, el contexto econ\u00f3mico frustr\u00f3 esos fines y la constituci\u00f3n de las Sociedades por Acciones Simplificadas vir\u00f3 a otras finalidades que no parecen alineadas con las finalidades de un verdadero desarrollo del emprendedurismo -ni menos a\u00fan con el de innovaciones en la producci\u00f3n de bienes y servicios que a \u00e9ste deben distinguir-, sino m\u00e1s bien al logro de un instrumento de opacidad funcional susceptible de afectar derechos de terceros y tambi\u00e9n derechos individuales e irrenunciables de determinados socios cuando \u00e9stos no tengan una posici\u00f3n que les permita influir en la gesti\u00f3n de las sociedades.<\/p><\/blockquote>\n
Seguramente existen SAS creadas con fines basados en el enga\u00f1o y el fraude, pero no podemos caer en la interpretaci\u00f3n de que todas las personas que constituyeron una SAS lo hicieron para cometer delitos. Lo mismo con los dem\u00e1s tipos societarios. Tambi\u00e9n en la sociedad an\u00f3nima o en la sociedad de responsabilidad limitada los socios pueden buscar fines no queridos por la ley, pero no podemos determinar y aseverar que todas las sociedades de determinado tipo societario son utilizadas para cometer fraude.\u00a0Adem\u00e1s, para eso est\u00e1 el Poder Judicial.<\/p>\n
Sin perjuicio de ello, estoy de acuerdo con que la legislaci\u00f3n inicial establecida para las SAS carec\u00eda de control y pod\u00eda ser utilizada para perjudicar a terceros ayudado por la falta de control. Pero, nuevamente, no por ello puede interpretarse que todas son creadas para enga\u00f1ar y evadir obligaciones.<\/p>\n
La RG 1\/22 establece que la falta de un plazo, como ser\u00edan los treinta a\u00f1os, resultar\u00eda il\u00f3gico y antinatural, cuando en realidad lo il\u00f3gico y antinatural es exigirlo y legislarlo a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n general en lugar de hacerlo mediante una ley.\u00a0Adem\u00e1s, la misma IGJ ha mencionado en otras oportunidades:<\/p>\n
Que por lo tanto ninguna norma de rango inferior a la ley \u2013con excepci\u00f3n de los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU, art. 99 p\u00e1rrafos tercero y cuarto de la Constituci\u00f3n Nacional), de transitoria equiparabilidad supeditada a que alcancen ulteriormente rango legal mediante la intervenci\u00f3n parlamentaria)- puede modificar las leyes en el contenido sustantivo de \u00e9stas, aunque s\u00ed proveer, sin modificar su esp\u00edritu, los medios y detalles conducentes a hacer efectiva su aplicaci\u00f3n, interpret\u00e1ndolas con consideraci\u00f3n no solo al ordenamiento inmediato de fondo que se reglamenta sino armoniz\u00e1ndolas cuando fuere necesario en mayor alcance con prescripciones del ordenamiento jur\u00eddico general e incluso con principios de \u00e9ste.[5]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\nY lo que se est\u00e1 haciendo con la RG 1\/22 es modificar la ley en el contenido sustantivo de esta.<\/p>\n
En la RG 1\/22 se mencionan tambi\u00e9n, nuevamente, las desventajas que ha tenido a lo largo de la historia la falta de plazo, refiriendo las guerras privadas e internas que seguramente pueden haber ocurrido en alguna familia provocadas por motivos personales, familiares, sucesorios, conyugales y que se tradujeron (seguramente) en controversias interminables. Me da la sensaci\u00f3n de que se quiere legislar para la anomal\u00eda. Ocurrieron y ocurren situaciones donde hubo conflictos entre socios y se trasladaron a sus familiares, pero no por ello puede entenderse que establecer un plazo de treinta los evitar\u00e1.<\/p>\n
Los casos de conflicto son los menos. No puedo interpretar que los conflictos societarios son la regla, lo normal. Lo general es que los socios se unan en un proyecto comercial, que puede ser o no exitoso, y, si asoma alg\u00fan conflicto, lo solucionan.<\/p>\n
Tampoco coincido con algunas de las citas que se realizan. De una lectura superficial de la RG 1\/22 se podr\u00eda entender que el doctor Isaac Halper\u00edn estaba a favor de contar con un plazo espec\u00edfico. Pero, en realidad, Halper\u00edn[6]<\/a><\/sup> menciona que el art\u00edculo 11 inciso 5 de la Ley 19550 dispone que deber\u00e1 indicarse la duraci\u00f3n del contrato; tambi\u00e9n menciona el fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial donde se decidi\u00f3 que el plazo determinado era de orden p\u00fablico, en protecci\u00f3n de los socios y de los terceros,[7]<\/a><\/sup> a lo que adherimos; y as\u00ed est\u00e1 establecido en la ley: el plazo debe ser determinado. De noventa y nueve a\u00f1os o de cincuenta a\u00f1os o de treinta a\u00f1os o del plazo que los socios decidan para el proyecto que van a realizar, pero siempre determinado.<\/p>\nAgrega Halper\u00edn que en el r\u00e9gimen de la Ley de Sociedades no cabe tampoco el plazo impl\u00edcito, ya sea objetivo (p. ej., la realizaci\u00f3n de una obra) o subjetivo (p. ej., por la vida de un socio). Menciono esto \u00faltimo porque en la RG 1\/22 se refiere el tiempo de vida de los contratantes, con lo que tampoco estoy de acuerdo.<\/p>\n
El fallo mencionado y comentado por el doctor Halper\u00edn se refiere a una sociedad con plazo indefinido, ya que establec\u00eda que la duraci\u00f3n del contrato social se fija en 5 a\u00f1os, renovables indefinidamente por iguales per\u00edodos si con seis meses de anticipaci\u00f3n a uno cualquiera de los per\u00edodos contractuales, la mayor\u00eda de los socios contada por capital y personas no resolviera disolverla totalmente. Lo que el fallo prohibi\u00f3 es el tiempo indefinido ya que, como menciona, los contratantes subordinaron la subsistencia social al acontecimiento incierto y futuro de lo que resolvieran con seis meses de anticipaci\u00f3n a cada per\u00edodo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Similar menci\u00f3n hace el doctor Halper\u00edn en su nota: \u201cresulta as\u00ed inadmisible una cl\u00e1usula como la que motiv\u00f3 el fallo anotado, que autorice pr\u00f3rrogas indefinidas, porque lleva justamente a la indeterminaci\u00f3n del plazo\u201d.[8]<\/a><\/sup><\/p>\nEl otro fallo mencionado[9]<\/a><\/sup> resolvi\u00f3 que \u201cla sociedad de responsabilidad limitada debe constituirse por tiempo determinado. La constituci\u00f3n por tiempo indeterminado es contraria a su naturaleza\u201d. Expresa tambi\u00e9n que<\/p>\n… no siendo posible admitir la inscripci\u00f3n de la sociedad recurrente bajo la expresi\u00f3n en su contrato de tener una duraci\u00f3n indeterminada por tratarse de una sociedad cuyo car\u00e1cter es de existencia ideal, seg\u00fan nuestra legislaci\u00f3n que las comprende y por aplicaci\u00f3n del art. 24 de la ley 11645, deben ser constituidas por un plazo cualquiera, pero siempre en forma determinada o determinable y no de una duraci\u00f3n indeterminada…<\/p><\/blockquote>\n
El fallo menciona que puede ser constituida por un plazo cualquiera pero determinado. No puedo aseverar si es razonable establecer un plazo espec\u00edfico. De lo que s\u00ed estoy seguro es de que, en caso de hacerse, no deber\u00eda ser de treinta a\u00f1os, as\u00ed como de que, si se llegara a la conclusi\u00f3n de su conveniencia, el plazo deber\u00eda ser establecido por el legislador.<\/p>\n
Sin perjuicio de ello, considero que este tipo de discusiones no tiene sentido. La menci\u00f3n que hace la RG 1\/22 de que \u201cla doctrina nacional se ocup\u00f3 muy poco del tema\u201d es demostrativa de que no tiene sentido ni raz\u00f3n de ser establecer un plazo concreto. Se ocuparon poco del tema dado que no era necesario. Tampoco parece l\u00f3gico que, para justificar este cambio radical, tengamos que remontarnos a Halper\u00edn y a lo que supuestamente escribi\u00f3 hace m\u00e1s de cuarenta y cinco a\u00f1os, as\u00ed como a fallos de m\u00e1s de setenta a\u00f1os.<\/p>\n
Parto de la base de que el organismo ha estudiado el tema y tiene buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. \u00a0Estos cambios de tim\u00f3n para regular y restringir situaciones que ya se encontraban reguladas y funcionaban producen mucho da\u00f1o a la sociedad y a todos los actores en la vida de una sociedad. Puede ser que dentro de varios a\u00f1os alguien modifique esta resoluci\u00f3n, pero ser\u00e1 tarde. Este tipo de virajes sorpresivos se contrapone con la necesidad de reglas claras que regulen pero que dejen hacer negocios, pagar impuestos, contratar personas.<\/p>\n
Este tipo de resoluciones no ayuda. Estos cambios arbitrarios no hacen m\u00e1s que ahondar las preocupaciones de todos los que participan en la vida comercial de una sociedad: cada socio, cada acreedor y cada futuro heredero.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n<\/a>Notas<\/h4>\n
[1]<\/a><\/sup>. Anexo II de la Ley 26994 (BO 8\/10\/2014, suplemento); vigencia: 1\u00ba de agosto de 2015, texto seg\u00fan art. 1\u00ba de la Ley 27077 (BO 19\/12\/2014).<\/p>\n[2]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Curso de derecho comercial<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1982, 6\u00aa impresi\u00f3n, p. 266.<\/p>\n[3]<\/a><\/sup>. Art. 2182 CCyC: \u201cSon medios especiales de extinci\u00f3n de las servidumbres: […] c) en las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no est\u00e9n cumplidos el plazo o condici\u00f3n pactados; si el titular es una persona jur\u00eddica, su extinci\u00f3n, y si no se pact\u00f3 una duraci\u00f3n menor, se acaba a los cincuenta a\u00f1os desde la constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n[4]<\/a><\/sup>. Art. 21 Ley 22315<\/a>: \u201cCorresponde al Inspector General: a) ejecutar los actos propios de la competencia del organismo, con todas las atribuciones que resultan de esta ley; b) interpretar, con car\u00e1cter general y particular, las disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos a su control; c) tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administraci\u00f3n y funcionamiento del organismo a su cargo, dictando los reglamentos del caso; d) delegar su firma para la suscripci\u00f3n de actos, documentos o resoluciones, conforme lo determine la reglamentaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n[5]<\/a><\/sup>. RG 9\/2020<\/a>.<\/p>\n[6]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Sociedades de responsabilidad limitada<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1972, 6\u00aa ed.<\/p>\n[7]<\/a><\/sup>. Del 28\/2\/1945 (La Ley<\/em>, 38-75) y del 28\/5\/1947 (La Ley<\/em>, 47-99); ambos fallos, de la C\u00e1mara Comercial de la Capital.<\/p>\n
\nPublicado online:<\/strong> 3\/3\/2022<\/p>\n<\/div><\/div>\n
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A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n general 1\/2022<\/a> (RG 1\/22), la Inspecci\u00f3n General de Justicia legisla sobre el plazo de las sociedades comerciales, estableciendo que el mismo no podr\u00e1 exceder de treinta a\u00f1os a contar de su inscripci\u00f3n.<\/p>\n Llama nuevamente la atenci\u00f3n este tipo de resoluciones emitidas por la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) donde, alegando la necesidad de disminuir inconvenientes futuros a los constituyentes, acreedores, socios y a sus herederos, no hace otra cosa que complicar una situaci\u00f3n donde no hay grandes inconvenientes. Obviamente, es posible encontrar alg\u00fan caso en particular en que podr\u00eda ser mejor para todos los intervinientes en la vida de una sociedad comercial que su plazo fuese acotado, pero no podemos legislar para la anomal\u00eda. De m\u00e1s est\u00e1 decir que la IGJ no tiene facultades para modificar la Ley General de Sociedades<\/a> (LGS), y eso es lo que resulta de la RG 1\/22.<\/p>\n La LGS establece en su art\u00edculo 11 que \u201cel instrumento de constituci\u00f3n debe contener […] el plazo de duraci\u00f3n, que debe ser determinado\u201d. De ninguna manera estableci\u00f3 que, adem\u00e1s de ser determinado, deber\u00eda tener un plazo no mayor a treinta a\u00f1os. Si el legislador lo hubiese considerado necesario, lo hubiese incluido en la reforma introducida por la Ley 26994<\/a>,[1]<\/a><\/sup> pero no lo hizo, privilegiando la libre voluntad de los socios. Por su parte, el art\u00edculo 155 del C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> (CCyC) establece que \u201cla duraci\u00f3n de la persona jur\u00eddica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario\u201d. Ahora contamos con una resoluci\u00f3n de la IGJ que modifica lo establecido por dichas normas.<\/p>\n Con la RG 1\/22, la IGJ legisla sobre un requisito fundamental de las sociedades comerciales y establece un plazo que, m\u00e1s all\u00e1 de que pueda considerarse largo o corto, es sin dudas arbitrario. Excede las facultades de dicho organismo. Modifica uno de los requisitos de fondo del acto constitutivo enunciado en el art\u00edculo 11 LGS.<\/p>\n Podr\u00eda analizarse la conveniencia de determinar un plazo m\u00e1ximo. Habr\u00eda que debatirlo en los recintos, convenciones y congresos de la materia para, si resulta conveniente, proponer una reforma legislativa.<\/p>\n Halper\u00edn mencionaba que<\/p>\n … el plazo puede ser cierto en raz\u00f3n del objeto: como es la explotaci\u00f3n de una concesi\u00f3n; esto es, determinado indirectamente, por el objeto, v.g. (art. 1765, C. Civ.). Esta variante no es aceptada por la L.S., que exige se precise la duraci\u00f3n en el tiempo, ya que el sistema del art. 1765 cit. es de indeterminaci\u00f3n relativa.[2]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n El plazo debe ser determinado y los socios lo deber\u00e1n determinar como toda persona capaz que contrata y se asocia con otras personas en un proyecto com\u00fan. Las partes determinar\u00e1n el plazo que consideren conveniente de acuerdo al negocio u actividad que se proponen realizar. Probablemente determinen un plazo mayor a treinta a\u00f1os, ya que los tiempos econ\u00f3micos del pa\u00eds o regi\u00f3n pueden variar, y puede que la forma del negocio exija firmar contratos y acuerdos con plazos mayores a ese plazo. Puede ser que la sociedad necesite tomar un pr\u00e9stamo y constituir una hipoteca en garant\u00eda, o constituir una servidumbre[3]<\/a><\/sup> o un derecho real de superficie, que se podr\u00eda extender hasta cincuenta a\u00f1os en el caso de forestaciones y plantaciones y hasta setenta a\u00f1os en el caso de la construcci\u00f3n, o un derecho de usufructo, el cual se puede extender hasta los cincuenta a\u00f1os. Y as\u00ed podemos seguir mencionando actos jur\u00eddicos que una sociedad podr\u00eda resolver realizar a lo largo de su existencia, contratos y obligaciones que exceden el arbitrario plazo de treinta a\u00f1os.<\/p>\n No es suficiente plantear que los socios deber\u00e1n reunirse y prorrogar el plazo, ya que ning\u00fan acreedor o contratante va a querer contratar con una sociedad que tenga el riesgo de un futuro litigio entre los socios sujeto a que alguno quiera o no prorrogar. Es m\u00e1s, considero que dicha limitaci\u00f3n producir\u00e1 una mayor cantidad de conflictos, ya que los socios se podr\u00e1n ver sometidos a las presiones de los dem\u00e1s socios, bajo la amenaza de no firmar una pr\u00f3rroga. Es necesario brindar seguridad jur\u00eddica, dar m\u00e1s mecanismos y figuras posibles para que cada comerciante vea la mejor forma de llevar a cabo su negocio, y, al mismo tiempo, realizar un control a fin de que no se utilicen los veh\u00edculos societarios para fines ilegales. Pero una cosa es regular, legislar, y otra cosa es impedir.<\/p>\n Tampoco resulta coherente la menci\u00f3n la RG 1\/22<\/a> que realiza en sus considerandos en cuanto a que el aludido plazo de treinta a\u00f1os es compatible y guarda congruencia con diversos plazos contractuales previstos por el CCyC:<\/p>\n Que, el aludido plazo de 30 a\u00f1os, es compatible y guarda congruencia, inclusive, con los plazos contractuales previstos por el legislador del 2015 en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n…<\/p><\/blockquote>\n Menciona, adem\u00e1s, una cantidad de contratos donde el plazo es de veinte o de diez a\u00f1os, como si establecer un plazo de treinta a\u00f1os para una sociedad comercial fuera, por ello, razonable.<\/p>\n \u2026por ejemplo, como plazo m\u00e1ximo, para el contrato de suministro el de 20 a\u00f1os, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboraci\u00f3n o sin \u00e9l, y de 10 a\u00f1os en los dem\u00e1s casos – conf. art. 1177, CCCN -; de 20 a\u00f1os el tiempo m\u00e1ximo de la locaci\u00f3n para el destino habitacional […]-; de 20 a\u00f1os para el leasing inmobiliario y de 10 a\u00f1os para tal contrato que tenga por objeto otros bienes distintos de los ra\u00edces – conf. art. 1234, CCCN -; de 10 a\u00f1os para las agrupaciones de colaboraci\u00f3n – conf. inc. b), art. 1455, CCCN -; y, por regla general, de 30 a\u00f1os el lapso m\u00e1ximo admitido para el contrato de fideicomiso – conf. art. 1668, CCCN -, siendo esta la figura contractual m\u00e1s an\u00e1loga a la persona jur\u00eddica societaria…<\/p><\/blockquote>\n No es dable sostener que una sociedad resuelve formalizar todos sus contratos y negocios durante los primeros diez a\u00f1os de su vida. Siguiendo la l\u00f3gica de la RG 1\/22, transcurridos los primeros once a\u00f1os de existencia, la sociedad no podr\u00eda firmar un contrato de suministro por el plazo m\u00e1ximo de veinte a\u00f1os que le otorga la ley, lo mismo para un leasing<\/em> inmobiliario. Similar situaci\u00f3n se dar\u00eda, transcurridos veinte a\u00f1os, para los contratos a los que la ley establece un plazo m\u00e1ximo de diez.<\/p>\n En los considerandos de la norma se hace referencia tambi\u00e9n al contrato de fideicomiso, contrato muy utilizado por su versatilidad y capacidad de adecuaci\u00f3n a la gran cantidad de aristas que presentan los negocios modernos. O sea, al d\u00eda siguiente de su inscripci\u00f3n ante la IGJ, la sociedad queda impedida de participar en un contrato de fideicomiso por treinta a\u00f1os, plazo que, para determinados negocios, es razonable y hasta podr\u00eda resultar corto.<\/p>\n Se alude, asimismo, el plazo de cincuenta a\u00f1os para los contratos de locaci\u00f3n cuyo destino no sea el habitacional, con la siguiente menci\u00f3n:<\/p>\n … siendo este lapso exorbitado s\u00f3lo para otros destinos -50 a\u00f1os- dada la cuantiosa inversi\u00f3n inicial que normalmente debe efectuar el locatario comercial o industrial para poner en valor y condiciones de explotaci\u00f3n los bienes arrendados con tales fines -conf. art. 1197, CCCN-…<\/p><\/blockquote>\n \u00bfQu\u00e9 sucede entonces con las sociedades que tengan que realizar una gran inversi\u00f3n y, por lo tanto, necesiten contar con un contrato de locaci\u00f3n por un lapso que justifique dicha inversi\u00f3n? Resulta contradictorio; surgen de la propia resoluci\u00f3n negocios en que una sociedad necesitar\u00eda firmar contratos por plazos mayores a treinta a\u00f1os.<\/p>\n Los considerandos esgrimidos en la RG 1\/22 se dan de bruces con los considerandos mencionados en otras resoluciones del organismo, como, por ejemplo, la Resoluci\u00f3n general 9\/2020<\/a>, donde se menciona que la Resoluci\u00f3n general IGJ 6\/2017<\/a> (normas relativas a las sociedades por acciones simplificadas [SAS]) viola la legislaci\u00f3n de fondo, tanto el CCyC como normas de la Ley 19550 y de la Ley 27349, agregando que \u201cdesnaturalizan o exorbitan prescripciones de \u00e9sta, lo cual transgrede el sentido de la atribuci\u00f3n de interpretaci\u00f3n\u201d que tiene la IGJ (contemplada en el art. 21, inc. b], de la Ley 22315<\/a>[4]<\/a><\/sup>). Pues eso mismo hace la RG 1\/22. Establecer un plazo de vigencia para una persona jur\u00eddica no establecido por la ley de fondo es sin m\u00e1s una modificaci\u00f3n a la misma. No es una interpretaci\u00f3n de la norma, sino que crea limitaciones que la misma no estableci\u00f3 o, mejor dicho, legisla, ya que se debe interpretar que si las leyes no establecieron un plazo de treinta a\u00f1os es porque consideraron que no correspond\u00eda \u2013s\u00ed se consider\u00f3 la necesidad de que el plazo sea determinado, tal como surge de la norma\u2013. Adem\u00e1s, la facultad de legislar excede las atribuciones establecidas por la ley para la IGJ. No cabe duda de que se est\u00e1 extralimitando en sus funciones y facultades.<\/p>\n Vemos tambi\u00e9n que en la RG 1\/22 se reitera el mismo criterio que vemos en otras resoluciones generales, como, por ejemplo, los considerandos de la 9\/2020<\/a> o la 22\/2020<\/a>, de cuya lectura parecer\u00eda desprenderse que las SAS se utilizaron para cometer fraude y enga\u00f1ar a terceros, acreedores y c\u00f3nyuges \u2013mientras que la realidad indica lo contrario\u2013:<\/p>\n Que si bien la finalidad central de la ley 27349 de permitir que r\u00e1pidamente verdaderos emprendedores accedan con pocos recursos a un instrumento sencillo de captaci\u00f3n de inversiones para sus proyectos, el contexto econ\u00f3mico frustr\u00f3 esos fines y la constituci\u00f3n de las Sociedades por Acciones Simplificadas vir\u00f3 a otras finalidades que no parecen alineadas con las finalidades de un verdadero desarrollo del emprendedurismo -ni menos a\u00fan con el de innovaciones en la producci\u00f3n de bienes y servicios que a \u00e9ste deben distinguir-, sino m\u00e1s bien al logro de un instrumento de opacidad funcional susceptible de afectar derechos de terceros y tambi\u00e9n derechos individuales e irrenunciables de determinados socios cuando \u00e9stos no tengan una posici\u00f3n que les permita influir en la gesti\u00f3n de las sociedades.<\/p><\/blockquote>\n Seguramente existen SAS creadas con fines basados en el enga\u00f1o y el fraude, pero no podemos caer en la interpretaci\u00f3n de que todas las personas que constituyeron una SAS lo hicieron para cometer delitos. Lo mismo con los dem\u00e1s tipos societarios. Tambi\u00e9n en la sociedad an\u00f3nima o en la sociedad de responsabilidad limitada los socios pueden buscar fines no queridos por la ley, pero no podemos determinar y aseverar que todas las sociedades de determinado tipo societario son utilizadas para cometer fraude.\u00a0Adem\u00e1s, para eso est\u00e1 el Poder Judicial.<\/p>\n Sin perjuicio de ello, estoy de acuerdo con que la legislaci\u00f3n inicial establecida para las SAS carec\u00eda de control y pod\u00eda ser utilizada para perjudicar a terceros ayudado por la falta de control. Pero, nuevamente, no por ello puede interpretarse que todas son creadas para enga\u00f1ar y evadir obligaciones.<\/p>\n La RG 1\/22 establece que la falta de un plazo, como ser\u00edan los treinta a\u00f1os, resultar\u00eda il\u00f3gico y antinatural, cuando en realidad lo il\u00f3gico y antinatural es exigirlo y legislarlo a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n general en lugar de hacerlo mediante una ley.\u00a0Adem\u00e1s, la misma IGJ ha mencionado en otras oportunidades:<\/p>\n Que por lo tanto ninguna norma de rango inferior a la ley \u2013con excepci\u00f3n de los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU, art. 99 p\u00e1rrafos tercero y cuarto de la Constituci\u00f3n Nacional), de transitoria equiparabilidad supeditada a que alcancen ulteriormente rango legal mediante la intervenci\u00f3n parlamentaria)- puede modificar las leyes en el contenido sustantivo de \u00e9stas, aunque s\u00ed proveer, sin modificar su esp\u00edritu, los medios y detalles conducentes a hacer efectiva su aplicaci\u00f3n, interpret\u00e1ndolas con consideraci\u00f3n no solo al ordenamiento inmediato de fondo que se reglamenta sino armoniz\u00e1ndolas cuando fuere necesario en mayor alcance con prescripciones del ordenamiento jur\u00eddico general e incluso con principios de \u00e9ste.[5]<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n Y lo que se est\u00e1 haciendo con la RG 1\/22 es modificar la ley en el contenido sustantivo de esta.<\/p>\n En la RG 1\/22 se mencionan tambi\u00e9n, nuevamente, las desventajas que ha tenido a lo largo de la historia la falta de plazo, refiriendo las guerras privadas e internas que seguramente pueden haber ocurrido en alguna familia provocadas por motivos personales, familiares, sucesorios, conyugales y que se tradujeron (seguramente) en controversias interminables. Me da la sensaci\u00f3n de que se quiere legislar para la anomal\u00eda. Ocurrieron y ocurren situaciones donde hubo conflictos entre socios y se trasladaron a sus familiares, pero no por ello puede entenderse que establecer un plazo de treinta los evitar\u00e1.<\/p>\n Los casos de conflicto son los menos. No puedo interpretar que los conflictos societarios son la regla, lo normal. Lo general es que los socios se unan en un proyecto comercial, que puede ser o no exitoso, y, si asoma alg\u00fan conflicto, lo solucionan.<\/p>\n Tampoco coincido con algunas de las citas que se realizan. De una lectura superficial de la RG 1\/22 se podr\u00eda entender que el doctor Isaac Halper\u00edn estaba a favor de contar con un plazo espec\u00edfico. Pero, en realidad, Halper\u00edn[6]<\/a><\/sup> menciona que el art\u00edculo 11 inciso 5 de la Ley 19550 dispone que deber\u00e1 indicarse la duraci\u00f3n del contrato; tambi\u00e9n menciona el fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial donde se decidi\u00f3 que el plazo determinado era de orden p\u00fablico, en protecci\u00f3n de los socios y de los terceros,[7]<\/a><\/sup> a lo que adherimos; y as\u00ed est\u00e1 establecido en la ley: el plazo debe ser determinado. De noventa y nueve a\u00f1os o de cincuenta a\u00f1os o de treinta a\u00f1os o del plazo que los socios decidan para el proyecto que van a realizar, pero siempre determinado.<\/p>\n Agrega Halper\u00edn que en el r\u00e9gimen de la Ley de Sociedades no cabe tampoco el plazo impl\u00edcito, ya sea objetivo (p. ej., la realizaci\u00f3n de una obra) o subjetivo (p. ej., por la vida de un socio). Menciono esto \u00faltimo porque en la RG 1\/22 se refiere el tiempo de vida de los contratantes, con lo que tampoco estoy de acuerdo.<\/p>\n El fallo mencionado y comentado por el doctor Halper\u00edn se refiere a una sociedad con plazo indefinido, ya que establec\u00eda que la duraci\u00f3n del contrato social se fija en 5 a\u00f1os, renovables indefinidamente por iguales per\u00edodos si con seis meses de anticipaci\u00f3n a uno cualquiera de los per\u00edodos contractuales, la mayor\u00eda de los socios contada por capital y personas no resolviera disolverla totalmente. Lo que el fallo prohibi\u00f3 es el tiempo indefinido ya que, como menciona, los contratantes subordinaron la subsistencia social al acontecimiento incierto y futuro de lo que resolvieran con seis meses de anticipaci\u00f3n a cada per\u00edodo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n Similar menci\u00f3n hace el doctor Halper\u00edn en su nota: \u201cresulta as\u00ed inadmisible una cl\u00e1usula como la que motiv\u00f3 el fallo anotado, que autorice pr\u00f3rrogas indefinidas, porque lleva justamente a la indeterminaci\u00f3n del plazo\u201d.[8]<\/a><\/sup><\/p>\n El otro fallo mencionado[9]<\/a><\/sup> resolvi\u00f3 que \u201cla sociedad de responsabilidad limitada debe constituirse por tiempo determinado. La constituci\u00f3n por tiempo indeterminado es contraria a su naturaleza\u201d. Expresa tambi\u00e9n que<\/p>\n … no siendo posible admitir la inscripci\u00f3n de la sociedad recurrente bajo la expresi\u00f3n en su contrato de tener una duraci\u00f3n indeterminada por tratarse de una sociedad cuyo car\u00e1cter es de existencia ideal, seg\u00fan nuestra legislaci\u00f3n que las comprende y por aplicaci\u00f3n del art. 24 de la ley 11645, deben ser constituidas por un plazo cualquiera, pero siempre en forma determinada o determinable y no de una duraci\u00f3n indeterminada…<\/p><\/blockquote>\n El fallo menciona que puede ser constituida por un plazo cualquiera pero determinado. No puedo aseverar si es razonable establecer un plazo espec\u00edfico. De lo que s\u00ed estoy seguro es de que, en caso de hacerse, no deber\u00eda ser de treinta a\u00f1os, as\u00ed como de que, si se llegara a la conclusi\u00f3n de su conveniencia, el plazo deber\u00eda ser establecido por el legislador.<\/p>\n Sin perjuicio de ello, considero que este tipo de discusiones no tiene sentido. La menci\u00f3n que hace la RG 1\/22 de que \u201cla doctrina nacional se ocup\u00f3 muy poco del tema\u201d es demostrativa de que no tiene sentido ni raz\u00f3n de ser establecer un plazo concreto. Se ocuparon poco del tema dado que no era necesario. Tampoco parece l\u00f3gico que, para justificar este cambio radical, tengamos que remontarnos a Halper\u00edn y a lo que supuestamente escribi\u00f3 hace m\u00e1s de cuarenta y cinco a\u00f1os, as\u00ed como a fallos de m\u00e1s de setenta a\u00f1os.<\/p>\n Parto de la base de que el organismo ha estudiado el tema y tiene buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. \u00a0Estos cambios de tim\u00f3n para regular y restringir situaciones que ya se encontraban reguladas y funcionaban producen mucho da\u00f1o a la sociedad y a todos los actores en la vida de una sociedad. Puede ser que dentro de varios a\u00f1os alguien modifique esta resoluci\u00f3n, pero ser\u00e1 tarde. Este tipo de virajes sorpresivos se contrapone con la necesidad de reglas claras que regulen pero que dejen hacer negocios, pagar impuestos, contratar personas.<\/p>\n Este tipo de resoluciones no ayuda. Estos cambios arbitrarios no hacen m\u00e1s que ahondar las preocupaciones de todos los que participan en la vida comercial de una sociedad: cada socio, cada acreedor y cada futuro heredero.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/a> [1]<\/a><\/sup>. Anexo II de la Ley 26994 (BO 8\/10\/2014, suplemento); vigencia: 1\u00ba de agosto de 2015, texto seg\u00fan art. 1\u00ba de la Ley 27077 (BO 19\/12\/2014).<\/p>\n [2]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Curso de derecho comercial<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1982, 6\u00aa impresi\u00f3n, p. 266.<\/p>\n [3]<\/a><\/sup>. Art. 2182 CCyC: \u201cSon medios especiales de extinci\u00f3n de las servidumbres: […] c) en las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no est\u00e9n cumplidos el plazo o condici\u00f3n pactados; si el titular es una persona jur\u00eddica, su extinci\u00f3n, y si no se pact\u00f3 una duraci\u00f3n menor, se acaba a los cincuenta a\u00f1os desde la constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n [4]<\/a><\/sup>. Art. 21 Ley 22315<\/a>: \u201cCorresponde al Inspector General: a) ejecutar los actos propios de la competencia del organismo, con todas las atribuciones que resultan de esta ley; b) interpretar, con car\u00e1cter general y particular, las disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos a su control; c) tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administraci\u00f3n y funcionamiento del organismo a su cargo, dictando los reglamentos del caso; d) delegar su firma para la suscripci\u00f3n de actos, documentos o resoluciones, conforme lo determine la reglamentaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n [5]<\/a><\/sup>. RG 9\/2020<\/a>.<\/p>\n [6]<\/a><\/sup>. HALPER\u00cdN, Isaac, Sociedades de responsabilidad limitada<\/em>, Buenos Aires, Depalma, 1972, 6\u00aa ed.<\/p>\n [7]<\/a><\/sup>. Del 28\/2\/1945 (La Ley<\/em>, 38-75) y del 28\/5\/1947 (La Ley<\/em>, 47-99); ambos fallos, de la C\u00e1mara Comercial de la Capital.<\/p>\nNotas<\/h4>\n