Publicación académica ISSN: 2362-6186
 
 

Editorial │ Nº 935

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Estimados lectores:

 

En este número de la Revista del Notariado, como es habitual, contamos con diversos artículos, vinculados en mayor o menor medida con el quehacer notarial.

Entre ellos, presentamos tres trabajos que abordan la aplicación de las nuevas tecnologías al ejercicio de nuestra función: “Contratos inteligentes”, de Pilar M. Rodríguez Acquarone, “Coexistencia de dos mundos: el impacto del mundo digital en el ordenamiento jurídico”, de Sebastián J. Cosola y Walter C. Schmidt, y “La aplicación del protocolo digital”, de Valeria V. Calabrese y Sofía T. Scotti. En estos artículos, se plantea, desde diversos enfoques, la utilidad y, fundamentalmente, la necesidad de que los escribanos asumamos el compromiso de incorporar la tecnología y sus herramientas a nuestra actividad, en pos del servicio a la comunidad, que busca en nosotros la seguridad y la protección que parecen perderse con los avances de la modernidad.

En este número, también se presentan dos artículos sobre derecho societario. Por un lado, “El control de legalidad después de la sanción de las leyes 26944 y 27349”, en el que Carlos F. J. Iturres retoma el debate instalado y creciente desde la unificación de la legislación civil y comercial, que modificó la ley 19550, y la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Por otro lado, “Prestaciones accesorias en las SAS”, de María José Paniego, que analiza la relevancia que estas prestaciones adquieren en los tipos societarios en que los aportes de los socios deben ser indefectiblemente obligaciones de dar en propiedad bienes o dinero, siendo que, de esta forma, se podrían comprometer obligaciones de hacer o de dar en uso y goce.

En materia de propiedad horizontal, presentamos el trabajo titulado “La asamblea como órgano del consorcio de propiedad horizontal. Mayorías para resolver”, de Pablo R. Barreiro y María Victoria Gonzalía. En él, los autores analizan la asamblea, órgano del consorcio de propiedad horizontal, y sus mayorías necesarias para el tratamiento de diversos asuntos, con abundante casuística.

En el trabajo “El asentimiento conyugal y convivencial en un escorzo”, Patricia M. Casal aborda los aspectos registrales y de fondo de esta figura, profundizando sobre aristas aún novedosas que se plantearon con la unificación civil y comercial.

En “Reconstitución del protocolo y reproducción del acto. Inexistencia de la previsión del artículo 1011 del Código Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación”, de María Verónica Fraga, María Alejandra Giulitti, Roberto A. Mignolo, Andrea C. Peresan Martínez y Jorge J. Torrá, los autores analizan el Código Civil y Comercial en un tema de estricta incumbencia notarial.

En “Teoría de la invalidez. De la teoría de la confrontación a la ampliación del aspecto positivo de la invalidez y de la ineficacia”, Augusto P. Mariño Galasso y Karina V. Salierno realizan una revisión del régimen del Código Civil y Comercial en materia de nulidades, el reconocimiento de la teoría general de la ineficacia y su comparación con el sistema del Código de Vélez.

En este número, publicamos, también, un dictamen sobre “Poder especial irrevocable para vender. Error en individualización del inmueble”, elaborado por Alfonso Gutiérrez Zaldívar, en el que se hace hincapié en el análisis integral de la documentación a interpretar en la realización del estudio de títulos, a fin de evitar observaciones por exceso de formalismo y atendiendo principalmente a los inconvenientes reales del negocio.

Por último, queremos detenernos en el trabajo “Algunos problemas que suscita el decreto sobre extinción del dominio”, del Dr. Claudio Kiper, referido a diferentes aspectos del Decreto DNU 62/2019 del PEN, dictado el 21 de enero de este año, que contiene la última modificación introducida al Código Civil y Comercial, al artículo 1907, según la cual se reconoce como otro modo de extinción de los derechos reales la sentencia que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio.

¿Cuál es el interés que podemos tener los escribanos como operadores del derecho en el análisis de esta normativa, más allá de la satisfacción del sentido de justicia? A tenor del artículo 4, la acción extintiva procede, incluso, contra cualquier persona que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien involucrado, aunque no se encuentre siquiera imputada en la investigación penal. A ello se le suma que ningún acto jurídico vinculado con dichos bienes será oponible a la acción, excepto los realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso.

En tal sentido, tiene que bastar, como dice Kiper, el haber obrado con cuidado y previsión, el ser diligente y haber agotado los medios que la ley pone a disposición. Y agregamos: la buena fe se presume, no se puede ceder en este sentido. Lo que merece calificación es la mala fe de aquellos que hubieran conocido o debido conocer la realidad de la situación; aquí es donde debe ponerse la carga. Muchas veces –la mayoría de ellas– ni el comprador ni el escribano conocen al vendedor o lo conocen pero ignoran su situación personal. En ese caso, la doctrina es coincidente en que el tercero debe verificar las constancias registrales y efectuar el examen de la documentación, así como los actos de verificación establecidos en el régimen especial (art. 1902 CCCN).

No puede exigirse menos que una publicidad acorde a las circunstancias. Tratándose de derechos reales sobre inmuebles, dicha publicidad debe tener reflejo registral. Los únicos a quienes sería oponible un derecho no publicitado son a quienes conocieron o debieron conocerlo. No puede pensarse que haya que hurgar en expedientes o en archivos de medios periodísticos para transmitir un derecho real. “Prior in tempore, potior in iure”; a falta de emplazamiento registral, estamos frente a una situación de apariencia jurídica que debe, inevitablemente y ante la menor duda, jugar en favor de los terceros de buena fe y a título oneroso. Se trata de la protección de la seguridad dinámica de las transacciones, en palabras Kiper.

Nuestra visión no es política, no entramos en aristas tales como la categoría de la norma (máxime en cuanto dispone sobre cuestiones de derecho penal) o su oportunidad. Coincidimos con el autor: el fin es loable y es auspicioso para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y delitos contra la administración pública. Sin embargo, la norma tiene importantes puntos débiles, de modo que, si es impugnada por la doctrina y la jurisprudencia, terminará favoreciendo a quienes quiso sancionar.

 

Diego Maximiliano Martí

 

 

 

 

 

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