Publicación académica ISSN: 2362-6186
 
 

Editorial │ Nº 934

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Estimados lectores:

Entre los diversos ar­tícu­los y tópicos que incluye este número 934, quiero referirme aquí a los temas planteados en los dos que abordan la opción del régimen patrimonial matrimonial, de autoría de los escribanos Julio Capparelli y Natalio Etchegaray respectivamente, a la luz del que trata sobre el estudio de títulos, de autoría del escribano Marcelo de Hoz –este último, en el marco de una exposición en sesión pública de la Academia Nacional del Notariado–.

Citaba en el editorial anterior a Alberto Spota (Contratos, t. VII, p. 324), quien, abordando el tema de la bondad de algunos títulos provenientes de determinados negocios jurídicos (en la época del Código de Vélez Sarsfield), sostuvo que toda vacilación debía resolverse sobre la base de una interpretación restrictiva de la norma a fin de no aumentar los supuestos de títulos imperfectos, que constituyen una rémora para el tráfico jurídico.

 

La opción de régimen patrimonial matrimonial

En los ar­tícu­los de Etchegaray y Capparelli se plantea concretamente, entre otras, la cuestión de la forma en el ejercicio de la opción del régimen patrimonial matrimonial. Uno con criterio algo más flexible que el otro, pero ambos autores concluyen en la validez de la opción efectuada en el acta matrimonial. Sin embargo, sucede que, por ejemplo, en la XXXII Jornada Notarial Argentina (Ciudad de Buenos Aires, 24-26 de agosto de 2016), se concluyó, entre otras cuestiones, que

La opción por el régimen de separación debe hacerse en la convención matrimonial. La declaración efectuada en el acta de matrimonio se exige a los fines de la publicidad frente a terceros. En ningún caso puede optarse por el régimen de separación ante el oficial del Registro Civil al momento de la celebración del matrimonio.

Tal vez ya no hablemos de “el nuevo Código”, dado que está por cumplir cuatro años de aplicación, pero las consecuencias de los cambios más relevantes que ha introducido –y el tema en cuestión es sin duda uno de ellos– aún no están puestas sobre la mesa en toda su extensión, fundamentalmente porque no ha pasado tiempo suficiente como para que el conflicto se haya planteado y la jurisprudencia se haya expedido. Seguramente la evolución en los criterios interpretativos al respecto desde entonces haya hecho que el tema ya no genere fuertes debates, pero me parece interesante tomarlo como ejemplo.

Me refiero a los inconvenientes que podría encontrar para su circulación un documento notarial que contenga un acto de disposición del cónyuge titular de dominio respecto de un inmueble adquirido a título oneroso, durante la vigencia del matrimonio, sin contar con el asentimiento del otro cónyuge (y no tratándose de la vivienda familiar), pero con opción de régimen de separación solo expresada en el acta. Es decir, ¿qué actitud habremos de tomar al respecto? Si nos plantásemos firmemente en el criterio de la Jornada Notarial Argentina de 2016, ¿qué haríamos con relación al cónyuge no titular que no comparece en la escritura –sea porque no quiere o no puede, sea porque tiene restringida su capacidad con relación al acto, porque falleció o porque se disolvió el víncu­lo por divorcio–?

La realidad es que no está sucediendo, no se ha planteado, pero lo mismo da, sea este u otro tema. Es lógico: el notariado hace camino al andar tanto en cuanto a la generación de normas en base a la gestión o a partir de una iniciativa práctica como en tanto en cuanto primer intérprete de la ley. La cuestión es cómo coordinar esto con el estudio de títulos, con el análisis que inevitablemente deberá hacerse a posteriori cuando el adquirente del ejemplo, que, al contraer nupcias, haya optado por el régimen de separación solo mediante manifestación en el acta matrimonial, pretenda disponer del inmueble o gravarlo.

 

Estudio de títulos

Decía el Dr. Jorge Alterini que el estudio de títulos consistía en el estudio del derecho que se alega. Como hemos dicho en algún dictamen:

La perfección u observabilidad de un título puede determinarse, en la mayoría de los casos, de manera indubitada. Pero en algunos, la objetividad que debe primar en nuestro análisis se ve influida, legítimamente, por las concepciones y la formación de cada intérprete. Es allí cuando, en definitiva, determinar lo que debe entenderse en un caso concreto por título perfecto importa una cuestión circunstancial sujeta al arbitrio o criterio judicial. Parece apropiado, entonces, provocar un acercamiento al concepto jurisprudencial de título perfecto.
Así, en trabajo presentado a la XVIII Jornada Notarial Argentina […] coordinado por María T. Acquarone y Eduardo H. Plaetsier, se informa que, según el concepto jurisprudencial, título perfecto es el que no permite que el adquirente del bien sea perturbado por acciones reales de terceros o el que le permite al comprador, por sus antecedentes, pensar fundadamente que no será molestado por terceros que ejerzan acciones reales, que no ofrecerá objeciones en los negocios inmobiliarios (para lo cual es suficiente que no ofrezca motivos que hagan presumir ese peligro). Y se sostiene que el título «será perfecto en tanto y en cuanto su titular no se vea perturbado en el libre ejercicio de su derecho por la existencia de algún vicio oculto con respecto al acto jurídico del transmitente y posibles acciones reivindicatorias anteriores […] [y que] título perfecto [es] aquel que reúne los requisitos esenciales para su validez y se encuentra libre de todo vicio».

Por su parte, refiere Marcelo de Hoz en la exposición que publicamos que el ámbito de aplicación del estudio de títulos es esencialmente la configuración de la buena fe del tercero en los términos del ar­tícu­lo 392 CCCN (art. 1051 en el Código Civil), requisito para que el tercero pueda ser protegido ante la acción reivindicatoria.

 

El asesoramiento jurídico notarial

Nos dice Capparelli que

En un esquema de reparto algo más tradicional, en el que uno solo de los cónyuges evoluciona más en lo patrimonial y el otro o no es tan exitoso o bien se ocupa de otros intereses y tareas que afectan a la familia, el régimen de comunidad es sin lugar a dudas el que ofrece una mayor protección al económicamente débil…

Lo que pone de manifiesto la gran importancia del asesoramiento profesional respecto de “las ventajas y desventajas de uno u otro régimen”. Resulta claro entonces para el autor que

La ley ha confiado este asesoramiento particularmente en el notariado –aunque lógicamente no en forma exclusiva–, ya que las convenciones matrimoniales han de otorgarse en escritura pública y el cambio de régimen de comunidad a separación también recorre ese camino.

La cuestión gira en torno a la interpretación de dos incisos del ar­tícu­lo 420 CCCN (contenido del acta matrimonial), que en el i) dispone que debe reflejar la declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó, mientras que debe expresar, según el inciso j), la declaración de los contrayentes acerca de si se ha optado por el régimen de separación de bienes. También resulta relevante al respecto lo dicho en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial elaborados por la comisión reformadora.

Ante la disparidad de criterios, los Registros Civiles de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires han adoptado soluciones opuestas, como autoridades de aplicación de la ley para la celebración del matrimonio.

Es evidentemente de toda lógica que el momento de la celebración del matrimonio no es el adecuado para asesorarse respecto de las consecuencias de optar por un régimen de separación de bienes o no hacerlo. Me consta que el oficial del Registro Civil expresa en voz alta, ante los contrayentes, los testigos y quien quiera escucharlo, que los primeros han optado por dicho régimen, así como que les pregunta si han sido asesorados y si comprenden sus alcances. Pero a tenor de las consecuencias que la opción implica, y en virtud de lo inapropiado y fugaz del momento, parece ser que ello no basta.

 

Por último

De vez en cuando, me resulta imprescindible hacer algunos reconocimientos, fundamentalmente porque es justo. La Revista del Notariado implica el trabajo de mucha gente que no todos los lectores tienen presente –excepto que se busque específicamente la información en nuestro sitio web–. De tal modo, me permito poner de relieve la tarea del Departamento de Comunicaciones del Colegio, que, encabezado por Valentina Noblía, hace la coordinación editorial, contando con Agustín Rodríguez como secretario de redacción y encargado, además, de la corrección y edición, y con Ramiro Chanes a cargo de la página web.

Pero además contamos con el invalorable aporte del Comité Editorial, conformado por los colegas y amigos Maritel Mariela Brandi Taiana, Arnaldo Adrián Dárdano, Martín Jaime Giralt Font, Alfonso Gutiérrez Zaldívar, María Marta Luisa Herrera, Mariana Claudia Massone, Alberto María Miguens y Pilar María Rodríguez Acquarone.

Los resultados del trabajo que se hace respecto del material que generan los autores son los que llegan a ustedes con cada número digital y con cada anuario, pero es importante que se tenga en cuenta –y también por eso mi necesidad de cerrar el Editorial con estas palabras– que la inmensa mayoría de las publicaciones son objeto, fundamentalmente, de dos procesos: en primer lugar, el referato que formulan de manera anónima los miembros del Comité Editorial, y, en segundo, las correcciones y aplicación de herramientas digitales. Ambos dan a cada ar­tícu­lo, comentario a fallo o exposición que publicamos un valor agregado que los propios autores se encargan de resaltar –tanto quienes están haciendo sus primeras armas en esto como aquellos ya consagrados y con varias publicaciones en su haber, tanto aquí como en otras publicaciones jurídicas–.

A todos ellos, ¡felicitaciones y gracias!

En este número, además de los tres ar­tícu­los referidos, nuevamente nos gratificamos de publicar una importante cantidad de doctrina: “Alcances del deber de responder del escribano en el Código Civil y Comercial” (Ignacio E. Alterini), “Representación convencional y orgánica” (Norberto R. Benseñor), “La preferencia del boleto de compraventa del ar­tícu­lo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación” (Anahí Carrascosa de Granata), “El blockchain en la actividad jurídica registral y notarial. Y reflexiones sobre la evolución del pensamiento sobre estos temas” (Marcelo N. Falbo), “El cousufructo en acción” (Pedro F. Sáenz), “Formas de la partición de las comunidades” (Marcelo E. Urbaneja).

 

Diego M. Martí

 

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